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La Cumbre del Amazonas concluyó este miércoles en Brasil con una hoja de ruta para proteger las selvas tropicales, calificada como un paso importante en la lucha contra el cambio climático, pero sin los compromisos concretos que pedían algunos ambientalistas para poner fin a la deforestación de la región.

El martes, presidentes y ministros de los ocho países amazónicos firmaron una declaración de sus planes para impulsar el desarrollo económico de sus países y a la vez impedir que la larga agonía de la región “llegue a un punto sin retorno”.

Varios grupos ambientalistas expresaron su decepción con la declaración de ayer, que consideraron una compilación de buenas intenciones con escasos objetivos y plazos concretos.

Por su parte, la organización indígena más grande de la región se declaró complacida por la inclusión de sus dos reclamos principales.

“Es significativo que los mandatarios de los países de la región hayan escuchado a la ciencia y comprendido el llamado de la sociedad: la Amazonía está en peligro y no tenemos demasiado tiempo para actuar”, dijo el grupo internacional WWF en un comunicado.

En la sesión de hoy se sumaron a la reunión los presidentes de la República del Congo y la República Democrática del Congo, un emisario del presidente de Indonesia y el embajador francés en Brasil en representación del territorio de Guyana Francesa. También asistió un emisario de Noruega, el mayor contribuyente al Fondo Amazonas brasileño para el desarrollo sustentable.

Los representantes nacionales firmaron un acuerdo similar, aunque mucho menos extenso que el de ayer. No contenía objetivos concretos y en su mayor parte criticaba a los países desarrollados por no proporcionar la gran financiación prometida.

Los presidentes de Bolivia, Colombia y Perú no asistieron a la reunión del miércoles.

Los ocho países que asistieron a la Cumbre: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), expresaron su esperanza de que un frente unido les dé mayor presencia en las conversaciones ambientales globales de cara a la conferencia climática COP 28 en noviembre.

La cumbre refuerza la estrategia del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para potenciar el interés mundial en la conservación de la Amazonía

Y es que alentado por una disminución de la deforestación del 42% en sus primeros siete meses en funciones, ha buscado apoyo financiero internacional para la protección de la selva.

En declaraciones a la prensa después de la reunión del miércoles, Lula deploró las “medidas proteccionistas mal disimuladas” como inquietud ambiental que limitan las importaciones de países en desarrollo y dijo que los países desarrollados deben cumplir sus promesas de dar apoyo monetario a la protección de los bosques.

La Amazonía se extiende por una superficie dos veces el tamaño de la India. Dos terceras partes de ella se encuentran en Brasil, mientras que los otros siete países comparten el tercio restante.

Los miembros de OTCA, que se reúne apenas por cuarta vez en 45 años de existencia, demostraron que no están plenamente alineados en asuntos cruciales. La declaración conjunta no incluyó un compromiso compartido, ya asumido por Brasil y Colombia, de reducir a cero la deforestación para 2030.

Unos 200 activistas ambientales y de la tierra fueron asesinados en el mundo en 2021, incluidos unos 54 en México, que se convirtió en el país más peligroso para los defensores de la tierra, según el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness.

Más de tres cuartas partes de los homicidios ocurrieron en América Latina, donde Colombia, Brasil y Nicaragua también registraron cifras de dos dígitos en homicidios.

Fue el tercer año consecutivo de incrementos en México, y un aumento en comparación con los 30 activistas asesinados en 2020.

En los últimos 10 años, México se ha colocado como “uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el ambiente”, con 154 asesinatos documentados durante dicho periodo.  La mayoría de estas muertes (131) tuvieron lugar entre 2017 y 2021.

“La mayoría de estos crímenes ocurren en lugares distantes del poder y son cometidos contra aquellos que en muchos sentidos tienen el menor poder”, señala el informe.

Global Witness considera su informe un punto de referencia, y subrayó que “nuestros datos sobre los asesinatos posiblemente sean menores a los reales, dado que muchos no son denunciados, en particular en zonas rurales y en ciertos países”.

“Más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui”, asentada en el norte del país, detalló el reporte.

“Cerca de dos tercios de los asesinatos estuvieron concentrados en los estados de Oaxaca (sur) y Sonora (norte), ambos con importantes inversiones mineras”, precisó la organización.

Las víctimas murieron luchando contra la explotación de recursos y en disputas relacionadas con tierras. Los conflictos en torno a actividades de minería dejaron 27 homicidios en el mundo, la cifra más alta de cualquier sector 15 de esos asesinatos relacionados con la minería ocurrieron en México.

En el norte de México, el pueblo yaqui aún sigue de luto por el asesinato de Tomás Rojo, un líder defensor del agua encontrado muerto en junio de 2021. Según las autoridades, fue asesinado por una banda local de narcotraficantes que quería el dinero que los yaquis a veces ganan al cobrar peajes en retenes informales en las carreteras.

Los yaquis son los propietarios legales de al menos la mitad del agua de la cuenca del río que lleva su nombre, y que han defendido durante casi cinco siglos de masacres y exterminio. Pero gran parte de su agua ha sido desviada para alimentar industrias y proyectos para plantar viñedos y aguacates en el desierto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se disculpó el mes pasado con los yaquis por los abusos del pasado y prometió una serie de programas de infraestructura para mejorar sus vidas. Pero López Obrador se ha negado a detener el desvío de su agua, aunque el director general del distrito de riego local, Humberto Borbón, dice que es “100% ilegal”, y los fallos judiciales han respaldado la posición de los yaquis.

El informe refiere que en términos generales, los asesinatos de ambientalistas en Colombia disminuyeron a 33 en 2021 de 65 el año anterior. Filipinas también tuvo menos homicidios de activistas, 19, en comparación con 30 en 2020.

Activistas, ambientalistas, artistas y académicos agrupados en la campaña #SelvaMeDelTren, que se oponen a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, aceptaron este miércoles la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLL) para dialogar sobre la obra que consideran que impactará el medioambiente.

“Agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el Tramo 5 del Tren Maya. Como lo hemos señalado nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y sus cuevas; así como el mejor desarrollo de la región. Estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines”, expusieron los involucrados en un comunicado en redes sociales.

Sin embargo, la propuesta no fue aceptada en los términos que el presidente expuso. Indicaron que para sentarse a conversar, esperaban al mandatario en la zona de construcción del tramo 5, que va de Playa del Carmen a Tulum. Ellos no viajarían a la Ciudad de México para presentarse en Palacio Nacional.

Recordemos que el mes pasado, famosos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán y Bárbara Mori se manifestaron en contra del proyecto, difundiendo videos en redes sociales con el hashtag #SelvaMeDelTren.

El Tren Maya es un proyecto prioritario para López Obrador que, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, plantea construir cerca de 1,554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La obra se ha visto envuelta en la polémica y ha sido criticada por algunas ONG y colectivos indígenas de la zona debido al impacto ambiental que dejará en la región.

López Obrador dijo esta mañana que sería buena idea reunirse con los activistas y artistas que formaron parte de la campaña, para poderles explicar los detalles del proyecto.

“Los voy a invitar a ver si platicamos (para) ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan y platicamos, porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, expuso López Obrador en su conferencia mautina.

En respuesta, los activistas y artistas señalaron: “Venga a conversar a la zona de construcción del Tramo 5, con alguno de los expertos y comunidades locales de la zona”, pues esto implicaría que constate el impacto que las obras están teniendo.

Ayer, López Obrador cuestionó el fallo de un juez que suspendió de forma provisional el tramo 5 del Tren Maya y dijo que, aunque no habían sido notificados, era claro que hay una abierta “una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios”.

La campaña #SélvaMeDelTren surgió luego a la modificación del Tramo 5 del tren, que, según denuncian, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna. Además, señalan que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto ambiental.

Al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la Segob llega luego de que ayer el periódico Reforma reportara que desde diciembre de 2018, cuando AMLO asumió, se ha asesinado al menos a 56 activistas.

La nota de Reforma citó datos de la organización Frontline Defenders, la cual contabilizó 24 defensores de derechos humanos asesinados en 2019, además de otros 20 en 2020 y los 12 citados por la CNDH en 2021.

La Secretaría informó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas. Puntualizó que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En un comunicado, Gobernación dijo que “según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección”.

La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Además, dijo que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país.

También señaló que de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80% y se ha fortalecido.

Precisó que en 2019 y 2020 se destinaron al mecanismo 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador lamentó los fallecimientos y dijo que se lucha para que esto no suceda, aunque calificó de “propaganda” lo publicado por el diario, a quien considera adversario de su gobierno.

El mandatario señaló que su gobierno está haciendo su trabajo “y tu periódico (al referirse al reportero de Reforma) es un boletín del conservadurismo en México (…) Todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos”, indicó AMLO, y aseguró que muchas de las notas de dicho diario “son inventadas”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que ante la reciente modificación a las políticas en materia de migración, se ha generado mayor presencia de autoridades migratorias y de cuerpos de seguridad en las fronteras norte y sur del país, así como la detención de migración en distintas ciudades.

Como consecuencia a dicho fenómeno, también se ha incrementado la labor de las organizaciones y activistas que se dedican a la defensa de los derechos humanos de los migrantes al interceder por ellas, representarlas y acompañarlas en los distintos trámites y procesos relacionados con su estancia o tránsito por México.

Al señalar que la presencia y acciones decididas de las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la defensa de las personas en contexto de migración y también a la denuncia de las condiciones de inseguridad en las que transitan por México, la CNDH precisó que es necesario que reciban el respaldo total y permanente de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.

“Que no se desacredite ni criminalice su labor, ya que se generan contextos poco propicios para la defensa de los derechos fundamentales, y que la intervención de las autoridades en el tema migratorio no afecten, por ningún motivo, la labor de personas y organizaciones dedicadas a la defensa de las personas en contexto de movilidad”, señaló la Comisión.

El llamado surge luego de afirmar que se han identificado actos de intimidación y descalificación en contra de las organizaciones y activistas, que buscan deslegitimar su labor de asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos que realizan tanto las casas de migrantes y albergues.

La CNDH finalizó indicando que permanecerá atenta a la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno con el fin de que ninguna política vulnere la labor de los colectivos, defensores y casas de migrante y albergues a lo largo y ancho del país.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dio a conocer un balance sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Adicional informó sobre las acciones que el gobierno federal está llevando a cabo para garantizar la protección y seguridad de los periodistas y activistas.

Encinas Rodríguez señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se tiene registro de 790 personas bajo el Mecanismo de protección, de los cuales 498 son defensores de derechos humanos, el 63%, mientras que 292 son periodistas, el 37%.

Las personas bajo el programa, se concentran principalmente en 10 entidades, donde está el 62% de los beneficiarios, entre los que destacan: Ciudad de México (17%); Veracruz (9.6%) y Guerrero (9%).

Al explicar el funcionamiento de dicho mecanismo, el funcionario federal indicó que se ha detectado que el “mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, no se atiende la parte preventiva no sólo de quienes están sujetos al Mecanismo de protección, sino de los periodistas o los defensores en general”.

Señaló que otro problema que se ha encontrado, es que existe una empresa privada, que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección, que reporta deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal.

Una de las medidas del mecanismo que más ha llamado la atención de las autoridades, es el relacionado con los botones de asistencia; señaló que actualmente hay 792 botones en activo para periodistas y defensores de derechos humanos.

Detalló que, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón; 100 más lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año y 230 lo tienen activo prácticamente de manera permanente. Encinas afirmó que dichas prácticas de uso las han entendido como una falta de confianza en la autoridad.

Adicional dijo, que muchos de los beneficiarios del mecanismo y que cuentan con los botones no los usan para que la autoridad no sepa donde se encuentran.

El subsecretario adelantó que se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fideicomiso que maneja los recursos del mecanismo, además de una evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Adicional se hará una evaluación conjunta con todos los beneficiarios.

Está en proceso también el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal Preventiva. Aclaró que los beneficiarios del mecanismo van a seguir manteniendo los beneficios en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección.

En el caso específico de los periodistas, señaló que se involucrará directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores. Adicional ventiló el trabajo de cooperación internacional que se implementará para favorecer la operación del mecanismo.

Resumió que a la fecha se tienen registrados seis homicidios de periodistas a partir del 1 de diciembre, de los cuales solamente Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, estaba bajo la protección del mecanismo; los otros cinco no estaban dentro de la protección del mecanismo; precisó que de estos seis casos cuatro ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio.

En el caso de defensores de derechos humanos, se tienen nueve asesinatos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas; y en el caso de Samir Flores, en Amilcingo, se tienen identificados a tres agresores.

Detalló que de los otros siete casos está en proceso la investigación, sin que hasta ahora se hayan detenido a todos los responsables materiales e intelectuales.

“Yo creo que el Mecanismo debe de entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos; y necesitamos fortalecer, sin lugar a dudas, mecanismos de cooperación entre la federación y los estados, pero también los instrumentos de corresponsabilidad con los propios beneficiarios del Mecanismo de Protección”, remató Alejandro Encinas.