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En la región de Latinoamérica y el Caribe, 17 millones de personas, un 3% de la población, tiene un acceso limitado básico al agua o la consumen de fuentes no aptas, mientras más de 160 millones carecen de acceso a agua segura.

Según los datos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, de una población en la región de casi 650 millones de personas repartidos en 33 países, más de 430 millones no tienen acceso a saneamiento seguro, derechos recogidos en el listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de Naciones Unidas.

300 millones de personas en las urbes no tienen sistemas de alcantarillado y más de diez millones defecan al aire libre, lo que conlleva un riesgo muy alto y grave para la salud y la seguridad de las personas.

A pesar de que Latinoamérica posee el 31% de fuentes de agua dulce y de que ha habido progresos en la provisión de los servicios de abastecimiento de agua, sigue existiendo una brecha entre el abastecimiento de agua gestionada de forma segura en zonas rurales (53%) frente a las zonas urbanas (81%), según datos del Programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El cambio climático y la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño han provocado el incremento del estrés hídrico en la región, con sequías más persistentes, como la que afecta desde hace aproximadamente cuatro años al sur de Latinoamérica, en Argentina, Paraguay o Uruguay, donde miles de hectáreas de cultivos de soja o maíz no han progresado.

Lo mismo sucede en casi toda Centroamérica, con consecuencias económicas graves y que está provocando la migración de cientos de miles de personas de toda la región hacia el norte global, creando conflictos sociales y políticos con países como México y Estados Unidos ante su llegada.

Según datos del Banco Mundial, después de la pandemia, la región latinoamericana y caribeña es la que menos creció desde 2020, un descenso en el crecimiento influenciado por el cambio climático, cuyos impactos suponen en la región 1.7 puntos del PIB anual.

El impacto del cambio climático y el estrés hídrico en la región ha afectado, además, al canal de Panamá, donde el caudal de agua se ha reducido tanto que no se acumula de forma suficiente para alcanzar los niveles para llenar las esclusas para el paso de los barcos de mercancías que atraviesan la infraestructura.

La contaminación de las fuentes de agua con la minería legal e ilegal es otro de los graves problemas, como en Argentina y Bolivia con la extracción de litio, uno de los componentes más utilizados en la tecnología para las energías renovables y los vehículos eléctricos. Para producir una tonelada de litio se requieren 2,2 millones de litros de agua, según datos del informe de la Unesco publicado esta semana.

Los expertos señalan que la financiación climática y el multilateralismo son esenciales para superar los problemas del agua en Latinoamérica y el Caribe.

Estos datos se enmarcan en el Día del Agua, que este año tiene como lema ‘Agua para la paz’. México conmemora el día en medio de una “sequía severa” en la capital del país, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el último año, la situación del agua en México se ha mantenido crítica, y activistas y organizaciones llevan años advirtiendo de que el sistema de aguas es deficiente, que las grandes empresas hacen un uso desmedido de este líquido y que la emergencia climática mundial está secando las presas.

Además, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló esta semana que solo el 52.3% de la población urbana de México cuenta con un suministro constante de agua potable.

A esto se suma la reducción del presupuesto asignado a las diversas autoridades que participan en la gestión del agua en el Valle de México, la ausencia de un marco institucional o de gobernanza moderno, las bajas tarifas y altos subsidios no cubren en su totalidad el costo real del suministro de agua.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los Estados del mundo “a seguir el ejemplo de México” y garantizar acceso legal y seguro al aborto, esto después de que la Suprema Corte lo despenalizara en todo el país.

La sentencia del máximo tribunal “representa una gran victoria para las mujeres en México en su lucha de décadas por su autonomía corporal y su salud y derechos sexuales y reproductivos”, destacó el alto comisionado Volker Türk.

En un fallo unánime, la Suprema Corte determinó el pasado miércoles “que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

La sentencia permite que las personas que lo necesiten, puedan acceder a abortos en instituciones federales de salud y advierte que el personal médico no podrá ser criminalizado por brindar este servicio.

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte ya había determinado que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo de esta semana.

El alto comisionado también pidió a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas para implementar la sentencia.

“Hago un llamado al Congreso de México para que tome medidas inmediatas a fin de promulgar la legislación necesaria para eliminar el aborto del Código Penal Federal, y a congresos de las entidades federativas donde el aborto sigue estando criminalizado para que hagan lo mismo con prontitud”, agregó Türk.

La despenalización del aborto representa una decisión histórica en un país donde más del 80% de sus 130 millones de habitantes se declaran católicos.

El fallo de la Corte respondió a una petición de la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto. En Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

En Estados Unidos, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, revirtió el año pasado ese derecho vigente desde 1973.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Regina Tamés, Directora Adjunta de la División de Derechos de la Mujer en Human Rights Watch, sobre la despenalización del aborto y la decisión de la Corte. ¿Un triunfo de la llamada marea verde?

La ministra Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), ofreció un mensaje en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que refrendó su compromiso de escuchar y trabajar de forma prioritaria con las mujeres.

La ministra aseguró que solo escuchando a las mujeres podrán atender los principales problemas que enfrentan para acceder efectivamente a la justicia en el país.

La ministra presidenta sostuvo que el Poder Judicial escucha, reconoce y asume su responsabilidad en relación con los problemas que persisten en el acceso efectivo de las mujeres a la justicia.

“En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes”, dijo en el videomensaje que se difundió.

La ministra aseguró que este 8 de marzo es un día de marcha, donde las mujeres salen a las calles para reclamar, legítimamente, un alto a las violencias que impiden a millones de niñas, adolescentes y adultas mayores, vivir en paz.

“Hoy, nos vemos a los ojos, nos fortalecemos. Nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir: ¡Ni una más!”.

La presidenta de la Corte afirmó que, desde su trinchera al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), acompañará a todas las mujeres, asegurando que como cada año, “hoy también marcho con ustedes, pero en silencio” para exigir en lo que creen, “que es posible e impostergable detener, de una vez ؅ por todas, la discriminación y las violencias por razón de género”.

Y es que recordemos que la ministra ha sido blanco de críticas y descalificaciones desde Palacio Nacional, y por parte de diversos seguidores del gobierno morenista.

Ante la falta de acceso al agua potable en distintas parte del país, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca declarar de interés público, la seguridad hídrica de la Nación en el catálogo de definiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Jaime Bueno Zertuche detalló que se busca gestionar el recurso para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción de forma sostenible.

La propuesta tiene como objetivo salvaguardar el acceso sostenible del líquido vitalicio y así garantizar la protección contra su contaminación y sus desastres relacionados.

El priista explicó que la seguridad en relación al agua implica tener en cuenta los riesgos por su escasez o exceso, el acceso, su rol en la superación de la pobreza y el desarrollo económico, así como de asegurar las necesidades de los ecosistemas.

“El enfoque deber ser integral, incluir las dimensiones ecológicas, económicas y sociales de la gestión integral de los recursos hídricos, para la generación de políticas y programas que permitan el acceso al agua para todas y todos”, subrayó Bueno Zertuche.

En ese sentido, recordó que de acuerdo con el Centro Virtual de Información del Agua y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1950 se tenían 18,000 m3 de agua renovable disponibles por habitante, mientras que en 2019 había sólo 3,596 m3.

Por ello, recalcó que el panorama no resulta alentador, pues, advirtió, para 2030, aproximadamente 75 por ciento de la población estará en localidades urbanas y el incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional.

La iniciativa propone adicionar la fracción XLIX al artículo 3, recorriéndose las ulteriores; así como la fracción I al artículo 7 bis y modifica el primer párrafo del artículo 84 bis de la Ley de Aguas Nacionales.

El gobierno de la Ciudad de México actualizó su informe sobre la situación de la pandemia en la capital. Indicó que la ocupación hospitalaria ha seguido a la baja, con una reducción de 27 espacios, por lo que hoy en día se tienen solo 133 hospitalizados, de los cuales 35 se encuentran intubados. Añadió que también se presenta una disminución en el número de casos positivos, aunque dijo que se ha registrado una menor velocidad. Se tiene un promedio de 30 positivos diarios. Descartó que hasta el momento se vea algún tipo de repunte. En cuanto a la positividad, se informó que hay una tendencia de estabilidad; es decir, no hay ningún tipo de repunte. Se tiene una positividad de 5.4%.

Derivado de estas mejorías, se informó que a partir del próximo lunes 25 de abril, quedan sin efecto las medidas sanitarias para el ingreso de personas a establecimientos mercantiles, oficinas gubernamentales y privadas, espacios culturales y educativos, y/o cualquier otra instalación.

Estas medidas incluyen: la colocación de filtros sanitarios para la toma de temperatura, la aplicación de spray desinfectante a personas u objetos a la entrada, así como la utilización de tapetes sanitizantes a la entrada. El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, aclaró que lo que sí queda vigente es el Numeral 12 del protocolo actual que consiste en la entrega de gel-alcohol en la entrada de los establecimientos. “Y lo que sigue siendo muy vigente en todo el transcurso del uso de estos espacios cerrados es el uso de cubrebocas en espacios cerrados para cualquier persona y también privilegiar la ventilación natural y, en su caso, el seguimiento de los lineamientos de ventilación artificial que ya conocen, como la recirculación del aire”, añadió el funcionario.

También informó sobre el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, que esta semana consistió en atender en las Macro Sedes y distintos puntos, a todas las personas que busquen aplicarse esquemas iniciales o dosis de refuerzo.

Indicó que la vacuna que se está aplicando es la de AstraZeneca, que se está aplicando de manera universal a todas las personas de la ciudad que requieran, independientemente de qué vacunas se pusieron en su esquema original.

Recordó que no hay requisitos para vacunarse: no es necesario comprobar residencia ni ser residente de la Ciudad de México; pueden ser residentes de otra entidad federativa, inclusive pueden ser residentes de otros países; y no se necesita presentar documentación de vacunas precias.  Además de las cuatro Macro Sedes: la Sala de Armas, el CENCIS, la “Voca 7”, el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” y 187 Unidades de Salud, se anunció la incorporación de 122 Puntos Móviles en que se estará aplicando la vacuna en toda la ciudad. Son particularmente: puntos del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, estaciones del Metro; 88 espacios públicos en general, 24 Puntos de Incorporación de personas al Programa de Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores.

La idea de suspender las patentes de las vacunas anticovid avanza, luego de que el gobierno de Estados Unidos mostrara su apoyo a dicha propuesta, aunque los laboratorios se resisten.

“La administración cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero para detener esta pandemia, apoya el levantamiento” de las patentes, dijo ayer miércoles la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

Para justificar la decisión, Tai evocó las “circunstancias extraordinarias de la pandemia” que, por ejemplo, sigue causando estragos en India, donde se registraron 3,980 muertes y mas de 410,000 contagios en 24 horas.

En tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la “decisión histórica” de Estados Unidos, mientras que su homóloga de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, la acogió “calurosamente”.

Francia también se mostró favorable a discutir sobre la suspensión temporal, al igual que Rusia, que hasta ahora ha creado cuatro vacunas anticovid, entre ellas Sputnik V y su versión monodosis Sputnik Light.

Menos entusiasta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este jueves que “la Unión Europea (UE) está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática”.

Alemania, la primera economía de la UE, defendió las patentes, ya que “la protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir así en el futuro”, dijo el portavoz del gobierno.

Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a su eliminación porque, según ellos, esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones.

Stephen Ubl, presidente de la federación estadounidense (PhRMA), dijo que la decisión de suprimir las patentes podría debilitar aún más las ya tensas cadenas de suministro y fomentar la proliferación de vacunas falsas.

“Una suspensión es la respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo”, aseguró por su parte la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA).

El presidente de Pfizer, Albert Bourla, dijo que no está “para nada” a favor de la iniciativa y más bien sugirió acelerar la producción actual. “Las patentes no son el factor limitante para la producción” coincidió en un comunicado su socio, el laboratorio alemán BioNTech.

Los partidarios de la suspensión de las patentes afirman que estimulará la producción de vacunas genéricas de bajo coste, ayudando a los países pobres; aunque los opositores argumentan que la medida dañará los derechos de propiedad intelectual y erosionará el incentivo de los beneficios, lo que en última instancia afectaría a la investigación y al desarrollo farmacéutico.

Estados Unidos y otros trece países expresaron este martes su “preocupación” por el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen de la COVID-19 y pidieron más “transparencia” en las siguientes fases del estudio.

“Nos unimos para expresar nuestra preocupación compartida con respecto al reciente estudio de la OMS en China, al mismo tiempo que reiteramos la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y uso de un proceso rápido, eficaz, transparente, basado en la ciencia e independiente, que sea usado en las evaluaciones internacionales de este tipo de brotes en el futuro”, dijeron los Gobiernos de los 14 países.

El comunicado conjunto fue distribuido por el Departamento de Estado en Washington. Además de gobierno de Joe Biden, el posicionamiento está firmado por Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Corea del Sur, Eslovenia, y el Reino Unido.

El grupo de países evitó cualquier señalamiento directo a China, pero consideró “esencial” expresar sus “preocupaciones compartidas” sobre el acceso que tuvieron los diecisiete científicos de la misión internacional de la OMS que visitaron durante 28 días Wuhan, considerado el lugar donde se registró el primer brote.

En concreto, los catorce países afirmaron que la misión internacional de científicos fue “retrasada significativamente” y no tuvo acceso a datos y muestras del virus “originales y completas”, ya que supuestamente solo se proporcionó a los científicos de la OMS los informes que habían elaborado previamente expertos chinos.

Por tanto, el equipo de la OMS no pudo revisar los datos originales sobre los que se basaron esos informes, algo que les habría permitido llegar a sus propias conclusiones sobre el origen y la forma en la que se extendió el virus.

Por ello, pidieron que las siguientes fases del estudio sobre el origen del virus se desarrollen con “transparencia”, “rapidez” y siguiendo “un proceso basado en pruebas”.

Recordemos que el informe de la OMS no ofrece una conclusión final sobre el origen del virus, y sus conclusiones se resumen en cuatro hipótesis que se clasifican de más a menos probables. A la hipótesis a la que se le da más credibilidad es que el nuevo coronavirus llegó al ser humano a través de uno o más animales que funcionaron como especie intermediarias.

Por otro lado, justo este martes, líderes de 23 países y la OMS expresaron apoyo a la idea de crear un tratado que permita compartir información más rápido sobre emergencias sanitarias, en un intento de evitar una situación similar a la actual pandemia.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que datos no fueron entregados a los investigadores de la Organización que viajaron a China. Uno de los investigadores del equipo ya había dicho que China se negó a dar datos brutos sobre los primeros casos de COVID-19 al equipo dirigido por la OMS, lo que podría complicar los esfuerzos por comprender cómo empezó la pandemia mundial.

“En mis conversaciones con el equipo, expresaron las dificultades que encontraron para acceder a los datos brutos”, dijo Tedros. “Espero que los futuros estudios de colaboración incluyan un intercambio de datos más oportuno y completo”, añadió.

Tedros dijo que no consideraba que esta evaluación haya sido lo “suficientemente amplia”, y adelantó que serán necesarios más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el viernes por unanimidad una resolución impulsada por el Reino Unido que exige equidad en el acceso a las vacunas contra el Covid-19, dando señales de cierta unidad en la comunidad internacional.

La resolución, la segunda que adopta el Consejo sobre la pandemia, insta asimismo a la solidaridad y a un alto el fuego en los países en conflicto para luchar mejor contra el virus y llevar a cabo las jornadas de vacunación.

“El voto a favor de la equidad en las vacunas es importante y lo apreciamos”, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Pero hay que tomar medidas concretas, como renunciar a la propiedad intelectual de las patentes para aumentar la producción, la cobertura de la vacuna y deshacerse de este virus lo antes posible”, añadió.

En un hecho poco común en la ONU, la resolución, redactada por el Reino Unido, fue copatrocinada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, según fuentes diplomáticas.

Tras apenas una semana de negociaciones, esta resolución representa un giro para la comunidad internacional hacia una unidad que a menudo ha fallado desde el inicio de la pandemia hace un año.

También refleja un claro acercamiento en la relación entre Estados Unidos y China desde la llegada al poder del demócrata Joe Biden.

La resolución aprobada este viernes “subraya la urgente necesidad de solidaridad, equidad y eficiencia” y pide la “donación” de vacunas a “las economías desarrolladas y de todos aquellos en condiciones de hacerlo a los países de ingresos bajos y medianos o que lo necesiten (…) para un acceso equitativo a los productos sanitarios contra el Covid-19”.

Asimismo, el Consejo llama al fortalecimiento de los enfoques nacionales y multilaterales y la cooperación internacional para facilitar un acceso equitativo y asequible a las vacunas contra el Covid-19 en países en conflicto armado o en situaciones de pos-conflicto o de emergencia humanitaria compleja.

El Consejo llamó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a “evaluar con frecuencia y en forma integral los obstáculos al acceso a las vacunas” e instó a los países miembro a tomar “medidas para evitar la especulación y almacenamiento inadecuado que podría dificultar el acceso a vacunas seguras y eficaces, especialmente en situaciones de conflicto armado”.

Recordemos que este es un tema que el gobierno de México ha respaldo y en el que ha insistido. Apenas el martes pasado, en el marco de la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente López Obrador llamó a que se garantice la distribución de las vacunas de forma equitativa, universal y sin acaparamiento.

Sin embargo ha sido un tema en el que ha venido insistiendo. El fin de semana pasado, el mandatario hizo un llamado urgente a evitar el acaparamiento y facilitar a todo el mundo el acceso equitativo a las vacunas, acusando que 10 países concentran el 80% de estas, mientras que 70 países, incluido México, solo acceden al 20%.

“Lo más grave, lamentable, reprobable, es que cerca de 120 países no tienen ni una sola dosis de vacunas y esto no puede pasar de noche, desapercibido; se tiene que decir para llamar a los gobiernos donde están las plantas de producción de vacuna a que actúen con más solidaridad, con fraternidad. Es el momento de demostrar con hechos que hay una política en el mundo en favor de los derechos humanos y en este caso en favor del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos”, expresó López Obrador.

En el mismo sentido, el canciller Marcelo Ebrard denunció el acceso inequitativo de vacunas contra COVID-19 en sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU) del pasado 17 de febrero.

Durante su participación, el secretario de Relaciones Exteriores recalcó que era necesario que el mecanismo de vacunación Covax, coordinado mediante la vía multilateral por casi todos los países del mundo, acelere la distribución de las vacunas y se revierta el acaparamiento por parte de diez países que concentran tres cuartas partes de todas las vacunas.

Subrayó que “se estima, conservadoramente, que hay más de 100 países en los que no se ha aplicado ni una sola dosis […] nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo indicó que la Sedena debe informar las características topográficas del terreno; impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue.

“Es indispensable que la sociedad conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo, y que se cumple con la normatividad aplicable, que se cuenta con medidas de seguridad, por ejemplo, que el terreno es el adecuado para la construcción, brindando así certidumbre jurídica y confianza institucional”, afirmó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena quien presentó el asunto ante el Pleno.

Añadió que este asunto revela el interés de la ciudadanía en la agenda pública que impacta en el desarrollo político, económico y social del país y genera una mayor participación ciudadana, lo que propicia que las autoridades transparenten y rindan cuentas de su actuar.

Y es que la Sedena respondió a la solicitud de un particular a través de las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, que llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no localizó en sus archivos información sobre los estudios de viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.

Los comisionados señalaron que en caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, éste deberá informar al recurrente dicha situación y fundamentar los motivos de la inexistencia.

El presidente Donald Trump reconoció hoy que no tiene prueba de que en la Caravana Migrante procedente de Honduras y que se encuentra en México, haya presencia de personas de Oriente Medio, aunque insistió en que es una posibilidad.

“No hay prueba de nada, no hay prueba de nada, pero podría ser, o no necesariamente tienen que estar en ese grupo”, dijo Trump en un breve encuentro con los medios de comunicación que cubren La Casa Blanca.

Y es que recordemos que Trump aseguró que en la Caravana que se dirige a su país había personas del Medio Oriente, así como criminales y miembros de la pandilla MS-13. Sin embargo insistió en que existen personas que llegan a la frontera y “que no son apropiadas para nuestro país”.

“No los voy a dejar entrar, no van entrar, no van entrar, haremos todo lo que sea necesario pero no van entrar”, indicó.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, criticó hoy el actual sistema de revisión de antecedentes para comprar un arma y lamentó los errores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para evitar el
tiroteo del 14 de febrero en una escuela de Florida que dejó 17 muertos.

 

Sostuvo que la Cámara de Representantes está ya trabajando para mejorar nuestro sistema de revisión de antecedentes. Indicó que apoya la idea de que hay un vacío en este sistema que debe de ser reparado.

 

En conferencia de prensa junto a otros líderes republicanos dijo sentirse profundamente preocupado tras conocer los errores que cometieron las autoridades locales y el FBI a la hora de prevenir el ataque perpetrado por Nikolas Cruz, de 19 años, quien acudió a su antigua escuela armado con un fusil de asalto y dejó 17 muertos y numerosos heridos.

 

En concreto, lamentó que el FBI no siguiera las pistas que tenía, refiriéndose a varias denuncias que la Policía federal
recibió e ignoró antes del ataque, en las que allegados a Cruz advirtieron del peligro que representaba el chico para la comunidad.

 

Ryan dijo que en vez de prohibir el uso de las armas, los legisladores deben centrarse en asegurarse que las personas con enfermedades mentales no tengan acceso a ellas.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó al Presidente de la República, para emitir observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que “no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad”.

 

“(El INAI) reconoce que si bien, el Senado de la República, sensible a la postura del Pleno, modificó la redacción original del artículo, el texto final, aprobado por las dos Cámaras, es contrario a dicho principio, ya que, por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño”, indicó el organismo a través de un comunicado.

 

Detalló que a la letra el artículo 9 dice “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

 

Por lo que indicó que con dicha redacción, el Instituto advierte que no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.

 

“El Pleno del INAI está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior”, remató el INAI.

 

La Secretaría de Comunicaciones del Estado de México informó que a partir de este sábado, y hasta el 9 de enero de 2018, se realizará la sustitución de la tarjeta de prepago que utilizan los usuarios del Mexibús, por una que dará acceso total a las tres líneas de la red y a la línea del Mexicable.

 

La dependencia señaló que la actualización del sistema de pago comenzará en la ruta III del Mexibús, que corre de Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, y únicamente durante este periodo de transición se podrán usar ambas tarjetas (la actual y la nueva).

 

“Es necesario presentarse en las taquillas o módulos de canje con su tarjeta vigente sin saldo, para que sin costo sea sustituida por la nueva tarjeta única, con cero pesos saldo. El nuevo sistema de pago funcionará en su totalidad a partir del 9 de enero del próximo año, día en que termina el periodo de sustitución de tarjetas” señaló la Secretaría de Comunicaciones.

 

Adicional se informó que la línea III del Mexibús se equipará con cámaras de videovigilancia conectadas al centro de monitoreo C5, y se instalarán botones de pánico en los autobuses y estaciones, así como cámaras de videovigilancia y luces led de emergencia.