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México podría recurrir a un arbitraje si Estados Unidos aprueba un subsidio para la fabricación de autos eléctricos, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es una preocupación de la industria automotriz de México porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial (T-MEC) y nosotros no estamos de acuerdo”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

En tal sentido, el mandatario sostuvo que su gobierno no descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que atienda la demanda en un panel internacional.

López Obrador agregó que su gobierno adelanta trámites para que Estados Unidos no aplique el subsidio y evitar un conflicto comercial, aunque no especificó cuáles y se abstuvo de plantear la posibilidad de imponer aranceles en represalia.

“No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en caso de que se llevara a cabo esta medida”, manifestó.

El presidente reconoció la preocupación de la industria automotriz nacional, que representa el 4% del PIB nacional, el 25% de las exportaciones y cuenta con un millón de empleos directos en México, según la Secretaría de Economía.

Y es que la propuesta del gobierno de Joe Biden para otorgar estímulos fiscales a la fabricación de vehículos eléctricos en ese país ha generado preocupación también en Canadá, con el que México y Estados Unidos firmaron el tratado de libre comercio TMEC a finales de 2018.

El pasado 10 de diciembre, Ottawa amenazó con imponer aranceles a productos estadounidenses si Washington sigue adelante con la idea, incluida en un paquete presupuestal de Biden por 1.75 billones de dólares y que está pendiente de aprobarse en el Congreso estadounidense.

A inicios de diciembre, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que el gobierno federal ya había expresado su preocupación al Congreso estadounidense y al gobierno de Biden.

En ese momento, Clouthier indicó que la iniciativa es inconsistente con el T-MEC y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que la propuesta es discriminatoria para los automóviles fabricados en México.

La empresa minera canadiense First Majestic solicitó este martes la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) ante “la negativa” del gobierno de México de “establecer negociaciones en buena fe” para resolver una disputa fiscal.

First Majestic señaló en un comunicado firmado por su presidente y consejero delegado, Keith Neumeyer, que “a pesar de los repetidos intentos de la compañía para establecer con el gobierno de México negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se ha negado”.

La compañía minera, que opera en México las minas San Dimas, Santa Elena y la Encantada para la producción de plata y oro, considera que las autoridades mexicanas están incumpliendo la normativa fiscal al reclamar a su filial, Primero Empresa Minera (PEM), más de 500 millones de dólares en impuestos atrasados.

Según First Majestic, “las acciones del gobierno son contrarias” a la normativa que estableció los ingresos e impuestos de PEM entre los años fiscales 2010 y 2014, normativa que es válida “hasta que sea anulada por un tribunal de última instancia”.

First Majestic también acusó al Ejecutivo de “rechazar participar en el Procedimiento de Acuerdo Mutuo establecido bajo tres tratados internacionales de doble imposición firmados por México”.

La decisión de First Majestic de recurrir al Banco Mundial, utilizando el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) supondrá la creación por parte del CIADI de un panel de arbitraje que decidirá sobre la reclamación de la compañía.

En septiembre de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México falló en favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aprobando la rescisión de un acuerdo previo que permitía a la empresa minera pagar impuestos a una tasa más baja.

En noviembre, First Majestic dijo que apelaría la decisión al considerar que la resolución del Tribunal Federal era errónea, pero afirmó que seguía intentando llegar a una solución amistosa “con el gobierno de México, incluidos canales diplomáticos de resolución” además de considerar recurrir al Capítulo 11 del TLCAN.

La minera canadiense First Majestic Silver Corp dijo que notificó al gobierno mexicano, bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aún vigente, el inicio de un arbitraje para resolver disputas sobre cómo se grava al productor de plata en el país.

La compañía informó que inició el proceso de arbitraje del TLCAN contra México después de sus intentos fallidos de resolver el asunto a través de organismos locales.

El aviso inicia un proceso de 90 días para que México entable negociaciones con la compañía, dijo First Majestic en un comunicado.

La firma, con sede en Vancouver, alega que Servicio de Administración Tributaria (SAT) “exhibió un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble imposición” que son relevantes para la compañía y sus unidades mexicanas, incluido Primero Mining, adquirido hace dos años.

“El SAT ha optado repetida y unilateralmente por rechazar solicitudes de procedimientos de resolución de disputas, conocidos como procedimientos de acuerdo mutuo (“MAP”)”.

First Majestic, propietaria de varias minas en México, dijo en su último informe anual que su negocio dependía de sus operaciones en México.

La compañía agregó que había tratado de resolver sus diferencias a través de organismos locales y que algunos de esos procedimientos aún no se habían resuelto. Debido a la crisis del coronavirus, el resto de las instancias mexicana restantes no están disponibles para las audiencias.

Acusó que ante los intentos para tratar de resolver las diferencias, el SAT ha optado por intimidar a la compañía, sus subsidiarias y sus empleados.

Indicó que las acciones del SAT “no son justas ni equitativas, son discriminatorias contra la compañía como inversionista extranjero y equivalen a una denegación de justicia según el derecho internacional. La compañía está extremadamente decepcionada de que las acciones injustificadas y las amenazas de SAT hayan continuado en un momento en que la Compañía se enfoca en proteger y preservar el empleo y el sustento en México de miles de empleados durante la crisis pandémica mundial de Covid-19″.

De acuerdo a información revelada por The Wall Street Journal (WSJ), grupos empresariales de Estados Unidos se opondrían a la propuesta que elabora una oficina del gobierno estadounidense para limitar los paneles de arbitraje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

 

En una nota publicada este martes en su plataforma digital, el diario indicó que funcionarios de comercio estadounidenses elaboran una propuesta que ya ha causado oposición de grupos empresariales, que estiman que los paneles protegen las inversiones extranjeras.

 

Elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el plan propone que los paneles de arbitraje sean en el futuro optativos para los tres países en el marco del TLCAN, lo que haría voluntaria la participación en estos mecanismos, según el WSJ.

 

De acuerdo con personas familiarizadas con este plan, México, por ejemplo, podría decidir mantener este sistema de arbitraje como una forma de dar a los inversionistas confianza en que las disputas no llegarán al sistema judicial mexicano, criticado por sus retrasos y por actos de corrupción.

 

Por su parte, Estados Unidos podría evitar unirse a este sistema, lo que obligaría a inversionistas a resolver sus disputas a través del sistema judicial estadunidense. En ese caso, las empresas de Canadá y México no tendrían derecho de someter controversias de inversión con Estados Unidos en el marco del TLCAN ante los paneles de arbitraje.

 

El WSJ asentó que la propuesta de la USTR circula ya en varias dependencias del gobierno y en la Casa Blanca, que aún no le ha dado su visto bueno. El plan “puede estar incluyendo un incentivo adicional para (que las empresas) trasladen producción a México al dejar una disposición legal que los inversionistas podrían encontrar muy valiosa, consideró Celeste Drake, consejera de comercio de la federación de sindicatos en Estados Unidos (AFL-CIO).

 

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO