Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presenta el informe semanal Cero Impunidad, aunque en esta ocasión se dedicó a hablar de la importancia de mantener la la prisión preventiva oficiosa, de cara a la discusión que hará sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.
Inicio señalando que entre el 25 de agosto y ayer 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, se logró la detención de 9 mil 341 personas, de las cuales 9 mil 039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito.
Explicó que la prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.
Además, dijo que se evita que los presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.
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Explicó que entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática, según el artículo 19 de Constitución, están: abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo a casa habitación; la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana; la corrupción como enriquecimiento ilícito; el robo al autotransporte de carga; todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol; el robo de hidrocarburos; los delitos violentos cometidos con armas de fuego; la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.
Expuso que a prisión preventiva ha sido una figura establecida en la Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se contempló para los delitos que merecieran pena privativa de la libertad a los casos con condenas mayores a los cinco años.
“En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar”, repasó Mejía Berdeja.
En ese sentido, dijo que hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran la medida.
Recordó que la reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados, y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, y fue ahí cuando dijo que “legisladores de la época” apoyaron la reforma, muchos de ellos quienes hoy la condenan y la rechazan.
Entre los políticos que mencionó están: la hoy gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.
En la Cámara de Senadores mencionó al hoy dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés. En el caso del PRI mencionó a Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno.
Ricardo Mejía dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.
“Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad”, enfarizó el subsecretario.
Finalmente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hizo un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos.
“Ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República. Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno”, recriminó el vocero.
