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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este lunes un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a cambio de asegurar la liberación y regreso a nuestro país del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“No es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido buena relación de cooperación, de confianza (…) Enviaron la información, se envió esa información a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento. Esto es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos de aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

La agencia Reuters informó que el gobierno de la 4T se comprometió a arrestar a un líder del narcotráfico, (que medios nacionales identificaron como Oseguera Cervantes) para que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, accediera a retirar los cargos que enfrentaba el general Cienfuegos.

Recordemos que la semana pasada, Estados Unidos abandonó el caso contra el excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto al argumentar que había consideraciones de política exterior «sensibles e importantes» que superaron el interés en perseguir los cargos.

«México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial», dijo una fuente de alto nivel en el gobierno a la agencia.

Consultado sobre el tema, Daniel Millán, portavoz de la cancillería, dijo a Reuters que «lo que acordamos (México-Estados Unidos) fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país». Dijo que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel.

Por su parte una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que existiera tal acuerdo y remitió las declaraciones previamente dadas a conocer, en las que se asegura que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas.

Y es que tras la condena en Estados Unidos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, la atención del gobierno estadounidense se ha volcado hacia el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

El gobierno de EUA ha señalado al Cártel de Sinaloa y al CJNG como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

AMLO precisó que Reuters «se equivocó». «Se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que no tenemos cuidando en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe que estaban pensando o quien les filtró esa información?», cuestionó el presidente.

El presidente dijo que esa era otra práctica muy arraigada y perversa que imperaba en nuestro país: la filtración de información para generar desconciertos, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, y poner así en entredicho al gobierno federal.

Estados Unidos abandonó oficialmente este miércoles el Acuerdo de París, pacto global alcanzado hace cinco años para evitar la amenaza de un cambio climático catastrófico.

La decisión, con la que el presidente Donald Trump había amenazado durante mucho tiempo, y que su gobierno inició hace un año, aísla aún más a Washington en el mundo, aunque no tiene efectos inmediatos en los esfuerzos internacionales por combatir el calentamiento global.

189 países siguen comprometidos con el Acuerdo de París, que aspira a limitar el aumento de temperatura media global «muy por debajo» de 2 grados Celsius, idealmente a no más de 1.5 grados Celsius en comparación con la era preindustrial. Otros seis países han firmado, pero no ratificado el acuerdo.

Los científicos señalan que cualquier aumento de la temperatura por encima de los 2 grados Celsius podría tener un impacto devastador sobre gran parte del mundo al subir el nivel del mar, agravar las tormentas tropicales y empeorar las sequías e inundaciones.

El Acuerdo de París requiere que los países marquen sus propios objetivos para reducir los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. El único requisito vinculante es que los países deben reportar con precisión sus esfuerzos.

Estados Unidos es el segundo emisor del mundo de gases de efecto invernadero, por detrás de China, y se considera que su contribución en reducir las emisiones es importante, aunque no la única relevante.

En las últimas semanas, China, Japón y Corea del Sur se han sumado a la Unión Europea y otros países marcando plazos límites nacionales para dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Aunque el gobierno de Trump ha rechazado medidas federales para recortar emisiones, varios estados, ciudades y negocios de Estados Unidos han seguido adelante con sus esfuerzos.

La decisión se da en el marco de la elección presidencial, donde el aspirante demócrata, Joe Biden, se ha posicionado a favor de que Estados Unidos vuelva a sumarse al Acuerdo de París, ya que si su país no participa, será más difícil que el resto del mundo alcance los objetivos marcados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este jueves la firma de un acuerdo de equivalencia para que pueda adquirir medicamentos en todo el mundo a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Señalaron que dicho acuerdo busca acabar con el desabasto de medicinas que hay en el país.

Así, el gobierno federal estará comprando 384 claves de medicamentos equivalentes a 32,000 millones de pesos. Entre los medicamentos se encuentran los oncológicos y los antirretrovirales para atender a pacientes con VIH.

«Ya se tiene el primer pedido de las medicinas, se va a hacer cargo la ONU, en particular la UNOPS, de la adquisición, va a ser una licitación abierta, mundial, transparente y se revolvió dar un anticipo a la ONU», dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Y aunque se reconoció el desabasto que hay, AMLO aseguró que es un «problema de tiempo atrás». Acusó a las administraciones anteriores de haber permitido el tráfico de influencias ya que 10 empresas, entre farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos, «acaparaban todo» el mercado, con beneficios de cerca de 100,000 millones de pesos.

Dijo que no estuvieron exentos algunos políticos de éstas prácticas. «Tenían hasta representantes al interior del gobierno que los defendían, al grado de que nos llevó muchísimo tiempo enfrentar esas resistencias al interior del mismo gobierno».

Sobre los recurso que se utilizarán para las compras, AMLO recordó que este año hubo un incremento de 40,000 millones de pesos en el presupuesto de salud pública, que se mantendrá en 2021 con un aumento de 9% en términos reales.

Por su parte Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, indicó que parte de los recursos también saldrán del Fondo de Salud para el Bienestar, que la Cámara de Diputados aprobó ayer que el gobierno disponga cerca de 33,000 millones de pesos.

Herrera enfatizó que los medicamentos se distribuirán al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su intervención, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, señaló que el nuevo acuerdo amplía los acuerdos de equivalencia que México ya tiene con Australia, Suiza, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE). «Lo que se va a firmar hoy es que se abre estos acuerdos de equivalencia con prácticamente todos los países y que lo que se hace es se reducen los plazos y se simplifican todos los requerimientos».

El acuerdo también permitirá a México acceder a los 27 medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y su Fondo Rotatorio de Vacunas. Este fondo incluye la vacuna contra el Covid-19 con las más de 51 millones de dosis que México ya apartó para el 20% de su población, indicó Cristian Morales, representante de la OPS en México.

Se detalló que las primeras compras de patentes de medicamentes se harán en diciembre próximo para garantizar el abasto a partir de abril del próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que se alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte del tratado bilateral entre ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que con este acuerdo se evitó una sanción para el país y se llegó a un acuerdo, «un buen entendimiento».

Agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo «por su comprensión y solidaridad» pues aseguró que se tuvieron «algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo».

López Obrador resaltó que dentro del acuerdo se estableció que si se requiere agua para consumo humano o si México tiene una sequía severa se podrá utilizar el líquido.

«Si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla y si tenemos situación de sequía severa, también nos van a auxiliar», afirmó.

Como lo ha venido haciendo, solo que en esta ocasión no lo mencionó directamente, AMLO acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de incumplir con la cuota de agua que los estados fronterizos deben aportar para entregarla a Estados Unidos, como se establece en el tratado.

Lamentó que el tema se haya politizado para usarlo como bandera electoral de cara al 2021.

El Tratado de Aguas establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2,160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9,250 millones de metros cúbicos.

Pese a tener casi ocho décadas de vigencia, en los últimos meses se desató un conflicto político por el líquido en Chihuahua, por lo que México debía todavía 366 millones de metros cúbicos a menos de un mes de se venciera el plazo.

En su intervención, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, recordó que ese tratado es uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana y aseveró que el incumplimiento del mismo «estaba poniendo en riesgo el suministro de agua para la ciudades fronterizas». Dijo que por una cuestión electoral se pondría en riesgo el tratado.

Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que el tratado se pagará con agua contenida en presas internacionales, entre ellas las de estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y con otras presas como la de ‘El Granero’. Además, reiteró que el agua de 13 ciudades fronterizas «está garantizada».

Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería, explicó que la negociación se concluyó con la firma del acta 325, donde se detalló que se estará usando una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales. Apuntó que el volumen asignado será de 131 millones de metros cúbicos, dejando cerca de 87 millones de metros cúbicos del almacenamiento mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la firma de un acuerdo de pre-compra por parte del gobierno federal y los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y CanSino para recibir, a partir de diciembre y durante el próximo año, cerca de 140 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en caso de que se garantice su eficacia.

«No nos quedaremos rezagados frente a otros países. Que México sea de los primeros en tener la vacuna, por eso este acuerdo», dijo el mandatario previo a la firma del acuerdo.

Se detalló que se firmó con el laboratorio británico AstraZeneca una pre-compra de 77.4 millones de dosis de su vacuna, que ya se ha probado en 44,000 personas y se aplica en doble dosis, las cuales llegarán a México entre marzo y agosto de 2021.

Con la firma estadounidense Pfizer se acordó la pre-compra de entre 15.5 y 34.4 millones de dosis, cifra que dependerá de las necesidades del país, de su vacuna de doble dosis que ya se ha probado en 30,000 personas y que llegaría a México desde este diciembre y hasta diciembre de 2021.

Finalmente, con el laboratorio chino CanSino, se pactó una pre-compra de 35 millones de dosis de su vacuna, que solo requiere una dosis por persona, la cual se ha probado en 40,000 personas y llegarán a México desde diciembre de este año hasta septiembre de 2021.

«A partir de hoy, México está en la misma condición que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo. Tenemos ya asegurados los cupos necesarios», informó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

El titular de la SRE recordó que por instrucciones del presidente López Obrador, la cancillería desplegó una estrategia diplomática para tener acceso a un portafolio de vacunas candidatas. Detalló que la gestión diplomática se dio gracias al apoyo de las Secretarías de Salud y de Hacienda.

Según se detalló, con las dosis acordadas con AstraZeneca se vacunaría a 38.7 millones de mexicanos, con las de Pfizer a entre 7.7 y 17.2 millones, y con las de CanSino a 35 millones de mexicanos más.

El canciller Marcelo Ebrard reiteró que México se integró en el mecanismo multilateral COVAX que dirige la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual participan 18 proyectos de vacunas y que permitirá vacunar al 20% de la población de los países que participan.

Esto permitirá vacunar a 25 millones de mexicanos, por lo que sumado a las vacunas acordadas con los tres laboratorios, México alcanzará una cobertura de vacunación para  hasta 115.9 millones de persona.

«Con esto que les acabo de referir, si sumamos COVAX más las tres que acabo de referir, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos porque el señor presidente ha insistido que nuestro país debe estar preparado para una cobertura universal», añadió Ebrard.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que el valor total de la compra de vacunas ascenderá 35 mil 153 millones de pesos, de los cuales ya se han pagado, como anticipo, cerca de 6 mil millones de pesos, y tiene previsto a finales de este año pagar otros 6 mil 812 millones de pesos más.

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dio a conocer esta tarde que será el próximo lunes cuando se firme y conozcan detalles del acuerdo que alcanzó la Iniciativa Privada (IP) con el gobierno federal, para apoyar la reactivación económica del país.

El acuerdo consiste en la puesta en marcha de diversos proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran algunos relacionados a comunicaciones y transportes, de agua y energéticos..

Así lo confirmó el representante empresarial luego de sostener un acuerdo con el mandatario en Palacio Nacional, donde se revisaron los proyectos que se presentarán el lunes.

«Muy bien. Ya vamos a tener un anuncio, el próximo lunes (…) el lunes vamos a hablar. Hay de todo, hay proyectos de todo tipo, es una buena cantidad, y creemos que sí va ayudar a la reactivación económica sin duda, va ser un cambio importante en la tendencia que llevamos», declaró Carlos Salazar.

El presidente del CCE afirmó que la IP se siente muy motivada con lo alcanzado hasta ahora. Pidió esperar al lunes para conocer detalles.

Indicó que en la reunión de hoy, la intención era evaluar los proyectos, y decidir si eran viables o no. Al respecto, dijo que todos los proyectos que se revisaron de nueva cuenta con el gobierno son viables.

Por su parte Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que más allá del número de  proyectos que se anunciarán el lunes, como parte de la primera etapa, lo importante del acuerdo es el mecanismo que se implementará y que permitirá que se vayan sumando nuevos proyectos.

«A través del mecanismo se van a ir incorporando cada vez más proyectos de mediano y de largo plazo», indicó el también empresarios, adelantando que habrá proyectos cien por ciento privados y otros de participación público-privada.

El acuerdo se presentará con más de tres semanas de retraso, ya que el presidente López Obrador aseguró el pasado 7 de septiembre que sería presentado a más tardar el día 15 de mes.

AMLO adelantó que el acuerdo equivalía a más de 44,300 millones de dólares, e incluía casi 150 proyectos en los sectores de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo en una primera etapa. Para una segunda fase, se consideran proyectos del sector energético y de salud.

Nueve importantes desarrolladores de vacunas de Estados Unidos y Europa se comprometieron este martes a mantener los estándares científicos con los que se llevarán a cabo sus inmunizaciones experimentales, en medio de una carrera mundial apresurada para contener la pandemia.

Las compañías, incluidas Pfizer, GlaxoSmithKline y AstraZeneca, en una declaración conjunta hicieron un «compromiso histórico… para mantener la integridad del proceso científico mientras trabajan por posibles presentaciones regulatorias globales y aprobaciones de las primeras vacunas contra el COVID-19».

El movimiento inusual de prometer seguir reglas establecidas subraya un debate altamente politizado sobre qué acción se necesita para frenar rápidamente la propagación de la enfermedad mortal y reactivar los negocios y comercios globales.

El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dijo el mes pasado que el proceso normal de aprobación de una vacuna contra el COVID-19 podría pasarse por alto, siempre que los funcionarios estuvieran convencidos de que los beneficios superan los riesgos, lo que provocó un llamado a la precaución por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los desarrolladores a nivel mundial aún tienen que producir datos de pruebas a gran escala que muestren las infecciones reales en los participantes, sin embargo, Rusia aprobó una vacuna contra el COVID-19 el mes pasado, lo que llevó a algunos expertos occidentales a criticar la falta de pruebas.

«Al firmar el compromiso, Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Merck, Moderna, Inc., Novavax, Inc., Pfizer Inc. y Sanofi subrayan un compromiso conjunto para desarrollar y probar posibles vacunas para COVID-19 de acuerdo con altos estándares éticos y principios científicos sólidos con respecto a la realización de nuestros ensayos clínicos y el rigor de nuestros procesos de fabricación», se lee en la declaración conjunta.

Las empresas añaden que se comprometen a enviar sus vacunas para su aprobación o autorización de uso de emergencia solo después de demostrar su seguridad y eficacia a través de un estudio clínico de Fase 3 diseñado y realizado para cumplir con los requisitos de autoridades reguladoras expertas.

El director de la china Sinovac Biotech dijo que la mayoría de sus trabajadores y sus familias ya han probado una vacuna experimental desarrollada por la firma, en el marco del programa de uso de emergencia del país.

«Queremos que se sepa que también en la situación actual no estamos dispuestos a comprometer la seguridad y la eficacia», dijo uno de los firmantes, Ugur Sahin, director ejecutivo del socio alemán de Pfizer, BioNTech.

BioNTech y Pfizer han planteado la posibilidad de revelar datos fundamentales de los ensayos en octubre, lo que podría colocarlos en el centro de la compleja política presidencial de Estados Unidos, previo a las elecciones del 3 de noviembre.

Según el comunicado, las nueve empresas se comprometen a seguir las pautas establecidas de las autoridades expertas reguladoras, como la FDA.

Los reguladores han enfatizado que no tomarían atajos, sino que priorizarían la carga de trabajo de revisión y permitirían pasos de desarrollo en paralelo que normalmente se manejarían consecutivamente

La Asociación de Bancos de México (ABM) manifestó su «enorme preocupación» por la falta de un acuerdo entre los sectores público y privado para reactivar la economía del país ante la crisis de Covid-19.

«Todos tenemos que participar en la reactivación de la economía y hasta hoy no hemos visto ese acuerdo entre todas las partes para que trabajemos juntos en darle celeridad a salir de esta crisis económica severa», manifestó en rueda de prensa Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM.

Y es que además de los más de 531,000 contagios y las cerca de 58 mil muertos, la pandemia provocó una histórica caída anual de 18.9 % del PIB en el segundo trimestre de 2020 y la desaparición de más de 1.1 millón de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso en marcha el plan de la «nueva normalidad», con la que dijo, se espera reactivar la economía en la segunda mitad del año, al afirmar que «ya tocó fondo» y ahora «va hacia arriba».

Niño de Rivera advirtió que la recuperación será difícil mientras no se reactiven el consumo y la inversión al citar que, más allá de lo que reporta el IMSS, hay 25 millones de personas en desempleo, subempleo o inactivas.

«La situación económica todavía está muy incierta en cuanto a su relación con la situación sanitaria, no tenemos certeza de cuándo se va a poder abrir la economía en su totalidad, pasar del semáforo rojo, naranja, al amarillo, al verde, va a tomar más tiempo del que habíamos anticipado», sostuvo el banquero.

Pese a los efectos de la pandemia, la captación bancaria creció 750,000 millones de pesos (13.8%) anual en los primeros seis meses del año, reportó la ABM.

Asimismo, el crédito al sector privado aumentó 6.3% anual en variación nominal en junio, con un incremento de 8.9% para las empresas.

Pero el líder de los banqueros matizó que mientras el crédito a las grandes empresas subió un 10% anual en junio, el de las micro, pequeñas y medianas (mipyimes) bajó 4.6% y el de consumo cayó 3%.

Aunque el monto facturado en tarjetas de débito creció 4.4% anual en julio para un total de 132,000 millones de pesos, el de las tarjetas de crédito disminuyó 14.7% hasta 75,000 millones de pesos.

«La gran preocupación es en que nivel están los ingresos de cada uno de nuestros acreditados y a qué velocidad se van a poder recuperar los de aquellos que se han visto disminuidos, esa es la principal preocupación», enfatizó Niño de Rivera.

A pesar del panorama, el líder de la ABM presumió un índice de capitalización de la banca de 16.5%, por encima del mínimo regulatorio del 10.5%.

También recordó que la banca ha destinado un 1 billón de pesos en un programa para diferir intereses y capital de 9.2 millones de créditos, que representan 25% del total.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos llegaron este jueves a un acuerdo de paz histórico que conducirá a la plena normalización de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones de Oriente Medio en un pacto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudó a negociar.

Según lo informado, el compromiso es que Israel suspenda la aplicación de la soberanía a las áreas de Cisjordania que ha estado discutiendo anexar.

El acuerdo de paz fue el producto de largas discusiones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos que se aceleraron recientemente, dijeron representantes de La Casa Blanca.

La iniciativa fue sellada en una llamada telefónica el jueves entre Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el jeque Mohammed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.

«¡Un gran avance hoy! Acuerdo de Paz Histórico entre nuestros dos GRANDES amigos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos», escribió Trump en Twitter.

Trump dijo que las discusiones entre los dos líderes habían sido a veces tensas y añadió estar discutiendo acuerdos similares con otros países de la región. En las próximas semanas se celebrará en La Casa Blanca una ceremonia de firma que incluirá a las delegaciones de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, añadió Trump.

Las autoridades describieron el pacto, que se conocerá como el Acuerdo de Abraham, como el primero de su estilo desde que Israel y Jordania firmaron un tratado de paz en 1994. También le da a Trump un éxito en política exterior con la vista puesta en la reelección el 3 de noviembre.

Netanyahu, en su primera reacción sobre el acuerdo, dijo en Twitter que es «un día histórico para el estado de Israel».

El príncipe heredero de Abu Dabi también se expresó en Twitter diciendo se había llegado a un acuerdo y que detendría una mayor anexión israelí de los territorios palestinos.

Representantes de La Casa Blanca dijeron que el asesor principal de Trump, Jared Kushner, el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y el enviado de Oriente Medio, Avi Berkowitz, estuvieron profundamente involucrados en la negociación, así como el secretario de Estado, Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien.

El acuerdo prevé dar a los musulmanes un mayor acceso a la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, permitiéndoles volar de Abu Dabi a Tel Aviv, dijeron las autoridades.

La declaración conjunta dijo también que Emiratos Árabes Unidos e Israel ampliarán y acelerarán inmediatamente la cooperación en relación con el tratamiento y el desarrollo de una vacuna para el nuevo coronavirus.

Sin embargo, Hanan Ahsrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
reprochó hoy a Emiratos Árabes Unidos el acuerdo diplomático, y consideró que «no hace ningún favor» a los palestinos.

«Los EAU han sacado a la luz sus tratos secretos-normalización con Israel. Por favor, no nos hagan un favor. No somos la hoja de parra de nadie», publicó Ashrawi en su cuenta de Twitter en referencia a la condición del acuerdo por el que Israel suspende la anexión de territorio palestino ocupado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este lunes que el inicio del ciclo escolar de México arrancará el 24 de agosto a distancia y a través de canales de televisoras privadas, debido a la «emergencia» por la pandemia.

El mandatario calificó de «histórico» el acuerdo con Televisa, la cadena hispana más grande del mundo, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio TV para usar los canales extras a los que tienen derecho para la transmisión de clases para 30 millones de estudiantes de entre 4 y 18 años de nivel preescolar hasta preparatoria.

El convenio es producto de «la situación de emergencia que estamos viviendo, que estamos padeciendo debido a la pandemia», dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.

Mantener cerradas las aulas «es lo que los especialistas nos han recomendado», añadió el mandatario, quien aseguró que el pago a las televisoras será «mínimo».

Junto a las televisoras privadas, participará también el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para lograr la impartición de contenidos educativos para 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior.

Se precisó que se producirán y transmitirán más de 4 mil 550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con Lenguaje de Señas Mexicano.

El objetivo es lograr una amplia cobertura nacional en seis canales de televisión. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia desde su televisor.

El presidente López Obrador indicó que se transparentará el costo de la transmisión en los canales de la televisión privada.

“Les adelanto que no son propósitos de lucro porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo. (…) Adelanto que se trata de la tarifa mínima; no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es tarifa social”, aseguró.

Al ser consultado sobre si el acuerdo con las televisoras conllevaría un cambio en las condiciones fijadas en los títulos de concesión, el presidente dijo que no.

«No cambian las concesiones, es lo mismo, se respeta el Estado de derecho, lo que está ya otorgado en concesiones a las empresas, eso se mantiene inalterable, no podríamos nosotros afectar las concesiones».

Explicó que para concretar los servicios que darán las televisoras, intervino el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el tema de los requisitos y permisos que se necesitaban para poder llevar a cabo esta participación de las televisoras.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó esta tarde que se llegó a un consenso unánime por el que se someterán al Pleno cuatro perfiles para integrar el Consejo General del INE.

Los cuatro aspirantes que serán votados en el Pleno son:

  • Norma Irene de la Cruz Magaña
  • Carla Humphrey Jordan
  • José Martín Faz Mora
  • Uuc – Kib Espadas Ancona

Se espera que con el acuerdo unánime, los cuatro candidatos deberán obtener mayoría calificada en la votación, es decir, deberán conseguir el apoyo de dos terceras partes de los legisladores.

El encargo por el cual serán elegidos los nuevos consejeros y consejeras, será de nueve años, por lo que su gestión concluirá hasta 2029.

Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, confirmó que la Jucopo entregó el acuerdo que se someterá al Pleno en la sesión extraordinaria que ya dio inició.

Foto: Twitter Mario Delgado

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó su extradición a nuestro país luego de haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer a detalle qué fue lo que pasó en el caso Odebrecht y en la compra de la planta de Agronitrogenados.

«Él va a declarar. Está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió. Esto es muy importante», dijo AMLO.

El mandatario aseguró que daba mucha vergüenza que en otros países, por el caso de Odebrecht, estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país no había sucedido absolutamente nada; refirió que por eso México era el «campeón»en impunidad.

Indicó que con la información que aporte Lozoya Austin se podrá reparar el daño que se hizo, y así ayudar a sanear la vida pública del país. Dijo que se podrá conocer qué sucedió y cómo es que se recibían los soborno, y sobre todo, a dónde iba a parar y a quiénes beneficiaron.

AMLO señaló que en el mensaje que ofreció el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, habló un poco de que había personas relevantes, lo que le llamó la atención.

Señaló que tal como lo dijo el titular de la FGR, se podrá esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios, incluyendo personas de relevancia, que en términos coloquiales, son los llamado «machuchones», personas de relevancia o grupos políticos.

Añadió que una vez que se conozca toda la verdad, se podrá aclarar y evidencial cómo funcionaba el régimen corrupto, además de que cabe la posibilidad de que se recupere algo de dinero de todo lo que el se involucro en dichas operaciones.

Al ser cuestionado sobre si las investigaciones y lo que de a conocer Emilio Lozoya podría involucrar al expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que no tenía elementos para opinar, pues será la Fiscalía quien lo determine de acuerdo a la información que reciba y las investigaciones que realice.

Los países de la alianza OPEP+ que participan en el histórico acuerdo para reducir la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios (mbd) desde el pasado 1 de mayo, cumplieron ese pacto en 95% en su primer mes.

Así lo revela el último informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), emitido este miércoles, según el cual la alianza de 23 países, 13 de la OPEP y 10 fuera de la OPEP, redujo su producción conjunta en 9.2 mbd.

«El gran cumplimiento de los ajustes voluntarios de producción de los 10 países ajenos a la OPEP (…) condujo a una caída en la producción de petróleo de 2.95 mbd en mayo, mientras que la OPEP recortó 6.25 mbd», precisa el informe.

En un primer momento, el mercado se había mostrado escéptico acerca del cumplimiento de este acuerdo, cuyo objetivo era frenar la fuerte caída de los precios en medio de crisis del coronavirus.

Al mismo tiempo, la producción de otros competidores ajenos al acuerdo, sobre todo Estados Unidos y Canadá, también se redujo en cerca de 2 mbd en abril y otros 0.8 mbd en mayo.

La OPEP+, que controla cerca del 60 % de la producción petrolera mundial, acordó en abril aplicar en mayo y junio un recorte de 9.7 mbd, alrededor del 10 % del bombeo mundial. El pasado 6 de junio la OPEP+ decidió extender hasta el 31 de julio ese recorte récord y revisar mensualmente el cumplimiento del acuerdo y la situación del mercado.

El paro de actividades en todo el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus causó una disminución drástica de la demanda que llevó a los crudos de referencia a llegar a perder hasta el 75 % de su valor respecto a la cotización de principios de 2020.

Los analistas de la OPEP calculan en su informe de hoy que la demanda se desplomará este año en 9.1 mbd, una caída inédita que deja la en una media de 90.06 mbd este año, una cifra muy lejana a los casi 100 mbd de 2019.

«Los precios de los futuros del petróleo también se recuperaron en mayo, en medio de un renovado optimismo sobre las perspectivas de los fundamentos del mercado mundial y las expectativas de una mayor recuperación de la demanda y una reducción de la oferta mundial», añade el informe de la OPEP.

El pacto vigente desde el 1 de mayo prevé que pase de un recorte de 9.7 mbd a los 7.7 mbd a partir del 1 de agosto y se sitúe en los 5.7 mbd entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022. Sin embargo, estas cifras pueden revisarse en caso de que la debilidad de la recuperación de la demanda lo aconseje.

Dos sindicatos estadounidenses manifestaron su preocupación por las violaciones a los derechos de los trabajadores en México, y pidieron a las autoridades de nuestro país que liberen a la abogada laboral Susana Prieto, arrestada hace una semana.

El posicionamiento de los sindicatos llega en momentos en que está por entrar en vigencia el nuevo acuerdo comercial que ambos países tienen con Canadá, el T-MEC.

Prieto, quien el año pasado ayudó a organizar inéditas huelgas en decenas de fábricas en la ciudad de Matamoros, en la frontera norte del país, fue acusada de amenazas, incitación a disturbios, coerción y crímenes contra servidores públicos. La abogada ha negado los cargos.

Con el T-MEC, los sindicatos estadounidenses están preocupados porque la detención podría socavar el compromiso mexicano de proteger los derechos de los trabajadores, un objetivo central del pacto comercial.

Prieto podría permanecer en la cárcel hasta fines de julio mientras se investiga el caso, dijo la oficina del fiscal general de Tamaulipas tras su arresto el 8 de junio pasado en Matamoros. Un juez estatal rechazó las solicitudes de la abogada para ser liberada mientras el caso está pendiente.

«Esto claramente es intencional y sin duda tendrá un efecto escalofriante en los trabajadores que se ven obligados a tomar una decisión de vida o muerte cada día antes de ir a trabajar en condiciones peligrosas», dijo el martes el portavoz del sindicato unido de trabajadores del automóvil, Brian Rothenberg.

«Representa un desafío muy real para el gobierno mexicano implementar las reformas acordadas por Estados Unidos y México bajo el T-MEC», añadió en un comunicado.

Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor coalición de sindicatos de Estados Unidos, calificó las denuncias como «falsas».

«Nos estamos acercando a la implementación de los acuerdos laborales del T-MEC, y México debe cumplir con su compromiso de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores», dijo Trumka en un comunicado.

El viernes pasado, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que seguía de cerca el asunto, pero que solo los funcionarios estatales podían manejar el caso.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que los cargos se derivaron de una queja de una junta laboral en Matamoros sobre una protesta de unos 400 trabajadores frente a sus puertas en marzo pasado. El grupo fue acusado de ser violento y amenazar a los empleados del gobierno.

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La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Rocío Nahle, aseguró que “combatirá” de decisión de un juez de suspender el acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que días atrás había publicado.

Y aunque dijo que el gobierno federal respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, adelantó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de dicho acuerdo.
“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la dependencia. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.
Afirmó que la Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
Señaló que la realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dijo que la Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
«Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos», dijo la Sener.

Recordemos que las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación a través de cartas diplomáticas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.