La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta tarde dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas, sobre el fuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como de una orden de aprehensión que se había girado en su contra.
En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia iniciado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del panista; mientras que, en la segunda, impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del Titular del Poder Ejecutivo local.
En el primer caso, la Sala de la Suprema Corte reconoció la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el gobernador de dicha entidad federativa, es decir, su fuero constitucional.
En este sentido, el Alto Tribunal consideró que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo pues en éste interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el congreso de la entidad federativa correspondiente quien, en última instancia, decide si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo.
Así, la Sala resolvió que el efecto de la Declaración de Procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas.
Por consiguiente, el Máximo Tribunal declaró infundada la controversia y reconoció la validez del Dictamen citado.
Por otra parte, en relación con la controversia interpuesta para reclamar la solicitud de orden de aprehensión realizada por la FGR, y la orden de aprehensión expedida por un juez penal en contra del García Cabeza de Vaca, la Primera Sala advirtió que estas autoridades no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales; sino que además, se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito, es decir, el desafuero.
A partir de lo expuesto, la Primera Sala concluyó que tanto la solicitud de orden de aprehensión, como la decisión de emitirla, vulneran una facultad constitucionalmente asignada en favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que declaró su invalidez.
Recordemos que el proceso de desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador del PAN comenzaron en 2021 a solicitud de la Fiscalía General de la República, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. Posterior, la Cámara de Diputados desaforó al gobernador, sin embargo, el proceso siguió en el Congreso local.
El gobernador era señalado de participar en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, recursos que provenían de actos de corrupción.
