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Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, recibió ayer la detención provisional de por lo menos 60 días, además de que fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el Estado de México.

La medida concedido es el tiempo que tendrán las autoridades de Estados Unidos para presentar la solicitud formal de extradición por el mexicano que operaba en el cártel liderado por los hijos de Joaquín  ‘El Chapo’ Guzmán.

La medida se dio de forma paralela a que una jueza girara un amparo para frenar cualquier intento por extraditar de inmediato a Estados Unidos a ‘El Nini’.

El presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ fue detenido el miércoles por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Culiacán y fue trasladado a un penal en la Ciudad de México.

Sin embargo, tras una audiencia de casi dos horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió mantener en prisión a ‘El Nini’, pero decidió trasladarlo al Penal del Altiplano por su alto perfil.

Pérez Salas era uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, por el que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares.

A ‘El Nini’ se le atribuye la estrategia del polémico ‘culiacanazo’, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, pero lo liberaron horas después por los actos violentos que el cártel de Sinaloa desató.

De acuerdo con los registros judiciales, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez, concedió una “suspensión de oficio y de plano” a fin de que ninguna autoridad ministerial ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata.

“Se concede a (‘El Nini’) la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición del directo quejoso”, se lee en la determinación de la jueza.

Precisó que “esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señalados en la demanda”.

En este sentido, Sánchez indicó que el procedimiento por su libertad personal queda a disposición del juzgado que dirige y a disposición de las autoridades correspondientes que dan seguimiento a su procedimiento de extradición.

Finalmente, el mandatario estadounidense, Joe Biden, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la detención de “El Nini”, lo que dijo ayudaba a que ambos países estén más seguros.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, concedió una suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez, para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hable de ella, esto en medio de la carrera rumbo al 2024.

El juez otorgó  la suspensión definitiva en el amparo luego de que la semana pasada se concediera la suspensión provisional.

Así, el López Obrador no podrá lanzar ataques contra la senadora del PAN, quien aspira a ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM). La medida será por tiempo indefinido, mientras  se resuelve  el amparo.

Otras de las medidas que se concedieron y que ahora se confirman está el que se deje de difundir, por medios oficiales, la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o de cualquier tipo de la aspirante presidencial.

La medida refiere al Presidente, a la oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También se ordenó a las autoridades evitar transmitir, a través de las cuentas oficiales de Twitter, cualquier discurso en contra de la senadora, además de que se debe eliminar de sus cuentas oficiales del gobierno en Twitter, YouTube, Facebook, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales en los que haga referencia a Gálvez Ruiz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó esta mañana de “conservador” y “deshonesto” a Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que concedió un amparo para suspender la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos en Chihuahua.

“Un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua”, denunció el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador se refirió a la decisión de la SCJN del viernes pasado, cuando suspendió de forma temporal la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua tras admitir una controversia constitucional del Gobierno estatal contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por presuntas violaciones a los procedimientos en la elaboración de contenidos.

El nuevo revés al gobierno federal se produce en medio de la polémica sobre los libros que la SEP se distribuirán para el nuevo curso escolar, que comienza el próximo 28 de agosto, porque, según la oposición y diversas organizaciones, buscan “adoctrinar” a los niños con ideas asociadas al “comunismo y socialismo” con contenido afín a la ideología de la autollamada 4T.

La Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un recurso de amparo judicial en mayo pasado al cuestionar que los nuevos libros presentan contenidos de educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos, mientras que otros grupos han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del “neoliberalismo”.

“No hay ni siquiera la definición a favor del comunismo, la palabra comunista se usa en un fragmento de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados”, defendió López Obrador.

El mandatario llamó “muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aunque prometió acatar la orden de la Suprema Corte, pero dijo que su Gobierno insistirá por las vías legales en distribuir los libros porque es una facultad del Ejecutivo federal.

“Vamos a cumplir y así se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que, por culpa de estos irresponsables, y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto”, remató.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, en el que se buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó un juez.

Aunque el juicio se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá ya que la defensa legal del exdirector de Pemex interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

Sin embargo, la FGR adelantó que también interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar a Lozoya los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Y es que el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de pesos como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

En sesión extraordinaria del Consejo General, Edmundo Jacobo, reasumió la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que un juzgado de distrito en materia administrativa le otorgara una suspensión definitiva en el Juicio de Amparo promovido tras su remoción por la entrada en vigor del llamado ‘Plan B’ de la reforma electora.

El Juzgado concedió la suspensión definitiva a Jacobo Molina para que “se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión y publicación” del decreto de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo.

Es decir, para que continúe en el cargo que ostenta como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, “así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarlo o destituirlo de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada”. Ello, hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que con la resolución del Poder Judicial de la Federación y la suspensión definitiva que se otorgó al Secretario Ejecutivo, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario “probo, honesto y comprometido a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”.

Córdova Vianello enfatizó que este suceso además abona a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE.

“Este Consejo General por mandato constitucional, el artículo 41 así lo establece, es quien designa a su Secretario Ejecutivo con ocho votos de sus consejeras y consejeros a propuesta del Consejero Presidente y ningún poder del Estado puede removerlo y mucho menos el Legislativo, si no es mediante un juicio político”, recordó.

Esta decisión, añadió el Consejero Presidente, es también evidencia de los resultados de la estrategia jurídico-institucional que el INE decidió instrumentar para defender, con todos los recursos legales a su alcance, los derechos del personal que forma parte de este Instituto.

En tanto, Edmundo Jacobo explicó que la sentencia de suspensión definitiva es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en el país.

Además, resaltó que los litigios relacionados con el artículo décimo séptimo transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con las personas y su permanencia o no en un cargo público, sino que tienen que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento.

El Secretario Ejecutivo sostuvo que México es un país de instituciones, “en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso”, por lo que llamó a valorar la importancia y oportunidad de la decisión del Consejo General por la que se instruye defender, a través de todos los instrumentos legales, tanto el marco competencial del INE, como los derechos humanos de quienes lo integran.

Por su parte el Consejero Ciro Murayama, dio la bienvenida a Edmundo Jacobo Molina “al cargo del que no debió separarse”.

“Se trata, como se ha dicho, de un retorno al orden constitucional, de un triunfo de la legalidad frente al abuso del poder político, del primer gran revés del Plan B”, sostuvo el consejero.

Sobre la restitución del Secretario Ejecutivo, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena señaló que Edmundo Jacobo Molina regresa al INE, pero no con sus facultades plenipotenciarias.

Destacó que la sentencia a favor de Edmundo Jacobo Molina señala que el secretario general del INE debe apegarse al marco legal vigente, que es el ‘Plan B’ de la reforma electoral.

Sin embargo, lamentó la determinación de la juez de distrito para que éste regrese como secretario ejecutivo del INE, ya que le otorgó la suspensión únicamente para que esté en el Consejo General del Instituto, pero no le otorga la suspensión para que conserve las atribuciones que tenía conforme a la legislación anterior.

Lamentó que los jueces protejan a funcionarios que llevan más de 15 años en el cargo y que se aproximan a un total de 18, a través de una votación fraudulenta que se desarrolló en el año 2020 para poder extenderle su periodo por otros seis años más a Edmundo Jacobo.

“Ya lo había dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: se parece a Porfirio Díaz, es ‘un porfirito’ y se ancla a su trabajo, a su función, pero ya no le queda lo que tenía; la propia juez le está diciendo que se tiene que preparar para las nuevas atribuciones y no a las anteriores”, concluyó el morenista.

Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

“Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre”, establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además “la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso”.

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo a favor de Rosario Robles, exsecretaria federal, en contra de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en el 2021 la inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público.

Así lo confirmó la propia Rosario Robles Berlanga mediante un mensaje en sus redes sociales, donde informó que se le otorgó el amparo y en consecuencia la protección de la justicia federal contra la sanción señalada.

Robles Berlanga dijo que el Tribunal en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública, violaron sus derechos, por lo que ordenó que se declarara la nulidad de la sentencia que la inhabilitaba.

Recordó que la medida se le impuso por presuntamente no haber informado en su declaración patrimonial una cuenta de 2 mil pesos que jamás tuvo movimientos y que incluso fue cancelada por el propio banco.

La extitular de Sedatu y Sedesol detalló que el Tribunal Colegiado ordenó una nueva discusión del asunto con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Rosario Robles reiteró en su mensaje que “toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia, un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que las obras del Tren Maya no se detendrá pese a la suspensión definitiva que otorgó un juez para detener la construcción del tramo 5 del proyecto, uno de los más emblemáticos de su gestión.

“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del pueblo, de la nación”, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la decisión de un juez federal que ayer otorgó un amparo a ambientalistas con el que se detendrá la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 de la obra, que está a cargo del Ejército de forma exclusiva.

La autoridad judicial consideró que el proyecto no cumple con los criterios para desarrollarse y puede tener “daños irreversibles” para el ecosistema, además de que no se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que aunque ya se encuentra en proceso, el juez dijo que debía estar lista antes de iniciar con las obras.

El mandatario señaló que ante el amparo van a acudir a otras instancias “o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”, sostuvo.

López Obrador afirmó que van a continuar con todo el procedimiento legal “sin ningún problema”. Y “estamos seguros de que la obra va a continuar”, agregó.

Aseguró que, como no es muy largo el tramo que está detenido por ahora, se va a reiniciar y se va a recuperar el tiempo para entregar la obra como se ha prometido, en diciembre de 2023.

AMLO señaló que el amparo es un asunto “politiquero” de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, especialmente “pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo de turismo, y también por gobiernos extranjeros”.

Reafirmó sus señalamientos de que hay ambientalistas que están financiados por el gobierno de Estados Unidos y empresas estadounidenses, al aseverar que el tramo que está en disputa es donde hay más dinero. Recordemos que el tramo 5 del Tren Maya contempla 60 km entre Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, el tramo 5 no es el único sobre el que se han presentado amparos. Otro tramo de la obra, el que va de Cancún a Tulum, también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo.

Fonatur, quien está a cargo de dicho proyecto, indicó en un comunicado que la suspensión judicial será únicamente definitiva hasta que se resuelva de fondo la MIA del proyecto, actualmente en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En su comunicado, Fonatur reconoce los daños que la obra ocasionará, pero justifica con los “beneficios” que traerá a la región.

“Para Fonatur, la MIA sobre el Tramo 5 Sur es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales”, se lee en el documento.

El juez Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla, José Luis Evaristo Villegas, admitió a trámite un amparo en contra la intención del gobierno federal de contratar a unos 500 especialistas médicos cubanos.

De acuerdo con una copia de la orden, el gobierno no ha demostrado que los médicos tengan la capacidad ni la capacitación necesaria para practicar su profesión en México.

Además, los demandantes argumentaron que la mayoría de la paga que reciban los médicos podría ir a dar al gobierno cubano, en lugar de que sea para ellos.

No se dio a conocer la identidad de las personas que solicitaron la suspensión, pero varios grupos de médicos y profesionales se han expresado en contra del plan que López Obrador anunció el pasado 9 de mayo.

El acuerdo con el gobierno cubano fue negociado “sin que se haya cerciorado de su calidad de médicos, se hayan homologado sus estudios, conforme a la normatividad de la materia, sin que tengan conocimiento de la incidencia de enfermedades entre la población mexicana ni conocimiento de las enfermedades endémicas de nuestro país y sus diversas regiones”, según la la demanda.

“Su contratación es irregular, al favorecer las condiciones de esclavitud moderna e incluso trata de personas”, añade.

Cuba ha enviado doctores a diversos países. Pero en muchos de los lugares en los que trabajan, los médicos cubanos reciben únicamente una pequeña parte de los salarios que les paga el país sede, y la mayor parte de estos va a manos del gobierno cubano.

Y su bien el juez negó la suspensión provisional solicitada, se espera una nueva audiencia la próxima semana, donde se valorará el caso y se emitirá un falló sobre si concede una suspensión o se desecha el recurso.

López Obrador quiere que los cubanos trabajen en comunidades rurales a las que los médicos del país se rehúsan a ir, y que cuentan con pocos servicios médicos.

Según lo expuesto por el gobierno federal, México padece un déficit de especialistas médicos. El país tiene unos 107 especialistas por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del nivel recomendado a nivel internacional de 230.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó esta tarde a las acusadas de matar al hermano del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en un polémico caso por el presunto abuso de la Fiscalía para perseguir a las mujeres.

El pleno aprobó con unanimidad de 11 votos los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez para eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de “homicidio doloso de concubino”, y liberar de forma inmediata a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por “comisión por omisión accesoria” por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“La orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella, como concubina de un hombre, estaba de alguna manera obligada a garantizar no solo la conservación de salud, sino prácticamente la prolongación de su vida”, argumentó Gutiérrez sobre el caso de Laura Morán.

La nueva propuesta se discutió después de que la Suprema Corte pospusiera el pasado 14 de marzo un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del fiscal general, quien protagonizó un escándalo por un audio filtrado antes de esa votación en el que presumía del apoyo de “tres o cuatro ministros” de la SCJN.

Tras esta polémica, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, indicó que en “estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena”, ya que los 11 ministros del pleno escucharon a todas las partes involucradas.

“Estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la Corte”, sostuvo Zaldívar, quien se ha mostrado cercano al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los ministros de la SCJN coincidieron en la falta de pruebas para culpar a Laura Morán, cuñada del fiscal y con más de 90 años de edad, a quien Gertz Manero acusaba de “comisión por omisión” por la muerte de su hermano, quien falleció de un infarto agudo al miocardio tras una larga enfermedad.

“No se tomaron en cuenta las condiciones particulares de la quejosa para determinar si en verdad incurrió en una omisión en el deber de cuidado de su concubino. Creo que, a pesar de su edad y falta de conocimiento médico especializado, de manera razonable la quejosa acudió a servicios médicos”, expuso la ministra Margarita Ríos-Farjat.

Mientras que en el caso de Cuevas, que se encontraba en prisión preventiva desde 2020, el proyecto del ministro Gutiérrez consideró que “se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria”.

Minutos antes de las 16:00 hrs, Cuevas salió del penal de Santa Martha Acatitla. Tan pronto abandonó prisión, ofreció unas palabras ante los representantes de los medios de comunicación, en donde dijo que de no ser por el apoyo que recibió y la atención que recibió por parte de los medios, el fiscal general de la República LA hubiera sepultado para siempre en la cárcel “con un delito que él fabricó”.

Antes de este fallo, Alejandra Cuevas y su hija Ana Paula Castillo consiguieron otro amparo que las protege de alguna nueva orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Pidió este lunes al gobierno federal garantizar los tratamientos médicos en el sistema de salud en medio de la escasez de medicinas que ha despertado protestas.

“La asistencia médica y el tratamiento a pacientes del sistema nacional de salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante”, indicó la Suprema Corte.

La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo de un paciente contra la omisión de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no entregar “oportunamente” el medicamento que requería.

Así, la Suprema Corte determinó que las autoridades del “Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento”.

Y es que el problema de abasto de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el problema se ha agudizado desde 2019 derivado de los recortes presupuestarios y los cambios que la 4T ha implementado en la forma de comprar los fármacos.

Pese a las manifestaciones, tanto físicas como la ocurrida este fin de semana en la Ciudad de México convocada por los familiares de niños con cáncer, así como las expuestas en redes sociales, el gobierno afirmó el pasado martes que había resuelto el problema tras invertir casi 77,000 millones de pesos en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Incluso el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizó las protestas, mientras que el subsecretario Hugo López-Gatell sugirió que detrás de ellas hay “tendencias golpistas”.

La Suprema Corte estableció que el Estado “tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud”.

Indicó que las autoridades deben garantizar el derecho a la salud con cuatro ejes: procurar el tratamiento del paciente, garantizar que sea el adecuado, asegurarse de brindar el tratamiento de forma “oportuna, permanente y constante”, y proveerlo con los “más altos estándares”.

“En aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad”, consideró.

La resolución de la Corte se publica después de que la semana pasada un tribunal ordenara denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de Salud, Alcocer, y al ahora exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por desacato de un amparo para garantizar medicamentos contra el cáncer.

La empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que prohíbe la subcontratación laboral u “outsourcing”, informó este viernes el Poder Judicial.

“Se concede la suspensión provisional”, estableció al fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.

Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes que promulgó el gobierno el pasado 24 de abril para limitar el “outsourcing”, que considera herencia del “periodo neoliberal”.

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.

Aunque de esa modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente López Obrador la tachó de “abusiva”, estimando que más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

El amparo de Mary Kay, que realiza ventas por catálogo, sorprendió porque las principales cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno de la 4T, así como con los sindicatos en una reunión el pasado 5 de abril.

La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva.

Desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de “outsourcing”. Ahora, con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.

La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.

Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció el apoyo de su país a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares para que el gobierno implemente la reforma laboral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar al juez que concedió una suspensión en contra de la Ley a la Industria Eléctrica, que fue aprobada y promulgada la semana pasada.

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A través de una carta dirigida a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la reforma eléctrica, a un día de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“De manera respetuosa le solicito que el consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, dice la carta según leyó López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas “con el antiguo régimen” y que tenían como “modus operandi” la corrupción y el influyentismo.

Agregó que esos intereses cuentan con el apoyo de la prensa “pro-empresarial nacional y extranjera” a quienes acusó de haber conformado un llamado buró jurídico para oponerse a obras y acciones políticas que el gobierno ha emprendido para llevar a cabo la transformación del país.

“Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”, agregó el mandatario leyendo la misiva.

Señaló que sería “lamentable” que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigan permitiendo el abuso y prepotencia en nombre del estado de derecho.

López Obrador afirmó que respeta el derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero recalcó que ejercerá sus facultades como presidente y libertades como ciudadano y “no callaré ante el pillaje y la injusticia”.

Previó a la lectura de la carta, López Obrador cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo pues dijo hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos; denuncia que en el caso de la reforma eléctrica “fue vía rápida”.

Recordemos que fue el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió de manera provisional los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al conceder amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Tras el amparo, López Obrador acusó a los jueces de la SCJN de estar al servicio de las empresas extranjeras y privadas.

El sábado pasado Zaldívar respondió a las acusaciones del presidente mexicano y aseguró que “los jueces federales actúan con independencia y autonomía” y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), “garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad”.

Aseveró que los fallos de la SCJN “pueden ser recurridos”, sin embargo, aclaró que deben ser respetados “bajo la óptica de la independencia judicial”.

Rosario Robles, ex funcionaria federal, y quien se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado, obtuvo una suspensión definitiva contra su prisión preventiva.

“La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional”, informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.

Señaló que aún no significa que pueda seguir su proceso en libertad, ya que será una jueza la que determine su situación.

Al otorgar la suspensión, María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, asumió la capacidad de decidir si modifica la medida cautelar actual, una vez que se resuelva de fondo el amparo.

Destacó que la audiencia en la que la jueza decidirá al respecto se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, aunque reconoció que podría tomar hasta un mes más.

Recordemos que a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico acerca de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos.

Aunque los delitos que se le imputan no prevén la prisión preventiva oficiosa, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada al alegar riesgo de fuga.

Adicional, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal negó conceder a la ex funcionaria, la suspensión definitiva a la impugnación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.

Un juez federal suspendió indefinidamente y de manera parcial el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024 del gobierno federal, en respuesta a un amparo solicitado por el grupo ambientalista Greenpeace.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de México, tomó la medida cautelar, que prevalecerá hasta que resuelva de fondo el amparo.

Argumentó que algunos de los objetivos prioritarios del Prosener, se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético.

El juez sostuvo que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación, deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa.

Aclaró que esto no implica que quede insubsistente el programa. Únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, hasta resolver si se otorga o no el amparo solicitado por Greenpeace.

“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa; deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas en el párrafo que antecede.”

De esta manera, todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, entre las que se encuentran Sener y CFE, en el ámbito de sus competencias están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada.

Recordemos que Greenpeace promovió un amparo contra el Prosener 2020-2024, al considerar que no fomenta “el empleo de energías renovables, ni la disminución de contaminantes”, lo que atenta contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente.

De acuerdo a un análisis presentado por el IMCO, las energías renovables no sólo son más sustentables en términos ambientales, sino también más accesibles que otras tecnologías. Al tener menores costos,  la Secretaría de Hacienda deberá compensar menos pérdidas por subsidio a la CFE.

En agosto pasado, Greenpeace  y CEMDA ganaron una suspensión definitiva contra la Sener y el Cenace por obstaculizar la entrada de centrales renovables. Cenace afirmó que las intermitencias de las energías renovables son un riesgo para el sector.