El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el proyecto del ministro Fernando Franco, que declara como inconstitucional la llamada ‘Ley Bonilla’, por la que el gobernador de Baja California extendería su mandato por 5 años.
El proyecto del ministro Franco reconocía las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); al haber sido adoptado, Bonilla solo estará al frente del gobierno de Baja California por dos años.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que la ‘Ley Bonilla’ resulta a todas luces inconstitucional.
“La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el gobernador de Baja California, a través de una reforma a la Constitución Local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa”, indicó.
Apuntó que el Congreso local perpetuó un fraude a la Constitución; y llamó a que se respete el resultado de la elección, pues es la voluntad popular la que está ahí expresada.
“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo el ministro presidente.
Incluso los ministros afines al gobierno federal, como Yasmín Esquivel, reconocieron que aceptar la ampliación de mandato podría abrir la puerta a para futuros “caprichos” que atenten contra la Constitución.
“Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, dijo la ministra nombrada en este gobierno.
Margarita Ríos-Farjat, excolaboradora del gobierno federal, y ahora ministra de la Corte, dijo que la Ley Bonilla no sólo contraviene principios constitucionales, sino que pone en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. “Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia”.
