México solo ha liberado 167 reos mediante la Ley de Amnistía, aprobada hace dos años impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que apenas ha sesionado la comisión encargada de revisar estos casos, denunció este viernes la ONG EQUIS Justicia para las Mujeres.
“La Comisión (de Amnistía) encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad, presidida por la Secretaría de Gobernación, ha sesionado tan solo 6 veces”, advirtió la organización.
La asociación hizo referencia a un comunicado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que dio estas cifras a principios de abril.
“Vemos con preocupación que esta cifra sea tan baja, sobre todo cuando la población penitenciaria, lejos de reducirse, ha ido al alza. La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables”, afirmó la ONG.
El seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía, que EQUIS Justicia para las Mujeres ha realizado desde el 2020, así como el acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que “permanecen injustamente en prisión” permitió a esta ONG “advertir las fallas en el trámite y la necesidad de contar con más y mejor información sobre la actuación de la Comisión de Amnistía”.
Además, la Segob modificó sus lineamientos para atender las solicitudes de amnistía, explicó la ONG, que se mostró “preocupada” porque considera que falta información durante los trámites y además la burocracia existente ralentiza el proceso.
“Por lo anterior, desde EQUIS apelamos a que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la ley”, concluyó.
En abril de 2020, el gobierno del presidente López Obrador promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, ello con el fin de despresurizar las cárceles.
