Los familiares de los 43 normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, saldrán a las calles en diversos puntos del país este jueves, cuando se cumplen 10 años de los hechos.
El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en México se ha convertido en emblema de las desapariciones forzadas en nuestro país, donde se cuentan más de 100,000 víctimas.
“Una década después, aún estamos lejos de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de las familias.
Días antes de que Claudia Sheinbaum asuma como nueva titular del Ejecutivo, se espera que miles de personas, entre familiares, estudiantes y otros manifestantes, marchen principalmente en la Ciudad de México.
Diez años después, la atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como la verdad sobre los responsables. Hasta ahora sólo se han encontrado e identificado los restos de tres de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Las familias reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no haber localizado a los demás estudiantes y aclarar lo sucedido, como lo prometió previo a su triunfo en las elecciones de 2018.
“Creemos que este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó”, dijo María Elena Guerrero, madre de una de las víctimas, en uno de los actos de conmemoración.
López Obrador defendió los esfuerzos de su Gobierno para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares.
“No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”, dijo el mandatario ayer al leer la carta que envió a los familiares. Enfatizó que los altos cargos militares han cooperado en la investigación, algo que los familiares rechazan.
Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían en autobuses a una manifestación en la Ciudad de México, para conmemorar la masacre de varios cientos de alumnos el 2 de octubre de 1968.
Los investigadores creen que los jóvenes fueron secuestrados por un cártel de la droga con la ayuda de la policía local, aunque no está claro exactamente qué sucedió después.
La llamada “verdad histórica”, versión oficial del caso presentada en 2015 por el entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue ampliamente desacreditada, en particular la teoría de que los restos fueron incinerados en un vertedero de basura.
En 2022, una comisión de la verdad creada por el Gobierno de López Obrador calificó el caso como un “crimen de Estado” y dijo que los militares compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia.
La comisión estableció que el Ejército estaba al tanto de lo que sucedía y tenía información en tiempo real sobre el secuestro y la desaparición.
Además presentó la hipótesis de que los miembros del cártel atacaron a los estudiantes porque, sin saberlo, habían tomado un autobús con drogas escondidas en su interior.
