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La organización Artículo 19 registró cinco asesinatos de periodistas y 561 agresiones contra la prensa en México durante 2023, un promedio de un ataque cada 16 horas a un comunicador o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.

En el reporte ‘Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?’, la organización civil indicó que esa cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

Además, recordó los asesinatos de cinco periodistas con un posible vínculo a su labor: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).

Fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, “México se se coloca como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023”.

En cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por la organización presentaron una reducción del 19.4% respecto al año 2022, que se mantiene como el año más violento para la prensa en México en registros de la organización.

La organización dijo que una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos.

En cuanto a la tipología de violencia, la asociación identificó “los mismos patrones que se han reportado en los últimos años”. Las tres categorías de agresiones más documentadas fueron intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente mediante la estigmatización y el acoso judicial, así como las amenazas en la esfera física y digital.

Siguiendo la tendencia desde 2019, la intimidación y el hostigamiento se posicionó como la embestida más común, con 124 casos documentados, el 22.1% del total. Mientras que el uso ilegítimo del poder público se ubicó como la segunda agresión más frecuente, con 106 casos documentados (18.89%).

Precisaron que, en 2023, no hay un cambio sustancial en tendencias, pues el Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16% del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93%), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10,16%), finalizando con 25 agresiones provocadas por partidos políticos (4,46 %).

En 97 ocasiones (17.29%) Artículo 19 “pudo identificar una agresión pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor”.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, sobre la violencia contra los periodistas, y cómo ha influido en estas cifras la relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entablado con la prensa durante su sexenio.

Autoridades investigan la desaparición de cinco personas, entre ellas, tres periodistas, en la localidad de Taxco de Alarcón, en Guerrero, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía precisó que el caso se persigue a través de la fiscalía especializada en delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de los derechos humanos, así como por la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.

Los periodistas desaparecidos fueron identificados como Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre.

Además de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez, una pareja de periodistas del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre, ambos plagios perpetrados por grupos criminales armados.

Lo anterior pudo ser corroborado por la organización Artículo 19, mientras que los familiares de los plagiados dieron a conocer públicamente sus desapariciones en sus redes sociales.

Artículo 19 explicó que las coberturas de los periodistas se centraban en temas tanto políticos como de seguridad local, en el caso de Toledo; y notas locales en los alrededores de Taxco y del estado, siendo sus coberturas más recientes las relacionadas al azote de Otis el pasado 25 de octubre.

La organización también destacó que con 425 agresiones entre 2009 y 2023, Guerrero se posiciona como la quinta entidad con más ataques contra periodistas y medios de comunicación.

“El estado es también el segundo más letal contra la prensa, pues se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados, siendo el último caso de Nelson Matus Peña. Así como tres periodistas desaparecidos, con el caso de Alan García, siendo el último caso documentado”, añadió.

La organización instó a las autoridades a aplicar los protocolos legales estimados en este tipo de investigaciones ministeriales y atender su localización con oportunidad.

Los hechos se reportan una semana después del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En lo que va del año en México, considerado el país sin guerra más peligroso para la prensa, cinco periodistas han sido asesinados en relación con su labor, con lo que la cifra asciende a 163 homicidios entre de 2000 a la fecha, según el conteo de Artículo 19.

La organización internacional Artículo 19 dijo este martes que 2022 fue el año con más agresiones contra comunicadores en México, desde que tiene registro,.

Señaló a las fuerzas de seguridad y a otros organismos del Estado como los principales perpetradores de esos abusos, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha rechazado estas acusaciones.

En su informe anual “Voces contra la indiferencia”, Artículo 19 documentó que durante el año pasado hubo 696 atentados, que incluyen intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, alteración de contenidos, ataques físicos y a bienes, privación de la libertad y asesinatos.

“En México se mata a periodistas, pero también se les amedrenta y se les calla de manera sistemática y recurrente mediante hostigamientos, estigmatizaciones, amenazas y uso ilegítimo del poder público”, detalla el reporte.

En un comparativo, el organismo explicó que las agresiones aumentaron 4.3 veces respecto al cuarto año de la gestión del expresidente Felipe Calderón y 1.6 veces respecto al mismo periodo de Enrique Peña Nieto.

Más del 40% de los abusos reportados fueron perpetrados por el “Estado” y el 50.57% de las víctimas en esos episodios cubrían casos de corrupción y política.

El documento también destacó que durante la conferencia de prensa que realiza diariamente el presidente a diario, la mañanera, hubo 176 “comentarios estigmatizantes” contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

“2022 fue el año con más agresiones contra la prensa desde que tengamos un registro (2008), 33 de las cuales fueron del presidente con declaraciones estigmatizantes durante su conferencia matutina”, dijo Leopoldo Maldonado, jefe de la oficina para México y Centroamérica de la organización.

En el primer semestre de 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en nuestro país, “lo que equivale a un periodista agredido cada 12 horas”, indicó la organización Artículo 19.

Al presentar su informe del 1° semestre del año sobre la libertad de expresión en México, la organización detalló que los estados con más agresiones hacia la prensa durante este periodo fueron la Ciudad de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21, y Baja California, con 19.

Entre las principales agresiones documentadas estuvieron las intimidaciones y hostigamientos, en segundo lugar las amenazas, y después le siguieron los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público.

Además, los principales agresores de los comunicadores son los agentes del Estado: funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y elementos de las Fuerzas Armadas, que cometieron el 37.33% de los casos documentados en el periodo.

En tanto, el proceso electoral que culminó fue la principal cobertura de riesgo, pues, según registró el organismo, integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones.

En el informe también se destacó un incremento en las agresiones a periodistas por internet, espacio en el que ocurren 1 de cada 3 ataques. Estas agresiones, precisó, incluyen campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias, hasta ataques cibernéticos e intentos de acceso a sus cuentas.

“Periodistas y medios viven un constante embate de amedrentamiento ante el cual las autoridades siguen sin tener preparación o respuesta”, denunció Artículo 19.

La organización también documentó 120 agresiones contra mujeres periodistas en el primer semestre de este año. De estas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual aunque en su mayoría fueron intimidaciones y hostigamientos (49 casos), principalmente a través de campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias.

Otro dato que reveló el informe de Artículo 19 es que en los primeros seis meses de este año tres periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor: Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, acribillado el 17 de junio en Oaxaca, y Saúl Tijerina Rentería asesinado el 22 de junio en Coahuila.

A estos se suman los crímenes de Ricardo López Dominguez, el 22 de julio, en Guaymas Sonora, y el de Jacinto Romero Flores, perpetrado el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

“Con ello, son 22 periodistas los que han sido asesinados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador”, destacó la organización.

Artículo 19 señaló que estas cifras indican que “en este tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse”.

Al lanzar una crítica al Estado por seguir sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información, lo urgió a la toma de acciones coordinadas entre las distintas entidades y niveles de gobierno con el fin de proteger a la prensa en México.

Foto: Twitter @article19mex

Tras los señalamientos que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la labor de Artículo 19, descalificando su trabajo y exhibir que está financiada desde el extranjero, además de que pertenecen al “movimiento conservador” que está en contra de su gobierno, fue la organización quien respondió al mandatario.

“Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas”, indicó la organización, quien destacó que son un grupo de personas dedicadas al periodismo, las leyes y el activismo por los derechos humanos, que conocen las fuentes de financiamiento de la organización, mismas que son públicas.

Pidieron al presidente verificar que no hay “empresas extranjeras” financiando sus actividades, sino fundaciones y gobiernos que apoyan proyectos de la sociedad civil en decenas de países alrededor del mundo; incluso le recordó que parte del financiamiento proviene de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos, que también ha aportado fondos para iniciativas en derechos humanos en las que participa el propio gobierno federal.

Artículo 19 recordó que  durante más de una década, a lo largo de gobiernos de distintos partidos, han trabajado en la defensa de periodistas del acoso del poder y en la procuración del acceso de la ciudadanía a información pública y a tecnologías de comunicación libres de censura.

Enfatizó que sus informes también fueron presentados durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, sacando a la luz casos emblemáticos de la libertad de expresión, como es la defensa y acompañamiento a la periodista Lydia Cacho en su denuncia por la tortura que sufrió en su labor informativa; formó parte del grupo de organizaciones que reveló el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y activistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; promovió un amparo en el que la Suprema Corte obligó al Congreso de la Unión a legislar sobre publicidad oficial, entre otas.

Le recordó que Artículo 19 también encabezó la defensa legal de Sanjuana Martínez, hoy directora de Notimex, cuando su trabajo periodístico le provocó una demanda por daño moral. Precisó que el equipo legal, encabezado por el hoy director de la Oficina, Leopoldo Maldonado, logró que la demanda fuera retirada.

“Lo ocurrido en la conferencia de este 31 de marzo es una muestra más de una creciente intolerancia a la crítica y a la información incómoda para el gobierno federal (…) en tres décadas ha trabajado para abrir libertades en regímenes autoritarios. Lo que nos preocupa es que México esté cayendo en lo mismo”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de su colaboradora Sanjuana Martínez, directora de Notimex, quien fue señalada por el gobierno de Estado Unidos de ordenar atacar en redes sociales a diversos periodistas.

El mandatario criticó al gobierno de Estados Unidos por el informe que presentó el Departamento de Estado, y en el que se exhiben diversos casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

“¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana, que ya la volvieron famosa?”, cuestionó AMLO.

Sobre Sanjuana, a quien él nombró para encabezar Notimex, que lleva más de un año en huelga, ante la falta de acuerdos con la Dirección sobre la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y por diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, principalmente despidos que la nueva directora instruyó a su llegada.

AMLO dijo que es una mujer que tiene todo su respeto. “Es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados (…) es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista”.

Al referirse a Artículo 19, el mandatario acusó que la organización está financiada por empresas extranjeras, incluso por el Departamento de Estado. “Está apoyado por el extranjero; pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra, te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo”.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de publicarse el informe anual de derechos humanos que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en esta ocasión corresponde al último año del Gobierno de Donald Trump, y en el que se señala a la directora de Notimex de ordenar a periodistas “eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”, además de que ordenar ataques a periodistas de renombre, que criticaban su nombramiento en la agencia de noticias.

La periodista utilizó sus redes sociales para asegurar que el reporte de Washington se basa en mentiras “para golpear al actual Gobierno”.

Acusó que el informe solo incluye un párrafo de ocho líneas que se basa en “las mentiras de Artículo 19 difundidas por Aristegui en mayo del año pasado, mismas que ya desmentí”.

Incluso dijo que si la fuente del Departo de Estado, era Artículo19 y Aristegui Noticias, era obvio que la información era “refrito de mentiras, del refrito del refrito, y así hasta la ignominia”. En tono irónico dijo desconocer que el Departamento de Estado tenía como fuente las fakenews.

El reporte de Washington también documentó que periodistas que hacen preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa matutinas reciben ataques vía Twitter.

Este documento no es el primero que denuncia la estigmatización contra periodistas críticos con el Gobierno de López Obrador. La retórica del presidente contribuye a la violencia contra los periodistas, advirtió la Coalición Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) en un reporte en 2019.

Sobre la situación de Notimex, López Obrador ha descartado “despedir” a Martínez al opinar que “se puede con el diálogo” resolver la huelga que comenzó el 21 de febrero de 2020.

La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel “en ser detenido y procesado por violaciones” derechos humanos y “en menoscabo de la libertad de expresión”.

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

“Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México”, declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.

Artículo 19 expresó su preocupación ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuanto a la existencia de los organismos autónomos.

Y es que el presidente ha indicado que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.

Entre las opciones, señaló AMLO, podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI.

“Los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia”, indicó la organización.

Advirtió que delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas.

Artículo 19 recordó que en este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del INAI. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.

Al recordar que el argumento dado por el presidente radica básicamente en que son organismos que “han salido muy caros” para el país, se señala que es evidente que lo que se busca es acabar con los contrapesos institucionales.

La organización ARTICLE 19 documentó 406 agresiones contra periodistas y medios de enero a junio de este año en nuestro país. JEsto representa un incremento del 45% en comparación con las 280 agresiones documentadas durante el mismo periodo en 2019.

Así, señala que cada poco más de diez horas la prensa es agredida en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización de defensa de la libertad de expresión.

Recordó que con 609 agresiones, el 2019 (primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador), fue el año más violento contra la prensa en la última década. Sin embargo, en los primeros seis meses del 2020 ya se alcanzó el 66% de dicho récord.

El primer semestre de 2020 ya superó el total de agresiones documentadas en todo 2015. De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que ARTICLE 19 tiene registro.

Article 19 dijo que las principales agresiones contra periodistas y medios en la primera mitad de 2020 son “amenazas, intimidaciones y hostigamientos, así como bloqueos informativos y alteraciones de contenido”.

Detalló que la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo son los cinco estados con más agresiones documentadas en el periodo.

“Dichas entidades concentran el 48% de las agresiones totales, es decir, casi la mitad del total”, precisó.

Article 19 explicó que detrás de las agresiones están la intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio, particularmente vinculado a la pandemia, “la represión de protestas, así como la captura del poder público por el crimen organizado”.

Apuntó que más del 90% de los asesinatos de periodistas en el país permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

ARTICLE 19 documentó el asesinato de dos periodistas de enero a junio: María Elena Ferral, el 30 de marzo en Veracruz, y Jorge Armenta, el 16 de mayo en Sonora. En total, son 4 asesinatos en 2020, considerando los casos de Pablo Morrugares, asesinado el 2 de agosto en Guerrero, y Julio Valdivia, asesinado el 9 de septiembre en Veracruz.

Éste último ocurrió apenas la semana pasada. Con estos, suman 15 periodistas quienes perdieron la vida por su labor bajo la actual administración