La Secretaria de la Función Pública (SFP) emitió los lineamientos para el manejo de los recursos humanos, es decir, los trabajadores, que como medida de prevención ante la transmisión del coronavirus Covid-19, se aplicarán en el gobierno federal.
Con la publicación se cumplen las facultades de la Función Pública de organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la Administración Pública Federal (APF) y de emitir las normas para que los recursos humanos sean gestionados con los criterios de eficacia, legalidad y eficiencia.
El acuerdo a lo estipulado, las instituciones de la APF pueden permitir el trabajo en casa para las y los servidores públicos en mayor riesgo, como son los mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.
Se señala que el periodo de implementación de dichas medidas será del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.
Asimismo, se permiten los días de trabajo alternados para las y los servidores públicos con hijos o hijas menores de 12 años y horarios escalonados de lunes a viernes, considerando ocho horas efectivas diarias de jornada de trabajo.
Adicional, se determina que en el caso de incapacidades y de la justificación de inasistencias por síntomas de enfermedades respiratorias, se podrán aceptar las constancias electrónicas emitidas por las instancias de Seguridad Social.
La SFP aclaró que los criterios no implican la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes u otro tipo de erogación adicional; y para su aplicación las personas servidoras públicas deberán observar los principios y valores de “honestidad, cautela, respeto, responsabilidad y proporcionalidad”:
Se señaló que es imperativo asegurar el correcto cumplimiento de programas y objetivos institucionales, así como la prestación de bienes y servicios públicos indispensables para la ciudadanía, por lo que las entidades de la APF deberán continuar con su operación.
Los lineamientos son obligatorios para las dependencias de la APF, los órganos desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y las entidades paraestatales.
Será la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas los responsables de la aplicación de los criterios y tomarán las medidas necesarias para su implementación.
