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El gobierno federal, la Iniciativa Privada (IP) y el sector sindical firmaron esta mañana un acuerdo para iniciar “de inmediato” la regularización de trabajadores subcontratados.

Con el acuerdo, se solicitó al Congreso aplazar a 2021 el debate de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió para limitar dicho modelo de contratación.

El presidente López Obrador anunció en noviembre pasado una polémica reforma que buscaba prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del “outsourcing” y solo autorizarla en casos puntuales, lo que generó molestia en la IP.

En el convenio suscrito por el gobierno y los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las partes se comprometieron a resolver el abuso de la subcontratación de personal.

“Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal”, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, al leer el documento en la conferencia matutina del presidente.

Detalló que entre los cuatro puntos que conforman el acuerdo está el compromiso de resolver el problema del abuso de subcontratación, por lo que las empresas iniciarán un proceso para regularizar plantillas en el marco de ley. Se discutirá un nuevo esquema de reparto de utilidades según la ley para no subcontratar personal y que la nómina quede bien definida. Se verá el impacto operativo del modelo en las empresas, las cuales pidieron un tiempo de maduración y fijaron para febrero de 2021 la discusión parlamentaria para que en 30 días posteriores a esa fecha se apruebe la iniciativa.

Finalmente, se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores de manera masiva en el mes de diciembre.

Al retrasar el debate legislativo, se les dará mayor espacio a los patronos para adaptarse a los cambios que se requieren.

La titular de la STPS enfatizó que en el acuerdo se establece que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y “tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada”.

Mencionó que ahora se tiene una visión distinta de lo que se puede hacer a futuro moderando el contrato de empleados en las empresas y mencionó que las empresas siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte al trabajador.

“Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad”, destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

AMLO dijo que el acuerdo alcanzado fue fruto de “las solicitudes de diálogo y consulta” para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades.

Finalmente Carlos Aceves, dirigente de la CTM, reconoció que hay un “outsourcing blanco y uno negro”, este ultimo el que ya empezó a despedir obreros para no pagar aguinaldos ni reparto de utilidades y el cual debe ser eliminado.

La OMC aplazará la reunión que estaba programada para el próximo lunes, en la que se preveía que sus miembros llegaran a un acuerdo sobre el nombramiento de su nuevo director general.

Según analistas, había pocas posibilidades de que se lograra un acuerdo, debido al bloqueo de Estados Unidos.

“Se me ha señalado que, por razones que incluyen la situación sanitaria y los acontecimientos actuales, las delegaciones no podrán adoptar una decisión formal el 9 de noviembre”, aseguró el presidente del comité de selección de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Aplazo entonces esta reunión hasta nueva orden, periodo durante el cual continuaré haciendo consultas con las delegaciones”, anunció el directivo.

Recordemos que ocho candidatos, cinco hombres y tres mujeres, buscaron la jefatura de la OMC, una institución en crisis y atacada por Estados Unidos en plena crisis económica mundial.

Tras un proceso de selección que duró seis meses, el comité encargado de la sucesión del brasileño Roberto Azevedo, quien dejó el cargo un año antes del fin de su mandato por razones personales, anunció el 28 de octubre que la candidata mejor posicionada para ser objeto de consenso era la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.

Sin embargo, la delegación de Estados Unidos, que se encontraba en ese momento en la recta final de las elecciones presidenciales, se opuso a dar su apoyo a Okonjo-Iweala, y optando por su rival, la surcoreana Yoo Myung-hee, primera mujer ministra de Comercio de su país.

El veto estadounidense sumió a la OMC, cuyas decisiones son consensuales, en la mayor incertidumbre, al quedar privada de jefe desde la salida en agosto de Azevedo.

En los últimos días, algunos especialistas de la OMC subrayaron que los países tienen poca esperanza de llegar a un acuerdo sobre el nombre del nuevo director general mientras La Casa Blanca siga ocupada por Donald Trump.

Cabe recordar que en 1999, a causa de un desacuerdo, los países prefirieron dividir el mandato en dos ejercicios para dos candidatos, en vez de recurrir a la votación.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Sin perder tiempo alguno, los dirigentes nazis desarrollaron una actividad frenética para consolidar el poder. El 4 de febrero, un decreto para la protección del pueblo alemán restringió los derechos de la prensa y autorizó a la policía prohibir reuniones y manifestaciones. En los días posteriores, presionaron al presidente Hindenburg para que convocara elecciones anticipadas. Ya en plena campaña electoral, plagada de irregularidades y coacciones, la sede del parlamento, el Reichstag, fue destruida por las llamas la noche del 27 de febrero. Hitler, Goering y Goebbels no esperaron a las primeras indagaciones. Esa misma noche, delante del calcinado Reichstag, culparon a los comunistas. Más allá de si el izquierdista neerlandés Marinus van der Lubbe fue el autor en solitario o fue manipulado por los nazis para incendiar el parlamento alemán, el atentado fue el pretexto para suprimir derechos constitucionales, iniciar la persecución de miles de opositores e imponer un régimen totalitario. Un día más tarde, consiguieron que Hindenburg rubricara el decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, que suspendía los derechos de reunión, la libertad de expresión y de prensa y otras garantías constitucionales. La democracia de la República de Weimar no sobrevivió ni un mes al nombramiento de Hitler como canciller y al nacimiento del régimen totalitario nazi.

No pretendo sugerir aquí que Donald Trump sea Hitler ni que Estados Unidos hoy es la Alemania de entre-guerras. Pero que la democracia estadounidense encara en la actual coyuntura la intentona por parte de Trump para replicar un nuevo episodio de “fuego en el Reichstag” es inescapable. Y me refiero particularmente a tres eventos en los últimos diez días que han encendido focos rojos parpadeantes. El primer aviso vino con su ignominiosa entrevista de hace dos domingos con Fox News en la cual armó, a pregunta expresa de Chris Wallace, que no sabía si aceptaría los resultados de la elección y que todas las encuestas, incluida la de Fox -que le son desfavorables- son “fake news”. El segundo foco rojo no se ha apagado desde la ópera bufa del desalojo de la Plaza Lafayette en Washington en los días posteriores al asesinato de George Floyd y a las convulsiones sociales que detonó este nuevo incidente de brutalidad policiaca contra afroamericanos. El despliegue de agentes federales (particularmente de ICE y la Patrulla
Fronteriza) en Portland y otras ciudades donde no han amainado las protestas, es el capitulo más reciente del teatro autoritario de Trump en el cual quiere poner en escena imágenes de disturbios en ciudades gobernadas por Demócratas y alimentar su narrativa de “nosotros vs ellos”, de polarización y descontrol social, y de suburbios -de blancos, claro está- (que son clave si pretende reelegirse) amenazados por hordas de manifestantes urbanos de color que solo él puede defender. Y el tercer foco se prendió la semana pasada con un tuit del presidente sugiriendo
-ante la posibilidad de que más estados opten por el uso del voto por correo postal para mitigar el impacto del COVID- aplazar la elección presidencial porque, según él, esa modalidad de voto abonará a un fraude electoral.

Todo este caos, cilindrado por la Casa Blanca, es táctico y mete de lleno a EEUU al mundo del performance autoritario, un prototipo que ha existido en otras latitudes pero que apenas ahora yergue la cabeza en una de las democracias más emblemáticas del mundo. En muchos sentidos las acciones de Trump en este año de disrupción profunda han sido la crónica de un tuit anunciado.

Habrá quienes insistan que todo esto de nuevo configura el juego de espejos y humo al cual es tan adepto Trump. No les falta razón. De entrada, es un hecho que el presidente no tiene atribuciones constitucionales o legales para aplazar una elección general. Y el que el tuit en cuestión se diese el mismo día en el que se divulgaba la peor caída del PIB estadounidense en décadas abona a esa lectura. Pero el tuit es más que un mero distractor. Trump ha pasado toda su gestión polarizando al país y socavando a la democracia estadounidense, alegando que las elecciones -tanto la del 2016 que perdió por más de 3 millones de votos populares como la intermedia de 2018, en la
que perdió el control de la Cámara de Representantes y muchas gubernaturas- son fraudulentas, atacando a los medios de comunicación y minando la credibilidad de las instituciones y procesos democráticos. Y el COVID y la economía le están pasando un factura onerosa en las encuestas a Trump. Cuando este presidente dice, no obstante del deslinde de este fin de semana por parte del jefe de gabinete de la Casa Blanca, que está considerando retrasar las elecciones, los estadounidenses -y el resto del mundo- deberían dejar de hacerse el tonto y prestar atención.

Trump no podrá detener unos comicios pero bien podría socavar la democracia. Simplemente flotando la posibilidad de posponer una elección presidencial, una idea hasta ahora anatema en Estados Unidos y que evoca a países autoritarios con Estados de derecho frágil, podría erosionar el ingrediente más importante en una democracia: la convicción de la mayoría de que el resultado de una elección, independientemente de sus defectos manifiestos, será fundamentalmente legal. Cualquier sistema constitucional se mantiene unido por un salto de fe. Lo que está haciendo el presidente es sembrar desconfianza sobre la legitimidad del mero hecho de llevar a cabo una elección. Y el caos en Portland y las declaraciones y tuits del presidente podrían ser la primera escaramuza en una colisión por venir aún más incendiaria.

En las postrimerías de la elección de 2016, le recalqué a muchos amigos, tanto Demócratas como Republicanos, que los estadounidenses habían olvidado las lecciones que nos deja la historia del siglo XX con respecto a lo que ocurre cuando una democracia elige a demagogos chovinistas y xenófobos. Hoy, con una elección que se le está escapando de las manos a Trump, lo que ocurra en el camino a los comicios en Estados Unidos -y durante y posteriormente a la jornada electoral- tendrá repercusiones no solo para ese país, sino para la democracia liberal en el resto del mundo. De aquí a noviembre, todos, sin excusas, tenemos que hacer lo que nos toca para garantizar la derrota de Trump -y la de sus sicofantes y facilitadores- en las urnas.

Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores; Economía; Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República anunciaron que acordaron aplazar la aprobación del dictamen que ratifica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aunque manifestaron de manera unánime su postura en favor de aprobar el dictamen, decretaron un receso y acordaron concluir el proceso de la votación el próximo viernes, después que comparezca el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Se acuerda suspender los trabajos, temporalmente, una vez que ha concluido la discusión de los asuntos, y proceder a declarar un receso para recoger las firmas correspondientes, de aquí al viernes en la tarde”, explicó el senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía.

Por su parte el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó que hay un consenso claro de lo conveniente que resulta para México la aprobación del tratado, pues aseguró que el T-MEC dará certidumbre para los intercambios comerciales y para la inversión.

Además resaltó, protegerá al país, algo muy importante tomando en cuenta lo ocurrido en los últimos días, de los embates que con toda probabilidad se presentarán en los próximos meses, esto en alusión a los aranceles que anunció el presidente Donald Trump.

El senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que el objetivo de diferir la votación del dictamen hasta el próximo viernes es que este acuerdo comercial salga de manera impecable y con los consensos necesarios.

Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, dijo que es importante preguntarle al Canciller en su comparecencia si se cumplirá el Tratado por parte de Estados Unidos, para “saber qué hacer si dentro de un año o dos habrá más amenazas cuando estén más cerca las elecciones en ese país”, expresó.

Y es que recordemos que Ebrard comparecerá este viernes en el Senado para responder a los cuestionamientos sobre lo negociado con Estados Unidos y que permitió echar abajo la imposición de aranceles.

Fue el director general para América del Norte, de la cancillería, Jesús Mario Chacón Carrillo, quien confirmó la visita del titular de SRE al Congreso luego de que indicara que él no tenía los elementos necesarios para responder a todas las dudas que se tenían.

La elección presidencial de Venezuela fue pospuesta para la segunda quincena de mayo,  tras un acuerdo alcanzado entre algunos partidos de oposición y representantes del Gobierno y que fue anunciado por el árbitro electoral.

 

 

Esta elección se hará en simultáneo con las de consejos legislativos estadales y municipales, según el acuerdo leído en un acto en el Consejo Nacional Electoral. Adicional, la presidencia del Consejo, Tibisay Lucena, presentó un acuerdo de garantías electorales, en el que los candidatos se comprometen a aceptar los resultados de los comicios presidenciales.

 

Lucena dijo que la fecha definitiva será discutida a partir del acuerdo, encuentro que fue convocado para este viernes 2 de marzo.

Recordemos que las elecciones habían sido adelantadas para el 22 de abril, con lo que sería la segunda vez que se cambian de fecha los comicios presidenciales.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO