Perú se encuentra en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.
El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Manuel Merino, una semana después de destituir al popular Vizcarra por “incapacidad moral” y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.
Tras las dimisiones el domingo de Merino y del jefe del Congreso, Luis Valdez, Perú se quedó sin titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gabinete ministerial que también renunció dos días después de ser juramentado y con un Estado virtualmente paralizado.
Recordemos que Merino renunció cinco días después de haber asumido la presidencia tras multitudinarias protestas en su contra, que fueron duramente reprimidas por la policía, con un saldo de dos muertos y un centenar de heridos.
Ayer, los jefes de las nueve bancadas habían consensuado elegir a la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como nueva presidenta de Perú, sin embargo no consiguió los votos necesarios para ser ratificada por sus colegas.
El centrista Partido Morado, el único que se opuso en bloque a la destitución de Vizcarra, promueve ahora a su parlamentario Francisco Sagasti como candidato a presidente, pero se ignora si contará con los votos para ser ratificado por el Congreso.
En tanto, Manuel Merino y varios miembros de su gobierno serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.
Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.
La investigación abordará la represión dirigida por el gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que asumiera la presidencia. Esa represión dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.
