Luego de que se diera a conocer el oficio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a petición del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, en el que solicitaba a sus pares enviar por adelantado el sentido de sus votos sobre los temas que se discutiría en las sesiones públicas, los magistrados integrantes de la Sala Superior emitieron un posicionamiento en el que rechazaron dicha petición.

Indicaron que se trata de una petición que carece de fundamento legal y que atenta contra su independencia y autonomía, que como juzgadores y juzgadores tienen en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado, que la ley les otorga.

Solicitar que le anticipemos nuestros votos no tiene sustento legal y anularía la naturaleza del debate y de la deliberación colegiada de los juzgadores electorales.

Así responden 5 magistrados a la petición del presidente @JL_VargasV del @TEPJF_informa.

Aquí la carta. pic.twitter.com/HcmDEJA2hn

— ivonne melgar (@ivonnemelgar) May 19, 2021

A través de un posicionamiento que se difundió en redes sociales, y que es firmado por los magistrados Felipe Fuentes Barrer, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante y Felipe de la Mata Pizaña, aseguran que la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado como lo es la Sala Superior del TEPJF.

Además, señalan que enviar el sentido de sus votos antes de la sesión pública de resolución supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional o bien que la deliberación judicial resulte irrelevante o  innecesaria en un Tribunal Constitucional.

La petición del magistrado presidente delimita “la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos”.

Finalmente indicaron que la advertencia sobre suspender las sesiones públicas de no contar con la información solicitada que se señala en el oficio con fecha 18 de mayo, puede entorpecer el buen desarrollo de las mismas.

Remataron indicando que la solicitud no es atendible ya que, además de no contar con sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la de liberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que rigen a las jugadoras y juzgadores.

“Es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuesta y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”.