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La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en nuestro país generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México.

Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.

«Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra», declaró Fernández-Maldonado en entrevista con la agencia The Associated Press (AP).

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los Derechos Humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses.

Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de conferirle a las Fuerzas Armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

Recordemos que el gobierno federal ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la administración de aduanas y de puertos; las operaciones y ganancias generadas a través de Tren Maya, entre otros proyectos.

«Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional», agregó Fernández-Maldonado.

El exrepresentante adjunto de ONU-DH en Colombia reconoció que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de Derechos Humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron transferidos a la agencia policial.

Fernández-Maldonado aprovechó para comentar sobre el tema migratorio que afecta a la región, Dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan el desplazamiento.

Al respecto, Amnistía Internacional alertó sobre el hecho de que pese a rechazar la militarización del país, el gobierno de López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón

En el apartado de las fuerzas de seguridad, la organización expresó su preocupación ya que se siguen realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

El informe destaca que AMLO emitió en mayo del año pasado un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley de Amnistía, en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no reincidente; la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo, y el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El dictamen precisa que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política, o cometido otros delitos graves del orden federal.

La ley señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley.

La persona interesada o su representante legal podrán solicitar a dicha comisión la aplicación de la ley. Esta comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Adicional, señala que la solicitud de amnist%A

El coordinador de los Diputados de Morena, Mario Delgado, informó que recibieron hoy, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una iniciativa que tiene como finalidad expedir la Ley de Amnistía, la cual otorgará la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos, para que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

El legislador recordó que el 16 de septiembre de 1810, antes del icónico grito de independencia, Miguel Hidalgo liberó de la cárcel de la congregación de Dolores a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo, cuya pobreza o ignorancia era la causa común de su presidio. Y que hoy, los gobiernos de algunos estados tienen la tradición de indultar en estas fechas a presos cuya culpabilidad es dudosa, o es baja la cuantía del daño que produjeron, también a los que observan buen comportamiento, o bien, a quienes tuvieron un juicio injusto.

Aclaró que el indulto y la amnistía son distintos pero comparten el objetivo de conceder la libertad y ofrecer la oportunidad de la reinserción social. La amnistía, además, está respaldada por la voluntad popular representada en el Congreso.

Comentó que por ello, en el marco del 209 aniversario del Grito de Independencia, el Presidente de la República presenta la Ley de Amnistía, como expresión concreta del compromiso de aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, como la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, la marginación y el flagelo de la corrupción.

Mario Delgado explicó que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia desatado bajo el pasado régimen e gobierno. O bien, a sentenciados por robo simple sin violencia.

También beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.

Agregó que existen varios elementos o signos distintivos comunes en muchas de las personas presas, tales como la baja escolaridad o incluso analfabetismo, y en muchos casos su pertenencia a una comunidad o pueblo indígena. También, que diversos análisis arrojan una relación entre pobreza e injusticia, entre marginación y denegación de justicia.

La liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional. La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos.

Además, adujo que el Ejecutivo Federal integrará una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, misma que podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameritan.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la estrategia de seguridad que sigue su gobierno y si, tal como lo anunció en su campaña, sigue considerando echar a andar el plan de amnistía.

López Obrador dijo que tanto la amnistía como la legalización de las drogas son temas que se están analizando como parte del Plan que el gobierno tiene. Indicó que su equipo actúa a partir de un “plan, no son ocurrencias”.

Explicó que su Plan se compone por al menos diez puntos, lo primero, mejorar la situación económica y social del pueblo de México, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

Lo segundo, garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes estaban desprotegidos e incluso en manos de la delincuencia. En este sentido destacó la creación de la Guardia Nacional.

El tercer punto es dar seguimiento a los problemas de manera directa por parte del presidente. Otro punto es atender a los jóvenes, dándoles oportunidades de estudio y trabajo, para que no caigan en las drogas.

“Si posteriormente vemos que hace falta lo de la amnistía, lo tratamos (…) está en espera, como también el análisis, la discusión sobre la legalización de ciertas drogas, otros temas no descartados”, expresó AMLO.

Otro de los puntos que conforman su Plan, es revisar un acuerdo para el control de armas en coordinación con Estados Unidos, entre otros.

El vocero de Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, afirmó que en el marco de los 100 días de gobierno, fracaso la ‘estrategia’ contra la violencia que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual incluyó declarar el fin de la guerra contra el narcotráfico y el llamado a las madres para que pidieran a sus hijos no delinquir.

El panista lamentó que el gobierno está cumpliendo su promesa de ‘tirar a la basura’ la estrategia de los operativos para detener capos, decisión que constituye una amnistía de hecho, aunque no sea formal.

Herrera Ávila recordó que el pasado 29 de enero, López Obrador informó en su acostumbrada conferencia matutina que “no se han detenido a capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es la intención armar operativos contra capos”.

Sobre el llamado que hizo AMLO el 7 de diciembre, a las ‘madrecitas’ a que ayudaran a que sus hijos no delincan, el vocero del PAN dijo que también fracasó.

«La violencia, los homicidios dolosos, la extorsión siguen al alza porque el gobierno es incapaz de cubrir con el primer requisito que le da legitimidad, garantizar la seguridad de sus gobernados», finalizó el panista.

 

En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

Columna completa en El Universal

Luego de haber lanzado una nueva propuesta al Congreso para levantar el cierre parcial de gobierno, en la que planteó un alivio de tres años para los cerca de 700 mil beneficiarios de DACA a cambio de los recursos para construir el muro fronterizo, los demócratas rechazaron el ofrecimiento del presidente Donald Trump.

Nancy Pelosí, presidenta de la Cámara de Representantes, informó que no se aceptaría la propuesta del mandatario, incluso antes del mensaje que ofreció Trump la tarde ayer, esto dado que la prensa filtró el contenido de dicha iniciativa.

Pelosi aseguró que la propuesta era una “compilación de iniciativas previamente rechazadas”, las cuales insistió en que eran “inaceptables”. En específico lamentó que la propuesta para los dreamers no fuera una medida permanente.

Dado los señalamientos que se le han hecho, el presidente aclaró que la propuesta que planteó era un alivio de tres años para los dreamers y no una amnistía.

«No, la amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de 3 años de DACA. La amnistía se usará solo en un trato mucho más grande, ya sea en inmigración o algo más. Del mismo modo, no habrá un gran esfuerzo para eliminar a las más de 11,000,000 personas que están aquí ilegalmente», dijo Trump a través de sus redes sociales.

Trump acusó a Pelosi de comportarse de manera irracional al rechazar la propuesta, y lamentó que en el partido demócrata solo esté concentrado en el 2020.

 

La senadora de Morena Nestora Salgado dio a conocer que entregará a la Secretaría de Gobernación “176 expedientes de presos políticos” para que defina si pueden beneficiarse de una amnistía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a la senadora revisar la situación de esas personas que podrían ser acreedoras a una amnistía.

Entrevistada luego de una reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara alta, la legisladora informó que tiene en su agenda una cita con Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, para presentarle los expedientes.

Explicó que será ella quien tendrá que decidir a quién se le otorga la amnistía. “Los trabajamos, estuvimos separando los casos, los presos políticos, vamos a hacérselos llegar a ellos y ellos deciden. Tenemos un estimado de 176 expedientes», dijo.

“Nosotros hicimos clasificaciones; hay muchos perseguidos políticos o encarcelados políticos y ahora eso va a quedar a consideración de la señora Olga (Sánchez Cordero)”, subrayó.

El próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, encabezó en Tamaulipas el Diálogo Ciudadano por la Paz y el Bienestar que forma parte de los foros escucha para delinear la política de seguridad en la siguiente administración.

En el evento, el morenista señaló que no habrá perdón y buscarán justicia para las víctimas, por tratarse de uno de los estados que más han sufrido por la violencia relacionada con el crimen organizado.

“Nada de perdonar, todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias, particularmente si se trata de gobernantes que hayan incumplido su responsabilidad o que hayan hecho mal uso del recurso público”, afirmó.

“Homicidios, robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, tráfico de personas, tráfico a migrantes, trata de blancas… todos estos rubros llevan a ubicar a Tamaulipas como uno de los estados con más altos índices de violencia en el país”, agregó.

Esta situación, destacó, los obliga a buscar la coordinación entre los tres Poderes y niveles de gobierno para encontrar una solución al problema.

Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Secretaría de Gobernación, afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre se dará a conocer el listado de las personas que podrían recibir la amnistía que se plantea para presos políticos.

En entrevista con Grupo Fórmula, Sánchez Cordero señaló que se recibirán todos los casos antes de que tome posesión López Obrador, ya que quieren tener un listado sólido.

Sánchez Cordero explicó que su equipo de colaboradores ya trabaja en dicho listado, al que se podrían agregar a personas presas por actos vandálicos y daños en propiedad ajena.

Detalló que el análisis de estas sentencias es complicado, por ello habría que estudiarlas y determinar «el universo de la gama de delitos por los que están acusadas estas personas», señaló.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores indicó que los resultados del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de política interior han sido catastróficos, lo que se refleja en la crisis de violencia, corrupción, inseguridad e incertidumbre económica que se vive en nuestro país.

Al exponer la postura del partido con motivo del análisis de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, el senador Marco Antonio Gama Basarte recordó que el Ejecutivo federal aceptó que no se alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país.

“La respuesta es contundente: No, señor presidente, no sólo no cumplió. No sólo le faltaron rincones del país. La estrategia de seguridad falló en entidades completas del norte, del centro y del sur de México”, sostuvo. Gama Basarte afirmó que la violencia no sólo se ha manifestado en el incremento del número de homicidios, sino que le ha robado la tranquilidad a las familias mexicanas en muchos ámbitos.

El legislador advirtió que el país de la impunidad en qué se convirtió México estos últimos seis años, incluye el uso de las instituciones para amedrentar a los periodistas, activistas y líderes políticos de oposición que osaban criticar al gobierno, así como el uso del espionaje ilegal con el famoso programa Pegasus.

“Ni la violencia en la que nos tiene el actual Gobierno Federal, ni las amnistías del próximo, son la solución al grave problema de inseguridad que vive México en estos momentos. En este, como en muchos otros rubros, el gobierno del PRI le falló a las y los mexicanos. Lo único bueno que queda decir es que ya se van”, finalizó.

 

Amnistía Internacional hizo llegar un memorándum al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que le solicitó colocar de forma inmediata la agenda de los Derechos Humanos como eje central de las políticas públicas de su próximo gobierno.

La organización internacional señaló que el memorándum tiene como objetivo presentar las principales observaciones, preocupaciones y recomendaciones para hacer frente a la seria crisis en materia de Derechos Humanos en la que se encuentra el país.

Indicó que ante los constantes y complejos desafíos en la materia, la nueva administración podría impulsar cambios sustanciales si atiende a las recomendaciones hechas, las cuales pretenden lleguen a incidir en las decisiones gubernamentales.

Entre las recomendaciones que realizó aparecen las relacionadas a la política de control de drogas ilícitas, sobre lo que pidieron reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los Derechos Humanos de las personas, incluido el derecho a la salud.

En relación a las fuerzas armadas, señalaron que era necesario presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior, así como poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones de seguridad pública a través de su retiro ordenado, y del fortalecimiento, la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles

Sobre el papel de la policía, recomendaron someter al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una Ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

En su documento, Amnistía Internacional realiza recomendaciones relacionadas al fortalecimiento de la procuración de justicia, violencia de género contra las mujeres y las niñas, personas defensoras de los Derechos Humanos, migración y refugio, derechos de los pueblos indígenas y política exterior en materia de Derechos Humanos.

 

Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz, «¿Olvido, verdad o justicia» en el Colegio de México, la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que llegó el momento de que haya justicia en Derechos Humanos y que se hable con la verdad.

Indicó que el virtual futuro Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dio «carta abierta» para pacificar al país, y la instrucción fue que hiciera «Lo que sea necesario» para lograr dicho fin.

La ex ministra de la SCJN señaló que el país es golpeado pro una gran ola de violencia, en donde los jóvenes desaparecen o ser periodistas y defensores de Derechos Humanos implica un riesgo de muerto, ante lo que el Estado ha sido incapaz de hacerle frente a la situación.

Abordó el tema de la amnistía propuesta por AMLO, pues dijo que para enfrentar la problemática, es necesario idear un proyecto que además incluya Comisiones de la Verdad y un plan de reparación.

Detalló que las Comisiones de la Verdad podrían ser en una en cada estado, o bien una gran Comisión de la Verdad nacional. «Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible».

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter @marcelaturati

El Papa Francisco accedió a participar en las consultas que realizará el equipo del candidato ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador, para delinear la estrategia que se aplicará en su administración en el combate a la violencia y la inseguridad, entre ellos la Ley de Amnistía.

Así lo confirmó Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación del próximo gobierno, quien detalló que la participación del Papa, “va a ser virtual, porque obviamente no va a venir; ya está enterado; sí aceptó; tenemos que esperarlo, en su agenda, pero ya aceptó”. Ademas, enviará a dos expertos en la materia.

Asimismo, agregó que los representantes del Papa que vengan a los foros realizados en México se harán cargo de sus propios gastos de traslado.

De igual modo, confirmó que los foros iniciarán el próximo 7 de agosto y concluirán en noviembre próximo, “de ahí van a salir los insumos para hacer toda la estrategia de pacificación del país, va a derivar en distintas leyes y políticas públicas”, dijo Ortiz.

Los ejes temáticos más importantes de esos foros serán conseguir la reconciliación y la paz del país y entre los temas que se tocarán estarán la ley de Amnistía y la legalización de las drogas.

Olga Sánchez Cordero, quien será la secretaria de Gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que el próximo gobierno buscará la pacificación del país considerando una ley de amnistía, una posible ley de disminución de penas y hasta el indulto.

«Para nosotros el eje fundamental en este proceso de transición son los derechos humanos y queremos lograr la pacificación del país a través de todos los mecanismos de que podamos echar mano», dijo Sánchez Cordero en conferencia de prensa.

Alfonso Durazo, quien podría estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de México, dijo que se trata de la búsqueda de una “receta mexicana para construir la paz” y explicó que el objetivo es construir una cultura de paz, que permita librar a las futuras generaciones del odio y la violencia. No obstante, señaló que no será algo que se solucione de inmediato.

«El problema de seguridad que hoy tenemos no se construyó en un día, y no se va a resolver en un día. No se va a resolver de inmediato», dijo Durazo.

Según detalló el equipo de López Obrador, la ley de amnistía se someterá a la aprobación del Congreso ya que no se trata de una facultad del presidente. No obstante, dijeron que el nuevo mandatario será quien la presente y su contenido estará sujeto a los acuerdos internacionales de los que México forma parte.

Loretta Ortiz, integrante del consejo asesor de seguridad, dijo a su vez que lo que está de por medio es garantizar el derecho a la paz y la seguridad y aseguró que los primeros en ser convocados serán las víctimas.

Explicó que habrá foros de escucha que harán recorridos casa por casa en las entidades más violentas del país. Esta acción, que arranca de inmediato, es una primera fase para la creación de políticas públicas en donde se analizará la posible ley de amnistía.

El equipo de López Obrador dijo que se considerará la opinión de las diferentes oficinas de la ONU y otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Artículo 19 y Open Society.

Este fin de semana se concretó la reunión de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, con el candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien habló sobre la importancia de las organizaciones sociales.

Morera indicó a través de sus redes sociales que al igual que con los otros candidatos presidenciales, con AMLO conversó sobre la necesidad de construir instituciones legítimas y eficaces para pacificar al país.

Aclaró que pese al encuentro, la organización ciudadana que dirige no apoya a ningún candidato, por lo que reafirmó que trabajarán con quien llegue a la presidencia, así como con la oposición.

Mencionó algunos puntos de desencuentro que tuvo  con el tabasqueño; indicó que pese a que su organización cree que se debe eliminar la Ley de Seguridad Interior, López Obrador no comparte la idea. Además mencionó que una de las principales desconfianzas del candidato recae en el tema de los recursos que obtienen las organizaciones.

Al ser cuestionada sobre si comparte la propuesta de AMLO sobre la amnistía, Morera indicó que se dependerá de cómo se aterrice: «para quien, en qué periodo, bajo qué esquema de justicia, entre otras cuestiones».