Comuneros y abogados del poblado Salazar, en el Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A través de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en dichas reuniones en el 2018.
Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.
“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.
“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”, añade el testimonio.
Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.
Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra. La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.
Sin embargo, no es la única información que este fin de semana salió a la luz sobre los Bartlett. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en The Washington Post que, la casa que fungió como sede del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company, siendo el socio mayoritario de dicha empresa José de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz.
Hernández Torres resulta también ser socio de León Manuel Bartlett Álvarez, en una empresa hotelera llamada Xibalba Resorts ubicada en Cancún, Quintana Roo.
Se trata de la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma; la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, rentó en 2017 la propiedad a Morena, partido que llevó a triunfo a López Obrador. El contrato fue por un año cuatro meses, fijando un precio de 130,000 pesos mensuales. Posteriormente, el contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales.
Cuando AMLO trasladó sus oficinas a Palacio Nacional al tomar posesión al cargo, el inmueble quedó como centro de operaciones del partido (Morena). La dirigencia de Yeidckol Polevnsky la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena compraría la propiedad dado el valor simbólico que tenía, “eran las oficinas de López Obrador”.
“Este episodio no es una casa más ligada a un funcionario muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador, fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país y se hicieron reuniones de impacto internacional”, publica Loret de Mola.
