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El canciller Marcelo Ebrard dijo este jueves a Estados Unidos que es “sumamente importante” frenar el tráfico de armas estadounidenses hacia México, donde son utilizadas para cometer miles de homicidios al año.

Así se expresó Ebrard al inicio de una reunión de alto nivel sobre seguridad celebrada en Washington con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y altos funcionarios de ambos gobiernos.

El canciller explicó que durante el último año ambos países decomisaron 32.000 armas, lo que permitió una reducción del 9% en los asesinatos en México.

“Si estas 32,000 armas estuvieran en México, no tendríamos una reducción (de homicidios). Esas 32,000 armas significan 17 millones de cartuchos y cada cartucho puede matar a alguien en México. Es algo sumamente importante. No son cifras, son personas”, expresó Ebrard.

Por su parte, Blinken admitió que ambos países deben “intensificar los esfuerzos para interrumpir el tráfico ilícito de armas”, pues, según los datos que maneja, más de dos tercios de los 33.000 homicidios ocurridos en México el año pasado fueron causados por armas de fuego.

El líder de la diplomacia estadounidense puso también sobre la mesa la gran preocupación de Estados Unidos, que consiste en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo.

El secretario de Estado remarcó que el año pasado 108,000 personas fallecieron en su país por sobredosis de opiáceos.

“Nuestra capacidad para proteger a nuestra gente dependerá del trabajo efectivo que hagamos juntos, por eso estamos hoy aquí”, subrayó Blinken.

La reunión, conocida como Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) sirve para evaluar la implementación desde hace un año del Acuerdo Bicentenario, la nueva estrategia integral de seguridad entre ambos países que sustituyó la Iniciativa Mérida, muy centrada en el enfoque militar.

En el encuentro también participan el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas; la secretaria Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez; y los fiscales generales de Estados Unidos y de México, Merrick Garland y Alejandro Gertz Manero, respectivamente.

También asisten el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, Rafael Ojeda; el responsable del Instituto Mexicano de Migración, Francisco Garduño; y la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), Samantha Power.

El presidente Joe Biden, con motivo de la aprobación de la primera gran ley federal de seguridad de armas en tres décadas, dijo este lunes que Estados Unidos está “inundado de armas de guerra” y renovó su llamado a la prohibición de las armas de asalto.

El Congreso ha mostrado poca inclinación a prohibir las armas de asalto después de que expiró una prohibición en 2004, pero Biden espera utilizar la creciente indignación de los estadounidenses por los recientes tiroteos masivos para ejercer una mayor presión sobre los legisladores para que cambien de opinión.

“Las armas de asalto deben ser prohibidas. Fueron prohibidas (…) Estoy decidido a prohibir de nuevo estas armas y los cargadores de alta capacidad”, dijo.

El demócrata también dijo que los legisladores deberían añadir leyes de almacenamiento seguro que exijan la responsabilidad personal “por no guardar el arma bajo llave”.

Destacó que apoya la Segunda Enmienda de la Constitución que otorga a los estadounidenses el derecho a poseer armas de fuego, pero dijo que “el derecho a portar armas no es un derecho absoluto que domine a todos los demás”.

Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, habló en un acto celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca para conmemorar la reciente aprobación del proyecto de ley sobre seguridad de las armas, la primera nueva ley de este tipo en 30 años.

Entre el público se encontraban muchos de los miembros del Congreso que aprobaron la legislación y familiares de algunas de las personas que murieron en tiroteos masivos, como los recientes ataques en Uvalde, Texas; Buffalo, Nueva York; y Highland Park, Illinois.

El proyecto de ley bipartidista se elaboró apenas unas semanas después de los tiroteos masivos de Uvalde y Buffalo en los que murieron más de 30 personas, entre ellas 19 niños en una escuela primaria.

La ley incluye disposiciones para ayudar a los estados a mantener las armas fuera de las manos de quienes se consideran un peligro para sí mismos o para los demás. También bloquea la venta de armas a quienes hayan sido condenados por abusar de sus parejas, incluso si no están casados, y reprime la venta de armas a compradores condenados por violencia doméstica.

Sin embargo, Biden calificó de insuficiente la reciente ley aprobada por el Congreso, y señaló que es necesario “hacer más” para frenar la alarmante tasa de tiroteos en el país.

“No salvará todas las vidas de la epidemia de violencia armada, pero si esta ley hubiera estado vigente hace años, incluso este último año, se habrían salvado vidas. Importa. Importa. Pero no es suficiente y todos sabemos eso”, añadió durante su mensaje en La Casa Blanca.

El proyecto de ley sobre armas se presentó la misma semana en que la Corte Suprema amplió los derechos de los propietarios de armas.

Y es que el control de las armas ha sido durante mucho tiempo un tema de división en el país y varios intentos por poner nuevos controles a la venta de armas han fracasado una y otra vez.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa de reforma constitucional para eliminar del artículo 10 el derecho de la ciudadanía a poseer armas en su domicilio y lo relativo a la autorización para portarlas.

Pese a lo que propuso la semana pasada el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la bancada naranja informó que la propuesta también busca establecer, en el artículo 21, que el Estado tenga competencia exclusiva sobre la producción, comercio, tenencia y uso de armas.

“El uso de las armas debe ser excepcional, supeditado a la protección del derecho humano a la seguridad, a la vida, a la integridad física y al acceso a la justicia, de acuerdo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expuso la bancada.

“La iniciativa busca atender la proliferación de armas que violenta los derechos humanos. De acuerdo con diversos estudios, en regiones donde prolifera la disponibilidad de armas hay un riesgo y un aumento de homicidios, es decir, mayor disponibilidad contribuye a la violencia, no a la paz”, agregó MC, que lidera el diputado Jorge Álvarez Máynez.

Movimiento Ciudadano exhortó al gobierno federal a replantear seriamente las alternativas de pacificación frente a la crisis de inseguridad, pues acusó que a tres años de la creación de la Guardia Nacional, la principal apuesta de este gobierno en materia de seguridad, persiste la violencia y el miedo en todo el país.

“Corresponde al Estado y a todas las autoridades brindarnos protección y seguridad”, remarcó la bancada, quien dijo que estar convencida de que para atender la crisis de inseguridad se requieren estrategias integrales y no ocurrencias.

“Ninguna propuesta para atender esta preocupación fundada debe exponer la integridad de las personas”, enfatizaron los legisladores de MC.

“En Movimiento Ciudadano sabemos que abonar a la guerra nunca tendrá como resultado la paz y sabemos que las personas queremos vivir en paz. Trabajaremos por recuperar la tranquilidad que nos arrebataron y garantizar los derechos humanos”, remataron.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que la propuesta del dirigente del PRI para que “con mayor facilidad las familias mexicanas accedan a armas de mayor calibre”, con fines de defensa, no es una solución al problema de inseguridad.

“Tener un arma de fuego es un riesgo latente; las y los mexicanos tenemos por mandato constitucional la posibilidad, el derecho de en nuestro domicilio poseer un arma de fuego para protección, siempre y cuando no sean de las reservadas para el Ejército y esté registrada ante las autoridades”, indicó el legislador.

El exjefe de gobierno capitalino expuso que la propuesta armamentista ha generado muertes y lesiones en países como Estados Unidos, donde esta posibilidad existe.

“No es un camino, desde mi punto de vista, la pistolización de una sociedad, muy por el contrario, lo que se tiene registrado es que las sociedades que han sido laxas en este sentido en que haya armas de fuego, y lo vemos con los vecinos de Estados Unidos, lo que generan es mucho más casos de muertes o de lesiones graves por armas de fuego. Yo no compartiría esa visión”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República expuso que la propuesta armamentista ha generado muertes y lesiones en países como Estados Unidos.

Por su parte la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró  que es claro que México vive en un Estado fallido, derivado de la irresponsabilidad de un Presidente de la República que no asume su trabajo con seriedad, aunque dijo, que la propuesta del dirigente nacional del PRI no es la solución para resolver el problema de inseguridad.

“Puedo entender la desesperación de los partidos políticos ante un gobierno que no asume su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos, pero yo personalmente no comparto esta propuesta y seguramente votaría en contra”, indicó.

En ese sentido, demandó al gobierno federal dejar de proteger a la delincuencia organizada y no claudicar de su obligación de garantizar la seguridad de los mexicanos y del país.

“Claro que hay un Estado fallido, con un Presidente irresponsable que no asume su trabajo con la seriedad que el país requiere. Llevamos 121 mil muertos, cuántos más quiere, cuántos periodistas más asesinados, que deje de mandarle mensajes a la delincuencia organizada que para ellos hay abrazos”, remató.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que si el gobierno federal no puede garantizar la seguridad, debería de permitirse a las familias portar armas para defenderse. Alito Moreno aseguró que ante las ocurrencias de Morena, que cuestan miles de vidas, el tricolor propondrá modificar la Ley de Armas de Fuego, para que la gente pueda tener acceso a las armas, con la finalidad de defender sus vidas y casas.

Además, anunció que el tricolor impulsaría una ley para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas, para defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada. El presidente del PRI dijo que ante la ausencia de un Estado que cuide a los mexicanos, “que sepan los delincuentes que la gente se va a defender. Nuestra prioridad debe ser la gente honesta y que los delincuentes sepan que ésta se va a defender de las agresiones”. También dijo que el PRI propondrá la capacitación de los cuerpos policiacos, invertir más recursos en el tema de seguridad, rediseñar la Plataforma México, impulsar una política de cero tolerancia al crimen organizado, y entrar a la era digital y la modernización, a la par de organismos y agencias internacionales de cooperación en la materia. “El gobierno de Morena no tiene ningún plan de seguridad, ni le interesa hacerlo, por lo que la violencia que se vive en el país es la principal preocupación de los mexicanos”, resaltó. El dirigente del Revolucionario Institucional destacó que los Estados Unidos acaban de emitir alertas de viaje a prácticamente todo el territorio mexicano, por lo que “seguiremos insistiendo al gobierno federal que cambie la estrategia, porque ha perdido el control del país”. Afirmó que los ojos del mundo se están poniendo en México, porque se está en camino de que el crimen organizado controle al país.

La propuesta de Alejandro Moreno generó diversas reacciones. La exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, utilizó sus redes sociales para rechazar lo planteado por el dirigente actual, pues dijo, es el Estado el que debe cumplir con su obligación fundamental de cuidar a todas y todos.

El Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calificó como una “terrible pretensión” la de facilitar el libre acceso a las armas. Afirmó que la propuesta retornarían las tasas de crecimiento de las ejecuciones de los sexenios pasados, además de que las armas quedarían al alcance de los menores.

El Congreso de Estados Unidos puso fin este viernes a un estancamiento de tres décadas al aprobar una ley de control de armas de fuego, menos de 24 horas después de que la Corte Suprema reafirmara el derecho a su porte en público.

La regulación de las armas es un tema polémico en estados Unidos, tanto para los conservadores como para los liberales, más aún en tiempos en que los tiroteos masivos se han intensificado y siguen cobrando víctimas.

La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, votó a favor del proyecto de ley que ya había sido adoptado en la noche del jueves por el Senado y que, aunque ha sido calificado por analistas como modesto, representa el primer intento importante de regular las armas de fuego desde 1994.

14 republicanos desafiaron al líder de su bancada Kevin McCarthy al aprobar junto al oficialismo demócrata el texto de 80 páginas. En la Cámara alta, donde suelen morir los proyectos por falta de mayorías, 15 senadores votaron junto a los 50 demócratas.

La votación parlamentaria se produjo horas después de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema anulara una ley de Nueva York de un siglo de antigüedad que exigía permisos para portar armas de fuego en público.

La nueva legislación incluye verificaciones de antecedentes para los compradores más jóvenes de armas y destina fondos a incentivar a los estados a aplicar leyes de “alerta” para retirar las armas de fuego a personas consideradas amenazantes.

El controvertido tema del control de armas fue reavivado por dos tiroteos que tuvieron lugar en mayo pasado, uno en Buffalo, Nueva York, que dejó 10 afroestadounidenses muertos, y el otra en Uvalde, Texas, con 31 víctimas mortales, entre ellas 19 niños.

Los liberales celebraron la aprobación de la nueva norma, a pesar de su decepción por el alcance limitado de las disposiciones, que omiten cualquier prohibición de armas semiautomáticas o cargadores de alta capacidad.

El presidente Joe Biden consideró a la ley como un avance tras casi 30 años de infructuosos esfuerzos en el Congreso. “Esta ley bipartidista ayudará a proteger a los estadounidenses”, dijo Biden en un comunicado poco después de la votación del Senado. “Niños en las escuelas y comunidades estarán más seguras gracias a ella”.

Al menos 10 personas murieron y más de una veintena resultaron heridas en cuatro tiroteos diferentes en Estados Unidos este fin de semana.

Un tiroteo en la madrugada del domingo cerca de un club nocturno de Chattanooga, en Tennessee, terminó con un saldo de dos muertos. Cuatro personas más, dos muertos y dos heridos, fueron atropelladas por vehículos que huían del lugar de los hechos, dijo la jefa de policía local, Celeste Murphy, quien añadió que “varias” víctimas seguían en estado crítico.

En Saginaw, Michigan, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo el domingo, informaron MLive.com y la televisión WEYI, citando a la policía local.

Y en el condado de Clarendon, en Carolina del Sur, un tiroteo en una fiesta de graduación dejó un muerto y siete heridos, informó la policía en un comunicado.

La violencia con armas de fuego se ha vuelto algo común en Estados Unidos, con más de media docena de tiroteos solo este fin de semana en los que murieron varias personas, según el Gun Violence Archive.

Pero la conmoción que siente más tras los recientes tiroteos masivos en una tienda de Buffalo, Nueva York, y una escuela primaria en Uvalde, Texas, que dejaron 10 y 21 muertos respectivamente, provocando urgentes llamados a los legisladores a tomar medidas.

El presidente Joe Biden se lanzó contra los republicanos que se oponen a restringir la venta de armas y deploró que lugares como escuelas u hospitales “se hayan convertido en campos de exterminio, campos de batalla”.

El senador demócrata Chris Murphy trabaja con un grupo parlamentario bipartidista en una serie de reformas. La labor es ardua porque los republicanos rechazan casi sistemáticamente la mayoría de las medidas destinadas a regular las armas.

Murphy dijo ayer que el grupo espera elaborar un proyecto que cuente con el apoyo de al menos 10 republicanos, además de casi todos los demócratas. “Creo que la posibilidad de éxito es mayor que nunca”, declaró a la cadena CNN. “Pero también creo que las consecuencias de un fracaso para toda nuestra democracia son mayores que nunca”.

Si bien los republicanos han bloqueado durante años la mayoría de los esfuerzos para controlar el acceso a las armas, algunos se han pronunciado recientemente a favor de un cambio.

Según una encuesta de CBS News, la mayoría de los estadounidenses está a favor de normas más estrictas para la posesión de armas y 81% apoya la verificación de antecedentes de los compradores potenciales.

La violencia con armas de fuego en Estados Unidos ha matado a más de 18.000 personas en lo que va de 2022, incluidos casi 10.300 suicidios, según el Gun Violence Archive.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden urgió a los legisladores a emprender acciones contra la violencia con armas de fuego, y pidió prohibir la venta de armas de asalto como las utilizadas en las masacres recientes de Texas y Nueva York.

Biden pronunció en La Casa Blanca un discurso televisado con 56 velas encendidas detrás suyo para representar a los estados y territorios de estadounidenses que sufren la violencia de las armas de fuego.

“¿Cuántas matanzas más estamos dispuestos a aceptar?”, preguntó el presidente. “No podemos volver a fallarle al pueblo estadounidense”, dijo, y condenó por “inconcebible” la negativa de la mayoría de los senadores republicanos a apoyar leyes más duras sobre las armas.

Como mínimo, dijo Biden, los legisladores deberían elevar de 18 a 21 años la edad para comprar armas de asalto y así ayudar a frenar la violencia desenfrenada, que ha convertido escuelas y hospitales en “campos de exterminio”.

También demandó aumentar los controles de antecedentes de los compradores armas, la prohibición de vender cargadores de gran capacidad, la obligación de almacenar las armas en forma segura e incluso habló de responsabilizar a los fabricantes de los delitos cometidos con sus productos.

“En las últimas dos décadas, murieron más niños en edad escolar a causa de las armas de fuego que agentes de policía y militares activos juntos. Piensen en eso”, dijo Biden.

Mientras legisladores republicanos se resisten a endurecer las leyes sobre armas, un grupo bipartidista de senadores mantuvo el jueves conversaciones sobre un paquete de controles de armas de fuego.

Esos senadores se centraron en la seguridad en las escuelas, el refuerzo de los servicios de salud mental y los incentivos para que los estados concedan a los tribunales la autoridad para retirar temporalmente las armas a personas que se consideren una amenaza, una medida que Biden también pidió en su discurso.

Mientras aún se vive el duelo por las masacres en un supermercado de Buffalo, Nueva York, y el tiroteo en una escuela de Texas, apenas este miércoles se produjo otro ataque en Oklahoma. Un hombre con una pistola y un rifle asesinó a dos médicos, una recepcionista y un paciente en un complejo hospitalario de Tulsa, y se suicidó antes de que llegara la policía.

El canciller Marcelo Ebrard denunció este jueves una “manifiesta negligencia” de los fabricantes de armas de Estados Unidos, contra los que México mantiene una demanda en cortes estadounidenses, tras la matanza en una escuela esta semana en Texas, que dejó un saldo de 19 niños y dos adultos sin vida.

“Hay una manifiesta negligencia de parte de esta industria y pues no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir adelante”, dijo Ebrard en referencia a la demanda judicial en la que México acusa a ocho productores de armas estadounidenses de un comercio descuidado, que facilita su tráfico ilegal hacia los cárteles del narcotráfico mexicanos.

La masacre en la escuela primaria de la localidad de Uvalde, Texas, a una hora de la frontera con México, fue perpetrada por un adolescente de 18 años que compró un fusil legalmente.

“Que a un joven se le venda un arma de asalto a los 18 años, a lo que conduce es a este tipo de tragedia, es una tragedia inmensa”, agregó Ebrard, quien dijo estar “profundamente entristecido” por el ataque.

El canciller subrayó que el alegato mexicano, presentado en agosto del año pasado ante una corte federal de Boston, habla “esencialmente” en la negligencia de las empresas productoras de armas.

“Por ejemplo, la empresa que produce esta arma, el fusil de asalto AR15, hace propaganda de sus armas con gente muy joven como puedes observar en su página de internet”, detalló Ebrard durante una conferencia de prensa.

El rifle AR-15 -fabricado por Colt, una de las compañías incluidas en la demanda mexicana, está concebido para provocar el mayor número posible de víctimas en un tiempo récord, según datos de la industria.

La tragedia de Uvalde, la peor en una escuela estadounidense en una década, ha generado gran indignación entre la población, y relanza y preguntas sobre cómo limitar la venta de armas en el país vecino, un control que podría haber evitado la matanza.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, confirmó este miércoles que viajará a Texas junto al presidente, Joe Biden, con motivo de la tragedia que se vivió en la escuela primaria de Uvalde, en la que un adolescente de 18 años mató a 21 personas, 19 de ellas niños de entre 8 y 10 años.

“Por supuesto que vamos a visitar Texas”, dijo Jill Biden al ser cuestionada por los periodistas durante un evento en el
Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

Más tarde, el presidente dijo que pronto irá a Texas, aunque no confirmó fecha. “Jill y yo viajaremos a Texas en los próximos días para encontrarnos con las familias y hacerles saber que sentimos su dolor”, dijo Biden desde La Casa Blanca.

El anuncio de la visita del mandatario se da mientras se confirmó que Salvador Ramos, el atacante de la escuela en Texas compró sus armas legalmente días antes de la masacre, y poco después de cumplir los 18 años.

El agresor compró un fusil tipo AR de un negocio con licencia federal en el área de Uvalde el 17 de mayo, según un informe de la policía estatal entregado al senador John Whitmire. Al día siguiente compró 375 proyectiles, y el 20 de mayo compró un segundo fusil.

Ramos llevaba un fusil de cañón largo, chaleco antibalas y abundante munición, lo que según el teniente Christopher Olivarez del Departamento de Seguridad Pública de Texas, “demuestra la premeditación de esta persona nefasta al entrar en una escuela con total desprecio hacia la vida humana”.

Pese a la condena generalizada que se ha hecho, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) sostendrá su convención en Houston tal como estaba planeado, anunció el alcalde de Houston.

El alcalde, Sylvester Turner, afirmó que el evento tiene que realizarse porque la municipalidad no puede cancelar el contrato con la NRA. Sin embargo, cuestionó el hecho de que políticos republicanos hablarán en el foro de esa agrupación partidaria de la tenencia de armas, luego de la matanza en Uvalde.

Entre los políticos republicanos que aparecen como ponentes en el evento, que empieza este viernes, están el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz; ambos han condenado el ataque.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que el orador principal será el expresidente Donald Trump, informó la propia NRA en Twitter.

“Estados Unidos necesita soluciones verdaderas y liderazgo verdadero en este momento, no políticos y partidismo”, expresó Trump en Truth Social, la red social que impulsa. “Por eso mantendré mi compromiso de larga data de hablar en Texas en la Convención de la NRA y realizar un importante discurso a Estados Unidos”, añadió.

Los planes y las palabras del exmandatario lo colocan en oposición directa al presidente Joe Biden, quien dijo tras el tiroteo del martes que Estados Unidos debe enfrentarse a la NRA y promulgar leyes significativas para frenar la violencia armada.

“¿Cuándo, por el amor de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse?” preguntó Biden en un discurso a la nación ayer, luego del tiroteo.

Los principales fabricantes de armas de Estados Unidos tienen previsto solicitar este martes a un juez federal de Boston, que desestime una demanda del gobierno mexicano que les acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes en México.

Se espera que los abogados de esas compañías, entre ellas Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co, pidan en una audiencia virtual al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche la demanda que nuestro país presentó en agosto pasado por 10,000 millones de dólares.

Recordemos que México acusó a las empresas de socavar las leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a nuestro país más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las compañías argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas también argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

Cientos de abandonaron precipitadamente este lunes el aeropuerto internacional de Cancún, que paralizó temporalmente su actividad, después de escucharse supuestas detonaciones de armas de fuego, lo cual fue denunciado por los usuarios en redes sociales, aunque más tarde las autoridades descartaron los señalamientos.

“No existen indicios de detonaciones de arma de fuego o explosiones en ningún área del aeropuerto”, informó el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) en un comunicado.

“El Centro Operativo de Emergencias del Aeropuerto Internacional de Cancún informa que a las 11:23 de la mañana se decretó la alerta por reporte de un incidente en el que se manejaron múltiples versiones de lo que sucedía, se aplicaron los protocolos de seguridad del establecidos para estos temas”, subrayó Asur, que gestiona el aeropuerto de Cancún.

Explicó que en el Centro Operativo de la emergencia (COE) se reunieron representantes de la Agencia Federal de Aviación Civil, la Guardia Nacional, Secretaria de Marina, y ASUR entre otras autoridades, para dar seguimiento a los acontecimientos e iniciar las investigaciones.

Aunque descartaron un ataque con armas de fuego, las operaciones de la Terminal 3, “fueron suspendidas momentáneamente para garantizar la seguridad de los pasajeros, misma que nunca estuvo en riesgo, reanudándose minutos después”.

Según la Guardia Nacional, los ruidos escuchados no fueron provocados por disparos de arma de fuego, y pudieron haber debido a la caída accidental de unos anuncios.

“La información disponible nos indica que el sonido pudo ocasionarse por la caída de tres anuncios derribados de manera accidental por un turista. Se continúa investigando”, informó la Guardia Nacional en su cuenta de Twitter.

Otras versiones no oficiales señalaban que los ruidos escuchados se debieron a que situaciones mecánicas en algunas máquinas dentro del aeropuerto.

Según imágenes de redes sociales, en la terminal 3, que es la más utilizada por las aerolíneas internacionales, se reportaron detonaciones de fuego en una de las puertas de embarque, lo que llevó a centenares de turistas a resguardarse fuera del recinto o incluso en los aviones.

Ello obligó a activar el llamado código rojo en la zona y en cuestión de minutos arribaron cuerpos de seguridad de la Guarida Nacional y el Ejército.

Cancún y sus alrededores, que reciben cada año miles de turistas de todo el mundo, han sido escenario en los últimos meses de varios enfrentamientos a tiros entre grupos criminales que se disputan el control de actividades ilícitas en la zona.

En noviembre, el gobierno anunció el despliegue de 1,500 efectivos de la Guardia Nacional en Cancún y ciudades aledañas para hacer frente al crimen organizado, tras varios incidentes violentos que golpearon la imagen del popular destino turístico.

En octubre, una turista canadiense falleció en un tiroteo entre bandas criminales en Tulum, y a principios de noviembre un incidente armado en el que murieron dos narcomenudistas sembró el pánico en la zona hotelera de Cancún.

Según cifras oficiales, en Quintana Roo se reportan en lo que va de año 75 homicidios dolosos. A mediados de enero, un tiroteo ocurrido en el interior de un hotel ubicado en Playa del Carmen, de la prestigiosa cadena Xcaret, dejó dos canadienses muertos y un herido, presuntamente involucrados en el tráfico de drogas.

Y una semana después se produjo la muerte a tiros del argentino Federico Mazzoni, quien era gerente de un popular establecimiento de Playa del Carmen.

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que la demanda contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos sigue adelante.

“Seguimos adelante, la respuesta de los fabricantes de armas se da en los términos previstos, no hay sorpresas. Tenemos los elementos necesarios para ganar”, dijo Ebrard en un mensaje en Twitter.

Y es que la SRE señaló, mediante un comunicado, que las empresas presentaron su respuesta a la réplica que sometió la cancillería a nombre del gobierno de México, el pasado 31 de enero, como parte de las acciones de la causa civil que está en curso en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts.

En la demanda se acusa a las armerías estadunidenses “por sus prácticas negligentes de negocios que favorecen el tráfico de armas a nuestro país”.

Además, la SRE recordó que el calendario procesal original preveía que su respuesta fuera sometida el 28 de febrero pasado, pero la contundencia de los argumentos legales del gobierno mexicano y el amplio apoyo recibido a través de escritos de Amigos de la Corte les obligó a esta ampliación.

“Como se esperaba, las empresas cuestionaron individualmente la capacidad del gobierno de México de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano”, señaló en el comunicado la cancillería.

Además, dijo que las empresas, “insisten en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos”.

Recordemos que el pasado 31 de enero de 2022, los representantes legales del gobierno de México argumentaron en el escrito de respuesta que el Congreso de Estados Unidos, “al legislar lo hacen pensando que las leyes solo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley”.

El gobierno de México “sostiene que PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”.

Ante este escenario, la SRE dijo que realizará el análisis correspondiente de los escritos de respuesta de las empresas demandadas y seguirá informando sobre el desarrollo de este litigio.

A finales de enero, Ebrard estimó que este año se tiene que resolver la demanda que se interpuso contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito.

Además, reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos.

El Gobierno canadiense ordenó a los familiares de sus diplomáticos en Ucrania que abandonen el país ante el aumento de las tensiones con Rusia por la decisión de Moscú de aumentar su presencia militar en la zona y sus “actividades desestabilizadoras”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló este martes en un comunicado que “debido al aumento de las fuerzas militares rusas y las actividades desestabilizadoras en Ucrania y alrededor del país” decidió que los familiares de diplomáticos menores de 18 años y otros adultos abandonen el país de forma temporal.

El anuncio se produce pocas horas después de que Canadá recomendara a sus ciudadanos que no están en el país europeo por motivos esenciales que lo abandonen ante la escalada militar.

Otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, también han empezado a retirar de Ucrania a parte de su personal diplomático y familiares.

Aunque Rusia ha negado que esté planificando la invasión de Ucrania, los servicios de inteligencia occidentales han indicado que las autoridades militares rusas tienen alrededor de 100,000 tropas a las puertas del país.

En respuesta, Estados Unidos anunció la movilización de 8,500 soldados, aunque este martes el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que su país no descarta preparar a más soldados ante un posible despliegue en el este de Europa.

En tanto, el Ejército ucraniano anunció que espera reforzar más su defensa con las armas que le han enviado EUA y Reino Unido, y las que han autorizado Lituania, Letonia y Estonia.

Hoy llegó a Kiev un nuevo avión con asistencia militar estadounidense para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aterrizó en el aeropuerto capitalino de Boríspol. Se trata del tercer avión con armamento estadounidense que llega a Ucrania en los últimos días. Durante el fin de semana Washington ya entregó a Kiev más de 170 toneladas de armas.

Por su parte La Casa Blanca admitió este martes que las acciones que tomarán Estados Unidos y sus socios europeos ante una eventual invasión rusa de Ucrania no serán “idénticas”, pero afirmó que serán “fuertes y severas” en todos los casos.

Así lo expresó la secretaria de Prensa, Jen Psaki, al ser preguntada en su rueda de prensa diaria sobre la decisión de Alemania de no enviar armas a Ucrania.

“La unidad no se da por sí sola. Requiere mucho trabajo. También significa que las acciones pueden no ser idénticas, pero estaremos unidos y las respuestas serán fuertes y severas”, respondió Psaki.

La portavoz del presidente Biden sostuvo que hay un “acuerdo” entre los socios de la OTAN, incluida Alemania, sobre el hecho de que “habrá graves consecuencias económicas” si Rusia invade Ucrania.

Consultada sobre la postura de los países europeos que, a diferencia de Estados Unidos, no prevén una inminente invasión, Psaki respondió que “nadie puede meterse en la mente” del presidente ruso, Vladímir Putin.

Quien también habló sobre el tema fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien advirtió que Rusia pagará “un alto costo” si invade Ucrania.

“Si se produce una agresión” de Rusia contra Ucrania, “habrá una respuesta y tendrá un alto costo” para Moscú, dijo Macron en una conferencia de prensa en Berlín junto al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz.

Macron anunció por otra parte que el viernes tendrá una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir la creciente tensión en la frontera ruso-ucraniana.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó este lunes que este año se tiene que resolver la demanda que interpuso el gobierno mexicano en contra de 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito.

“Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con uno de los principales productores de armas del mundo y a las empresas que estamos demandando les estamos atribuyendo negligencia. Este año se tiene que resolver y estamos promoviendo que otros países participen con nosotros”, declaró Ebrard.

El canciller participó en la reunión plenaria de los diputados de Morena, donde destacó la inédita demanda que el gobierno presentó en agosto pasad ante una corte en Boston, Massachusetts.

También presumió del apoyo que ha recibido México de 26 fiscales generales de Estados Unidos y se mostró optimista, a pesar de recientes reportes de que los acusados intentan mover el litigio a Texas o Arizona, donde los jueces son más favorables a la cultura armamentista.

El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos. “Esa es al causa de México en este 2022, que tiene que ver con la violencia que vivimos en la calle, a mayor disponibilidad de armas, más riesgos corremos como personas”, expresó el canciller.

El gobierno de la 4T atribuye a las armas gran parte de la violencia en México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Aunque Ebrard reconoció que “no es factible” responsabilizar de forma directa a los fabricantes de un homicidio en México, Ebrard sostuvo que las empresas producen pistolas con propaganda y atributos dirigidos a los narcotraficantes.

“Plantea (la demanda) una cosa muy sencilla, hay una corresponsabilidad de los que producen armas con la violencia que estamos viviendo, y ese eslabón se llama negligencia”, indicó.

El canciller también recordó que el año pasado México propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU cambiar la regulación de las armas ligeras en el mundo y darles “un trato de peligrosidad” para que no se admita que son armas legales. “México está en contra de las armas, en general, y en especial las denominadas armas ligeras”, enfatizó.

El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando “politizar” el litigio mientras México se mantiene “respetuoso”.

“El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras”, explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen “efectos extraterritoriales”, por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?”, expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. “Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente”, expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido “ningún pronunciamiento” sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.