Tag

amparo

Browsing

Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

«Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre», establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además «la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso».

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo a favor de Rosario Robles, exsecretaria federal, en contra de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en el 2021 la inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público.

Así lo confirmó la propia Rosario Robles Berlanga mediante un mensaje en sus redes sociales, donde informó que se le otorgó el amparo y en consecuencia la protección de la justicia federal contra la sanción señalada.

Robles Berlanga dijo que el Tribunal en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública, violaron sus derechos, por lo que ordenó que se declarara la nulidad de la sentencia que la inhabilitaba.

Recordó que la medida se le impuso por presuntamente no haber informado en su declaración patrimonial una cuenta de 2 mil pesos que jamás tuvo movimientos y que incluso fue cancelada por el propio banco.

La extitular de Sedatu y Sedesol detalló que el Tribunal Colegiado ordenó una nueva discusión del asunto con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Rosario Robles reiteró en su mensaje que “toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia, un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que las obras del Tren Maya no se detendrá pese a la suspensión definitiva que otorgó un juez para detener la construcción del tramo 5 del proyecto, uno de los más emblemáticos de su gestión.

“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del pueblo, de la nación”, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la decisión de un juez federal que ayer otorgó un amparo a ambientalistas con el que se detendrá la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 de la obra, que está a cargo del Ejército de forma exclusiva.

La autoridad judicial consideró que el proyecto no cumple con los criterios para desarrollarse y puede tener «daños irreversibles» para el ecosistema, además de que no se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que aunque ya se encuentra en proceso, el juez dijo que debía estar lista antes de iniciar con las obras.

El mandatario señaló que ante el amparo van a acudir a otras instancias “o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”, sostuvo.

López Obrador afirmó que van a continuar con todo el procedimiento legal “sin ningún problema». Y «estamos seguros de que la obra va a continuar”, agregó.

Aseguró que, como no es muy largo el tramo que está detenido por ahora, se va a reiniciar y se va a recuperar el tiempo para entregar la obra como se ha prometido, en diciembre de 2023.

AMLO señaló que el amparo es un asunto “politiquero” de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, especialmente “pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo de turismo, y también por gobiernos extranjeros”.

Reafirmó sus señalamientos de que hay ambientalistas que están financiados por el gobierno de Estados Unidos y empresas estadounidenses, al aseverar que el tramo que está en disputa es donde hay más dinero. Recordemos que el tramo 5 del Tren Maya contempla 60 km entre Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, el tramo 5 no es el único sobre el que se han presentado amparos. Otro tramo de la obra, el que va de Cancún a Tulum, también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo.

Fonatur, quien está a cargo de dicho proyecto, indicó en un comunicado que la suspensión judicial será únicamente definitiva hasta que se resuelva de fondo la MIA del proyecto, actualmente en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En su comunicado, Fonatur reconoce los daños que la obra ocasionará, pero justifica con los «beneficios» que traerá a la región.

«Para Fonatur, la MIA sobre el Tramo 5 Sur es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales», se lee en el documento.

El juez Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla, José Luis Evaristo Villegas, admitió a trámite un amparo en contra la intención del gobierno federal de contratar a unos 500 especialistas médicos cubanos.

De acuerdo con una copia de la orden, el gobierno no ha demostrado que los médicos tengan la capacidad ni la capacitación necesaria para practicar su profesión en México.

Además, los demandantes argumentaron que la mayoría de la paga que reciban los médicos podría ir a dar al gobierno cubano, en lugar de que sea para ellos.

No se dio a conocer la identidad de las personas que solicitaron la suspensión, pero varios grupos de médicos y profesionales se han expresado en contra del plan que López Obrador anunció el pasado 9 de mayo.

El acuerdo con el gobierno cubano fue negociado «sin que se haya cerciorado de su calidad de médicos, se hayan homologado sus estudios, conforme a la normatividad de la materia, sin que tengan conocimiento de la incidencia de enfermedades entre la población mexicana ni conocimiento de las enfermedades endémicas de nuestro país y sus diversas regiones», según la la demanda.

«Su contratación es irregular, al favorecer las condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas», añade.

Cuba ha enviado doctores a diversos países. Pero en muchos de los lugares en los que trabajan, los médicos cubanos reciben únicamente una pequeña parte de los salarios que les paga el país sede, y la mayor parte de estos va a manos del gobierno cubano.

Y su bien el juez negó la suspensión provisional solicitada, se espera una nueva audiencia la próxima semana, donde se valorará el caso y se emitirá un falló sobre si concede una suspensión o se desecha el recurso.

López Obrador quiere que los cubanos trabajen en comunidades rurales a las que los médicos del país se rehúsan a ir, y que cuentan con pocos servicios médicos.

Según lo expuesto por el gobierno federal, México padece un déficit de especialistas médicos. El país tiene unos 107 especialistas por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del nivel recomendado a nivel internacional de 230.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó esta tarde a las acusadas de matar al hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un polémico caso por el presunto abuso de la Fiscalía para perseguir a las mujeres.

El pleno aprobó con unanimidad de 11 votos los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez para eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de «homicidio doloso de concubino», y liberar de forma inmediata a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por «comisión por omisión accesoria» por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“La orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella, como concubina de un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de salud, sino prácticamente la prolongación de su vida», argumentó Gutiérrez sobre el caso de Laura Morán.

La nueva propuesta se discutió después de que la Suprema Corte pospusiera el pasado 14 de marzo un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del fiscal general, quien protagonizó un escándalo por un audio filtrado antes de esa votación en el que presumía del apoyo de «tres o cuatro ministros» de la SCJN.

Tras esta polémica, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, indicó que en «estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena», ya que los 11 ministros del pleno escucharon a todas las partes involucradas.

“Estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la Corte”, sostuvo Zaldívar, quien se ha mostrado cercano al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los ministros de la SCJN coincidieron en la falta de pruebas para culpar a Laura Morán, cuñada del fiscal y con más de 90 años de edad, a quien Gertz Manero acusaba de «comisión por omisión» por la muerte de su hermano, quien falleció de un infarto agudo al miocardio tras una larga enfermedad.

«No se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la quejosa para determinar si en verdad incurrió en una omisión en el deber de cuidado de su concubino. Creo que, a pesar de su edad y falta de conocimiento médico especializado, de manera razonable la quejosa acudió a servicios médicos», expuso la ministra Margarita Ríos-Farjat.

Mientras que en el caso de Cuevas, que se encontraba en prisión preventiva desde 2020, el proyecto del ministro Gutiérrez consideró que «se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria».

Minutos antes de las 16:00 hrs, Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla. Tan pronto abandonó prisión, ofreció unas palabras ante los representantes de los medios de comunicación, en donde dijo que de no ser por el apoyo que recibió y la atención que recibió por parte de los medios, el fiscal general de la República LA hubiera sepultado para siempre en la cárcel «con un delito que él fabricó».

Antes de este fallo, Alejandra Cuevas y su hija Ana Paula Castillo consiguieron otro amparo que las protege de alguna nueva orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Pidió este lunes al gobierno federal garantizar los tratamientos médicos en el sistema de salud en medio de la escasez de medicinas que ha despertado protestas.

«La asistencia médica y el tratamiento a pacientes del sistema nacional de salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante», indicó la Suprema Corte.

La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo de un paciente contra la omisión de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no entregar «oportunamente» el medicamento que requería.

Así, la Suprema Corte determinó que las autoridades del «Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento».

Y es que el problema de abasto de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el problema se ha agudizado desde 2019 derivado de los recortes presupuestarios y los cambios que la 4T ha implementado en la forma de comprar los fármacos.

Pese a las manifestaciones, tanto físicas como la ocurrida este fin de semana en la Ciudad de México convocada por los familiares de niños con cáncer, así como las expuestas en redes sociales, el gobierno afirmó el pasado martes que había resuelto el problema tras invertir casi 77,000 millones de pesos en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Incluso el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizó las protestas, mientras que el subsecretario Hugo López-Gatell sugirió que detrás de ellas hay «tendencias golpistas».

La Suprema Corte estableció que el Estado «tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud».

Indicó que las autoridades deben garantizar el derecho a la salud con cuatro ejes: procurar el tratamiento del paciente, garantizar que sea el adecuado, asegurarse de brindar el tratamiento de forma «oportuna, permanente y constante», y proveerlo con los «más altos estándares».

«En aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad», consideró.

La resolución de la Corte se publica después de que la semana pasada un tribunal ordenara denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de Salud, Alcocer, y al ahora exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por desacato de un amparo para garantizar medicamentos contra el cáncer.

La empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que prohíbe la subcontratación laboral u «outsourcing», informó este viernes el Poder Judicial.

«Se concede la suspensión provisional», estableció al fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.

Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes que promulgó el gobierno el pasado 24 de abril para limitar el «outsourcing», que considera herencia del «periodo neoliberal».

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.

Aunque de esa modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente López Obrador la tachó de «abusiva», estimando que más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

El amparo de Mary Kay, que realiza ventas por catálogo, sorprendió porque las principales cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno de la 4T, así como con los sindicatos en una reunión el pasado 5 de abril.

La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva.

Desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de «outsourcing». Ahora, con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.

La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.

Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció el apoyo de su país a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares para que el gobierno implemente la reforma laboral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar al juez que concedió una suspensión en contra de la Ley a la Industria Eléctrica, que fue aprobada y promulgada la semana pasada.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

A través de una carta dirigida a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la reforma eléctrica, a un día de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

«De manera respetuosa le solicito que el consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso», dice la carta según leyó López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas «con el antiguo régimen» y que tenían como «modus operandi» la corrupción y el influyentismo.

Agregó que esos intereses cuentan con el apoyo de la prensa «pro-empresarial nacional y extranjera» a quienes acusó de haber conformado un llamado buró jurídico para oponerse a obras y acciones políticas que el gobierno ha emprendido para llevar a cabo la transformación del país.

«Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio», agregó el mandatario leyendo la misiva.

Señaló que sería «lamentable» que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigan permitiendo el abuso y prepotencia en nombre del estado de derecho.

López Obrador afirmó que respeta el derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero recalcó que ejercerá sus facultades como presidente y libertades como ciudadano y «no callaré ante el pillaje y la injusticia».

Previó a la lectura de la carta, López Obrador cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo pues dijo hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos; denuncia que en el caso de la reforma eléctrica «fue vía rápida».

Recordemos que fue el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió de manera provisional los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al conceder amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió «todos los efectos» de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Tras el amparo, López Obrador acusó a los jueces de la SCJN de estar al servicio de las empresas extranjeras y privadas.

El sábado pasado Zaldívar respondió a las acusaciones del presidente mexicano y aseguró que «los jueces federales actúan con independencia y autonomía» y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), «garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad».

Aseveró que los fallos de la SCJN «pueden ser recurridos», sin embargo, aclaró que deben ser respetados «bajo la óptica de la independencia judicial».

Rosario Robles, ex funcionaria federal, y quien se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado, obtuvo una suspensión definitiva contra su prisión preventiva.

«La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional», informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.

Señaló que aún no significa que pueda seguir su proceso en libertad, ya que será una jueza la que determine su situación.

Al otorgar la suspensión, María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, asumió la capacidad de decidir si modifica la medida cautelar actual, una vez que se resuelva de fondo el amparo.

Destacó que la audiencia en la que la jueza decidirá al respecto se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, aunque reconoció que podría tomar hasta un mes más.

Recordemos que a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico acerca de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos.

Aunque los delitos que se le imputan no prevén la prisión preventiva oficiosa, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada al alegar riesgo de fuga.

Adicional, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal negó conceder a la ex funcionaria, la suspensión definitiva a la impugnación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.

Un juez federal suspendió indefinidamente y de manera parcial el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024 del gobierno federal, en respuesta a un amparo solicitado por el grupo ambientalista Greenpeace.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de México, tomó la medida cautelar, que prevalecerá hasta que resuelva de fondo el amparo.

Argumentó que algunos de los objetivos prioritarios del Prosener, se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético.

El juez sostuvo que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación, deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa.

Aclaró que esto no implica que quede insubsistente el programa. Únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, hasta resolver si se otorga o no el amparo solicitado por Greenpeace.

“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa; deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas en el párrafo que antecede.”

De esta manera, todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, entre las que se encuentran Sener y CFE, en el ámbito de sus competencias están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada.

Recordemos que Greenpeace promovió un amparo contra el Prosener 2020-2024, al considerar que no fomenta “el empleo de energías renovables, ni la disminución de contaminantes”, lo que atenta contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente.

De acuerdo a un análisis presentado por el IMCO, las energías renovables no sólo son más sustentables en términos ambientales, sino también más accesibles que otras tecnologías. Al tener menores costos,  la Secretaría de Hacienda deberá compensar menos pérdidas por subsidio a la CFE.

En agosto pasado, Greenpeace  y CEMDA ganaron una suspensión definitiva contra la Sener y el Cenace por obstaculizar la entrada de centrales renovables. Cenace afirmó que las intermitencias de las energías renovables son un riesgo para el sector.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contestó al Partido Acción Nacional (PAN), quien la tarde de ayer anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial Federal para que se le obligue al mandatario a usar cubrebocas.

«Estaba yo viendo ayer, que los del PAN ya presentaron una denuncia por qué quieren que yo me ponga cubrebocas», dijo AMLO.

El mandatario afirmó que se pondrá un «tapabocas» cuando no haya corrupción en el país, pues solo será así cuando deje de hablar.

«Vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapabocas, para que ya no hable», añadió el mandatario.

Y es que ayer, el diputado del PAN Carlos Castaños Valenzuela, anunció que debido al número de contagios y fallecimientos por Covid-19, es necesario que todos los mexicanos, especialmente «el presidente como figura pública y referente, está obligado a portar el cubrebocas en público».

El panista indicó que está demostrado con estudios científicos, que portar la mascarilla, podría disminuir los contagios del Covid-19 o evitar completamente la infección.

Pese al rechazo de AMLO, el diputado señaló que incluso el secretario de Hacienda subrayó la importancia de usar el cubrebocas para acelerar la reactivación económica.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

Un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, concedió una suspensión provisional para que las autoridades mexicanas no puedan ejecutar ninguna orden de extradición en su contra derivada de la causa penal 150/2018.

Karime Macias se encuentra actualmente en Londres, Inglaterra, sujeta a un proceso de extradición con base en una orden de aprehensión que existe en su contra por un supuesto desvío de 112 millones de pesos en perjuicio del DIF de Veracruz.

En octubre del año pasado, Macías fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, pero consiguió que se le concediera el beneficio de continuar su proceso en libertad.

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de queja contra la resolución, para que sea un tribunal Colegiado el que decida si Macías puede conservar o no la medida.

Se prevé que el 16 de noviembre de 2020 la Corte de Magistrados de Westminster de Londres inicie el juicio de extradición en su contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo tener conocimiento de que Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo por las investigaciones que se realizan al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y la triangulación de recursos públicos hacia campañas del PRI.

«Es la solicitud de un amparo, que desde luego él tiene derecho a solicitar, y a que se le otorgue, si es el caso, por parte de la autoridad por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra (César) Duarte», dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que de acuerdo con el diario Reforma, el exdirigengte priísta es señalado por haber participado en el desvío de 250 millones de pesos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto a Chihuahua y que luego fueron dados al PRI para fondear los procesos electorales de 2016.

Al ser cuestionado sobre si esta investigación contra el también exlegislador y exgobernador de Sonora tiene un tinte político, AMLO aseguró que «todo es político, todo es político, el que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice».

El diario reporta que Beltrones habría solicitado el amparo en julio, luego de revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigaba al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito.

Al respecto, esta mañana, priísta emitió un breve comunicado en el que dijo que la información que presentaba Reforma se refería a «un viejo amparo» tramitado para obtener información ante tantas declaraciones sin sentido que en su momento hicieron autoridades de Chihuahua.

«Vamos, un derecho ciudadano para evitar una arbitrariedad. Como bien señala la nota: se sobreseyó. O sea negaron estarlo haciendo. Fin», declaró Beltrones.

Añadió que a lo largo de su larga vida pública, en el gobierno o en la oposición, ha sido objeto de investigaciones varias que incluyeron unas sobre «canalladas» escritas contra su persona.

Beltrones finalizó asegurando que siempre habrá de responder a toda acusación que se le formule.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo este lunes un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

El amparo obtenido por la defensa del exmandatario estatal también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del citado Tribunal Colegiado se deberán analizar nuevamente las pruebas y testimonios por el cual se determinó vincularlo a proceso y en su caso fundarlas y motivarlas.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia del juez de control.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México revocó esta tarde la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Dicha instancia resolvió un recurso de revisión presentado por el gobierno federal en contra de la última suspensión definitiva concedida por el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la capital.

La resolución fue avalada por los dos magistrados y el secretario en funciones del magistrado que evaluaron el caso, con lo cual el gobierno federal estaría en condiciones de iniciar las obras de la nueva terminal aérea.

El viernes pasado, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó negar la suspensión definitiva contra diversos actos reclamados por los quejosos, como violaciones a derechos humanos y afectaciones de impacto ambiental.

El juez ordenó notificar la decisión de negar los recursos legales, pero no explicó el motivo de las resoluciones, y en uno de esos dos juicios todavía estaba pendiente una audiencia que se aplazó por petición del quejoso.