Diputadas federales y locales, así como dirigencias estatales del PRI, presentaron quejas ante 31 comisiones estatales de Derechos Humanos, en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política en razón de género.
Las priístas exigieron a las autoridades correspondientes sancionar y poner un alto a la violencia que ejerce el gobierno de Campeche en contra de las legisladoras, esto luego de que hace unas semanas, la gobernadora ventilara la existencia de supuestas fotografías íntimas que legisladores habrían enviado al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.
La diputada federal y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI), Montserrat Arcos agradeció y celebró la valiosa acción que llevaron a cabo dirigentes en todo el país a favor de los derechos de las mujeres.
“Las mujeres estamos llamadas a ser protagonistas de la vida política nacional de manera propositiva, por lo que de no estamos de acuerdo con ningún tipo de amenaza como la realizada por la titular del Ejecutivo de Campeche”, resaltó.
?⚠️?? Advertencia este #NuevoAudio es asqueroso, nos vemos a las 8 pm. @fisgonmonero
Nos van querer tumbar la transmisión.#MartesDelJaguar
— Layda Sansores (@LaydaSansores) July 19, 2022
Las legisladoras señalaron que hoy se estará ingresando la solicitud de exhorto por parte de la Cámara de Diputados federal hacia la gobernadora Layda Sansores, para que deje de utilizar su cargo público y su programa ‘Martes del Jaguar’ para ejercer violencia política y violencia de género en contra de las mujeres en general y de las legisladoras priistas en lo particular.
Al respecto, este martes, la morenista publicó una imagen en la que adelantaba que para su transmisión de hoy, tendría un “audio asqueroso”, acompañado de la leyenda “atención mujeres, medios nacionales y locales”. La imagen se acompaña de una fotografía de Alito Moreno.
Las diputadas señalaron que ante la afirmación pública de una supuesta posesión de fotografías de índole sexual, “el INE debe asegurar que las y los responsables se incorporen al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, para evitar que vuelvan a ocupar un cargo durante los próximos seis años”.
