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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contestó al Partido Acción Nacional (PAN), quien la tarde de ayer anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial Federal para que se le obligue al mandatario a usar cubrebocas.

«Estaba yo viendo ayer, que los del PAN ya presentaron una denuncia por qué quieren que yo me ponga cubrebocas», dijo AMLO.

El mandatario afirmó que se pondrá un «tapabocas» cuando no haya corrupción en el país, pues solo será así cuando deje de hablar.

«Vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapabocas, para que ya no hable», añadió el mandatario.

Y es que ayer, el diputado del PAN Carlos Castaños Valenzuela, anunció que debido al número de contagios y fallecimientos por Covid-19, es necesario que todos los mexicanos, especialmente «el presidente como figura pública y referente, está obligado a portar el cubrebocas en público».

El panista indicó que está demostrado con estudios científicos, que portar la mascarilla, podría disminuir los contagios del Covid-19 o evitar completamente la infección.

Pese al rechazo de AMLO, el diputado señaló que incluso el secretario de Hacienda subrayó la importancia de usar el cubrebocas para acelerar la reactivación económica.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

Un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, concedió una suspensión provisional para que las autoridades mexicanas no puedan ejecutar ninguna orden de extradición en su contra derivada de la causa penal 150/2018.

Karime Macias se encuentra actualmente en Londres, Inglaterra, sujeta a un proceso de extradición con base en una orden de aprehensión que existe en su contra por un supuesto desvío de 112 millones de pesos en perjuicio del DIF de Veracruz.

En octubre del año pasado, Macías fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, pero consiguió que se le concediera el beneficio de continuar su proceso en libertad.

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de queja contra la resolución, para que sea un tribunal Colegiado el que decida si Macías puede conservar o no la medida.

Se prevé que el 16 de noviembre de 2020 la Corte de Magistrados de Westminster de Londres inicie el juicio de extradición en su contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo tener conocimiento de que Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo por las investigaciones que se realizan al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y la triangulación de recursos públicos hacia campañas del PRI.

«Es la solicitud de un amparo, que desde luego él tiene derecho a solicitar, y a que se le otorgue, si es el caso, por parte de la autoridad por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra (César) Duarte», dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que de acuerdo con el diario Reforma, el exdirigengte priísta es señalado por haber participado en el desvío de 250 millones de pesos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto a Chihuahua y que luego fueron dados al PRI para fondear los procesos electorales de 2016.

Al ser cuestionado sobre si esta investigación contra el también exlegislador y exgobernador de Sonora tiene un tinte político, AMLO aseguró que «todo es político, todo es político, el que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice».

El diario reporta que Beltrones habría solicitado el amparo en julio, luego de revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigaba al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito.

Al respecto, esta mañana, priísta emitió un breve comunicado en el que dijo que la información que presentaba Reforma se refería a «un viejo amparo» tramitado para obtener información ante tantas declaraciones sin sentido que en su momento hicieron autoridades de Chihuahua.

«Vamos, un derecho ciudadano para evitar una arbitrariedad. Como bien señala la nota: se sobreseyó. O sea negaron estarlo haciendo. Fin», declaró Beltrones.

Añadió que a lo largo de su larga vida pública, en el gobierno o en la oposición, ha sido objeto de investigaciones varias que incluyeron unas sobre «canalladas» escritas contra su persona.

Beltrones finalizó asegurando que siempre habrá de responder a toda acusación que se le formule.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo este lunes un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

El amparo obtenido por la defensa del exmandatario estatal también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del citado Tribunal Colegiado se deberán analizar nuevamente las pruebas y testimonios por el cual se determinó vincularlo a proceso y en su caso fundarlas y motivarlas.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia del juez de control.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México revocó esta tarde la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Dicha instancia resolvió un recurso de revisión presentado por el gobierno federal en contra de la última suspensión definitiva concedida por el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la capital.

La resolución fue avalada por los dos magistrados y el secretario en funciones del magistrado que evaluaron el caso, con lo cual el gobierno federal estaría en condiciones de iniciar las obras de la nueva terminal aérea.

El viernes pasado, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó negar la suspensión definitiva contra diversos actos reclamados por los quejosos, como violaciones a derechos humanos y afectaciones de impacto ambiental.

El juez ordenó notificar la decisión de negar los recursos legales, pero no explicó el motivo de las resoluciones, y en uno de esos dos juicios todavía estaba pendiente una audiencia que se aplazó por petición del quejoso.

Un juez federal falló a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y revocó una suspensión definitiva que impedía la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa declaró procedente y fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión definitiva, con lo que quedó revocada.

«Es procedente y fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión definitiva (…) SEGUNDO.- Se revoca la suspensión definitiva otorgada”, indica el resolutivo.

El 4 de octubre, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, decidió esperar para dar a conocer si era procedente o no la petición de la Sedena para dejar sin efectos la suspensión definitiva concedida al colectivo #NoMásDerroches, que promovió el amparo para la construcción del aeropuerto.

Y aunque se concedió la revocación, aún permanecen vigentes otras 7 suspensiones definitivas, de los más de 140 amparos tramitados contra la obra; sin embargo, especialistas han advertido que el juez podría reiterar su criterio y revocarlas.

Recordemos que el colectivo #NoMásDerroches aclaró que la suspensión no obstaculizaba la operación de la Base Aérea Militar sino únicamente frena la construcción del aeropuerto, por lo que el argumento de «instalaciones estratégicas de la nación» no era aplicable.

La tarde de ese martes, el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, negó un amparo al empresario Zhenli Ye Gon, recluido en una prisión de máxima seguridad, quien había solicitado se investigara la venta de su casa, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

En su demanda de amparo, el empresario de origen chino también había solicitado que se investigara el destino de los más de 205 millones de dólares en efectivo que las autoridades encontraron dentro de su propiedad en 2007.

Ante esta negativa, la defensa del empresario Zhenli Ye Gon presentó un recurso de queja, por lo que será un Tribunal Colegiado el que deberá revisar si la resolución del juez de amparo estuvo o no, apegada a derecho.

Dos integrantes de la organización México Unido Contra la Delincuencia obtuvieron amparos por los cuales están autorizados para la posesión, transporte, empleo y uso de la cocaína, excluyendo cualquier tipo de comercio.

En un comunicado, el organismo señaló, que estas órdenes -otorgadas en mayo- tendrán que ser cumplidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

México Unido explicó que estos amparos no legalizan la sustancia, ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un tribunal colegiado.

 

«De ahí que MUCD no plantee su masificación o la búsqueda de la jurisprudencia. Sin embargo, son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno drogas por parte del Poder Judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión», afirmó.

La autorización es limitada a medio gramo de cocaína.

Esta tarde, la aerolínea Intejet informó que obtuvo la suspensión definitiva contra un adeudo fiscal reclamado por el Servicio de Administración Tributaria, quien reclamaba un cobro de deudas fiscales de los años 2013, 2014, 2015, y 2017.

A través de un comunicado, Interjet indicó que el 10 de julio pasado solicitó un amparo para evitar el cobro de impuestos que consideró erróneos.

Un juez federal concedió una suspensión provisional a Interjet el 19 de julio, sin embargo el SAT pidió realizar el pago del 10 por ciento de sus ingresos mensuales como garantía.

La aerolínea interpuso un recurso legal contra esos pagos por calificarlos como erróneos, y esta tarde obtuvo la suspensión de los mismos.

En el comunicado, Interjet indicó que está aclarando diferencias sobre los impuestos y por eso las está impugnando.

Este jueves, Rosario Robles interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación, por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los periodos en que estuvo al frente de estas dependencias.

Según el expediente 646/2019 del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la exfuncionaria reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución en los artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Rosario Robles advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria. Ayer el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de Robles solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

Esta mañana se informó que un juez federal negó la suspensión definitiva contra su posible detención a Rosario Robles, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso por el caso de la Estafa Maestra.

El juez décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó devolver a la exfuncionaria federal los 69,500 pesos que pagó como garantía para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra.

Será este jueves cuando la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comparecerá ante un juez de control del Reclusorio Sur. Robles aseguró que acudirá a dicha audiencia, pues dijo, dará la cara como siempre lo ha hecho.

El delito por el que se busca vincularla proceso es el ejercicio indebido del servicio público.

Cabe recordar que las autoridades señalaron que hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, por lo que ante la inexistencia del acto reclamado, solicitaron al juez desechar el amparo.

El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon presentó un amparo para evitar el aseguramiento y/o confiscamiento de su propiedad, la cual el gobierno federal busca subastar el próximo domingo en Los Pinos.

Ye Gon interpuso un amparo ante el juzgado tercero de distrito para que no rematen su mansión, ubicada en Lomas de Chapultepec, y por la que el gobierno planea obtener hasta 150 millones de pesos.

El empresario afirma que con el aseguramiento de su propiedad se violan sus derechos, expresados en los artículos 1,14,16 y 21 de la Constitución.

El juez le pidió al empresario aclarar su reclamo, pues recordó que el inmueble le fue incautado por la entonces Procuraduría General de la República hace más de 17 años; en caso de no precisar, la demanda será desechada.

El recurso legal fue interpuesto en 31 de julio pasado, un día después de que el gobierno anunciara que se subastaría el inmueble.

La casa fue en donde en 2007 se encontraron los 206 millones de dólares, 17 mil pesos y 201 mil euros.

Zhenli Ye Gon se encuentra preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, acusado de lavado de dinero, delito que sigue abierto entre los varios que se le fincaron.

Karina Cruz Campos, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa negó este jueves un amparo a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien impugnó los criterios del programa Hoy No Circula para el otorgamiento del holograma de verificación tipo 0.

La jueza explicó, con base en decisiones de la Suprema Corte, que el programa Hoy no Circula es una medida de naturaleza objetiva y razonable, y que su aplicación no viola el principio de igualdad ni discriminación.

Dentro del amparo 334/2019, Gertz impugnó la emisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 5 de septiembre de 2017.

Pidió declarar inconstitucionales los numerales 7.4. y 7.4.1., inciso b) y la tabla sobre el programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero.

Estos se refieren a los lineamientos para otorgar el holograma cero a vehículos anteriores y posteriores a 2006 mediante el Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB), así como la prueba de emisiones de tipo dinámica o estática.

La solicitud de amparo se hizo a partir de que a un vehículo del funcionario, de modelo anterior a 2006, se le negó la entrega del holograma tipo 0, que circula todos los días y por el contrario se le dio el holograma 1, el cual tiene que acatarse a un rol preestablecido y que le impide circular ciertos días.

La unidad, cuyo modelo no se precisa, no contaban con el SDB, pero según Gertz sí cumplía con los parámetros para obtener el holograma tipo O, sin embargo, no se le dio sin el mismo y ante tal negativa, agregó, no hubo “motivación ni justificación alguna”.

La decisión aun puede ser impugnada y, en su caso, sería un Tribunal Colegiado quien resolverá si ratifica, revoca o modifica esta negativa de amparo.

Este martes, Julio Hernández el abogado de Rosario Robles promovió un juicio de amparo en el que acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no respetar el debido proceso ni el derecho de defensa de su clienta por lo que pidió que se suspenda cualquier orden de detención.

El abogado, Señaló que él y su clienta se enteraron del caso por los medios de comunicación y luego de ello, acudió a la FGR para ser enterado de las acusaciones que se le imputan, pero nuevamente se le negó toda información con el argumento de que el caso ya está judicializado.

Además indicó que les ha sido negado el derecho de audiencia, el derecho de defensa ha sido negatorio, y puntualizó que no han podido ofrecer pruebas de su inocencia.

Refirió que, aunque existe la posibilidad de que Rosario Robles sea detenida el 8 de agosto próximo, cuando acuda a comparecer ante el juez, él espera que no ocurra.

En las próximas horas se sabrá si el juicio de amparo es aceptado, a que juzgado se asigna y si se concede algún tipo de suspensión.

Luego de que fuera detenido el pasado 9 de julio en un restaurante de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el abogado Juan Collado solicitó un amparo contra su detención.

El amparo fue presentado ante el juez noveno de Distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, quien resolvió cinco días para aclarar puntos que resultan imprecisos en su demanda.

Collado acusa que en su detención se violaron sus derechos humanos contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución.

Será en dicho plazo en que se sepa si el amparo es admitido o no, lo que definiría su permanencia en el reclusorio Norte, a donde fue trasladado luego de la audiencia inicial que se prolongó por más de 11 horas.

En dicha audiencia, el juez vinculó a Collado a proceso, y ordenó prisión preventiva de seis meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera llevar a cabo la investigación complementaria.

Recordemos que la FGR informó que Collado, quien ha representado a personajes como el ex presidente Enrique Peña Nieto o el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, podría estar implicado en una red de lavado de dinero, que ha ocupado empresas fantasmas para realizar diversas operaciones, algunas simuladas, para defraudar a accionistas y evadir impuestos.