El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que tomó la decisión de entregar al Senado de la República una solicitud para llevar a cabo la consulta ciudadana para decidir si se investiga y en su momento se enjuicia a los expresidentes de México.
Señaló que su decisión es para “tener más seguridad sobre la solicitud”, pues dijo que tiene información de que los ciudadanos (apoyados por Morena), sí lograron reunir las firmas necesarias. Precisó que le informaron que se reunieron alrededor de 2 millones de firmas.
“De todas formas, porque hoy vence el plazo, considere importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”.
AMLO precisó que la consulta incluirá a exmandatarios que dirigieron el país entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, periodo que dijo, estuvo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, la privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado.
Acusó que durante los cinco sexenios anteriores, se aplicó equivocadamente un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.
Dijo que durante el gobierno de Carlos Salinas fue cuando más crecieron las diferencias económicas y sociales en México, pues fue en ese periodo cuando se entregó a particulares un gran número de bienes públicos. Con Ernesto Zedillo, dijo AMLO, continuaron las políticas privatizadoras.
Relató que Vicente Fox llegó al poder como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia; sin embargo, lo acusó de que intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006, acto que el mismo expresidente ha reconocido en diversas ocasiones; de esa forma, enfatizó, Fox traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.
Sobre Felipe Calderón, dijo que sus decisiones llevaron a que la violencia aumentara en todo el país, y se multiplicaran las zonas del territorio bajo control de las bandas delictivas. Recordó que tanto colaboradores como periodistas alertaron a Calderón sobre los indicios que habían de que su entonces secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las principales bandas del narcotráfico. “El gobernante no hizo absolutamente nada; a la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.
Recordó las denuncias que en su momento se hicieron sobre las grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Recientes; retomó las declaraciones de Emilio Lozoya, las cuales “han permitido documentar” qué parte de ese dinero provino de sobornos de la empresa Odebrecht, dinero que también sirvió para sobornar a legisladores de la oposición (PAN) para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética y el apoyo a otros proyectos.
López Obrador aseguró que no es esta la primera ocasión en que promueve un ejercicio de participación ciudadana, pues se utilizó dicho instrumento (consulta ciudadana) para decidir el futuro de proyectos como la construcción del aeropuerto en Texcoco; la planta eléctrica de Huexca, Morelos; la cervecera de Mexicali, y el Tren Maya.
Aseguró que la consulta para iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento qué caracterizó a los gobiernos neoliberales.
Respecto a las críticas que se le han hecho, AMLO afirmó que el ejercicio no contraviene la limitación de que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección”. Sostuvo que por el contrario, la consulta tiene el propósito de llevar a un cauce legal un asunto de interés general y trascendencia nacional.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanción en la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes: Carlos Salinas de Gortari; Ernesto Zedillo Ponce de León; Vicente Fox Quesada; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la pregunta que el gobierno federal propone realizar en la consulta.
