El gobierno federal y 15 empresas de producción y distribución de alimentos presentaron esta mañana nuevas medidas del plan antiinflación que buscan reducir en 8% el precio promedio de los productos que integran la canasta básica, cuando se registra el aumento de precios más alto en los últimos 22 años.
“No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no va a aumentar el precio de la luz y no aumentan los precios de los alimentos básicos, esa es la esencia de todo, y vamos a seguir impulsando la producción de básicos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Como parte del plan antiinflación está el reducir el precio máximo promedio de los 24 productos de la canasta básica de 1,129 pesos a 1,039 pesos al menos hasta el 28 de febrero de 2023, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien intervino en la conferencia de esta mañana.
Entre las compañías firmantes destacan las cadenas de supermercados Walmart, Soriana y Chedraui, además de los dos mayores productores de harina de maíz para elaborar las tortillas, Grupo Gruma-Maseca y Grupo Minsa.
También están las atuneras Tuny y Grupo Pinsa-Dolores; las productoras de pollo y huevo Bachoco, San Juan y Calvario; las compañías cárnicas Sukarne, Grupo Gusi, y Opormex, y fabricantes de alimentos varios como Sigma Alimentos y Valle Verde.
“No hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir de convencer y de persuadir, y por la voluntad de ustedes de ayudar, entonces esto va a tener un efecto muy positivo”, destacó López Obrador.
El plan se anuncia tras revelarse que la tasa de inflación general subió en la primera quincena de septiembre hasta el 8.76% anual, el índice más alto para un periodo igual desde el año 2000, según detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De esta tasa, casi la mitad, 4.2 puntos porcentuales, corresponde a los alimentos, advirtió el secretario de Hacienda.
“A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta, por esa razón la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores”, añadió Ramírez de la O.
En el “Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía”, el gobierno federal otorgará una licencia única universal para importación y distribución de alimentos que eximirá a las empresas de todo trámite y permiso, y el impuesto general de importación, señaló el secretario de Hacienda.
Además, el gobierno federal también suspenderá la revisión de toda regulación que entorpezca la distribución de alimentos básicos.
Asimismo, se mantendrá la política de contención de combustibles, lo que implica el subsidio fiscal a las gasolinas, que ha significado un costo de 293,000 millones de pesos en lo que va del 2022, según datos que ofreció el presidente el pasado 1 de septiembre en su informe de gobierno.
El plan antiinflación también implica que se mantendrán sin variación las tarifas de uso de autopistas, es decir, el peaje carretero, añadió Ramírez de la O.
El gobierno federal reforzará políticas para la producción nacional de alimentos para lo que se suspenderá la exportación de maíz blanco, frijol, sardiana, y chatarra de aluminio y acero que se usa para envasar alimentos.
En tanto, los empresarios de harina de maíz, Maseca y Minsa, no aumentarán los precios e, incluso, buscaran reducirlos en un 3% frente al promedio actual.
Será la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quien se encargará de vigilar el cumplimiento del acuerdo, aunque el presidente López Obrador insistió en que todas las medidas son muestra de la voluntad de los empresarios para bajar la inflación.
“Tenemos ese desafío, ese reto, pero afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo acuden y de manera ejemplar se comprometen a ayudar”, resaltó.
