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El Consejo Regulador del Tequila (CRT) informó este martes que alcanzó un «acuerdo amistoso» con Heineken que resuelve las disputas legales por el uso de la palabra «tequila» en la cerveza ‘Desperados’, producida por la empresa holandesa.

El CRT indicó que junto con la marca Heineken resolvieron «amistosamente la disputa legal» que sostenían y que ocasionó la apertura de diversos frentes judiciales en materia de propiedad industrial e incluso de carácter comercial en la Unión Europea.

Se informó que tras un «periodo de diálogo para la solución del conflicto» se llegó a un acuerdo beneficioso para ambas partes, cuyos términos permanecen «confidenciales».

El CRT recordó que el tequila se encuentra protegido desde 1997 en la Unión Europea (UE) por el Acuerdo entre México y la UE, sobre el Reconocimiento Mutuo y la protección de las Denominaciones de Origen del sector de bebidas espirituosas. En 2019 fue reconocido como Indicación Geográfica, convirtiéndolo en el primer producto de México en acceder al máximo modelo de protección en Europa.

La bebida cuenta con el registro como Marca Colectiva «Tequila» registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO (2008) y protección específica en Aduanas (2013).

La Unión Europea es el segundo mercado de exportación para el tequila mexicano, a donde se envían anualmente alrededor de 20 millones de litros con la presencia de más de 50 marcas de tequila.

Actualmente el tequila se encuentra protegido en 55 países en el mundo, por lo que el 97.5% de las exportaciones totales se envían a destinos en donde la bebida nacional cuenta con protección.

Recordemos que a finales de noviembre de 2020, el gobierno federal anunció una estrategia para la «enérgica defensa» del tequila en Europa y para ello el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el CRT determinaron «acciones contundentes» para proteger la denominación de origen que la UE le entregó a la bebida en 2019.

El anuncio ocurrió en medio de la disputa legal entre la cervecera Heineken y el CRT en la Comisión Europea (CE) por el uso de la denominación de origen del licor mexicano en una de sus cervezas. El sector tequilero en México acusaba a la multinacional de incumplir la regulación con la venta de ‘Desperados’, una cerveza con «aroma a tequila» comercializada en 70 países.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó hoy al pacto de formación de gobierno del bloque de partidos opositores e instó a diputados derechistas del Parlamento (Knéset) a que se opongan a la coalición.

«Todos los miembros de derecha de la Knéset deben oponerse a este peligroso Gobierno de izquierdas», declaró Netanyahu en su primera reacción pública por Twitter tras el acuerdo que se anunció la noche de ayer entre ocho formaciones que pactaron una coalición.

En caso de hacerse realidad, ésta le derrocaría como primer ministro, después de quince años en el cargo, los últimos doce seguidos.

Tras largas negociaciones hasta última hora, el líder centrista y opositor Yair Lapid, encargado de formar gobierno en Israel, informó ayer al presidente de que logró un pacto para un Ejecutivo que aglutina a un amplio conjunto de fuerzas de gran diversidad ideológica, desde la extrema derecha hasta la izquierda, incluyendo un partido árabe, cuyo único elemento en común es su oposición a Netanyahu.

Sin embargo, este acuerdo es solo político y no tiene validez legal, ya que la materialización del Ejecutivo queda pendiente de una votación final en una ceremonia de investidura donde la oposición podría quedarse sin la mayoría de 61 escaños en caso de haber algún tránsfuga que decida oponerse al denominado «gobierno del cambio».

De hecho, Netanyahu está invocando esa posibilidad con mensajes como el de hoy, que busca presionar a diputados de partidos derechistas del bloque opositor como Yamina o Nueva Esperanza, más afines a la ideología de su partido, el Likud, para que cambien de bando.

Según el pacto de coalición, el nuevo Ejecutivo se basaría en la rotación en la jefatura de gobierno: el ultranacionalista Naftali Benet, líder de Yamina, sería primer ministro los dos primeros años, y después sería remplazado por Lapid, que encabeza la formación centrista Yesh Atid, segunda fuerza en Israel con 17 escaños.

Aún así, Yamina no parece tener garantizado el apoyo de sus siete diputados: al menos uno de ellos, reticente al acuerdo, retiró hoy su firma de una petición del bloque opositor para hacer una votación el próximo lunes para escoger a un nuevo presidente del Parlamento.

Este cargo, que hasta ahora ostenta Yariv Levín, miembro del Likud y confidente de Netanyahu, es clave, ya que tiene la última palabra para decidir sobre la agenda parlamentaria y el día de la votación del nuevo gobierno.

Lapid instó ayer a Levín a convocar una sesión especial lo antes posible para llevar a cabo el juramento del nuevo Ejecutivo, algo que debe producirse en el plazo máximo de doce días desde que el líder centrista comunicó formalmente el pacto de gobierno, lo cual ocurrió ayer 2 de junio.

Además de haber confirmado el retiro de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se estable el mecanismo para la asignación de las curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados.

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, y de acuerdo a lo planteado por el INE, se busca evitar prácticas que pretendan evadir los límites constitucionales de sobrerrepresentación de los partidos, situación a la que recurrieron Morena y aliados en el actual periodo legislativo.

Las magistradas y los magistrados determinaron que, tras las elecciones del 6 de junio, la Cámara de Diputados informe al TEPJF y al INE, si en la configuración de las fracciones parlamentarias se respetaron los límites de sobrerrepresentación.

La Sala Superior determinó como infundados e inoperantes los alegatos del Partido Encuentro Solidario (PES); PAN y Morena contra la inclusión de la figura de “afiliación efectiva” para los partidos que contiendan en alianza o coalición con otro, con la que se busca que quienes sean postulados por un partido político acrediten su militancia en éste y que no haya “préstamo” de candidatos de un partido mayoritario a uno minoritario.

El Pleno de la Sala Superior coincidió en que las determinaciones del INE solamente buscan garantizar un límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

En la sentencia se recuerda el diseño normativo constitucional que establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de la votación nacional emitida.

La Sala Superior estimó que la determinación del INE no vulnera los derechos político-electorales de los candidatos, además de que el acuerdo no fue emitido de manera extemporánea, como argumentaban los partidos del bloque de la 4T. Además, señalaron, no modifica ni transgrede alguna situación que afecte a las coaliciones o los partidos.

«Sólo busca salvaguardar la pluralidad legislativa y no supeditarla a acuerdos previos por parte de los partidos Tampoco se afecta la certeza en materia electoral, porque los convenios de coalición están relacionados con la etapa de preparación de la elección, y el acuerdo del INE está vinculado con la etapa de resultados y validez de la elección», resolvieron los magistrados del Tribunal.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre subcontratación laboral, el llamado outsourcing, una propuesta legislativa acordada entre el gobierno federal y los empresarios tras meses de negociaciones.

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros puntos.

Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones fue aprobado el dictamen que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

Entre lo aprobado por la Cámara de Diputados, se prohíbe la subcontratación de personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación. También diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Además, indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

«Menciona que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella», se señala en el texto.

Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, y de que no existiera engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, alertó que el dictamen fue apresurado y no logró consenso entre los que serán los afectados directos, además de que implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo.

Por parte del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; advirtió que beneficia únicamente a las empresas, ya que traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir. «Es meramente recaudatoria», dijo.

Recordemos que el pasado 5 de abril, el gobierno federal, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.

La subcontratación fue retomada por López Obrador, quien a finales del año pasado anunció su intención de desaparecer el outsourcing al considerarlo un abuso en contra de los trabajadores, aunque finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

El gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que México, Guatemala y Honduras acordaron reforzar su seguridad fronteriza, en medio de una oleada de migración irregular hacia territorio estadounidense, incluidas cifras récord de menores no acompañados.

La asistente especial sobre inmigración en el Consejo de Política Nacional de La Casa Blanca, Tyler Moran, dijo que los tres países han convenido aumentar el patrullaje en sus fronteras.

«Hemos alcanzado acuerdos para que pongan más tropas en su propia frontera. México, Honduras y Guatemala han acordado hacer esto», afirmó la asesora del presidente Joe Biden a la cadena MSNBC.

Esto evitará que los traficantes de personas y los cárteles de la droga se aprovechen de la situación y también protegerá a los menores que viajan solos, explicó.

Señaló que el gobierno de Biden trabaja con México «para garantizar que tengan los sistemas de refugio para atender a las familias y los niños».

Por su parte la portavoz de Biden, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa que este «compromiso» para aumentar los controles surgió durante discusiones bilaterales recientes y «en curso desde hace tiempo».

En el caso de nuestro país, indicó que el gobierno federal accedió a mantener 10,000 elementos de las fuerzas armadas en la frontera sur, lo cual «resultó en el doble de interdicciones diarias de migrantes»; en tanto Guatemala envió 1,500 policías y militares a su frontera con Honduras, y Honduras desplegó 7,000 policías y militares.

«El objetivo es hacer más difícil el viaje (de los migrantes) y hacer que cruzar las fronteras sea más difícil», señaló Psaki.

Y es que más de 172,000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos el mes pasado en la frontera de Estados Unidos con México, un alza de 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años. A su vez, el número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, a casi 19,000, según las últimas cifras oficiales.

Tyler Moran reconoció la creciente migración irregular hacia la frontera sur, pero puntualizó que el 60% de las personas son rechazadas en cumplimiento de las medidas de salud pública para evitar la propagación del COVID-19.

En cambio, todos los menores, que suman un 10% del total de los detenidos, son admitidos y el gobierno busca reunirlos con sus familiares en Estados Unidos. «Estamos tratando de trasladarlos de la manera más rápida y segura posible de los puestos de la patrulla fronteriza a instalaciones de servicios humanos y de salud y luego al cuidado de un familiar», dijo.

La noche de ayer, arribaron a México un millón 208 mil 700 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, segundo embarque proveniente de Estados Unidos y con el que se completa el número de dosis con las que el gobierno de Joe Biden se comprometió a apoyar a nuestro país.

«Esta es la segunda entrega de vacunas que forma parte del acuerdo entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joseph Biden, mediante el cual arribaron al país un total de dos millones 719 mil 300 dosis», detalló la cancillería.

El vuelo de AeroUnion 501, proveniente de Chicago, Illinois, Estados Unidos, llegó ayer a las 21:57 horas a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

«Recibimos un millón 200 mil dosis, de los 2 millones 700 mil que se comprometieron entre el gobierno de México y Estados Unidos, con esto continuamos con la inmunización de los adultos mayores de 60 años», dijo Israel Acosta, director del Sistema Nacional de Distribución de Birmex, quien encabezó el acto de recepción.

Con este cargamento, nuestro país ha recibido 13 millones 735 mil 450 dosis de vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics.

Además, nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado 940 mil 470 dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que hace un total de 14 millones 675 mil 920 dosis en México.

Israel Acosta aseguró que las más de un millón  de vacunas de AstraZeneca recibidas ayer serán distribuidas de manera inmediata a todo el país, ya que este fin de semana se tiene programado distribuir alrededor de un millón 400 mil dosis.

Al día de hoy se han recibido 41 vuelos con vacunas, mismos que han transportado 27 embarques de vacunas embasadas. Adicional, a nuestro país han llegado cuatro embarques con sustancia activa para el proceso final de envasado y etiquetado de vacunas.

«La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia», indicó la Secretaría de Salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta tarde en Palacio Nacional, la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia que propuso a las y los mandatarios estatales, y quienes este martes acudieron al evento.

“Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, subrayó López Obrador.

Además del mensaje que ofreció el mandatario, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; la gobernadora de Sonora también presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, fueron los encargados de dar un mensaje durante el encuentro.

Llamó la atención que diversos gobernadores de oposición aseguraron que la firma del acuerdo no se trató de otra cosa que refrendar lo que ya estaba indicado en las leyes. Incluso algunos pidieron que a dicho acuerdo se debía sumar al Instituto Nacional Electoral (INE).

También, la presencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue un asunto a comentar, pues mantiene actualmente un proceso de desafuero por parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobernador ha acusado explícitamente al presidente López Obrador de estar detrás de dichas acusaciones, además de que ha cuestionado la labor del Fiscal Gertz Manero, quien también estuvo en el evento.

Sobre el tema de partidos y las elecciones, esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las críticas y señalamientos que se han hecho a Morena por hacer presunto uso electoral de la vacuna contra el COVID-19. Incluso se le mencionó que senadores del PAN han anunciado que presentarán una denuncia sobre ele tema,

AMLO dijo que prefería no meterse en el tema, aunque más tardó en expresar dicha idea que en manifestar que «sólo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente».

Eso sirvió para que siguiera abordando el tema al decir que quienes representan la llamada Cuarta Transformación  tienen principios e ideales.

2La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la distribución y la aplicación, porque es nuestra función, nuestra tarea. Y hemos hecho un buen trabajo entre todos, con mucha anticipación nos preparamos, guardamos el dinero necesario, decidimos empezar a conseguir las vacunas», sostuvo AMLO.

Al añadir que su administración ha trabajado todos los días para garantizar que lleguen las vacunas, indicó que ha sido una labor muy distinta a la que se daba en el pasado, donde acusó que imperaba la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el racismo y la discriminación.

Señaló que antes se atendía a los que tenían influencias y no se tomaba en cuenta al pueblo. «Nuestros adversarios, los conservadores, que quieren regresar, y yo estoy también pidiendo que regresen, pero lo que se robaron, están cuestionando todo, atacando al gobierno constantemente».

Remató asegurando que la gente tiene confianza en su gobierno.

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, solicitó a sus abogados suspender cualquier negociación con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que enfrentará el juicio por los delitos que se le acusan.

La exfuncionaria acusada de ejercicio indebido del servicio público denunció que autoridades han obstaculizado cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, lo cual implicaría que se declarara culpable, para acceder a un procedimiento abreviado.

“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado, y es que de acuerdo con las propias palabras de MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, en una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, señaló el equipo legal de la exsecretaria federal, de acuerdo a un documento que envió a la Fiscalía y a la cual el diario El Universal tuvo acceso.

Ante su decisión de enfrentar el juicio correspondiente, Robles Berlanga solicitó un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer. Su defensa indicó que de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política.

Así, la también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal enfrentará el próximo 26 de marzo la audiencia intermedia del proceso judicial en su contra.

Y es que Rosario Robles se ha negado, como lo han solicitado diversas autoridades incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pagar la reparación del daño que por la llamada ‘Estafa Maestra’ que asciende a poco más de 5 mil millones de pesos.

La propia Rosario Robles señaló mediante su cuenta de Twitter, que maneja su hija, Mariana Moguel, que no está obligada a pagar el daño que ocasionó la ‘Estafa Maestra’ ya que no está acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone la reparación del daño.

«Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es», señaló en su mensaje.

Ya la semana pasada, la FGR informó que Robles Berlanga no aceptó la propuesta para reparar el daño, por lo que junto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no existían las condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

Adicional, esta tarde, el abogado de la exfuncionaria, Sergio Arturo Ramírez informó que se tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión por violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada, de la cual no ha sido notificada, aunque adelantó que pero buscará reuniones con el Ministerio Público para acogerse a la figura de testigo colaborador.

Robles Berlanga buscará la posibilidad de acogerse al criterio, por lo que presentará todas las evidencias necesarias para poder acogerse a ese criterio, en las que figuran Luis Videgaray y Emilio Zebadúa.

Sergio Ramírez reiteró que por el delito primario de ejercicio indebido del servicio público no significa que haya obtenido recursos de la institución por lo que no se va a declarar culpable y no va admitir que es culpable de un delito que no cometió.

Explicó que hay un juicio de amparo que se tiene en curso, mismo que podría resolverse antes de que la Fiscalía pretenda la apertura de la etapa de juicio oral y antes de que eso suceda, su cliente, buscará aportar la información necesaria a la investigación por el ilícito de delincuencia organizada.

Sin embargo, de ganar u obtener el amparo, la acusación por ejercicio indebido del servicio público tendría que sobreseerse; es decir, que se daría carpetazo a esa acusación. No obstante, si la autoridad ministerial admite que Robles Berlanga se adhiera como testigo colaborador, adelantó que su cliente posee información suficiente sobre las pesquisas que realiza la institución federal y le otorgaría beneficios de ley.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la acusación por corrupción contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo en la pasada administración, tras fracasar la negociación que comenzó con si defensa, para lograr un acuerdo.

La negociación para rebajar la acusación contra la exsecretaria y que recibiera en dado caso la condena menor, se rompió ya que la acusada «no quiere reparar el daño» de sus acciones.

Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, mejor conocida como La Estafa Maestra.

La última audiencia, celebrada el pasado 10 de febrero, fue pospuesta para dar tiempo a una negociación entre la Fiscalía y el equipo legal de Robles, quien denunció se mostró dispuesta a colaborar con la justicia, incluso revelando el nombre del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría participado y dado ordenes para llevar a cabo los desvíos.

Sin embargo, en la audiencia de este viernes, tanto la Fiscalía como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que «no hay condiciones» para solicitar un «procedimiento abreviado», el cual permitiría rebajar la acusación contra Robles.

La Fiscalía sostuvo que «la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño», mientras que los abogados de Robles aseguraron que «la reparación del daño no procede por el delito que se acusa».

El abogado de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto, Epigmenio Mendieta, aseguró que hubo incumplimiento de la FGR en su «obligación» de instrumentar acercamiento con su cliente para entablar un proceso de negociación.

«A pesar de la postura que hay por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que no están en condiciones de llegar a un proceso de negociación, de tal manera de que lo que se puntualizó por parte de la defensa, que existe un derecho, que es un derecho constitucional de Rosario, a que reciba una propuesta formalmente de la procedencia o no del (procedimiento) abreviado», indicó en en encuentro con los medios.

Ambas partes acordaron convocar a una nueva audiencia para el 26 de marzo, tiempo que servirá para buscar un nuevo acuerdo.

Recordemos que el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad tras haber alcanzado una cuerdo con la FGR.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este martes sobre una carta que envió a los mandatarios de todas las entidades del país, en la que los llamó a formar parte del Acuerdo Nacional por la Democracia, que implica no intervenir en las próximas elecciones del 6 de junio.

“Me dirijo a ustedes para hacerles, con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales, una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer, en definitiva, una auténtica democracia en nuestro país”, se lee en la carta que difundió en la conferencia matutina.

El Acuerdo consiste en actuar con respeto a la legalidad y a la voluntad popular; él mismo se comprometió a actuar con rectitud y en defensa de la soberanía popular.

“A esto mismo los convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abundantes prácticas ilegales y antidemocráticas que tienen que quedar en el pasado de manera definitiva”, añade el texto de López Obrador.

López Obrador expone que en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir en realidad la aspiración histórica de establecer una verdadera democracia en nuestro país. Dijo que hay partidos bien definidos, instituciones electorales en camino de ser libres e independientes, además de que la Presidencia de la República tiene el compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo.

AMLO sostiene en su texto que la democracia produce los equilibrios necesarios para evitar que una persona o una minoría se adueñe del poder público, además de que ayudan a que la riqueza se concentre en unas cuantas manos.

Tal como lo ha dicho en repetidas ocasiones, López Obrador dijo que se constituirá en el principal guardián de la prerrogativa popular, «en una palabra: voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo».

El mandatario finaliza su texto asegurando que atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales.

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Hasta ahora solo dos mandatarios han contestado públicamente al llamado del presidente López Obrador. Alfredo del Mazo indicó que el Estado de México se sumaba al Acuerdo Nacional, para garantizar a los mexicanos elecciones libres y pacíficas por el bien del país y de la democracia.

El otro gobernador que respondió fue Miguel Barbosa de Puebla, quien dijo que hay una voluntad clara y firme del gobierno federal, para que las próximas elecciones se realicen por primera vez, de forma limpia. Indicó que se compromete en no participar en ninguna etapa del proceso electoral. Adelantó que él hará el mismo llamado a los alcaldes municipales de la entidad.

Quien también reaccionó a la propuesta de AMLO, fue la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), quien a través de un comunicado indicó que celebraran en que coincidencia en que la democracia y la libertad son pilares del bienestar del país.

Señalaron que es el Instituto Nacional Electoral (INE) la autoridad responsable de la organización, certeza, legalidad y libertad de los procesos electorales, por lo que debía ser él quien convoque a los mandatarios estatales a un llamado como el planteado por el presidente.

«El compromiso es cumplir la ley. No podríamos actuar de otra manera puesto que empeñamos nuestra palabra al rendir protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No obstante, es preciso refrendar públicamente este compromiso (…) Ser demócrata implica, más que declaración, cumplimiento», indicaron los gobernadores panistas.

Señalaron que en estos tiempos, es preciso, y urgente, evitar la tentación de la politización, incluso en los temas más sensibles y socialmente más preciados. Pidieron evitar la tentación de ver al adversario político como enemigo, «la tentación de dividir para ganar una elección».

Finalmente, le invitaron a emprender una reconciliación nacional en estos momentos de crisis.

El empresario Alonso Ancira, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde que fuera llegara a nuestro país la semana pasada procedente de España, acordó este martes pagar 219 millones de dólares por concepto de reparación del daño a Pemex en relación al caso Agronitrogenados.

Dicho acuerdo implicaría que la Fiscalía General de la República (FGR) no le lleve a juicio al exdirectivo de Altos Hornos de México (AHMSA) por el delito de lavado de dinero.

Y es que Ancira se encuentra en el Reclusorio Norte de Ciudad de México acusado de vender a Petróleos Mexicanos en 2013 la planta de fertilizantes inservible a un precio mayor del que valía y con ello haber causado un daño al erario público.

Durante la audiencia de este martes, que se prolongó por varias horas, el empresario llegó a un acuerdo con el representante legal de Pemex para pagar por el daño ocasionado a la empresa estatal.

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el juez de control que lleva a cabo la audiencia del empresario, Artemio Zúñiga, deben ratificar el acuerdo alcanzado. En cuanto se conoció lo negociado, el juez suspendió la audiencia.

De ser aprobado el acuerdo, el empresario podría quedar en libertad este mismo martes.

Recordemos que en noviembre de 2020 trascendió que Ancira estaba dispuesto a pagar al Estado 200 millones de dólares a cubrir en cuatro años a cambio de no ser extraditado desde España, donde estaba detenido desde mayo de 2019. Sin embargo, la extradición a México desde Palma de Mallorca se concretó el pasado 3 de febrero.

México y Reino Unido firmaron este martes un nuevo acuerdo que asegura la continuidad del libre comercio entre los dos países, y libre de aranceles tras la salida de la Unión Europea.

«El Acuerdo de Continuidad Comercial México – Reino Unido es resultado de intensos meses de trabajo entre ambos Gobiernos, con el objetivo de lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes», indicó la embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson.

Ambos países se comprometieron a comenzar unas nuevas negociaciones comerciales el próximo año para ampliar el acuerdo rubricado este martes.

Por su parte la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, destacó tras la firma que la nueva alianza permite mantener certeza y reglas claras en el intercambio comercial para beneficio de los agentes económicos de ambas partes.

«El instrumento que hoy firmamos guarda una particular importancia que evitará que, ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una gran cantidad de bienes enfrenten aranceles en ambos mercados. Asimismo, beneficiará a sectores de suma relevancia para México, como el automotriz», señaló Márquez.

Precisó que mediante el acuerdo firmado este martes no solo se mantiene el acceso comercial presencial del que ambos países se han beneficiado al amparo del TLCUEM (tratado con la Unión Europea), sino que se reitera la voluntad compartida por seguir siendo socios económicos estratégicos.

La ministra de Comercio Internacional de Reino Unido, Liz Truss, celebró que el acuerdo «asegura el acceso a los mercados» por parte de ambos países.

Reino Unido dio así un paso más para adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), un tratado al que buscará integrarse a inicios de 2021 con el apoyo de México. «México ha florecido como parte del dinámico TIPAT y nuestra adhesión permitirá a ambos países ir más allá en áreas de interés mutuo, comercio digital, inversiones y servicios», expresó Truss.

El acuerdo de continuidad comercial permitirá un ahorro de 79 millones de dólares en aranceles.

Recordemos que el comercio entre México y Reino Unido tuvo un valor de 5,212 millones de dólares, lo que representó un incremento de 12.5% en comparación con 2018.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestaron su desacuerdo con el acuerdo alcanzado entre representantes de la Iniciativa Privada y el gobierno federal en material de subcontratación.

Indicaron que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende limitar la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales.

Advirtieron que su aprobación en los términos en que se encuentra ahora dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

«Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada», indicaron.

Enfatizaron que rechazan que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, y por el contrario, señalaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit  y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.

Aunque mostraron su desacuerdo, indicaron que están a favor de las prácticas legales que favorezcan la creación de empleos y promuevan a inversionistas con dimensión social, por ello dijeron que resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de las malas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos por una absoluta minoría.

Reiteraron su disposición al diálogo para lograr un acuerdo que reconozca y vaya en el sentido de su posición Regulación sí, Prohibición no.

«Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses», señalaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este lunes un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a cambio de asegurar la liberación y regreso a nuestro país del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“No es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido buena relación de cooperación, de confianza (…) Enviaron la información, se envió esa información a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento. Esto es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos de aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

La agencia Reuters informó que el gobierno de la 4T se comprometió a arrestar a un líder del narcotráfico, (que medios nacionales identificaron como Oseguera Cervantes) para que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, accediera a retirar los cargos que enfrentaba el general Cienfuegos.

Recordemos que la semana pasada, Estados Unidos abandonó el caso contra el excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto al argumentar que había consideraciones de política exterior «sensibles e importantes» que superaron el interés en perseguir los cargos.

«México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial», dijo una fuente de alto nivel en el gobierno a la agencia.

Consultado sobre el tema, Daniel Millán, portavoz de la cancillería, dijo a Reuters que «lo que acordamos (México-Estados Unidos) fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país». Dijo que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel.

Por su parte una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que existiera tal acuerdo y remitió las declaraciones previamente dadas a conocer, en las que se asegura que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas.

Y es que tras la condena en Estados Unidos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, la atención del gobierno estadounidense se ha volcado hacia el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

El gobierno de EUA ha señalado al Cártel de Sinaloa y al CJNG como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

AMLO precisó que Reuters «se equivocó». «Se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que no tenemos cuidando en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe que estaban pensando o quien les filtró esa información?», cuestionó el presidente.

El presidente dijo que esa era otra práctica muy arraigada y perversa que imperaba en nuestro país: la filtración de información para generar desconciertos, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, y poner así en entredicho al gobierno federal.