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Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron conjuntamente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una nueva acción de inconstitucionalidad en contra las reformas secundarias en materia electoral, impulsadas por el Presidente y aprobadas por Morena y aliados a finales del año pasado.

“Las y los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD consideran que el ‘Plan B’ de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia», indicaron los coordinadores parlamentarios.

Señalaron que la demanda de acción de inconstitucionalidad busca la declaración de invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, “por el atropello a principios y disposiciones constitucionales”.

Advirtieron que las reformas faltan a la equidad en los procesos electorales, toda vez que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas, ya que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.

Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN, destacó que se presentó la acción de inconstitucionalidad porque en los partidos de la coalición ‘Va por México’ se está a favor de la defensa a las instituciones democráticas que tantos años costó construir, además de que están «en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que en el ‘Plan B’ electoral se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.

Recordó que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.

También refirió que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.

Finalmente, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, hizo un llamado respetuoso a la SCJN para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acompañado de diversos liderazgos del partido, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Informó que la acción presentada tiene que ver con las dos leyes que fueron modificadas: la relativa a propaganda gubernamental y la de responsabilidades administrativas.

Marko Cortés confió en la nueva presidencia de la Suprema Corte, encabezada por la ministra Norma Piña, y afirmó que se tiene una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional y se respete la Constitución.

Dijo no tener duda en que la Corte les dará la razón. “Lo que está queriendo hacer el presidente es querer ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena, en el 2018 el presidente gana con el 53%, pero ya en el 2021 toda la oposición en su conjunto sacó más votos que el propio gobierno del presidente y, por lo tanto, lo que tiene el presidente es miedo de que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia de la República”, afirmó el dirigente panista.

Cortés Mendoza acusó que el presidente y Morena quieren a través del Plan B, que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y no haya un órgano electoral como es el INE o Tribunal Electoral, que los sancione.

Señaló que el diputado federal y presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, solicitará que las acciones y controversias presentadas sean atendidas de manera expedita por el máximo tribunal de justicia.

«Como ustedes saben tengo facultades de carácter constitucional como presidente de la Cámara de Diputados, para solicitarle a la SCJN que los asuntos en materia electoral sean tratados de manera prioritaria, así lo dice la Constitución, y voy a ejercer mis facultades constitucionales», dijo Creel Miranda quien formó parte de la comitiva panista que acudió a interponer la acción de inconstitucionalidad.

Precisó que la SCJN tiene ya listados varios asuntos relativos a la militarización. Confió en que suceda lo mismo con los asuntos de temas electorales porque dijo, es prioritario, ya que están a la vuelta los procesos electorales de Estado de México y Coahuila.

«Tienen que definir con mucha claridad que ya no aplica este plan B para esas dos elecciones», subrayó el diputado presidente.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, junto al coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentaron otra acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del llamado «Plan B» de la reforma electoral.

Moreno Cárdenas explicó que las reformas impulsadas por el gobierno son una violación flagrante a la Constitución, y atentan contra el federalismo y la equidad. “Tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como dé lugar”, dijo el priísta.

Señaló que la acción de inconstitucionalidad en contra del «Plan B» de Morena se presentó porque “atenta contra la democracia de nuestro país y viola lo que las mexicanas y mexicanos por años hemos construido”.

Advirtió que la democracia no le pertenece a un partido o a un gobierno. «El PRI dará la batalla» para echar abajo el paquete de reformas en materia electoral que fueron aprobadas por Morena y sus aliados.

La acción de inconstitucionalidad que se presentó impugna la primera parte del “plan B”, en lo que se refiere a la Ley General de Comunicación Social.

Alejandro Moreno adelantó que después de que el partido presentó este recurso, en los próximos días se interpondrá el del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados y, posteriormente, se habrán de presentar controversias constitucionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá ninguna Acción de Inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el pasado 8 de septiembre en el Senado de la República, mediante  las cuales se transfirió el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA.

«Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado. Vamos a hacer algo más que eso: sumarnos a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas desde luego, que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan, pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones», dijo la CNDH en un posicionamiento emitido anoche.

La CNDH coincidió que las modificaciones legislativas tenían dos propósitos fundamentales: fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional (GN) “como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado”, y garantizar el cumplimiento efectivo de los fines constitucionales de dicha institución de policía para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social, con pleno respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales en la materia”.

Recordó que el dictamen aprobado  reconoce que la existencia de una crisis de inseguridad y violencia, relacionada con la actividad del crimen organizad: un problema de seguridad nacional y seguridad pública.

Ante las críticas que se han hecho a las reformas, la CNDH precisó que «lo relevante» del dictamen es que en el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia.

«Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la SEDENA puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado», dijo la Comisión.

Afirmó que las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia organizada en distintos puntos del país, por lo que es prioritario que la Guardia Nacional intervenga, con estricto respeto a los Derechos Humanos.

La CNDH sostuvo que es fundamental que se reconozca, y se preserve, en el marco jurídico de la Guardia, el espíritu de su creación, y en ese sentido recalcó que en México no hay un mando militar arbitrario, y no se continuidad a las políticas de militarización que prevalecieron en los sexenios anteriores.

Añadió que la violencia generada por la delincuencia organizada afecta a la ciudadanía y el goce pleno de sus derechos humanos; además de que se puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional, y por ende los derechos humanos de todas y todos.

«En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la SEDENA, vaya de la mano con Instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos», precisó la Comisión.

En ese sentido, apuntó que la Guardia Nacional debe contar con un enfoque diferenciado de formación al de las fuerzas armadas, pues su incorporación a la SEDENA no significa que se cuente con los mismos planes de capacitación.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que si la iniciativa aprobada este fin de semana en la Cámara de Diputados que permite el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena también se aprueba en la de Senadores, los partidos de oposición presentarán la correspondiente Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, con la que buscarán que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura.

El panista recordó que al inicio del sexenio, se le dio el voto de confianza a Morena al aprobársele por unanimidad que los militares pudieran participar por 5 años en la integración, formación y capacitación de la Guardia Nacional señalando, aunque en los primeros tres años se ha estado haciendo exactamente lo contrario.

Acusó que basta con señalar que se ha puesto a un militar al frente de la corporación, en lugar de un civil, y segundo, se ha construido una policía militar en lugar de una policía civil, tal cual ocurre en las dictaduras.

Cortés Mendoza recordó que los partidos y los coordinadores parlamentarios integrantes de la coalición ‘Va por México’, realizaron un compromiso público y firmado, de una Moratoria Constitucional, para “mantener intacta nuestra Ley Suprema”, para cuidar al INE, la democracia y la libertad, para garantizar los derechos humanos y particularmente, para evitar cualquier supuesto que siga militarizando el país.

«Las veces que sean necesarias le diremos no a la militarización de México, y más cuando vemos que desmantelaron las policías civiles federal, estatales y municipales, llevándonos hacia una militarización que ha representado un rotundo fracaso en la estrategia de seguridad. Por eso, la aprobación de Morena y sus aliados para imponer el control militar, administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional es inconstitucional, una trampa para el ejército y que demuestra que a López Obrador se le ha salido completamente de control la seguridad del país», señaló el líder de Acción Nacional.

Insistió en que el presidente López Obrador busca que México se convierta en una dictadura igual que Venezuela, Nicaragua o Cuba. Puntualizó que lo que no entiende el Presidente es que México es un país democrático y no una autocracia, donde manda un solo hombre.

Enfatizaron que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena es una trampa para el Ejército, porque su misión principal es salvaguardar la soberanía del país y con esto el Presidente solo lleva a las Fuerzas Armadas a sobreexponerse y vulnerar la Constitución.

«Es nuestro deber proteger el buen prestigio de las Fuerzas Armadas, evitando que caigan en la trampa presidencial, que les endosaría toda la responsabilidad del fracaso de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, que ha provocado que se incremente la violencia e inseguridad en todo el país», añadió.

Por su parte el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reiteró que lo que sucedió en la Cámara de Diputados este fin de semana, son pasos de dictadura, “y más de una dictadura que pretende ir acompañada del auxilio de las fuerzas militares de nuestro país”.

Confió en que la Suprema Corte eche atrás lo que se aprobó en San Lázaro y “desde luego, en su momento si llegara el caso de que en el 2024 les ganemos la Ciudad de México y les ganemos la mayoría en el país para echarlos afuera, no quieran decir que desde la oposición les hicimos trampa, que les hicimos fraude y que llamen a los militares y los militares acudan a defender una osadía de estas características”, advirtió.

Confirmó lo dicho por su aliado político, al señalar que si pasara de cualquier manera la aprobación de las leyes, que buscan la militarización del país, “nos veremos muy pronto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque llegaremos allí también a dar el debate y a buscar echar para atrás esto que están indebida, ilegal e inconstitucionalmente haciendo desde la Presidencia de la República y sus lacayos en la Cámara de Diputados”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza el contenido de un escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto”, indicó la Comisión.

Señaló que la reforma constitucional aún no se publica, por lo que todavía no es vigente.

Indicó que se dará la atención y el seguimiento necesario que sea procedente al escrito que le fue presentado y, en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que en derecho proceda sobre la promoción del recurso constitucional correspondiente.

Al respecto, la diputada Eva María Vázquez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, no convocará a la sesión pública en la cual se podría promulgar la reforma, por lo que será la siguiente legislatura, que inicia el 1 de agosto, la que realice dicha tarea.

Al acompañar a la legisladora, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, informó sobre la decisión de su legisladora pese a la presión que está ejerciendo Morena.

Dijo que “en todo caso sea la próxima legislatura, que empieza el 1 de agosto, quien termine esta sucia labor, nosotros no nos vamos a prestar a hacer el trabajo sucio”, declaró el líder panista.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la aplicación de la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el PRI indicó que la acción de inconstitucionalidad que presentaron sus legisladores no está motivada por un tema salarial.

Y es que el tricolor junto al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, argumentando que violaba la división de poderes. Dicho recurso fue admitido por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El PRI reiteró que sus legisladores están a favor de las medidas de austeridad y de acabar con los privilegios, pero señalaron que ello no se debe usar como pretexto para que el Presidente de la República pretenda violar la división  de poderes y situarse por encima del Judicial.

«La acción de inconstitucionalidad no está motivada por el tema salarial, sino por la necesidad de preservar la autonomía de cada poder, lo cual es indispensable para la democracia», dijo el Revolucionario Institucional, rechazando así los señalamientos de Morena quien ha acusado a los legisladores que presentaron el recurso de no querer perder sus privilegios.

El PRI recordó que no solo los legisladores se han intentado defenderse del golpe que pretende dar el gobierno en turno, sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promovió una acción de inconstitucionalidad al considerar  que viola la Constitución.

«Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirma que los argumentos, cuando son apegados a derecho, son más fuertes que cualquier mayoría legislativa», enfatizó el tricolor.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió este viernes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República.

La suspensión de la Ley se derivó a la acción de inconstitucionalidad que Senadores de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) interpusieron ante la corte, misma que fue admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indicó el ministro.

Debido a que existe una segunda acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la suspensión estará vigente hasta que el pleno de la SCJN analice los recursos. Se prevé que dicha revisión se de los primeros meses del próximo año.

Los denunciantes indicaron que con la Ley podía generar un daño irreparable a los servidores públicos.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta para la elaboración de los presupuestos 2019, los ingresos de los altos funcionarios antes de los límites que conllevaba la Ley de Remuneraciones que recientemente se aprobó, y que fueron planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que desde el periodo de campaña, López Obrador indicó que en caso de llegar a la Presidencia, ganaría 40% menos que lo que percibía el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Tan pronto resultó ganador de la elección presidencial, anunció que su sueldo sería de 108 mil pesos, por lo que dicha cantidad sería el tope para el sueldo de los funcionarios públicos.