Ana Paula Ordorica
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SEMAR adjudica contrato millonario a empresa propiedad de directivo en Pemex

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Secretaría de Marina (SEMAR) otorgó un contrato por 223 millones de pesos para la construcción de la unidad habitacional naval en Dos Bocas, Tabasco, a una empresa ligada a un directivo de Pemex.MCCI precisó que desde 2010, José Fernando Montes de Oca Siliceo, dueño de Idisa Ingeniería SA de CV, se ha desempeñado como coordinador especialista B en la Subdirección de Capital Humano de PEMEX.

En dicho cargo, Montes de Oca Siliceo percibe un sueldo mensual bruto de 150 mil pesos y encabeza las labores de reclutamiento de nuevos funcionarios.

SEMAR otorgó el contrato millonario a Idisa Ingeniería SA de CV por adjudicación directa, para la construcción de la unidad habitacional donde vivirán las familias de los elementos de la Marina, y que forma parte de las nuevas obras que se realizan tras la creación en septiembre de 2019 del Sector Naval de Dos Bocas, con el que se busca dar seguridad a la refinería y la aduana marítima del mismo nombre.

El contrato fue firmado el 27 de mayo de 2022 por el Oficial Mayor de la Marina, el almirante César Carlos Preciado Velázquez, lo que según MCCI contraviene el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencias deberán abstenerse de adjudicar contratos a sociedades de las que formen parte servidores públicos. La organización obtuvo vía transparencia la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de Idisa Ingeniería, donde se muestra que el 16 de mayo, 11 días antes de firmar el contrato con la Secretaría de Marina, la empresa únicamente contaba con un trabajador registrado ante el IMSS.

Investigación completa en MCCI

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La 4T privilegia las adjudicaciones directas y entrega contratos a empresas fantasmas

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad aun con la 4T, cuya bandera ha sido el combate a estas prácticas.

Luego de realizar un análisis de todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, se confirma que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador.

En lo que va del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones; 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas.

Sin embargo, MCCI alerta que llama la atención un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como “Otros”, que representan el 2.9% del total.

Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173,131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83,958 millones de pesos o 28.1% del total.

Los contratos catalogados como “Otros” son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27,500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.

Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como “Otros”, llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27,500 millones de pesos.

Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%, pese a que este gobierno prometió dejar de utilizar este mecanismo o cuando menos disminuirlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga y actualiza de manera recurrente la lista de empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, es decir, aquellas conocidas popularmente como empresas fantasmas. Al comparar la lista definitiva de estas empresas y buscar las coincidencias en las contrataciones públicas mediante el Registro Federal de Contribuyentes, se han identificado 52 contratos con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones.

La gran mayoría de estas contrataciones usaron procedimientos de adjudicación directa: el 51% (27 contratos) fueron entregadas por este tipo de procedimientos, 21% (11) por licitación restringida y 28% (14) fueron licitados públicamente. En segundo lugar, sólo dos contratos fueron terminados anticipadamente a pesar de que 12 se realizaron cuando la empresa ya había sido incluida en la lista de empresas fantasmas que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los contratos celebrados con empresas fantasma desde 2019 han sido realizados por 20 dependencias. La institución que ha adjudicado los mayores montos a empresas fantasmas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por un monto de 108.5 millones. Tal cifra representa el 67% del total de este tipo de contrataciones. Después de este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 14 contrataciones con empresas fantasmas por 14.6 millones, lo cual la convierte como la dependencia con mayor número de procedimientos con estas empresas y la segunda con mayor monto. En tercer lugar, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional realizó siete contratos por un monto de 7.9 millones de pesos con estas empresas.

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Adjudican contrato del Tren Maya a consorcio liderado por Bombardier; la UNOPS alertó sobre incumplimiento en la oferta

El consorcio liderado por Alstom Transport México y Bombardier Transportation México se adjudicó el contrato para la adquisición de material rodante y sistemas ferroviarios del Tren Maya y la construcción de 42 trenes, con un monto de 36,600 millones de pesos.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra, apuntó que, derivado de la evaluación correspondiente, la proposición liderada por Bombardier Transportation México “resultó la oferta con mayor puntuación entre los licitantes”.

Además, representa una propuesta menor por 890 millones de pesos respecto a la propuesta económica de la segunda oferta recibida del grupo integrado por las firmas CAF México y Rubau México.

La dependencia resaltó que el grupo encabezado por Bombardier equipará al Tren Maya, considerando diseño, fabricación, entrega, prueba y puesta en marcha de 42 trenes. Además estará a cargo del diseño, fabricación, equipamiento, prueba y puesta en funcionamiento de sistemas ferroviarios necesarios para la debida operación del tren; así como también el diseño, construcción y puesta en servicio de infraestructura para su equipamiento, tales como puestos de control (central y zonales), entre otros puntos importantes.

Fonatur señaló que las primeras pruebas de los equipos adquiridos previo a la operación del sistema Tren Maya “se llevarán a cabo durante el años 2023, en cumplimiento con el calendario que rige el desarrollo del proyecto”.

Asimismo, destacó que el procedimiento de contratación ha sido desarrollado bajo el acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública de México.

Sin embargo, llama la atención que en un oficio enviado el 12 de mayo por parte de la UNOPS a Fonatur, correspondiente a la evaluación independiente que realizaron a la licitación de material rodante y sistemas ferroviarios para el Tren Maya, la oficina de la ONU informó que la ahora oferta ganadora “no cumplía” con lo requerido en las bases de la convocatoria, específicamente en el punto 4.2 y 4.3 de la misma.

“No presenta CONVENIO de proposición conjunta que se debe cumplimentar como requisito en Anexo 2 numeral 2.3 y en correlación con lo aplicable y dispuesto en la Convocatoria (Base 4.2 y 4.3); lo anterior con fundamento 34 LAASSP y 44 del RLAASSP”, alertó la UNOPS en su momento.

Específicamente la oferta de Bombardier faltó con la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

Incluso, UNOPS señaló en el oficio firmado por Damián Rodríguez, gente de proyecto, que ante la omisión de presentar el CONVENIO referido en las bases, la oferta caía en el supuesto de la causal del desechamiento establecida en la Base 8.1 inciso a) fracción vi.

Al dar a conocer el resultado de la licitación, no se aclaró qué sucedió con la recomendación emitida por la UNOPS y si se solventaron las omisiones.

Recordemos que el Tren Maya es un proyecto prioritario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tiene una inversión de 6,294 millones de dólares para cerca de 1.554 kilómetros en cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Con AMLO, las compras por adjudicación directa alcanzan punto más alto desde que se tiene registro

Los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas alcanzaron el punto más alto desde que se tiene registro en México, al alcanzar el 43.3% del total del gasto en 2020, alertó este jueves el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“De acuerdo con datos de Compranet, el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205,195 millones de pesos, lo que representa el 43.3% del monto contratado en todo el año”, dijo el IMCO.

En contraste, durante el mismo año, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas el 39.9%; mientras que el porcentaje restante de compras públicas fueron por invitación restringida y otros.

“Esta es la primera vez que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el Gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas”, advirtió el organismo.

Adicional, en un análisis previo de más de 350,000 contratos, el Instituto Mexicano para la Competitividad documentó que el porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, primer año completo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018 al pasar del 35% al 39%.

“En el segundo año de esta Administración, esta cifra rompió un récord histórico, superando cualquier otro tipo de contratación”, puntualizó la organización.

Se indica que las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que las convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas.

Pero según el comunicado, hay una “tendencia creciente” de adjudicaciones directas. “Es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”, subrayó el IMCO.

Remarcó que el número de adjudicaciones directas creció del 2013 al 2020, pues tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el de Andrés Manuel López Obrador este porcentaje fue mayor al 70%.

La información del IMCO fue obtenida de los datos de contratos descargables de Compranet al 23 de abril de 2021.

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El ‘dedito’ de la 4T: de 137,809 contratos en 2020, gobierno entregó 110,629 por adjudicación directa

El autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se convirtió en la administración que más contratos por dedazo ha otorgado desde que se tienen registros.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los datos finales de 2020, que provienen de las bases oficiales de la Secretaría de Hacienda muestran que, de los 137,809 contratos reportados durante el 2020, 110,629 se entregaron por adjudicación directa, es decir el 80.3%.

Sin embargo, no es el único mecanismo que se ocupó por el gobierno; la invitación a cuando menos 3 personas, que también es un mecanismo discrecional dado que la invitación a participar dentro del proceso es realizada por la propia autoridad, se utilizó en 7,549 contratos, el 5.5% del total.

La licitación pública, que de acuerdo con la Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y contratación, sólo representó el 11.2% del total de contratos otorgados durante el 2020, con 15,379 contratos.

Previo al récord de 2020, el punto más alto de las adjudicaciones directas durante la última década había sido en 2019, durante el primer año de gobierno de López Obrador, cuando alcanzaron 78.1%.

La cifra de 2020 supera su propia marca y coloca al año que acaba de concluir como aquel en el que las adjudicaciones directas se usaron con mayor intensidad desde que tenemos registro. En el mismo sentido, las licitaciones públicas han tocado su punto más bajo, pues la única cifra cercana a los niveles de 2020 se vio en 2017, cuando llegó a 12.6% del total.

Según COMPRANET, en 2020 se otorgaron 449,022 millones de pesos (mdp) en contratos. La mayor parte de estos recursos fueron asignados por adjudicación directa. A través de este mecanismo se repartieron 189,488 mdp (42.2% del total).

A pesar de que las adjudicaciones directas siempre han sido usadas intensivamente por parte del gobierno, nunca habían entregado más recursos que las licitaciones públicas en su conjunto.

Tanto los gobiernos anteriores como éste justificaban las adjudicaciones directas diciendo que sólo eran usadas en contrataciones relativamente pequeñas y su importancia era menor, mientras que la licitación pública seguía siendo la herramienta con la que se asignaba la mayor parte de los recursos. La realidad muestra que no es así.

Las cifras sin precedente de 2020 se han querido justificar por la pandemia del coronavirus, señalando que obligó a la compra de grandes cantidades de equipo médico y medicinas de manera inmediata.

Lo expuesto por COMPRANET muestra que si se toman las compras públicas separando entre los diferentes bienes y servicios que el gobierno contrató y se comparan las cantidades que se les destinaron a través de adjudicaciones directas en 2019 y en 2020, se pude identificar que las asignaciones directas en los rubros referidos a “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” y a “Equipo e instrumental médico y de laboratorio” se elevaron de 33,597 mdp a 51,971 mdp (54.6%); así, en 2020 éstas compras explican únicamente el 27% del aumento en 2020.

El 73% del incremento en el dinero otorgado a través de adjudicaciones directas en 2020 no tiene que ver con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria por el coronavirus. La categoría que explica la mayor parte del aumento es la “Obra pública en bienes propios”  (que engloba las propiedades de las instituciones públicas), que, en conjunto con la categoría “Obra pública en bienes de dominio público” (en la que se consideran todas las obras realizadas en bienes que los habitantes pueden usar sin más restricciones que las establecidas en las leyes, como playas, caminos, puentes, etc.) suman $41,234 mdp, una cifra $38,475 mdp superior a la de 2019 (un incremento de 1,394%).

“El mensaje es elocuente: la principal explicación en el aumento de las adjudicaciones directas en 2020 son las obras de esta administración. Y si buscamos cuál es el contrato individual más importante dentro de estas categorías, encontraremos un nombre conocido: el Tren Maya”, señala la investigación de MCCI.

 

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Crecen con la 4T las adjudicaciones directas en las compras públicas

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este miércoles el estudio ‘Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente’, en el que analizó más de 350 mil compras realizadas por el gobierno federal durante 2018 y 2019.

El estudio señala que el monto destinado a compras públicas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de 323 mil 782 millones 39 mil 728 pesos, a través de 184 mil 702 contratos; dicha cifra representa 73 mil millones de pesos más que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).

En el último año del gobierno anterior, se destinaron 364 mil 037 millones 219 mil 485 pesos, a través de 169 mil 187 contratos.

IMCO recuerda que las licitaciones públicas, al ser concursos con convocatorias abiertas, permiten que exista mayor competencia en los procesos de compra, pues cuando hay más participantes y propuestas en las convocatorias, se puede encontrar mejor calidad a precios más bajos.

En ese sentido, revela que, durante el primer año de gobierno de López Obrador, el porcentaje del monto asignado por licitación pública disminuyó 12 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje del monto por adjudicaciones directas aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando de 34.9% en 2018 a 38.9% en 2019.

En 2019, ya con el gobierno de la Cuarta Transformación, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Advierte que las adjudicaciones directas representan un “foco rojo para la competencia”, ya que permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado; además, el IMCO señala que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos.

Esto iría en contra de lo que ha denunciado y señalado el movimiento (ahora gobierno) que López Obrador ha encabezo por años.

El estudio también refiere que tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70%. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, el porcentaje fue mayor al 80%.

Y aunque el gobierno de López Obrador está asignando la misma proporción de contratos por adjudicación directa que el gobierno de Peña Nieto, estos han representado mayor cantidad de recursos.

Otro dato que señala el estudio es que las empresas que más recursos recibieron durante el sexenio de Peña Nieto acumularon el 28% de los recursos totales de 2019, es decir 16 puntos porcentuales menos que en 2018 y 22 puntos porcentuales menos que en 2017. En tanto, las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019, ya con AMLO en el poder, acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior dicho porcentaje no rebasó el 22%.

Así, el IMCO cuestiona los cambios en la concentración de recursos de las empresas que se da durante los cambios de administración.

Si las empresas que reciben los contratos fuera producto de la calidad de sus propuestas, bienes y servicios, el monto por contratos recibidos se debería mantener constante a pesar de un gobierno; ello lleva a preguntarse si con el cambio de sexenio, hay cambios de “compadres”.

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Inhabilitan e imponen multa de más de 2 mdp a empresa de Bartlett Jr.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por 24 y 27 meses respectivamente, para no realizar operaciones con ninguna entidad gubernamental.

Adicional, la dependencia indicó que se le impusieron a la empresa dos multas, que suman más de dos millones de pesos, por haber lucrado indebidamente con la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Y es que el pasado 17 de abril, la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa un contrato para la compra de 20 ventiladores respiratorios, pese a que a la empresa no produce insumos médicos. Sin embargo, tras ser denunciada dicha adjudicación, se reveló que la contratación se sustentó en falsedades.

Entre las anomalías detectadas, se encontró que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Además, se concluyó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación.

La SFP señaló que las investigaciones realizadas demostraron que la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados, pues los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación.

Adicional, precisó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Confirmó que se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, 11 estaban rotos y totalmente inservibles.

“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, precisó la SFP a través de un comunicado.

Además de las sanciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., la dependencia informó que se investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición, por lo que se ordenó como medida cautelar la suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no se tolerará la corrupción ni se permitirá la impunidad o el influyentismo; recordó que en la actual administración “no hay intocables ni perseguidos”.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública indicó que desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso positivo de Covid-19, a recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias, y precisó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud, para asegurar que la emergencia no sea utilizada como “pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.

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Sedena estaría modificando diseño que Riobóo presentó para Santa Lucía

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó de manera directa el proyecto de diseño de la nueva terminal del aeropuerto de Santa Lucía a Francisco González Pulido, arquitecto radicado en Chicago con experiencia en aeropuertos en Asia, Europa y Estados Unidos.

González Pulido es un mexicano que entre otras obras ha trabajado en los aeropuertos de Bangkok, las expansiones de los de Chicago y Munich, y el estadio de beisbol de Los Diablos.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), González Pulido colabora con el proyecto de Santa Lucía al ser invitado directamente para diseñar la terminal; con esto, se estaría modificando el proyecto presentado por el empresario José María Riobóo.

González Pulido es un arquitecto mexicano que dirige el despacho FGP Atelier con sede en Chicago y que en su momento concursó por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y más tarde por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. La mayor parte de su obra arquitectónica está fuera del país, especialmente en Asia y Estados Unidos, una de ellas las Veer Towers en Las Vegas.

El arquitecto dijo a MCCI no poder dar detalles de su participación en el aeropuerto, pero confirmó que fue invitado por la Secretaría como asesor.

Sin embargo, la dependencia confirmó que González Pulido y las empresas ADPI y Nat Blue fueron invitados directamente por el gobierno federal, sin licitación, para participar en la obra, por su experiencia en aeropuertos. Y aunque no se conocen mayores detalles de las colaboraciones, se sabe que Nat Blue está haciendo los estudios de espacio aéreo e interconexión con el AICM y el aeropuerto de Toluca.

Recordemos que tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó a la Secretaría de la Defensa la obra del nuevo aeropuerto.  El proyecto original y el único que hasta ahora se conoce fue elaborado por el amigo y asesor de campaña del presidente, José Mariá Riobóo.  Así fue presentado durante la transición de gobierno y así aparece en la página web de López Obrador. Los planos que Sedena ha presentado para tramitar permisos ambientales son muy similares al proyecto de Riobóo.

Además de esos planos, el gobierno federal ha revelado pocos detalles. En el sitio de Presidencia se publicó un listado de cualidades que deberá reunir el nuevo aeropuerto: austero en el diseño, eficiente y funcional, sustentable y positivo, fácil de construir, urbano y contextual, flexible y modular, inclusivo y seguro, y emblemático, atributos que González Pulido destaca sobre su propia obra.

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AMLO tiene mucho que explicar sobre contratista favorito: Zepeda

El Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda, afirmó que el candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene mucho que explicar sobre la adjudicación directa de contratos por alrededor de 170 millones de pesos al empresario José María Rioboó.

“Hoy, López Obrador amanece con una gran tarea: tiene mucho que explicar, porque ahí están los contratos, asignados de manera directa a su constructor consentido, Rioboó”, dijo en conferencia de prensa.

El líder panista indicó que por más que ayer durante el debate AMLO se empeñó en negar los hechos, la verdad es que “ahí están los documentos públicos. Tanto que habla de corrupción y de contratistas favoritos, pues ahí está el suyo, una vergüenza”.

Zepeda afirmó que tras el buen resultado del debate, el Frente entrará de lleno a la recta final de la campaña, motivados y listos para dar el triunfo a su candidato.

Insistió en que de acuerdo a las encuestas que ellos tienen, Anaya está a siete puntos de López Obrador, por lo que dijo que esa diferencia es “perfectamente remontable. Lo vamos a alcanzar y le vamos a ganar. Estamos motivados y pondremos todo el resto en la recta final”, concluyó.

 

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La empresa de la app no estaba sancionada o inhabilitada: INE

Luego de que se revelara que la empresa que desarrolló la aplicación que ayuda a los aspirantes a candidatos independientes a recabar las firmas ciudadanas fuera sancionada en 2009 por fallas en los servicios que prestó al entonces IFE, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista de licitación para “transparentar” la adjudicación de dicho contrato.

 

El INE argumentó que en la revisión que realizó en su momento, “no se encontró que la empresa adjudicada estuviera en la lista de empresas sancionadas o inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, por lo que no está impedida de participar en estos procedimientos (licitación)”.

 

Aseguró que el proceso de licitación pública se llevó a cabo “atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad”, y el fallo se dio al sumar la oferta técnica con la oferta económica; sin embargo, al revelar la información se detectó que la empresa ganadora dio la mejor oferta económica, pero la peor calificada técnicamente.

 

  Licitantes Técnica Económica Total
1 Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. en participación conjunta con la empresa Cromasoft, S.A. de C.V. 45.20 40.00 85.20
2 DIGIPRO, S.A. de C.V. 45.30 7.57 52.87
3 Planmedia Mex S.A. de C.V. 46.00 6.66 52.66
4 Soultech, S. de R.L. de C.V 53.00 21.55 74.55
5 Informática El Corte Inglés, S.A. en participación conjunta con la empresa IECISA México, S.A. de C.V. 55.50 18.76 74.26

 

 

Informó que el contrato se firmó por un monto total de 4 millones 843 mil 779.52 pesos, considerando los precios unitarios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para cada uno de los conceptos que se señalan a continuación:

 

 

Consecutivo Concepto/Componente Precio Unitario ofertado antes de IVA en Pesos Mexicanos
1 Aplicación Móvil $1,824,292.82
2 Portal Web $ 623,403.25
3 Plataforma de Gestión de la Información $847,336.04
4 Software y/o herramientas de desarrollo complementarias (licencias) $0
5 Soporte Técnico y actualización a los componentes de la Solución Tecnológica (1 año) $ 371,512.59
6 Servicio de afinación de desempeño de los componentes de la Solución Tecnológica (1 año) $364,228.03
7 Transferencia de conocimientos $134,899.27

 

 

El Instituto Electoral indicó que aunque está al tanto que a la empresa se le aplicaron algunas penalizaciones por el propio Instituto en el 2009 por algunos incumplimientos, “esto no implicó que la empresa incumpliera el contrato y, por lo tanto, no se ve limitada para participar y ofertar en posteriores procedimientos y el INE no tiene restricciones para celebrar contratos con ella”.

 

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