El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta este lunes amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea (UE), así como de diversos países latinoamericanos, tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo en las elecciones celebradas ayer.
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, fue reelegido con un 75% de los votos, con la mitad de las mesas escrutadas, anunció esta madrugada el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso apenas cerradas las urnas, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de “farsa”, y la UE aseguró que “carecen de legitimidad”. El gobierno español, en particular, se refirió al proceso como una “burla”.
Ortega, quien el próximo jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a su esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.
Ortega enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de ser colaboradores del gobierno, quienes en total obtuvieron el restante 25% de los votos.
Tras 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de “nepotismo” y de instaurar una dictadura. Pero él asegura que su gobierno es del “pueblo”. Los comicios “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático”, dijo la UE en un comunicado. “Fue una elección solo de nombre”, estimó el Reino Unido por su parte.
Ortega solo recibió la felicitación de sus aliados: Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, que condenó la postura de Washington y consideró los comicios “en pleno respeto” de la ley. En Latinoamérica, Costa Rica, vecino de Nicaragua y que da refugio a decenas de miles de exiliados nicaragüenses, desconoció las elecciones, al igual que Chile.
Los comicios también designaron a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del gobierno.
Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados, sumiendo al país en una profunda crisis política.
Desde junio fueron desintegrados tres partidos y detenidos 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, entre ellos siete aspirantes presidenciales, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.
En virtud de leyes aprobadas a fines de 2020, bajo el gobierno de Ortega, los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, de promover sanciones internacionales, de traición a la patria y de lavado de dinero.
Ayer, Ortega acusó a los opositores de conspirar contra la “paz” del país, al tiempo que los tildó de “terroristas”, pues los opositores habían llamado a la abstención.
El CSE estimó en un 65% la participación, aunque el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció el “hostigamiento a trabajadores del Estado” para forzarlos a votar, aseguró que la abstención habría alcanzado un 81.5%.
