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El Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lleva un retraso de al menos cinco meses debido a la burocracia existente y a fallas geológicas, según reveló este viernes el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Esos trámites nos han complicado cinco meses de retrasos. El burocratismo de Semarnat, Sedatu y Conagua han retrasado el avance», explicó Jiménez Pons durante una visita de trabajo a las obras en entrevista con la agencia Efe.

Otro factor de retraso se ha dado durante los trabajos en el subsuelo, pues se han tenido que nivelar varios tramos entre tres y seis metros, pues a consecuencia del cambio climático se detectaron irregularidades en los terrenos. “Es increíble ver que en las fallas geológicas de suelo hay una diferencia de hasta seis metros entre el terraplén y las viejas vías”, subrayó Jiménez Pons.

El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos para construir cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A finales de octubre, Jiménez Pons informó al Senado que el costo de la obra había crecido en 60,000 millones de pesos debido al aumento de tramos de doble vía, su electrificación y a un mayor número de estaciones.

La información llega luego de que el pasado lunes, el gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cuerdo «en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional».

El presidente ha defendido dicho acuerdo para que las obras no sean detenidas por obras o falta de permisos.

La Semarnat y la Sedatu, dependencias federales que han dado acompañamiento a las trabajos en 15 áreas naturales protegidas por donde pasa el Tren Maya, han realizado observaciones al proyecto en materia de impacto ambiental y a la fecha aún tienen pendientes la liberación de vías en el tramo 1 y 2.

En este sentido, Adrián Montemayor, gerente de prensa de Fonatur, confió en que los organismos responsables de las autorizaciones en materia ambiental den “luz verde” a principios del 2022 y con ello inicie la fase 2 de las obras con el tendido de durmientes y rieles.

Al menos 53 senadores de oposición pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, interponer un recurso de inconstitucional contra el acuerdo del presidente que cataloga las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional, y que blinda la información al respecto.

El lunes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publico un acuerdo «en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional».

Con ese acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles sean frenadas mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que lo impugnará pues vulnera el derecho de acceso a la información.

Ante la petición de los senadores, Sánchez Cordero dijo que someterá «a consulta jurídica» la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y del PRD para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal.

Tras el debate que se llevó a cabo sobre el tema, Sánchez Cordero sostuvo que quería «tener una opinión jurídica» con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional.

La legisladora del PAN, Kenia López Rabadán, indicó que el reto para la Presidenta del Senado era enorme, pues tendrá que definirse entre cuidar y destacar su carrera como jurista constitucional o someterse al gobierno autoritario de López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que el acuerdo del Ejecutivo tiene «una razón válida» para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se necesita respaldar a las regiones rezagadas.

Monreal señaló que alrededor de 80 legisladoras y legisladores no están de acuerdo con que Sánchez Cordero presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República.

Después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo por el cual los megaproyectos del gobierno federal serán considerados de “interés público” y “seguridad nacional”, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD rechazó el acuerdo y anunció que interpondrá los recursos necesarios para derogarlo, ya que atenta contra el marco de legalidad vigente.

«La ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley, así como elaborada bajo un proceso transparente. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad», dijo el perredista.

Enfatizó que el acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del gobierno federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes.

Además, recordó que al ser considerados “de seguridad nacional”, se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que organizaciones de la sociedad civil y periodistas han alertado sobre el alto riesgo de corrupción de dichos proyectos.

Zambrano Geijalva aseguró que el acuerdo busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, sobre todo después de que fueran denunciados hechos de corrupción en contratos con empresas fantasmas para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, indicó que desde Acción Nacional se rechaza el «decretazo» de AMLO que simple y sencillamente pretende opacar todas sus obras públicas.

En ese sentido, el diputado Gabriel Quadri indicó que desde la Cámara de Diputados, propondrán una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que dijo, pisotea todas las normas ambientales, de transparencia y rendición de cuentas en proyectos de infraestructura…

Por su parte la diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que el acuerdo publicado rebasa todos los límites de un Estado constitucional de Derecho. Otras voces de la bancada panista señalaron que el acuerdo es sumamente grave y claramente inconstitucional. Advirtieron que con el acuerdo el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga.

Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la bancada panista, también señaló que se analizarán los medios para impugnar lo que llamó una «aberración» anticonstitucional, que atenta contra la transparencia y el acceso a la información.

Quien también anunció que impugnará el acuerdo del presidente fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que indicó que luego de analizar los alcances del acuerdo, el Pleno determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

«Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información», resolvió el INAI.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que analiza de fondo el Acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que los proyectos y obras del gobierno federal  son considerados de interés público y seguridad nacional.

El INAGI indicó que la revisión se realiza a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.

El Instituto recordó que en el artículo primero, el documento señala expresamente que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Explicó que al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advertía que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Por ello dijo que las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.

«El INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información (…) evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo», remató el Instituto.

En más reacciones que ha generado el acuerdo publicado por el gobierno, este martes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter que a raíz de este acuerdo, «cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley».

«Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados ‘de seguridad nacional’, exentos de la ley de transparencia», advirtió Vivanco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a quienes lo han criticado por no haber asistido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26.

En un primer comentario, dijo que aunque no asistió, estuvo muy bien representado por el canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró «lo hizo muy bien».

Sin embargo, sus dichos no quedaron ahí. Dijo que hasta ahora, uno de los acuerdos más relevantes de la COP26 ha sido la declaratoria para acabar con la deforestación para 2030, propuesta que aseguró nació en México a partir del programa que él ha impulsado desde que llegó al poder, Sembrando Vida.

» A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea?, de Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros», dijo AMLO.

En ese sentido, dijo que en la carta que le envió al presidente Joe Biden a raíz de la visita de su enviado especial para temas climáticos, John Kerry, expuso su estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente.

Resaltó que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. Añadió que no hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar.

Las descalificaciones de López Obrador fueron más allá; dijo que si en verdad se busca proteger el medio ambiente, lo que todos los líderes y países deberían hacer es actuar y no solo abordar el tema en el discurso.

Reprochó que mientras cumbres como la COP26 se llevan a cabo, al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo.

«Al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente, para enfrentar el cambio climático, están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo», recriminó el presidente Incluso criticó que los Jefes de Estado que se dieron cita en la COP26 llenaron de aviones particulares la zona, pues todos llegaron por esa vía a la cumbre, olvidándose de la contaminación que generan.

«Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo, de esto es lo que voy a hablar ahora que voy a la ONU. No voy a llevar el avión presidencial», remató López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves que existe un acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir su vacuna Abdala contra la COVID-19.

«Hay un acuerdo con el Gobierno de Cuba para adquirir vacunas, nada más que todavía no se ha podido concretar», afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

Expuso que esto es resultado de la relación de cooperación «sobre todo en el campo médico con Cuba», y adelantó que su gobierno seguirá trabajando junto a la Isla.

Recordemos que recientemente, Cuba vendió cinco millones de dosis de Abdala a Vietnam y envió 900,000 unidades a Venezuela.

AMLO añadió que aunque se puede adquirir la vacuna producida en Cuba, México trazó desde el principio una estrategia integral de vacunación que por el momento solo contempla a los mayores de 18 años.

Y ese que en agosto pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio una opinión técnica favorable sobre la vacuna Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba.

De acuerdo con la Cofepris, el biológico «es elaborado con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2».

Hasta ahora nuestro país ha aprobado ocho vacunas anticovid para su uso de emergencia: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V, Moderna y Janssen, además de Covaxin, que todavía no se aplica en el país.

López Obrador recordó esta mañana que el gobierno ha destinado más de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas para garantizar el abasto y cumplir con su promesa de que todos los mayores de 18 años cuenten con al menos una dosis de la vacuna al finalizar octubre.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de las fotografías que se difundieron este fin de semana en el que se le observa cenando en un restaurante de la Ciudad de México.

La Fiscalía indicó que el exfuncionario «sigue siendo procesado» judicialmente por la trama de sobornos de Odebrecht.

«Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso», detalló la FGR a través de un comunicado.

Recordó que, tras ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex «solicitó el criterio de oportunidad», figura jurídica que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

El Ministerio Público relató que Lozoya denunció el 11 de agosto del año pasado a sus «socios y encubridores», y aportó «diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht».

Y es que Lozoya, excolaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; ante esas acusaciones, cerró un acuerdo con la Fiscalía y denunció que el exmandatario Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron a usar los sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó de «inmoral», «imprudencia» y «provocación» el que Lozoya fuera a cenar a un restaurante de lujo, y pidió a la Fiscalía aclarar lo sucedido.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó esta tarde que mantiene en las listas de control migratoria, conocida como alerta migratoria, a Emilio Lozoya.

«Lo anterior, con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales», señaló el INM.

Foto: Twitter @lumendoz

México y Estados Unidos dieron paso a una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad, al anunciar el ‘Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Publica, y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos’, que sustituye la Iniciativa Mérida.

Los funcionarios de ambas delegaciones coincidieron con lo expuesto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha dicho que la Iniciativa Mérida había fracasado en su ofensiva militar antidrogas desplegada hace 13 años.

«Después de 13 años de la Iniciativa Mérida, es hora de un nuevo enfoque integral para nuestra cooperación en seguridad», dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al iniciar el primer Diálogo de Seguridad de Alto Nivel.

«Adiós al Plan Mérida, Bienvenido Entendimiento Bicentenario», señaló por su parte el canciller Marcelo Ebrard.

Blinken abundó que el nuevo enfoque pone a los dos países como socios igualitarios y abordará las causas fundamentales de los problemas de seguridad, como la pobreza, la corrupción y el acceso a la salud para tratar adicciones.

«Tenemos que hacer más para acabar con el tráfico de armas, estupefacientes y el tráfico de personas, fortalecer la seguridad fronteriza y portuaria, desmantelar los sistemas financieros que sostienen al crimen organizado, erradicar la impunidad y hacer responsables a los violadores de derechos humanos», añadió el funcionario estadounidense.

Y es que López Obrador ha insistido en diversas ocasiones en que EUA debe invertir en comunidades pobres expuestas a la criminalidad, tanto en México como en Centroamérica, lo que ha dicho ayudaría a contener la creciente migración ilegal. Tan solo ayer un total de 652 migrantes centroamericanos, incluidos muchos menores que viajaban solos, fueron detenidos en Tamaulipas.

Como parte de la Iniciativa Mérida, Washington desembolsó 3,300 millones de dólares en asistencia militar y asesorías. Pero López Obrador asegura que el plan fracasó en su objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales y en cambio disparó la violencia.

Sin embargo, Estados Unidos reivindica que la Iniciativa Mérida fortaleció la cooperación, el profesionalismo y la transparencia de las agencias policiales de nuestro país.

A inicios de agosto, México demandó a nueve grandes fabricantes y dos distribuidores de armas por un comercio «negligente e ilícito» que alienta el narcotráfico y la violencia en el país; el gobierno sostiene que entre 70% y 90% de las armas ilegales que incauta entraron desde Estados Unidos.

«Nos centraremos más intensamente que antes en la raíz y el núcleo de las fuerzas que nos amenazan, abordando las razones subyacentes por las que continúan existiendo y creciendo», dijo por su parte el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El nuevo enfoque recalca, no obstante, que se mantendrá la persecución a los criminales. «Las organizaciones criminales están (…) aprovechando las nuevas tecnologías. Por lo tanto, debemos ser igualmente creativos y ágiles», añadió Blinken.

«Ambos países han sufrido los efectos de la adicción de sustancias, la violencia con armas de fuego, las drogas ilegales, las armas, la trata y el contrabando de personas, así como del crimen organizado en nuestras comunidades. Para enfrentar las complejas amenazas del siglo XXI, es necesario trabajar de manera coordinada, con una visión regional y un enfoque moderno de salud pública y desarrollo como parte de una estrategia de cooperación integral entre nuestros países. Con pleno respeto por nuestras soberanías, cada uno de nosotros reconoce nuestra responsabilidad compartida y nos comprometemos a avanzar como socios para encontrar soluciones respaldadas por la justicia, la cooperación efectiva en la aplicación de la ley y un enfoque basado en datos para desarrollar estrategias en contra del crimen organizado», se expresa en la declaración conjunta que emitieron ambos gobiernos.

Entre las acciones concretas que involucrará el nuevo entendimiento, las delegaciones subrayaron:

  • Firma de un Memorándum de Entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados con el propósito de desarrollar planes para prevenir el consumo de drogas, proporcionar tratamiento basado en evidencia y expandir la justicia alternativa a través de la educación y una mejor capacidad para proporcionar sistemas de alerta temprana y rastrear la demanda.
  • Nuevas subvenciones del Programa Integral de Abuso de Opioides, Estimulantes y otras Sustancias (Comprehensive Opioid, Stimulants, and other Substances Abuse Program, COSSAP).
  • Nuevas subvenciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) para apoyar el tratamiento y la prevención del uso de opioides para personas en riesgo.
  • Crear la Red para la Prevención del Homicidio, que proporcionará una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención del crimen y la violencia.
  • La creación de un equipo multidisciplinario de fuerza de tarea sobre homicidios para la atención de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales, con énfasis en el uso de laboratorios forenses, para facilitar y apoyar la investigación de crímenes y su enjuiciamiento.
  • México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) firmarán un Memorándum de Entendimiento para lanzar el Programa de Control de Contenedores Portuarios de la UNODC y con esto fortalecer el control y la gestión de los envíos entrantes de precursores químicos.

 

México y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación espacial para la a exploración y utilización del espacio ultraterrestre con «fines pacíficos», informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

«En virtud de la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se firmó un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos», apuntó la SCT.

La firma del acuerdo se dio en el marco de la visita de la delegación rusa a los festejos de los 200 años de la consumación de la Independencia de México, que se celebró el pasado lunes 27 de septiembre.

La firma del acuerdo la llevó a cabo la SCT a través de su organismo descentralizado, la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y se suscribió con el vicedirector general de la Corporación Estatal Espacial Roscosmos, Sergey Valentinovich Saveliev.

En el acuerdo se expresa el interés de ambas naciones por establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial.

Se detalla que se trabajará con base en áreas como: ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre; percepción remota de la Tierra desde el espacio; comunicaciones por satélite y uso de las tecnologías de información y los servicios asociados.

Además, también habrá cooperación en navegación por satélite; biología y medicinas espaciales y en viaje tripulados, entre muchos otros puntos. «Las actividades pioneras de Rusia en materia espacial han sido inspiración para el mundo entero», expresó el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala.

Ambas partes coincidieron en destacar el talento de la juventud, y de las y los científicos y tecnólogos mexicanos, por lo que con este acuerdo se promoverá el intercambio académico.

Recordemos que recientemente se formalizó la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que impulsada por México y suscrita por 18 países, busca insertar a la región en el desarrollo espacial.

El consorcio brasileño-mexicano Braskem-Idesa y Petróleos Mexicanos (Pemex) llegaron a un acuerdo para modificar el contrato de suministro y construir una terminal para la importación de etano en el sureste del país con una inversión de 400 millones de dólares.

Braskem-Idesa dijo que acordó con Pemex el cambio de los compromisos de volumen mínimo de suministro de etano luego de resolver «diferencias históricas» que venían discutiendo las partes desde hace varios meses.

«El acuerdo permitirá la sostenibilidad a largo plazo de nuestra planta, ubicada en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río», precisó la empresa.

De acuerdo con medios locales, el nuevo volumen mínimo de suministro será de 30,000 barriles por día hasta la puesta en marcha de la terminal de importación de etano. En el contrato original que se suscribió en el 2010 se contemplaba el suministro de 66,000 barriles diarios de etano por 20 años.

Asimismo, las partes aprobaron la construcción de una terminal de importación de etano, que estará ubicada en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, e implicará una inversión de 400 millones de dólares.

La puesta en marcha de la terminal de importación está prevista entre el segundo semestre de 2024 y febrero de 2025, pero los plazos podrían cambiar si las licencias se demoran.

Braskem-Idesa precisó que el acuerdo está sujeto a la aprobación final de los Consejos de Administración de ambas partes, así como de los acreedores del consorcio brasileño-mexicano.

Recordemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había cuestionado el anterior convenio con Braskem-Idesa y afirmó que implicaba un sobrecosto en el precio de 25%. Además de que Pemex recibió penalizaciones por incumplir el volumen pactado con el consorcio brasileño-mexicano.

En más de Pemex, este martes se confirmó que Sergio «Checo» Pérez, de la escudería Red Bull en la temporada 2021 de la Fórmula Uno, le ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a la Petrolera, por haber incumplido un acuerdo para patrocinarlo.

Pérez, quinto de la clasificación de pilotos del campeonato de Fórmula Uno, demandó por más de 56 millones de pesos a MGI Asistencia Integral, empresa outsourcing de Petróleos Mexicanos, luego de que incumplió con un contrato firmado en el 2018.

Pemex había patrocinado a Pérez en temporadas previas de Fórmula Uno, pero tras el cambio de gobierno en el 2018, la empresa alegó tener otras prioridades y en el 2019 ya no apareció entre los patrocinadores del corredor de 31 años.

El Reino Unido no descarta la posibilidad de adherirse al acuerdo comercial que integran México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en caso de no alcanzar un tratado de intercambio bilateral con Washington, afirmó este miércoles el ministro del Medio Ambiente británico.

«No descartamos nada», indicó George Eustice ante cámaras de la cadena Sky News, al preguntarle respecto a la posibilidad de que Londres se incorpore a este acuerdo trilateral, que reemplazó al TLCAN, aunque «preferiríamos tener un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos», aclaró.

Desde su partida de la Unión Europea tras el Brexit, finalmente concretada el pasado el 1 de enero, el Reino Unido ha destacado su ambición por concluir tratados de libre comercio con el objetivo de desarrollar su estrategia de una «Gran Bretaña Global». Ya ha cerrado unos sesenta acuerdos, en especial con Japón, pero Londres aspira de manera ardiente poder llegar a rubricar uno con Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden se limitó a decir el martes que las «discusiones continúan», al recibir en La Casa Blanca al primer ministro británico, Boris Johnson. Aún así, el dirigente británico insistió en que existen «fuertes posibilidades de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos».

Por su parte, su ministro George Eustice señaló que Londres «no tiene un plazo límite» para determinar sus puntos en común con Washington. «Todavía esperamos concretarlo, pero no hay prisa», y añadió: «no lo necesitamos para antes de las próximas elecciones», programadas para 2024, «pero, por supuesto que nos gustaría formalizarlo».

La dirigencia nacional de Morena presentó este lunes su acuerdo político de unidad, con el que buscan dar continuidad a la Cuarta Transformación y «asegure el triunfo» al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que llaman la ratificación de mandato, que es el ejercicio al que pretenden convocar el próximo año y que en teoría debería ser orientado a la revocación del mismo.

En un documento público, Morena indicó que en unos años han logrado cambiar el rumbo del país de manera democrática, pacífica y respetando las libertades. Aseguran que hoy se combate la corrupción, se defiende la soberanía y se recuperan las riquezas del país. Además, indican que a diferencia del pasado, hoy se gobierna con honestidad.

En su texto, señalan que partidarios del régimen neoliberal quieren regresar a sus «corruptelas y privilegios» por lo que están en campaña permanente contra el gobierno de la 4T.

Y señala que a pesar del crecimiento que han tenido como partido, tiene la obligación de organizarse y potenciar al máximo su capacidad de movilización y seguir convocando a los mexicanos a sumarse a su proyecto. Por ello, detallo que su  acuerdo político de unidad estará conformado por cinco acciones:

  • Que la elevada aprobación que tiene el pueblo sobre el trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López obrador se vea reflejada con un triunfo contundente en la consulta para la ratificación de mandato.
  • Que toda persona que desee participar y afiliarse el partido lo puede hacer a partir de este mes de septiembre y hasta mediados del 2022, cuando se llevará a cabo un proceso nacional de afiliación reafiliación y credencialización.
  • Cada militantes retomará el diálogo casa por casa para construir su comité de defensa de la Cuarta Transformación con sus vecinos, familia y comunidades específicas.
  • Contar con un patrón renovado, transparente, confiable y legalmente validado. Entre agosto y octubre de 2022 se realizarán las asambleas estatutarias para la elección de congresistas distritales y comités estatales, mientras que en noviembre de ese año se llevará a cabo el Congreso nacional para renovar el Consejo Nacional, el Consejo consultivo y la Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional con el fin de actualizar los documentos básicos del partido.
  • Reforzar los trabajos del Instituto Nacional de Formación Política.

«´Para seguir haciendo historia necesitamos seguir construyendo el partido y el movimiento en unidad poniendo siempre por delante los intereses de la patria y el proyecto de regeneración nacional», señaló el partido.

La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech anunciaron este jueves la firma de una carta de intención con una empresa brasileña para que fabrique millones de vacunas contra el COVID-19, las cuales se distribuirán exclusivamente en Latinoamérica.

En un comunicado conjunto, los laboratorios dijeron que se asociaban con la empresa biofarmacéutica Eurofarma Laboratórios SA para que produzca la vacuna contra el COVID-19 COMIRNATY, de tecnología ARN mensajero.

Se espera que a plena capacidad se fabriquen en Brasil más de 100 millones de dosis al año a partir de 2022, para que sean utilizadas en su totalidad en América Latina.

«Todo el mundo, independientemente de su condición económica, raza, religión o geografía, merece tener acceso a las vacunas para COVID-19, las cuales salvan vidas,» dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla. «Continuaremos explorando y buscando oportunidades como ésta para ayudar a garantizar que las vacunas estén disponibles para todos los que las necesiten», añadió.

Según el acuerdo, la empresa de Brasil recibirá la materia prima desde las instalaciones de Pfizer en Estados Unidos. Las empresas no revelaron detalles económicos del acuerdo ni especificaron en qué mes de 2022 comenzarán a fabricarse las vacunas.

Previo al anuncio, la Organización Panamericana de la Salud reveló que está trabajando en una iniciativa para transferir la tecnología de las vacunas de ARN mensajero contra el coronavirus a Latinoamérica para que varios países puedan asociarse y fabricar juntos las dosis, reduciendo así la dependencia de suministros desde el exterior.

Hasta ahora unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de toda la región han expresado su interés en participar en la iniciativa y en septiembre la OPS anunciará las seleccionadas. Sin embargo, aclaró que el acuerdo con la farmacéutica brasileña y Pfizer-BioNTech no formaba parte de su iniciativa.

La nueva tecnología de ARN mensajero, conocida también como mRNA en inglés, es la utilizada en la fabricación de las vacunas de Pfizer y Moderna. Se trata una vacuna que no contiene ningún virus y no puede causar una infección accidental. En cambio, emplea parte del código genético para enseñar al sistema inmunitario a reconocer las proteínas presentes en la superficie del virus y lo prepara para atacarlo en caso de contagio.

Latinoamérica continúa siendo el epicentro de la pandemia, con más de 1.5 millones de casos y 20,000 muertes en la última semana. Siete de los 20 países con las tasas más altas de mortalidad de COVID-19 en el mundo están en la región, pero sólo el 23% de la población ha completado su vacunación.

Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de disponibilidad de vacunas, principalmente porque las dosis llegan desde el exterior y han sido acaparadas por las naciones de mayores ingresos. Latinoamérica depende casi exclusivamente de otros lugares para fabricar materias primas farmacéuticas, medicinas y tecnología de salud. De acuerdo con la OPS, importa productos farmacéuticos a una tasa 10 veces mayor a la que produce.

Durante la sesión pública de este miércoles, cinco de los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apoyaron la idea de evaluar la destitución de José Luis Vargas, como presidente del organismo.

Fue el magistrado Felipe de la Mata quien presentó un punto de acuerdo  en el que se pidió una evaluación al trabajo de Vargas al frente del Tribunal, abriendo la puerta a proceder a su eventual destitución.

«Con fundamento en los artículos 180, fracción 15 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como nueve fracción 15 del Reglamento Interno del TEPJF, los cuales establecen que son atribuciones de los magistrados electorales las que sean necesarias asegurar el correcto funcionamiento del Tribunal y cualquier integrante del pleno puede someter a la consideración de la Sala Superior propuestas adicionales al orden del día, le solicitó someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública, el punto relativo al análisis y desempeño de la Presidencia del TEPJF», dijo el magistrado Felipe de la Mata.

La propuesta de De la Mata, fue apoyada por Indalfer Infante, Janine Otálora, Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera.

Ante la propuesta, Vargas Valdez decretó un receso en la sesión, negándose a incluir el punto de acuerdo presentado, al argumentar que dicha propuesta se trata de un tema administrativo y no judicial.

Pidió a sus compañeros magistrados estar a la altura de su investidura constitucional y no estar intentando o provocando un «golpe de Estado».

“Estén a la altura de su investidura constitucional, no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual, recordarán, ustedes me eligieron para esta función, y en ese sentido la única forma para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia, y yo les digo, no está en mi intención renunciar, si ustedes desean evaluarme y desean presentar su evaluación por escrito, la recibiré y la leeré con mucho detenimiento para mejorar las funciones de este tribunal», dijo Vargas.

Al magistrado presidente lo apoyó la magistrada Mónica Soto, quien señaló que no tenía conocimiento del acuerdo que se presentó, y acusó que se podría cometer violencia política de género en su contra al no habérsele dado a conoce, previamente, el documento.

Los magistrados inconformes difundieron un escrito en el que solicitaban al magistrado presidente reanudar la sesión, en la que además de dar cumplimiento a la agenda programada, se buscaría impulsar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) informó este martes que alcanzó un «acuerdo amistoso» con Heineken que resuelve las disputas legales por el uso de la palabra «tequila» en la cerveza ‘Desperados’, producida por la empresa holandesa.

El CRT indicó que junto con la marca Heineken resolvieron «amistosamente la disputa legal» que sostenían y que ocasionó la apertura de diversos frentes judiciales en materia de propiedad industrial e incluso de carácter comercial en la Unión Europea.

Se informó que tras un «periodo de diálogo para la solución del conflicto» se llegó a un acuerdo beneficioso para ambas partes, cuyos términos permanecen «confidenciales».

El CRT recordó que el tequila se encuentra protegido desde 1997 en la Unión Europea (UE) por el Acuerdo entre México y la UE, sobre el Reconocimiento Mutuo y la protección de las Denominaciones de Origen del sector de bebidas espirituosas. En 2019 fue reconocido como Indicación Geográfica, convirtiéndolo en el primer producto de México en acceder al máximo modelo de protección en Europa.

La bebida cuenta con el registro como Marca Colectiva «Tequila» registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO (2008) y protección específica en Aduanas (2013).

La Unión Europea es el segundo mercado de exportación para el tequila mexicano, a donde se envían anualmente alrededor de 20 millones de litros con la presencia de más de 50 marcas de tequila.

Actualmente el tequila se encuentra protegido en 55 países en el mundo, por lo que el 97.5% de las exportaciones totales se envían a destinos en donde la bebida nacional cuenta con protección.

Recordemos que a finales de noviembre de 2020, el gobierno federal anunció una estrategia para la «enérgica defensa» del tequila en Europa y para ello el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el CRT determinaron «acciones contundentes» para proteger la denominación de origen que la UE le entregó a la bebida en 2019.

El anuncio ocurrió en medio de la disputa legal entre la cervecera Heineken y el CRT en la Comisión Europea (CE) por el uso de la denominación de origen del licor mexicano en una de sus cervezas. El sector tequilero en México acusaba a la multinacional de incumplir la regulación con la venta de ‘Desperados’, una cerveza con «aroma a tequila» comercializada en 70 países.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó hoy al pacto de formación de gobierno del bloque de partidos opositores e instó a diputados derechistas del Parlamento (Knéset) a que se opongan a la coalición.

«Todos los miembros de derecha de la Knéset deben oponerse a este peligroso Gobierno de izquierdas», declaró Netanyahu en su primera reacción pública por Twitter tras el acuerdo que se anunció la noche de ayer entre ocho formaciones que pactaron una coalición.

En caso de hacerse realidad, ésta le derrocaría como primer ministro, después de quince años en el cargo, los últimos doce seguidos.

Tras largas negociaciones hasta última hora, el líder centrista y opositor Yair Lapid, encargado de formar gobierno en Israel, informó ayer al presidente de que logró un pacto para un Ejecutivo que aglutina a un amplio conjunto de fuerzas de gran diversidad ideológica, desde la extrema derecha hasta la izquierda, incluyendo un partido árabe, cuyo único elemento en común es su oposición a Netanyahu.

Sin embargo, este acuerdo es solo político y no tiene validez legal, ya que la materialización del Ejecutivo queda pendiente de una votación final en una ceremonia de investidura donde la oposición podría quedarse sin la mayoría de 61 escaños en caso de haber algún tránsfuga que decida oponerse al denominado «gobierno del cambio».

De hecho, Netanyahu está invocando esa posibilidad con mensajes como el de hoy, que busca presionar a diputados de partidos derechistas del bloque opositor como Yamina o Nueva Esperanza, más afines a la ideología de su partido, el Likud, para que cambien de bando.

Según el pacto de coalición, el nuevo Ejecutivo se basaría en la rotación en la jefatura de gobierno: el ultranacionalista Naftali Benet, líder de Yamina, sería primer ministro los dos primeros años, y después sería remplazado por Lapid, que encabeza la formación centrista Yesh Atid, segunda fuerza en Israel con 17 escaños.

Aún así, Yamina no parece tener garantizado el apoyo de sus siete diputados: al menos uno de ellos, reticente al acuerdo, retiró hoy su firma de una petición del bloque opositor para hacer una votación el próximo lunes para escoger a un nuevo presidente del Parlamento.

Este cargo, que hasta ahora ostenta Yariv Levín, miembro del Likud y confidente de Netanyahu, es clave, ya que tiene la última palabra para decidir sobre la agenda parlamentaria y el día de la votación del nuevo gobierno.

Lapid instó ayer a Levín a convocar una sesión especial lo antes posible para llevar a cabo el juramento del nuevo Ejecutivo, algo que debe producirse en el plazo máximo de doce días desde que el líder centrista comunicó formalmente el pacto de gobierno, lo cual ocurrió ayer 2 de junio.