El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, activó este jueves un polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de pensiones, evitando así el voto de los diputados, en medio de una sesión caótica en la Asamblea Nacional.
“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al activar en la cámara baja el artículo 49.3 de la Constitución.
Rápidamente, varios diputados anunciaron la presentación de una moción de censura contra el gobierno, la única forma ahora de impedir la aplicación de la reforma.
El presidente Macron activó el polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, luego de que fracasara en su intento de asegurarse la mayoría necesaria.
La activación de esa herramienta legal, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que ya organizaron protestas masivas durante los últimos meses.
Apenas el pasado 7 de marzo, salieron a las calles cerca de 3.5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.
Recordemos que Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.
Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.
A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”.
Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.
En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
