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La mitad de los mexicanos aseguró entender mejor el nuevo etiquetado frontal de los alimentos procesados y refrescos, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, según una encuesta divulgada este viernes por Reforma.

El nuevo etiquetado, con frases como «Exceso de grasas» o «Exceso de calorías» y una presentación muy clara, ha ayudado a mejorar la comprensión del 50% de la población sobre los alimentos, mientras un 19% consideró que la norma no le ha hecho entender de mejor manera la información nutricional.

El 50% de los entrevistados aseguraron que la nueva manera de presentar las características de los productos le ayuda más a tomar una decisión de compra, contra un 25% que no considera este etiquetado de mayor ayuda al momento de elegir entre un alimento u otro.

El 37% de los encuestados dijo revisar siempre o la mayoría de veces el etiquetado de los alimentos y bebidas antes de adquirirlos, aunque el 35% contestó que rara vez o nunca lo hace.

El 46% de los consultados indicaron que las nuevas alertas nutricionales ayudarán a reducir la obesidad infantil, así como la obesidad en adultos (45%). El etiquetado también contribuirá (42%) a mejorar los índices de México en hipertensión y diabetes; el 41% opinaron que ayudará también a atajar las enfermedades del corazón.

El 64% señaló que la mejor estrategia para hacer que México deje de encabezar los rankings en obesidad infantil, está en la enseñanza de mejores hábitos alimenticios.

La nueva Norma Oficial Mexicana 051, premiada por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca combatir con advertencias frontales en los envases y empaques, la epidemia de obesidad de México. Los gráficos alertan sobre el exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas.

El Nobel de la Paz premió este viernes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU por sus esfuerzos para luchar contra el hambre, prevenir su uso como arma de guerra y contribuir a mejorar las condiciones para la concordia en áreas en conflicto.

El PMA es la mayor organización humanitaria que se ocupa de la cuestión del hambre y de la seguridad alimenticia; el año pasado ayudó a cerca de 100 millones de personas en 88 países.

El Comité Nobel noruego resaltó que el año pasado 135 millones de personas sufrieron hambre severa, el número más alto «en muchos años», y que el PMA ha mostrado una «impresionante habilidad» para aumentar sus esfuerzos durante la pandemia de coronavirus, que ha empeorado la situación en países con conflictos armados como Yemen, Nigeria y Sudán del Sur.

«El mundo está en peligro de vivir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles si el PMA y otras organizaciones de ayuda alimentaria no reciben el apoyo financiero que han pedido», señaló el comité en su motivación del premio.

En una rueda de prensa posterior, la presidenta del comité, Berit Reiss-Andersen, resaltó que la pandemia y los retos planteados por esta «refuerzan» la necesidad del premio al PAM, que espera ayude a aumentar la atención sobre la necesidad de que todos los países con capacidad para hacerlo contribuyan a solucionar el problema del hambre.

Resaltaron que el «rol clave» jugado por el PMA en cooperación multilateral para convertir la seguridad alimenticia en instrumento de paz, su papel para movilizar a los estados a no usar el hambre como arma de guerra y conflicto y su contribución diaria a la fraternidad entre naciones se ajusta a los criterios marcados un siglo atrás por el magnate sueco Alfred Nobel, creador de los premios, resalta el fallo.

«En su condición de mayor agencia especializada de la ONU, el PMA es una versión moderna de los congresos de paz que el Nobel pretende promover», asegura el comité.

La elección del PMA no despertó controversia en Noruega y generó reacciones mayoritariamente positivas hacia un premio para el que sonaban en las quinielas previas la Organización Mundial de la Salud (OMS), la activista medioambiental sueca Greta Thunberg y organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

Es la séptima vez que el Nobel de la Paz premia a alguna agencia de la ONU, a la propia organización matriz o a alguno de sus secretarios: la última vez había sido en 2001, cuando las Naciones Unidas y su entonces líder, Kofi Annan, recibieron el galardón «por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico».

Con el galardón, el PMA recibirá los 10 millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares) con que está dotado el premio de la Paz, al igual que el resto de los Nobel.

El de la Paz es el único de los seis galardones que se otorga y se entrega fuera de Suecia, en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel, ya que en su época Noruega formaba parte del reino sueco.

La ronda de ganadores de los Nobel, que este año se anuncian y serán entregados en diciembre en formato reducido por la pandemia, se cerrará el próximo lunes con el de Economía.

El nuevo etiquetado frontal de alimentos, que entra en vigor mañana 1 de octubre en una primera fase, es una de las regulaciones «más avanzadas del mundo y un ejemplo para la región», señaló esta tarde la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«El etiquetado está basado en evidencia científica. La implementación de esta medida podría ayudar a la reducción del consumo de exceso de nutrientes dañinos», dijo en conferencia de prensa, el doctor Fabio Gomes, asesor regional en nutrición y actividad física para las Américas en la OPS.

Y es que mañana en vigor la primera fase del nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesados, una medida que se instrumento como parte de las acciones para prevenir el aumento de casos de sobrepeso y obesidad en el país.

De acuerdo con la nueva ley, los productos industrializados y bebidas azucaradas deberán rotularse con un etiquetado de advertencia o con las características nutricionales en las que el producto supera el valor establecido.

Estas deberán contener un símbolo octagonal de fondo negro y borde blanco que diga «Alto en», seguido de la característica que se tenga que destacar ya sea grasas, saturadas, sodio y azúcares, entre otras.

Mauro Brero, jefe de nutrición de UNICEF en México, dijo que si bien el etiquetado por sí mismo tiene el potencial de brindar beneficios directos, aún se requiere armonizar con otras medidas para garantizar un ambiente saludable para niñas y niños.

«Por ejemplo, la reglamentación del marketing de productos alimenticios que se dirigen a ellas y ellos», apuntó.

Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, comentó que el etiquetado ha sido combatido en México por las grandes corporaciones transnacionales de bebidas y alimentos ultraprocesados.

Reconoció la decisión de las Secretarías de Salud, Economía y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de esta administración «de dar el primer paso para la recuperación de la salud alimentaria en nuestro país».

Sobre los amparos interpuestos por varias empresas dijo que esperan que el Poder Judicial «esté a la altura» de los Poderes Legislativo y Ejecutivo que llevaron adelante esta regulación, y que antepusieron el derecho a la salud frente a las epidemias de obesidad y diabetes que se viven en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que se opone a prohibir la venta de comida chatarra en el país, esto luego de que en Oaxaca se limitara la comercialización de estos alimentos a menores de edad.

«No puedo tener injerencia en lo que digan los estados, pero mi opinión va en el sentido de que se oriente, no caigamos en prohibiciones», sostuvo el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Y es que en agosto pasado, el Congreso de Oaxaca y Tabasco, aprobaron la modificación de la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la comercialización de alimentos «chatarra» y bebidas azucaradas en escuelas a menores de edad.

López Obrador afirmó ser «partidario» de que, en lugar de prohibir, «se oriente y se de información», y puso como ejemplo las nuevas normas de etiquetado en el país que obligan a la industria alimentaria a alertar en sus productos sobre el exceso de azúcares, calorías, sodio y otras sustancias.

«He dicho muchas veces que no se deben prohibir las cosas, prohibido prohibir. Lo más importante es crear conciencia, orientar para que haya una buena alimentación y que no se consuman productos chatarra», expresó el presidente.

Asimismo, se opuso a subir los impuestos de la comida chatarra y las bebidas azucaradas porque ello significaría «estar sacando dinero a costa de la salud del pueblo».

López Obrador subrayó que este tipo de alimentación «no ayuda» a afrontar el problema de diabetes e hipertensión que hay en México, segundo país del mundo en índices de obesidad, aunque aseguró que la comida chatarra no es la que produce estas enfermedades si no los «problemas hereditarios».

Por ello, pidió un «equilibrio entre las empresas que producen estos productos industrializados y la salud del pueblo, poniendo siempre por delante la salud».

A diferencia de lo que expuso López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, celebró la medida y la calificó como «sumamente positiva» cuando fue aprobada por los Congresos locales.

Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) acusó este lunes al gobierno federal de «satanizar» el azúcar con el nuevo etiquetado de alimentos y arremetió también contra las restricciones a la comida chatarra.

«Pueden afectarse seriamente muchas familias del campo mexicano como resultado de las iniciativas que injustificadamente adjudican al azúcar de caña problemas de salud», manifestó.

Foto: Unicef

La industria de alimentos y bebidas está enfrentando este 2020, uno de los años más difíciles en nuestro país.

Organismos empresariales sostienen que la solución para combatir los problemas de salud como la obesidad y el sobrepeso no está en la aplicación de políticas prohibitivas, punitivas e insensibles. Por el contrario, han hecho un llamado a las autoridades a escuchar y revisar las inquietudes de los sectores afectados, pues más allá de ser una solución real el imponer impuestos adicionales, advirtieron que instaurar prohibiciones afectará la economía y bienestar de las familias.

No obstante, en México las estrategias han sido distintas; desde 2014 se recuda el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas y otros alimentos de la categoría, y este año, legisladores de Morena impulsaron en Oaxaca y en Tabasco la aprobación de una ley que prohíbe la venta, regalo o suministro de bebidas y alimentos con alta densidad calórica a menores de 18 años.

 

Ante estos hechos, representantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, A.C. (ANPEC) y Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Villahermosa y Cárdenas (CANACO), reunieron 20 mil firmas dirigidas al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con la intención de impulsar el diálogo y equilibrar, lo que ellos describen como un decreto prohibitivo.

“Los productores y comerciantes de Tabasco trabajamos en la formalidad todos los días para atender a nuestros clientes, vecinos y amigos, siendo el sostén de miles de personas. Nuestra situación económica es muy frágil y esta prohibición es un obstáculo adicional para poder salir adelante. Bajo un falso pretexto de salud, perderemos nuestras fuentes de empleo”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Sin embargo, ¿es ese el camino que se debe adoptar? ¿Es la única vía para tratar de reducir las cifras de sobrepeso y obesidad?

Algunos casos demuestran que hay otra alternativa. En Holanda, el ministro de Salud, Paul Blokhuis ha indicado que no son claros los resultados o efectos que un impuesto de esta naturaleza tendría en los temas de salud.

El ministerio de Salud de Países Bajos ha coincidido con dicho planteamiento, y recientemente anunció que por el momento el gobierno no contempla imponer un impuesto nuevo a bebidas o alimentos, pues la efectividad de las prohibiciones no ha sido probada.

Estos gobiernos se han opuesto a gravar dichos productos, y han optado por entablar un diálogo con la industria, para encontrar alternativas que ayuden a reducir el consumo de azúcares, y que no se afecte a las empresas productoras y al consumidor final.

Diversos estudios señalan que el consumo de azúcar no es la única causa de sobrepeso, por lo que se han incluido otras medidas en el programa de estilo de vida saludable de los gobiernos. Por ejemplo, la industria de las bebidas en Holanda acordó reducir la cantidad de calorías en los refrescos en un 30% para 2025, en comparación con 2012. Otra opción que se está considerando es la de hacer que los alimentos saludables sean más baratos que los que contienen altos niveles de azúcar y grasas.

Para México es un gran momento para lograr acuerdos entre empresarios y gobierno que vayan más en el sentido de la educación e información para promover una vida saludable y no adoptar el camino de la prohibición.

Ojalá fuera tan fácil deshacernos de los políticos chatarras como ellos intentan deshacerse de la comida chatarra. Piensan que si pasan una reforma… ¡pum! los niños no vuelven a consumir alimentos altos en azúcares y grasas y bajos en nutrientes.

El intento por regular la comida chatarra, nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es más importante que nunca porque la obesidad es la causa principal de que en México esté muriendo tanta gente por el virus de Covid-19.

El problema es que, dadas las cifras oficiales, la razón principal de tanta muerte en México apunta más a un sistema de salud disfuncional. Basta comparar cuánta gente muere al ser tratada en los hospitales públicos con la que muere en los hospitales privados para darse cuenta de ello.

Con datos de 118 mil 191 pacientes hospitalizados con pruebas positivas de SARS-CoV-2 al 2 de agosto, el 43 por ciento de los pacientes que llegó a un hospital del IMSS murió. En el caso del ISSTE, murió el 32.4% de los pacientes. Por el contrario, en hospitales privados han muerto el 15.7% de los pacientes.

La mortalidad de los hospitales privados es alta, pero es menos del doble de la que ocurre en los hospitales públicos. Realmente no importa qué tantas camas de hospitales tengamos sino cuánta gente que llega a tratarse al hospital y ocupa una cama muere.

Según un artículo de Nathaniel Parish Flannery publicado en el portal de Forbes, en México la cifra de muertos se compara con la de India, un país que tiene diez veces más población. La explicación es que 8 de cada 10 pacientes que mueren en un hospital, nunca fueron intubados. Así pues es relativamente fácil salir a aplaudir que las camas con ventiladores no se han saturado, pero ¿de qué sirve tenerlas vacías a costa de tanta muerte?

El diferencial de muertes en hospitales públicos versus privados no puede deberse a que es menos gorda la gente que acude a un hospital privado que la que va a uno público. El problema de obesidad en México es claro y evidente, pero pretender endosar la culpa de la cantidad de muertes en el país a ello es una simplificación que no se sostiene.

Y sin embargo, ese es precisamente el argumento oficial. Según los dos López que hoy son autoridad, esta terrible herencia del neoliberalismo, la alimentación basada en comida procesada, es la que tiene a México con la cifra cercana a 70 mil muertos por la pandemia.

Por ello, en menos de un mes entra en vigor el nuevo etiquetado de alimentos que busca disuadir el consumo de ciertos productos, más no informar sobre qué es mejor comer o no para nuestra salud. Este es un etiquetado que estaba buscando imponer el gobierno desde antes de que el mundo enfrentara la pandemia pero que el COVID le ha caído como anillo al dedo al discurso oficial de que ciertos productos chatarra nos están matando.

Un etiquetado que en nada ayudará a disuadir a quienes deciden comprar un refresco o unas papas porque quien lo hace, ya sabe que no está alimentándose sanamente pero, o no tiene otra opción igual de económica para no quedarse con sed y hambre, o simplemente decide ignorar la oportunidad de comer algo nutritivo.

La catástrofe que está siendo la estrategia del gobierno para lidiar con el coronavirus es igual de chatarra que la estrategia para combatir la obesidad. Pretender echarle la culpa a los alimentos sin reconocer que ni usar cubrebocas quiere el presidente López Obrador lo dice todo.

 

Columna completa en El Universal

Con 22 votos a favor y 8 votos en contra, el Pleno del Congreso de Tabasco aprobó este lunes prohibir la venta y distribución de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad.

Los legisladores apribaron reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, la Ley de Educación del Estado de Tabasco, y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, relacionadas con la distribución y venta de bebidas azucaradas preenvasadas y carbonatadas, golosinas y alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasa, azúcares y sodio.

El dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Salud establece que las modificaciones avaladas, prohíben en la entidad la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans, a menores de edad, así como su consumo en centros médicos y educativos.

En el caso de los menores de edad, no se permitirá que se les suministren ese tipo de productos, a menos que quienes lo hagan sean sus padres, madres o tutores legales.

Adicional, se prohíbe la instalación de máquinas expendedoras en los centros educativos de nivel básico, así como en los hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud.

Se definieron acciones para limitar la publicidad que incide en los gustos y decisiones de compra, al ordenar que los anuncios, carteles o cualquier tipo de publicidad referente a dichos productos se ubiquen fuera de un radio de 300 metros de los centros educativos de educación básica y centros médicos de atención hospitalaria y ambulatoria.

También se establece que se incrementará en un 25%, la tarifa de pago de derechos para la colocación de dicha publicidad en los lugares autorizados.

Fue el pasado 6 de agosto cuando el gobernador de la entidad, Adán Augusto López, anunció que enviarán una iniciativa para prohibir la venta de los alimentos chatarra.

El Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad.

Con 31 votos a favor, los diputados locales reformaron el artículo 20 de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, lo que convierte a Oaxaca en la primera entidad con esta normativa en México, el segundo país con mayor índice de sobrepeso y obesidad del mundo.

La legisladora Magaly López de Morena, justificó su iniciativa con la protección de la salud del estado, que en 2018 ocupó el primer lugar en obesidad infantil, al tiempo que reporta la desnutrición como novena causa de muerte.

«Hoy Oaxaca sienta un precedente y pedimos a los demás congresos del país que sumen por el bien de nuestras niñas, de nuestros niños», indicó la diputada local.

«Existe evidencia científica que demuestra una relación clara entre estas bebidas azucaradas y alimentos chatarra con como enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y con esta medida vamos a disminuir que estas enfermedades sigan creciendo», afirmó la diputada.

La Morenista explicó que sólo los adultos podrán adquirir estos alimentos, por lo que responsabilizó a los padres de familia de su salud.

La pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha agudizado la critica sobre la industria de alimentos procesados en México, donde cerca de dos de cada cinco de los casi 49,000 muertos por COVID-19 tenían hipertensión, más de un tercio diabetes, y casi una cuarta parte obesidad.

Además, especialistas de la Alianza por la Salud Alimentaria afirman que el consumo de bebidas azucaradas propicia más de 40,000 muertes al año.

Al respecto, el encargado de la gestión de la pandemia a nivel federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien llamó a los refrescos «veneno embotellado», celebró la modificación a la ley. «Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención».

La lesgisladora expuso que estará exenta la comida típica del estado, famosa a nivel internacional.

«No se prohibirá el chocolate oaxaqueño, ni las tlayudas, no cerrarán las tiendas de abarrotes, ni se perseguirá judicialmente al tendero de la esquina», expresó.

Pese al discurso y acciones que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para lograr un gobierno austero y acabar con los lujos que se tenían, todo parece indicar que para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no aplica la regla.

Una investigación del diario El Universal reveló que el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, destino 15 millones 78 mil 457 pesos a servicios de alimentación; pero no cualquiera, uno gourmet.

El dinero fue destinado para pagar un chef privado, saloneros, un nutriologo, entre otros servicios, a la empresa Pigudi Gastronómico S.A de C.V., quien será el encargado, hasta el 31 de diciembre próximo, de cocinar desayunos y comidas orgánicas y bajas en rasas, para al menos 120 trabajadores.

Y es de acuerdo a los documentos exhibidos por el diario, el contrato que se firmó con la empresa (que dicho sea de paso, fue una de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto) señala que los platillos que se sirvan deben realizarse exclusivamente con «productos orgánicos y/o campesinos agroecológicos sin tóxicos, de alta calidad y ser adquiridos por productores agrícolas de la región.

Además, se le advierte a la empresa que «por ningún motivo se permitirá que los alimentos procesados sobrantes se sirvan en otra comida o se utilicen como insumos para elaborar otros platillos o bebidas; también se le pide no repetir los menús.

Entre los ingredientes que el Conacyt pide para la elaboración de sus alimentos se encuentra: cárnicos de primera calidad; salmón; huachinango; robalo; pollo orgánico; arroz silvestre; entre otros. Permite, algunas «gustitos» como pozole, lomo de cerdo; pollo tipo Kentucky, tacos de barbacoa, cochinita pibil y romeritos.

La información sale a la luz en medio de diversas críticas que se le han hecho al Conacyt por recortar apoyos a la investigación: becas, centros de investigación, entre otros recortes presupuestales.

Hasta ahora, el Consejo se ha limitado a publicar en su red social un mensaje en referencia a lo expuesto por El Universal. Indicó que el comedor para trabajadores del Conacyt es un derecho laboral, más no un lujo como se pretendió hacer parecer.

«Es una conquista del contrato colectivo de trabajo que el Conacyt ha respetado y fortalecido mejorando la calidad de los alimentos», justificó.

El gobierno de Venezuela denunció que México busca bloquear el acceso de alimentos a los venezolanos para provocar un caos, al sancionar a personas y empresas que vendían al gobierno de Nicolás Maduro comida de supuesta baja calidad y con sobreprecio.

“Venezuela repudia toda acción que persiga provocar un caos en nuestro país, sobre la base de negarle a la población el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos“, señala un comunicado de la cancillería difundido la noche de este viernes.

El gobierno socialista considera que la investigación de la fiscalía mexicana forma parte de una “guerra económica y bloqueo financiero” para derrocar a Maduro.

“Justo cuando Venezuela viene avanzando en la recuperación de su economía, ninguna operación de propaganda o agresión diplomática detendrá los programas sociales solidarios que Venezuela ejecuta para beneficiar al pueblo”, añade el comunicado de la cancillería, que califica de “finiquitado” al gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Según una investigación de la fiscalía mexicana, desde 2016 las personas y empresas sancionadas “han obtenido recursos del gobierno venezolano, desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos”.

Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras que investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.

El Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), Alonso Israel Lira Salas, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que informó sobre el desmantelamiento de una red que lucraba con alimentos que eran enviados a Venezuela.

Explicó que el Gobierno de Venezuela emitió en 2016 un “Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, por el que se crearon los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAPS), programa que tenía como finalidad distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.

Fue en ese programa que se detectó que un grupo de empresas y personas física, mexicanas y extranjeras, que han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, adquiriendo alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la crisis alimentaria que aqueja a Venezuela.

Explicó que el modo de actuar de dichas empresas y personas físicas se dio mediante tres mecanismos de operación: la adquisición de productos de baja calidad; exportarlos a Venezuela con sobre precio, y; revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real.

A lo largo de la investigación se detectó a diversos operadores, como el señor Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes, con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acudieron a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas.

Al detectar la operación de los referidos, el agente del Ministerio Público de la Federación celebró un acuerdo reparatorio en los siguientes términos:

1.- Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “ACNUR”, de la cantidad de $3’000,000.00 de dólares, lo que equivale aproximadamente a 56 millones pesos; los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.

2. Los imputados se comprometen a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela.

El funcionario de la PGR informó que como parte de la investigación se localizaron 1300 contenedores marítimos en tierras mexicanas, que contenían aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela.

Sin embargo precisó que al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios.

 

El candidato presidencial de la coalición «Por México al Frente», Ricardo Anaya, se comprometió con el Consejo Nacional Agropecuario a incluir la Visión 20-30 en el Plan Nacional de Desarrollo, para darle un impulso sin precedente al campo nacional.

Durante un encuentro privado con integrantes de dicha organización, Anaya insistió en que la coalición que gobernará y que él encabezará dará un impulso histórico al campo mexicano, a través de nuevos programas y con presupuesto suficiente, con lo que se cumplirá con la recomendación de la ONU, para que se produzca el 75% de lo que se consume en el país.

“Hoy no estamos produciendo ni siquiera el 60 por ciento de lo que consumimos, cuando la ONU, a través de la FAO, recomienda que los países produzcan el 75 por ciento de lo que consumen. Yo me he comprometido a alcanzar esta meta con ellos y a hacer mía la Visión 20-30 que me han presentado, incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo y darle un impulso sin precedente al campo mexicano”, dijo el panista en entrevista.

Informó que algunas de las exigencias del sector es que haya mayor transparencia y se combata  la corrupción, que quede claro a quién se entregan los apoyos y cómo se entregan los recursos.

Sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Ricardo Anaya aclaró que nuestro país no debe precipitarse bajo ninguna circunstancia, que si hay un acuerdo que sea benéfico para México debe firmarse, pero “este gobierno ya está muy debilitado”.

“El gobierno norteamericano ya le tomó la medida al gobierno mexicano y lamento decir que veo muy difícil que este gobierno pueda lograr un buen acuerdo que realmente defienda el interés nacional”. Sobre el TLCAN dijo que se debe procurar un buen acuerdo para México, el cual aseguró, él puede lograrlo como Presidente de México.

 

El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, ofreció en Gómez Palacio, Durango, una reforma integral al campo y un gobierno al servicio de los productores.

En un encuentro con campesinos de la comarca lagunera, señaló que su plataforma electoral está basada en cinco ejes rectores, entre ellos, reglas de operación claras, apoyos que lleguen a tiempo, ventanillas únicas, presupuestos multianuales y acceso a seguridad social. 

José Antonio Meade afirmó que la autosuficiencia alimentaria que propone Andrés Manuel López Obrador generaría ineficiencia en el campo y señaló que los trabajadores agrícolas no necesitan un candidato que les dé instrucciones, sino uno que los escuche y que atienda sus demandas. 

El aspirante presidencial dijo que la elección del 1 de julio es una jornada histórica, ya que están en juego dos visiones de cómo se puede trabajar el campo mexicano.

Ante la militancia priísta Meade indicó que ganará la elección presidencial, pues «nos vamos a plantar en la cancha, y después de 90 minutos de juego, el 2 de julio, México tendrá la certeza de un presidente que le va a dar confianza y que va a alejar el riesgo de las familias».

 

Tras encabezar la ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educativo Militar, en la que expresó el reconocimiento de todo México al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, por sus acciones en favor de los habitantes afectados en los estados de Chiapas y Oaxaca por el sismo ocurrido el pasado jueves, el Presidente Enrique Peña Nieto regresó a la zona del desastre para seguir visitado a los damnificados.

 

 

 

El mandatario utilizó sus redes sociales para informar de su arribo al municipio de Santa María Xadani para “supervisar los avances en la atención a personas afectadas por el sismo”.

 

Acompañado por la Primera Dama, Angélica Rivera de Peña, además del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y su esposa Ivette, el mandatario recorrió algunas calles del poblado en las que constató que algunas casas ya ha sido censadas por parte de los funcionarios que se han dispuesto para verificar los daños.

 

«El jueves pasado esta zona quedo bien sacudida, además de que ha habito réplicas (…) es parte de este proceso es normal, de un sismo que ha sido el mayor en 100 años», indicó el mandatario.

«Estamos trabajando en equipo, hemos desplegado a varios funcionarios públicos para cuantificar lo daños que dejó el sismo (…) en tanto llega el tema de la reconstrucción (…) lo que hoy estamos garantizando es que la población tenga la asistencia alimentaria, despensas y apoyos para la alimentación diaria», sostuvo el Presidente.

 

 

 

 

 

Foto: Twitter

Esta tarde la Asambleísta Constituyente, Delcy Rodríguez, y figura ligada directamente con el presidente Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran transito, gracias al bloqueo económico que Estados Unidos impuso hacia su país.

 

«Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país», aseguró la ex canciller.

 

Rodríguez ofreció un mensaje durante una de las audiencia de la comisión de la verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en donde afirmó que tras el decreto firmado por el Presidente Trump la semana pasada «se acaba de formalizar el bloqueo financiero contra Venezuela», lo que aseguró llevará al país a «una cesación de pagos internacionales para agudizar la agresión económica contra el pueblo venezolano».

 

La funcionaria indicó que las sanciones financieras no afectan al gobierno sino al pueblo venezolano, por lo que aseguró ya preparan una respuesta financiera «recíproca» en contra del gobierno estadounidense.

 

Con información de La Nación / Foto: Twitter