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El titular de la Auditoría Superior de Federación (ASF), David Colmenares, aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, “a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno», esto al comparecer en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en su informe que señalaba irregularidades en el gasto público de 2019.

El principal punto de discusión, dentro de la comisión de vigilancia de los Diputados, fue el sobrecosto del 232% que el organismo atribuyó a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de LA Ciudad de México (NAIM), un proyecto que frenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Colmenares Páramo indicó que cualquier entidad aludida en las auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley, por lo que dijo, se está trabajando precisamente en lo concerniente a la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco.

Señaló que la ASF ha tratado de ser una entidad del Estado mexicano “que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados, y hemos recibido durante estos años un gran apoyo del Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales que nos va a permitir ser mucho más precisos”.

Reconoció que hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño; sin embargo, afirmó que siempre se condujeron por la ley y todo dentro de la ella. Dijo que ante las inconsistencias, apelaron a crear un grupo especial de trabajo, y pedirle a otro grupo auditor, para que se reunieran y se invitara a participar en el mismo al Grupo Aeroportuario.

Adelantó que en los próximos días tendrán resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente.

Recordemos que el gobierno federal aseguró haber encontrado en la auditoría tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto. En l revisión a la Cuenta Pública 2019, presentada hace una semana y que audita el primer año del Gobierno de López Obrador, revelaba irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del Ejecutivo.

En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador de la obra en Texcoco, una obra iniciada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Colmenares insistió en que no hubo «ningún tipo de mala fe» en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración, y sostuvo que “no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de legalidad de la propia Auditoría Superior de la Federación; estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados está realizando”.

Puntualizó que pedirá que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal.

Recordó que al asumir el cargo de titular de la ASF protestó cumplir con la Constitución y con las leyes de ella emanan; además garantizó que en toda su vida se ha conducido con apego a la legalidad y al marco normativo de las instituciones que “me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación resaltó que la institución, por su naturaleza, es total y absolutamente apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías, pues sí sería política, pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre, conforme a la ley”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó esta mañana contra los medios de comunicación por no corroborar la información del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalaba irregularidades en el gasto público del gobierno federal; lamentó que se sigan prestando a transmitir información errónea a los mexicanos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador proyectó un video con fragmentos de diversos espacios televisivos, en los que se retomó el informe de la ASF, especialmente en su apartado sobre el costo total que en un inicio indicó la Auditoria tuvo la cancelación del aeropuerto e Texcoco.

«¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Todos están al servicio del régimen conservador que imperaba y al que quieren regresar. Es realmente lamentable y vergonzoso que suceda esto en los medios de información», dijo AMLO, quien encontró un pretexto más para señalar a la prensa, como lo ha venido haciendo desde que asumió el poder.

El presidente aseguró que ahora los medios seguro «van a decir que la culpa es de la Auditoría», aunque dijo, en realidad «estaban esperando» una noticia así para criticar al gobierno. «¿Que no pudieron constatar y revisar la información?», expresó el presidente.

Y es que el fin de semana pasado, la ASF publicó un informe sobre el gasto público federal según el cual la cancelación en 2019 de las obras del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo 232% mayor al previsto por el gobierno.

Sin embargo, López Obrador calificó el lunes de «exagerada» la auditoría y, posteriormente, el organismo admitió la existencia de «inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva». El gobierno aseguró que encontró en el informe tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.

Esta situación llevó a que ayer López Obrador enviara una carta a la Cámara de Diputados en la que solicitaba investigar a la Auditoría Superior, pues considera que buscó «dañar» al gobierno al dar datos erróneos.

El presidente dijo esta mañana que goza de «autoridad moral» para poder hacer dichos señalamientos e hizo un llamado a «los dueños de los medios de información y de las televisoras para que se ponga por delante la ética y no se engañe» a la ciudadanía.

Incluso AMLO fue más allá, y dijo que aunque será la Cámara de Diputados quien hará la investigación y determinará las medidas que habrá en el caso, si es necesario debe haber una «limpia», pues la credibilidad del organismo quedó en entredicho después de haber reconocido las inconsistencias.

«Esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución. Entonces tiene que haber algo», dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras el informe que presentó el pasado fin de semana, en el que terminó reconociendo inconsistencias en el gasto público, específicamente en el apartado correspondiente al costo final de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

«Buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad», dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Presentó una carta que envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, para que «se inicie una investigación» sobre lo sucedido.

El presidente opinó que «sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas», por lo que sospechó que «se trata de una actitud politiquera» por parte del organismo.

Y aunque especuló sobre las razones de haber presentado cifras erróneas, López Obrador evitó señalar como responsable directo al auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

“No quiero señalar a nadie… no es un asunto personal contra alguien, pero pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto es que imagínense, se da conocer este informe, en especial este documento del aeropuerto y vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron, hasta intelectuales orgánicos”.

Y es que en el informe presentado por la ASF, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la administración de Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Sin embargo, el lunes pasado López Obrador calificó la cifra de «exagerada» y, posteriormente, el organismo admitió «que existen inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva».

En la carta dirigida a la Cámara de Diputados, López Obrador dice que «una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica sino también a una intencionalidad política».

Lamentó que «estas y otras falsedades» contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad del gobierno federal.

«En consecuencia le solicito de manera respetuosa, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equivocas afirmaciones de la Auditoría», sostiene.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rectificara su informe sobre las supuestas anomalías en el gasto público, especialmente en lo que se refiere al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

López Obrador negó haber presionado al organismo para que admitiera sus errores, tal como han acusado sus detractores.

«En el caso de la auditoría se equivocaron en sus cuentas, celebro que hayan rectificado. Imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco un 75% más, entonces reconocieron el error», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que el sábado, la ASF presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la pasada administración, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador calificó de «exagerada» la auditoría, y aseguró tener «otros datos»; acusó al organismo de estar «dando mal la información a los ciudadanos» y a la oposición.

Tras los señalamientos del presidente, la ASF publicó un comunicado en el que admitió «que existen inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva», lo que se interpretó como que el organismo se había doblegado ante la presión del mandatario.

«La auditoría aclaró y luego toda esta prensa vendida, alquilada a grupos de intereses, empezó a manejar de que yo había presionado a la Auditoría de la Federación, casi que les había torturado para que se retractaran», dijo AMLO.

López Obrador acusó a medios nacionales y extranjeros de ser «prensa conservadora y corrupta» y de buscar un «festín» en el informe de la Auditoría.

Sobre las inconsistencias que la ASF reconoció, fue el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien indicó que desde la secretaría están muy atentos a las correcciones que se harán, pues el error se debió a la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros elementales.

En un video publicado en sus redes sociales, Herrera indicó que el monto dado a conocer por la ASF del costo de la cancelación fue de 331,996 millones de pesos, dato que sorprendió dada la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían dado con anterioridad.

Indicó que se construyó con base a la información de la ASF, un cuadro donde se detectó que los 331 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías: algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, con costos asociados a las operaciones financieras; mencionó los casos de la FIBRA E, la recompra de bonos, y los bonos de circulación que hay.

Explicó que el total de estos costos son alrededor de 253,000 millones que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación de Texcoco. Arturo Herrera afirmó que «ninguno de estos costos existen».

Al señalar que en toda auditoria o en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, en el caso del reporte de la ASF las diferencias se debieron a la no utilización de criterios contables básicos, y de criterios financieros extraordinariamente elementales.

«Eso es difícil de entender proveniente de una institución ordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe: o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte», sostuvo el funcionario.

Blanco o negro. El presidente parece ver solo esos dos colores. Lo demuestra en varias ocasiones, la más reciente tiene que ver con la industria eléctrica al comparar lo que ocurrió en Texas, cuando casi todo el estado se quedó sin suministro de energía eléctrica, con el apagón en gran parte de México.

“La crisis en el estado de Texas dejó dos grandes lecciones a los mexicanos: es indispensable la rectoría del Estado en materia energética y no apostar al uso de un solo combustible en la producción de electricidad. No podemos poner todos los huevos en una sola canasta para generarla”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La rectoría del Estado es blanco; la industria en manos de muchos – particulares y empresa estatal competitiva – es negro. Y así, con ese sencillo diagnóstico, AMLO piensa que México enfrentó mejor el problema de desabasto y que vamos por buen camino con la Ley de la Industria Eléctrica que fortalecerá más a la CFE. Como la CFE pudo reactivar el suministro mediante el uso de combustóleo y carbón, México tiene un mejor sistema eléctrico que Texas.

Blanco o negro: en manos de particulares o en manos del Estado. Así ve el presidente las alternativas en materia de energía.

El problema en Texas no es que tenga un sistema eléctrico en manos de muchos particulares. El problema en realidad es doble. Por una parte prácticamente no hay regulación. Las compañías no tienen que mantener reservas ni invertir en insular sus instalaciones para soportar los climas extremos si no lo quieren hacer. Y por la otra, el Estado pensó que al tener la demanda y oferta suficiente para autoabastecerse, no necesitaba estar conectado con otra red eléctrica. Al aumentar la demanda exponencialmente por el clima tan frío – algo que no ocurría hace 35 años – y al no tener instalaciones preparadas ni para el exceso de demanda ni para el clima extremo, el sistema entero colapsó. Tanto instalaciones de energía solar; eólica; nucleares; de carbón y de gas. Todas. Y no tuvo posibilidad de conectarse y abastecerse de las redes eléctricas de otros estados.

Paul Krugman recuerda en su columna de esta semana en el New York Times como el arquitecto de la red eléctrica de Texas, el profesor de Harvard, William Hogan, pronosticó que el mercado sería el encargado de que las empresas se regularan solas.

Pues el profesor Hogan estuvo equivocado. Lo que tiene que hacer Texas ahora es pensar en conectar su red eléctrica a otras fuentes además de a la actual, ERCOT, como lo hacen el resto de los estados de la Unión Americana. Además tiene que implementar regulaciones que aseguren las reservas y la inversión en las instalaciones para momentos de crisis.

Ese mismo reto lo tiene también México. Creer que fortalecer a la CFE va a ser la solución es un error monumental. Lo que hará es volvernos más vulnerables porque los monopolios estatales no tienen incentivos para auto regularse. Es además poner todos los huevos en una canasta, la de la compañía estatal, justo lo que dice el presidente que debemos evitar como lección de lo ocurrido en Texas.

Apostilla: Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación respecto a irregularidades por más de 67 mil millones de pesos en el 2019 es lamentable, no por lo que muestran, sino por lo muy poco que se puede hacer con estos señalamientos. La ASF no tiene dientes. No los tenía antes y ahora que claudica ante la mínima presión presidencial, menos.

Columna completa en El Universal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió la noche de ayer un comunicado en el que reconoció que existen inconsistencias en la en la revisión de la Cuenta Pública 2019, por lo cual su contenido está siendo objeto de una nueva revisión.

Precisó que en particular la revisión se está haciendo en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco (NAICM), que de acuerdo a lo informado el fin de semana pasado el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco asciende a 331 mil 996 millones de pesos.

Dicho dato está lejos de los 100 millones de pesos que estimaba el gobierno de la Cuarta Transformación cuando informó sus razones de la cancelación el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles.

«Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica», precisó la ASF.

Adelantó que preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos.

Además, dijo la ASF, el informe contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación.

La Auditoría enfatizó que una vez que se cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría de la Cuenta Pública 2019.

Y es que ayer durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador negó las cifras que la ASF divulgó, y dijo que exageraban.

«Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

Tras el informe que presentara este fin de semana la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que ventiló que se detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos en la Cuenta Pública 2019, fue el propio mandatario quien se refirió al tema, negando y minimizando la información divulgada.

«Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO pidió que la ASF aclare la información que dio a conocer; se refirió a uno de los datos contenidos: el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cual señaló el mandatario, era erróneo y exagerado.

Incluso dijo que si la información fuera correcta, el proyecto aeroportuario de la administración pasada no iba a costar 300 mil millones de pesos, sino 600 mil millones, por lo que aún así, cancelar la obra habría significado ahorros por 300 mil millones.

Aprovechó el tema para criticar a quienes utilizaron la información que se desprendió del informe de la ASF, como el analista Carlos Elizondo Meyer, a quien lo calificó como «un articulista conservador, conservador, conservador».

Dijo que Elizondo Meyer había salido a hablar del caso del aeropuerto de Texcoco usando la errónea información de la Auditoría.

«Fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande la historia de México y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces, festejaban lo del dato de la Auditoría», recriminó López Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre irregularidades en proyectos y programas sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la 4T, las cuales fueron entregadas el sábado pasado a la Cámara de Diputados.

«El fin último del ejercicio fiscalizador radica en la manera en la que las observaciones emitidas contribuyen a un proceso de perfeccionamiento de la actuación de las dependencias gubernamentales en los tres Poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal, en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia; valores centrales en la rendición de cuentas y, en último término, de la gobernanza democrática de la nación», dijo David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.

El nuevo paquete de informes entregados incluyó 871 documentos correspondientes a las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total 1,358. En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232% más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.

En su revisión, la ASF detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos. De éstos, 28,934 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Las instituciones federales que más irregularidades presentaron fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.

Una de las anomalías corresponde al programa estrella del gobierno federal: Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se detectaron fallas en la verificación de datos para inscribir a usuarios y duplicidades de registros.

En total, el organismo encontró irregularidades por 57 millones de pesos durante el 2019, de los cuales 51.2 millones se les pagó a jóvenes que estaban estudiando, además 482,400 pesos se otorgaron en becas a 68 personas que ya habían fallecido y 5.3 millones se dieron a empresas de las que no se encontró su existencia.

La ASF pidió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare 156.1 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos prioritario de López Obrador. Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.

Advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.

La Auditoría refirió que las obras de la Refinería de Dos Bocas se iniciaron cuando aún no se contaba con suficiente información técnica del proyecto por lo que no se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye.

Además detectó pagos fuera de norma por 75.5 millones de pesos en su construcción lo cual se consideró un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019.

Otro de los datos que se mencionan en el informe, es que el gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional con recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes. Señaló que pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación.

Además, indicó que aunque se logró reclutar y desplegar en 2019 a 90,000 elementos, existieron elementos que no cumplieron en totalidad con los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.

La Auditoría Superior de la Federación acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar su trabajo al ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.

En cuanto a la compra de medicamentos la ASF detectó anomalías por unos 187.7 millones de pesos en 2019, pese a que López Obrador prometió acabar con la corrupción en dicho sector. Las anomalías se detectaron en instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.

El dato que más se ha viralizado en redes sociales, y sobre el cual los medios de comunicación han hecho un especial énfasis, es que la ASF ha estimado en 331 mil 996 millones de pesos el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, que inició la pasada administración. Este dato está lejos de los 100 millones de pesos  que estimaba el gobierno federal cuando informó sus razones de la necesidad de cancelar el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía.

«Se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331,996 millones de pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento ‘Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco’ publicado el 26 de abril de 2019», explica el documento de la ASF entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Además, la ASF advierte de que el costo total de la cancelación del proyecto de Texcoco podría incrementarse por factores como la liquidación de los contratos pendientes y los juicios y demandas interpuestos.

El 49.3% de este costo se debe a gastos no recuperables de la inversión y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios. También incluyen los costos derivados del esquema de financiación para la construcción del proyecto y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto.

El 50.7% restante corresponde a costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación, como la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.

Colmenares Páramo indicó que asumir una visión estrictamente sancionatoria de la auditoría gubernamental, pese a tener un impacto positivo en cuanto a determinar la existencia de errores, omisiones o inclusive irregularidades, limitaría su potencialidad para constituirse en un aliado estratégico en el mejoramiento de la administración pública, un rol que la fiscalización superior cumple a través de proporcionar a los entes auditados información objetiva y confiable, derivada de un análisis riguroso e imparcial, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, a la calidad de su desempeño y a la debida utilización de los recursos que les han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que la comisaria de la Guardia Nacional (GN), Patricia Trujillo, haya sido destituida por comprar un software a sobreprecio.

El funcionario federal aclaró que se está investigando su adquisición, a partir de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Hay observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre la adquisición de un producto de inteligencia; tenemos el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación», dijo Durazo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, acto en el que estaba presente Trujillo y el comisionado de Protección Federal, Manuel Espino.

Durazo expuso que el hecho de que se hagan observaciones sobre el desempeño de una servidora, no significa que tenga responsabilidad sobre desfalcos o malos manejos.

“No está separada del cargo, no hay motivo para la separación porque de momento no hay responsabilidad», enfatizó Durazo.

Y es que de acuerdo con el periódico Reforma, Trujillo habría avalado la compra de un software israelí de espionaje y monitoreo de redes sociales por 500 millones de pesos en 2018.

En aquel entonces, Trujillo se desempeñaba como jefa de la División Científica de la Policía Federal.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación informó que están preparando cuatro denuncias más contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la Estafa Maestra.

El funcionario indicó que las denuncias se presentarán antes de diciembre, y señaló que se colaboró con la Fiscalía General de la República para su elaboración.

David Colmenares, precisó que el organismo lleva alrededor de 11 denuncias presentadas, además de las que se presentaron antes de que asumiera. “Con estas que siguen, nosotros llevamos un promedio de tres mil millones de pesos detectados que son parte de lo que podemos considerar un desvío».

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, informó que en lo que va de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se han presentado hasta 10 denuncias por desvíos operados bajo el esquema de simulación de contratos conocido como la «estafa maestra».

Entrevistado a su arribo a la ciudad de Oaxaca para un evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Colmenares Páramo confirmó que las 10 nuevas denuncias toman en cuenta irregularidades similares a las consignadas en el proceso contra Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El auditor destacó que la Cuenta Pública 2018 es la primera que le toca revisar en el cargo y señaló la implementación de nuevos métodos de inspección, como: organización estratégica, inteligencia financiera y análisis económico.

Asimismo, Colmenares Páramo dijo que además de las denuncias vinculadas a la simulación de contratos entre dependencias de gobierno y universidades públicas, se han presentado otras 60 denuncias en referencia a la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Este jueves, Rosario Robles interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación, por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los periodos en que estuvo al frente de estas dependencias.

Según el expediente 646/2019 del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la exfuncionaria reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución en los artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Rosario Robles advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria. Ayer el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de Robles solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

De acuerdo a un reportaje periodístico, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría perdonado al gobierno de Chiapas, entonces dirigido por Manuel Velasco, desvíos por 685 millones de pesos.

El portal Animal Político dio a conocer que la Auditoría, que hoy dirige David Colmenares, decidió dar carpetazo a una investigación que estaba en proceso desde meses atrás, en la que se habían encontrado diversas irregularidades.

Dicha investigación fue realizada por la ASF pero en la pasada administración, la que encabezó Juan Manuel Portal; en ella se habían documentado irregularidades en los recursos destinado a un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de la entidad.

Según lo relatado por el portal, “el perdón” de la Auditoría se dio en un par de días, en el marco de que en el Senado se iba presentar un punto de acuerdo para que el ex gobernador respondiera sobre los supuestos desvíos.

“Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma”, señala el reportaje.

Se relata que la investigación inicial comenzó en 2017 en contra de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) de Chiapas, por la contratación de 26 empresas que brindarían servicios relacionados con el programal ‘Bienestar: de corazón a corazón’.

El programa buscaba “empoderar” a más de 300 mil madres solteras de bajos recursos con la entrega de tarjetas-monedero, inscripciones en el Seguro Popular, y la realización de pláticas y talleres para enseñar diversos oficios. De acuerdo al cronograma del programa, las acciones se llevarían a cabo de mayo a diciembre de 2016 con 80 eventos masivos.

La ASF, bajo la dirección de Juan Manuel Portal, detectó irregularidades en los 685 millones que la Sedem pagó a las compañías que organizaron dichos eventos. Se encontró que se adjudicó de manera directa contratos a 26 empresas argumentando que el gasto en servicios de mariachis, payasos y marimbas era una “causa de fuerza mayor” y una “urgencia” para Chiapas que no podía esperar a una licitación pública.

La Auditoría realizó visitas a las compañías contratadas y se encontró con edificios abandonados, despachos vacíos, y con direcciones inexistentes.

En febrero de 2018, el gobierno de Chiapas entregó documentación para solventar las irregularidades encontradas por la ASF, quien determinó lo entregado no era prueba suficiente para solventarlas.

Sin embargo, en octubre de 2018, cuando el Senado discutía una propuesta para llamar a cuentas a Manuel Velasco, la Auditoría anunció que se habían solventado las irregularidades con la misma documentación que ochos meses atrás, no se había dado por válida.

Diez gobiernos estatales gastaron casi 140 millones de pesos de recursos federales, en personal médico que no fue localizado en su centro de trabajo y de los que no hay constancia de que existan; también en el pago de nóminas de personal sanitario que no acreditó el perfil académico, ni la especialidad por la cual fue contratado.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la Cuenta Pública 2018.

La ASF señaló múltiples irregularidades en la forma en cómo los gobiernos estatales y municipales gastaron dinero proveniente del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA). Es un Fondo para ayudar a las entidades a atender a la población vulnerable, con falta de acceso a un empleo formal y a servicios de salud públicos.

De acuerdo con el informe, los estados de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Tabasco, y Zacatecas, gastaron 80 millones 281 mil pesos del Fondo federal en pagar la nómina de personal médico que los auditores no localizaron en sus centros de trabajo.

De esos estados, la Ciudad de México es la que encabeza esta irregularidad, con un probable daño al erario de 48 millones 480 mil pesos.

En el caso de la capital mexicana, la auditoría de cumplimiento 669-DS-GF detalla que se analizó una muestra de 15 centros de salud, y 2 mil 168 trabajadores reportados en las nóminas.

De esos empleados, los auditores detectaron que 146 no fueron encontrados en sus centros de trabajo, ni se acreditó su existencia, a pesar de que cobraron 29 millones 800 mil pesos.

En otros 17 casos, la Auditoría señaló que aunque cobraron 2 millones 964 mil pesos en 2018, los funcionarios ya no trabajaban en los centros de salud desde años atrás.

Además, de los 15 centros de salud capitalinos investigados en 2018, dos no proporcionaron la información a la Auditoría para validar si 167 trabajadores que cobraron 15 millones 715 mil pesos son, efectivamente, empleados de salud en activo.

Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo gastaron 59 millones 637 mil pesos en pagarle a personal médico y sanitario que no acreditó el perfil académico para el puesto que estaba desempeñando, al momento en que se hizo la revisión.

En el caso de Oaxaca, la Auditoría revisó para su informe una muestra de 150 servidores públicos del sector salud, de los cuales 21 no acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron en 2018 un total de 8 millones 933 mil pesos.

 

 

Con información de Animal Político

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el primer informe parcial sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

El documento está conformado por 268 informes individuales, correspondientes al 17 por ciento de las mil 572 auditorías programas para dicha Cuenta Pública.

Fue recibido por el presidente en funciones de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Marco Antonio Andrade Zavala en reunión de trabajo de esta instancia legislativa.

El informe expone que se emitieron mil 497 observaciones, de las cuales 629 son recomendaciones. También 13 solicitudes de aclaración, 392 pliegos de observaciones, 28 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 435 de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Colmenares Páramo apuntó que durante su gestión se han presentado 56 denuncias ante las autoridades correspondientes, a fin de que valoren la existencia de probables responsabilidades.

El auditor destacó tres temas: la fiscalización de la rehabilitación de las plantas fertilizantes nitrogenados en Veracruz, donde se identificó la pérdida de 212.6 millones de dólares.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, donde de los 4 mil 935. 2 millones de pesos que lo componen, alrededor del 50 por ciento se destinó a Oaxaca y Chiapas.

Y la revisión del proceso de reconstrucción de las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, en la cual se observó que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados a los afectados por el fenómeno natural.

Detalló que “(El Estado) careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil”.  Al respecto, indicó que en lugar de apegarse a lo establecido en dicha legislación,se creó el Fideicomiso Fuerza México sin que se justificara esa decisión.

Respecto a los donativos internacionales, la ASF indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en ese tiempo a cargo de Luis Videgaray, no llevó a cabo un registro de los mismos, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo marca que se debe realizar.

En un recuento de las notas diplomáticas, la ASF identificó que se donaron 3 millones 234 mil 169.5 millones de dólares americanos, 600 mil dólares canadienses, 48 mil 494 euros y 20.16 millones de pesos; pero estos datos no aparecieron en el Rencid.

La ASF también detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular era Rosario Robles, “careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas”, dado que en sus bases de datos tenían cifras distintas; en una se contabilizaron 170 mil 199 viviendas y en otra 170 mil 871.

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), declaró que la dependencia a su cargo colabora estrechamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para esclarecer las irregularidades detectadas cometidas durante la administración pasada, la cual estuvo a cargo de Rosario Robles, Je´sus Murillo Karam y Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No es cacería de brujas. Estamos en plena colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para poder otorgar toda la información que nos han solicitado desde que entramos en funciones. Hemos dado acceso a todos los archivos, a todas las áreas y esto es el resultado de la colaboración intensiva que hemos tenido con la auditoría”, detalló.

Cuestionado sobre las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2017 por la ASF, el funcionario se pronunció porque la Secretaría de la Función Pública, como órgano competente, emita un dictamen al respecto, para poder fincar responsabilidades.

Indicó que desde que tomó posesión de la dependencia, se han detectado irregularidades en diversas áreas, mismas de las que se ha dado conocimiento al Órgano Interno de Control que se encuentra documentando y procesando la información.

“En lo que corresponde al Programa de Infraestructura y Comunicación Social, es donde hemos encontrado diferentes desvíos. Toda esa información la tiene la Secretaría de la Función Pública para que pueda proceder como corresponde”, dijo.

Meyer Falcón finalizó indicando que funcionarios de la SEDATU ya analizan la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos para generar mayor seguridad al interior de la dependencia y blindarla de actos de corrupción.