La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Elvin Mazariegos Pérez, hombre de origen guatemalteco, quien fue asesinado por un elemento del Ejército mexicano al aproximarse a un retén en la comunidad de Mazapá de Madero, Chiapas.
Pese a su mensaje, la dependencia indicó que el hombre perdió la vida en lo que llamó “un incidente” que ya se encuentra bajo investigación.
La cancillería informó que apoyará a los familiares del fallecido en las gestiones para la repatriación del cuerpo y en el proceso legal para la reparación del daño; además pidió la realización de una investigación profunda y expedita, y por el inicio de acciones judiciales en contra de los responsables.
Hasta ahora hay un elemento del Ejército detenido, que formó parte del grupo de uniformados que fueron retenidos por la comunidad luego de los hechos, y los cuales fueron liberados la madrugada de ayer.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, reiteró su exigencia a México de esclarecer el asesinato de Mazariegos Pérez.
El funcionario exigió al gobierno de nuestro país “el esclarecimiento de los crímenes cometidos en contra de nuestros connacionales para que se haga justicia y estos hechos condenables no vuelvan a repetirse”.
Brolo también confirmó, después de “condenar la trágica muerte” de Mazariegos Pérez, que funcionarios consulares guatemaltecos “ya se encuentran en camino al lugar para establecer los procedimientos conducentes”.
Tras el incidente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió que hubo “una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera”.
Al respecto, la familia de la víctima informó que la Sedena ofreció un millón de pesos como indeminización por el asesinato de Elvin Mazariegos; sin embargo, la familia exige una manutención mensual para los hijos de Elvin, una menor de 9 años, otra de 5 y un niño de 2 años de edad.
Olga Mazariegos, hermana de la víctima, explicó que el pago mensual que exigen se tendría que dar hasta que los menores cumplan 18 años, pues su padre era el único sustento que tenían en el Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos.
