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Mientras el auditor superior de la Federación, David Colmenares, se encontraba fiscalizando las gestiones financieras de Segalmex correspondientes a los años 2019 y 2020, su hermano Rogelio Colmenares ocupaba puestos gerenciales en dicha dependencia.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que a pesar de que el auditor tenía a su cargo fiscalizar el área y la dependencia, ni él ni su hermano dejaron constancia de su relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Segalmex es la dependencia que mayores irregularidades ha registrado de todo la Administración Pública Federal, superan incluso a las de llamada Estafa Maestra, por la que Rosario Robles permaneció tres años en prisión.

Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado un faltante por casi 13 mil millones de pesos en Segalmex, pero hasta la fecha únicamente ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades que suman 149 millones de pesos, equivalentes apenas al 1.1% del total de anomalías.

En su paso por Segalmex, Rogelio Colmenares ocupó un puesto en la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Órganos de Gobierno de esa dependencia, la cual según el Manual de Organización tiene entre sus funciones coordinar, por conducto de la Gerencia de Planeación Social, actividades para atender peticiones y requerimientos de información de entes fiscalizadores como la ASF.

MCCI recuerda que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se deberá entender como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

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El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, se presentó esta mañana en Palacio Nacional, para participar en la conferencia del presidente, en la que confirmó que hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por daños a Segalmex equivalentes a 9 mil 500 millones de pesos (mdp).

El funcionario informó que, con base en los resultados de diversas auditorías, en denuncias presentadas por servidores públicos, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Función Pública, además de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El propósito del grupo de trabajo fue investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos y la falta de rendición de cuentas en Segalmex, Liconsa y Diconsa.

Salcedo Aquino detalló que la dependencia que encabeza tiene abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en Segalmex, y refirió que hay 38 denuncias presentadas ante la FGR por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía.

Afirmó que dichas denuncias están en etapa de investigación a pasos de ser judicializadas, y precisó que principalmente son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de que se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.

Dijo que a la fecha, un ex servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 mdp de la institución sin respetar la normativa, aunque enfatizó que los recursos que ya fueron recuperados, en tanto los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.

Refirió que la SFP realizó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019, hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos, mientras que este año se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.

Añadió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020, promovió diversas acciones a las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465.8 mdp.

En total, los montos observados por la SFP y por el órgano auditor superior suman alrededor de 9 mil 500 mdp, aunque dijo que esto no significa necesariamente que representen un daño patrimonial, debido a que se encuentran en proceso de aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.

Respecto a la dictaminación de los estados financieros que realizan firmas de auditoría independientes, informó que se observó un incremento en las inconsistencias en el registro de las operaciones y casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores.

Ello ocasionó que en el caso de Liconsa, se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021; Diconsa obtuvo opiniones con salvedad en 2019 y con abstención en 2021, y Segalmex ha mantenido dictámenes con abstención.

Añadió que con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas de las tres entidades de la República, sin descartar acciones legales y administrativas que resulten en su contra.

«La SFP actúa como coadyuvante en las indagatorias vigentes. Asimismo, acompaña, en coordinación con la SHCP, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, para atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras, y sentar así las bases para una gestión eficaz y honesta”, sostuvo Salcedo Aquino.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que los presuntos actos de corrupción en Segalmex se investigan bajo la política de cero impunidad.

“No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí”, expresó.

En los últimos años, 21 gobiernos estatales han destinado más de 156.4 millones de pesos de recursos federales para pagar nóminas de maestros muertos.

Estos pagos irregulares fueron descubiertos en auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente a 2019 y 2020, tras lo cual los estados fueron obligados a justificar el desembolso o reintegrarlo.

A la fecha, todavía no han sido reembolsados a la Tesorería de la Federación más de 38 millones de pesos.

Un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación identificó que entre 2019 y 2020 los gobiernos de 21 estados realizaron 27 mil 854  pagos a 4 mil 160 trabajadores difuntos.

De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.

La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este lunes que se aclararán las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó al fiscalizar la Cuenta Pública 2020, y donde encontró un posible daño al erario por más de 49,765 millones de pesos, de los cuales más de 10 mil mdp corresponden al Ejecutivo.

«Se van a ir aclarando todas las irregularidades que, según la Auditoría de la Federación, se encontraron en la Cuenta Pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa.

Para tratar de explicar qué es lo que pasará, recordó que el año pasado la ASF se desdijo del informe inicial que presentó sobre el costo de la liquidación del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco, lo cual le generó críticas al titular David Colmenares en la presentación de su más reciente revisión.

«Llegaron a decir, de la Auditoría Superior de la Federación, que el aeropuerto nos había costado, el cancelar el aeropuerto de Texcoco, 300,000 millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100,000 millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior», apuntó.

Recordemos que la ASF, un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dio a conocer ayer su más reciente informe a la Cuenta Pública 2020, en el que reportó irregularidades en el manejo de recursos en el gobierno de López Obrador, entre ellos las obras insignia como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Al respecto, López Obrador aseguró que estos datos no son definitivos. “Eso es preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo, pero no, ya no”, defendió el tabasqueño.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) recibió ayer el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con un total de 866 auditorías, la ASF detectó probables daños por un total de 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos, de los cuales 11 mil 848 millones corresponden a la Federación y el resto, a los estados.

Esta entrega corresponde al segundo año del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno federal. Tanto la presidencia como los gobiernos locales tienen un periodo de 30 días hábiles para solventar las observaciones hechas por la Auditoría.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el priísta Pablo Angulo Briceño, recordó que la ASF tiene la obligación constitucional de entregar a la Cámara de Diputados los informes individuales de auditorías para concluir la total entrega de los informes de la Cuenta Pública 2020, que durante el periodo respectivo suman un total de mil 616 auditorías.

El diputado afirmó que la Cámara de Diputados cuenta con las observaciones, recomendaciones y acciones que, en su caso, derivarán en la imposición de sanciones respectivas y demás actuaciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas en el ejercicio 2021.

El diputado del PAN, Iván Arturo Rodríguez Rivera, afirmó que México requiere una auditoría superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor, y no sometida al poder del Ejecutivo. Mencionó que la facultad de fiscalización presenta una preocupante distorsión, el 74% de las auditorías que se realizan están dirigidas a los estados y municipios y solamente el 26% a las dependencias federales.

Indicó que a tres años de haberse cancelado el que sería el más importante aeropuerto de América Latina, no se sabe con toda certeza cuál fue el costo final y definitivo para el pueblo de México; 330 mil millones de pesos fue lo primero que se dijo que costó la cancelación del aeropuerto, “para que tras la presión del Ejecutivo federal de manera indigna y humillante para la institución que usted encabeza, saliera a corregir esa cifra a 113 mil millones de pesos”.

De acuerdo a un análisis previo, la ASF detectó posibles daños al erario por más de 10 mil millones de pesos, que incluye a las obras estrella del gobierno federal, así como algunos de los programas prioritarios de la 4T.

En cuanto a las obras, se detectaron supuestos pagos indebidos en la construcción tanto del Tren Maya, debiendo aclarar 267 millones 882 mil pesos; la refinería de Dos Bocas (59.2 millones de pesos) el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En cuanto a los programas sociales, se detectaron pagos a personas no inscritas o a personas fallecidas, o pagos en efectivo sin comprobar, como sucedió en Sembrando Vida, donde se pagó a 18 mil 500 personas sin acreditar  con los documentos respectivos. Tan solo en este programa se entregaron 243.8 millones de pesos de manera «directa».

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020, en el que identificó 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarar, mientras que 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas. 

De acuerdo a un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el monto identificado en irregularidades es una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado 

Las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado, es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales, y que concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.

En el caso de las auditorías al Gobierno Federal, la categoría funcional que padeció mayores problemas fue el presupuesto para Desarrollo Económico, específicamente las actividades de Desarrollo Económico con mayores malversaciones corresponden a las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta dependencia por sí sola concentra 77%. Le siguen las empresas productivas del Estado: CFE y Pemex, con anomalías por 93 millones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 82 millones. Por su parte, Energía, Trabajo y Previsión Social, las entidades no sectorizadas y Economía tienen desvíos de entre cinco y diez millones de pesos.

Tan sólo las dos auditorías con mayores montos de probables daños a la Hacienda Pública suman 52% de las irregularidades del rubro de Desarrollo Económico. En particular, tales investigaciones corresponden a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

En tanto, las dependencias con presupuesto para el Desarrollo Social tuvieron daños presupuestales por 658 millones de pesos según los datos de la segunda entrega de auditorías de 2020. Entre estas entidades, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizaron un ejercicio irregular de los recursos por alrededor de 160 millones cada una. En tercer lugar, la Secretaría del Bienestar no ha justificado o devuelto el ejercicio de 113 millones de pesos. Le siguen la Secretaría de Cultura con 89 millones, las aportaciones a la seguridad social con 75, la Secretaría de Educación Pública con 32, Salud con 22 y las instituciones de educación superior con 5 millones de pesos.

La Auditoría detectó que entre las dependencias con funciones de gobierno se realizaron ejercicios indebidos de recursos por 326 millones de pesos. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación tiene pendiente de aclarar 143 millones. En segundo lugar, Hacienda y Crédito Público presentó irregularidades por 78 millones. Después están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Relaciones Exteriores. Por último, el Poder Judicial tuvo anomalías por menos de 300 mil pesos.

Con la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública de 2020 se dieron a conocer las conclusiones de 625 auditorías. En ellas se encontró que hasta el momento hace falta aclarar el ejercicio de 12,252 millones de pesos, particularmente entre el Gasto Federalizado que acumula el 85% de las irregularidades. Además de eso, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública por 1,848 millones en el gasto de la Administración Pública Federal.

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Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados, el auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, explicó los resultados de la auditoría 1394-DE, “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco)” y la metodología para realizarla.

Recordemos que Caso Raphael fue separado del caso temporalmente, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes por las inconsistencias que la misma ASF reconoció en la auditoría 1394-DE y que el gobierno federal denunció.

El auditor aseguró que nunca ha sido presionado por nadie, ni agentes externos o internos, ni ha recibido presiones de alguna especie porque la ASF no obedece a intereses o influencias ajenas.

Explicó que el Informe Individual de Auditorías establece la metodología de desempeño focalizada en costos, que comprende los económicos invertidos en la construcción del proyecto, los montos erogados por la terminación anticipada de contratos y convenios, costos asociados a la recompra de bonos y liquidación y los costos legales.

Precisó que no se trata únicamente de medir indicadores de gestión o aspectos administrativos, sino verificar qué instituciones, programas, proyectos y política cumplan con sus objetivos y su razón de ser. “Lo sustantivo es evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, el avance de la atención de los problemas públicos y el impacto real de la gestión”.

Además, subrayó que el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, ya que se le dieron los tiempos procesales, los resultados y se dio la oportunidad de confronta. «No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.

Y es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intervino cuando la ASF informó que la cancelación del NAIM tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por la 4T, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador aseguró que con «buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad». Fue él quien envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, solicitando se iniciara una investigación sobre lo sucedido con el informe.

El presidente opinó que sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas, e incluso dejó entrever que se trataba de una actitud politiquera por parte del organismo.

Al respecto, Agustín Caso señaló ante los diputados que el proceso de cancelación de un proyecto de las dimensiones como las del nuevo aeropuerto de Texcoco, ameritaba una serie de procesos, metodologías y planteamientos muy complejos para llevarlo a cabo, y “la recomendación se hizo desde la ASF es que el Grupo Aeroportuario tenga la capacidad y los sistemas de información que hagan transparente el proceso de cancelación.

Caso Raphael sostuvo que con la auditoría no se presentó ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, ya que el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye; dijo que sólo se emitieron recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión.

Incluso dijo que debido a que no se está ante un hecho completamente pagado o cerrado, el proceso que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos pueden tardar en completarse hasta 26 años.

Manifestó que “no existió dolo o motivación política en el equipo auditor. No vengo a defender a capa y espada una cifra; vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.

Consideró que es importante superar la disyuntiva sobre dos criterios y enfoques metodológicos, porque ambos, en referencia al presentado por la ASF y a la del gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda, tienen sustento constitucional, legal y técnico.

Enfatizó que la ASF se apega a su debido proceso y aunque las auditorías sean distintas no hay dolo, mala fe, ni errores. “Sería una cuestión grave si en temas importantes del país la Auditoría actuara con mala fe o con interés creados”.

Lo expuesto por el auditor especial coincidió con lo que el titular de la ASF expuso el pasado 1 de marzo cuando compareció ante los Diputados; David Colmenares aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno.

El titular de la Auditoría Superior de Federación (ASF), David Colmenares, aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, “a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno», esto al comparecer en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en su informe que señalaba irregularidades en el gasto público de 2019.

El principal punto de discusión, dentro de la comisión de vigilancia de los Diputados, fue el sobrecosto del 232% que el organismo atribuyó a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de LA Ciudad de México (NAIM), un proyecto que frenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Colmenares Páramo indicó que cualquier entidad aludida en las auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley, por lo que dijo, se está trabajando precisamente en lo concerniente a la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco.

Señaló que la ASF ha tratado de ser una entidad del Estado mexicano “que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados, y hemos recibido durante estos años un gran apoyo del Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales que nos va a permitir ser mucho más precisos”.

Reconoció que hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño; sin embargo, afirmó que siempre se condujeron por la ley y todo dentro de la ella. Dijo que ante las inconsistencias, apelaron a crear un grupo especial de trabajo, y pedirle a otro grupo auditor, para que se reunieran y se invitara a participar en el mismo al Grupo Aeroportuario.

Adelantó que en los próximos días tendrán resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente.

Recordemos que el gobierno federal aseguró haber encontrado en la auditoría tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto. En l revisión a la Cuenta Pública 2019, presentada hace una semana y que audita el primer año del Gobierno de López Obrador, revelaba irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del Ejecutivo.

En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador de la obra en Texcoco, una obra iniciada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Colmenares insistió en que no hubo «ningún tipo de mala fe» en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración, y sostuvo que “no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de legalidad de la propia Auditoría Superior de la Federación; estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados está realizando”.

Puntualizó que pedirá que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal.

Recordó que al asumir el cargo de titular de la ASF protestó cumplir con la Constitución y con las leyes de ella emanan; además garantizó que en toda su vida se ha conducido con apego a la legalidad y al marco normativo de las instituciones que “me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación resaltó que la institución, por su naturaleza, es total y absolutamente apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías, pues sí sería política, pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre, conforme a la ley”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó esta mañana contra los medios de comunicación por no corroborar la información del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalaba irregularidades en el gasto público del gobierno federal; lamentó que se sigan prestando a transmitir información errónea a los mexicanos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador proyectó un video con fragmentos de diversos espacios televisivos, en los que se retomó el informe de la ASF, especialmente en su apartado sobre el costo total que en un inicio indicó la Auditoria tuvo la cancelación del aeropuerto e Texcoco.

«¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Todos están al servicio del régimen conservador que imperaba y al que quieren regresar. Es realmente lamentable y vergonzoso que suceda esto en los medios de información», dijo AMLO, quien encontró un pretexto más para señalar a la prensa, como lo ha venido haciendo desde que asumió el poder.

El presidente aseguró que ahora los medios seguro «van a decir que la culpa es de la Auditoría», aunque dijo, en realidad «estaban esperando» una noticia así para criticar al gobierno. «¿Que no pudieron constatar y revisar la información?», expresó el presidente.

Y es que el fin de semana pasado, la ASF publicó un informe sobre el gasto público federal según el cual la cancelación en 2019 de las obras del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo 232% mayor al previsto por el gobierno.

Sin embargo, López Obrador calificó el lunes de «exagerada» la auditoría y, posteriormente, el organismo admitió la existencia de «inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva». El gobierno aseguró que encontró en el informe tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.

Esta situación llevó a que ayer López Obrador enviara una carta a la Cámara de Diputados en la que solicitaba investigar a la Auditoría Superior, pues considera que buscó «dañar» al gobierno al dar datos erróneos.

El presidente dijo esta mañana que goza de «autoridad moral» para poder hacer dichos señalamientos e hizo un llamado a «los dueños de los medios de información y de las televisoras para que se ponga por delante la ética y no se engañe» a la ciudadanía.

Incluso AMLO fue más allá, y dijo que aunque será la Cámara de Diputados quien hará la investigación y determinará las medidas que habrá en el caso, si es necesario debe haber una «limpia», pues la credibilidad del organismo quedó en entredicho después de haber reconocido las inconsistencias.

«Esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución. Entonces tiene que haber algo», dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras el informe que presentó el pasado fin de semana, en el que terminó reconociendo inconsistencias en el gasto público, específicamente en el apartado correspondiente al costo final de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

«Buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad», dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Presentó una carta que envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, para que «se inicie una investigación» sobre lo sucedido.

El presidente opinó que «sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas», por lo que sospechó que «se trata de una actitud politiquera» por parte del organismo.

Y aunque especuló sobre las razones de haber presentado cifras erróneas, López Obrador evitó señalar como responsable directo al auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

“No quiero señalar a nadie… no es un asunto personal contra alguien, pero pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto es que imagínense, se da conocer este informe, en especial este documento del aeropuerto y vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron, hasta intelectuales orgánicos”.

Y es que en el informe presentado por la ASF, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la administración de Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Sin embargo, el lunes pasado López Obrador calificó la cifra de «exagerada» y, posteriormente, el organismo admitió «que existen inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva».

En la carta dirigida a la Cámara de Diputados, López Obrador dice que «una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica sino también a una intencionalidad política».

Lamentó que «estas y otras falsedades» contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad del gobierno federal.

«En consecuencia le solicito de manera respetuosa, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equivocas afirmaciones de la Auditoría», sostiene.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este miércoles que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rectificara su informe sobre las supuestas anomalías en el gasto público, especialmente en lo que se refiere al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

López Obrador negó haber presionado al organismo para que admitiera sus errores, tal como han acusado sus detractores.

«En el caso de la auditoría se equivocaron en sus cuentas, celebro que hayan rectificado. Imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco un 75% más, entonces reconocieron el error», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que el sábado, la ASF presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada en la pasada administración, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador calificó de «exagerada» la auditoría, y aseguró tener «otros datos»; acusó al organismo de estar «dando mal la información a los ciudadanos» y a la oposición.

Tras los señalamientos del presidente, la ASF publicó un comunicado en el que admitió «que existen inconsistencias» en su informe y garantizó «una revisión exhaustiva», lo que se interpretó como que el organismo se había doblegado ante la presión del mandatario.

«La auditoría aclaró y luego toda esta prensa vendida, alquilada a grupos de intereses, empezó a manejar de que yo había presionado a la Auditoría de la Federación, casi que les había torturado para que se retractaran», dijo AMLO.

López Obrador acusó a medios nacionales y extranjeros de ser «prensa conservadora y corrupta» y de buscar un «festín» en el informe de la Auditoría.

Sobre las inconsistencias que la ASF reconoció, fue el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien indicó que desde la secretaría están muy atentos a las correcciones que se harán, pues el error se debió a la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros elementales.

En un video publicado en sus redes sociales, Herrera indicó que el monto dado a conocer por la ASF del costo de la cancelación fue de 331,996 millones de pesos, dato que sorprendió dada la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían dado con anterioridad.

Indicó que se construyó con base a la información de la ASF, un cuadro donde se detectó que los 331 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías: algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, con costos asociados a las operaciones financieras; mencionó los casos de la FIBRA E, la recompra de bonos, y los bonos de circulación que hay.

Explicó que el total de estos costos son alrededor de 253,000 millones que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación de Texcoco. Arturo Herrera afirmó que «ninguno de estos costos existen».

Al señalar que en toda auditoria o en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, en el caso del reporte de la ASF las diferencias se debieron a la no utilización de criterios contables básicos, y de criterios financieros extraordinariamente elementales.

«Eso es difícil de entender proveniente de una institución ordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe: o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte», sostuvo el funcionario.

Blanco o negro. El presidente parece ver solo esos dos colores. Lo demuestra en varias ocasiones, la más reciente tiene que ver con la industria eléctrica al comparar lo que ocurrió en Texas, cuando casi todo el estado se quedó sin suministro de energía eléctrica, con el apagón en gran parte de México.

“La crisis en el estado de Texas dejó dos grandes lecciones a los mexicanos: es indispensable la rectoría del Estado en materia energética y no apostar al uso de un solo combustible en la producción de electricidad. No podemos poner todos los huevos en una sola canasta para generarla”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La rectoría del Estado es blanco; la industria en manos de muchos – particulares y empresa estatal competitiva – es negro. Y así, con ese sencillo diagnóstico, AMLO piensa que México enfrentó mejor el problema de desabasto y que vamos por buen camino con la Ley de la Industria Eléctrica que fortalecerá más a la CFE. Como la CFE pudo reactivar el suministro mediante el uso de combustóleo y carbón, México tiene un mejor sistema eléctrico que Texas.

Blanco o negro: en manos de particulares o en manos del Estado. Así ve el presidente las alternativas en materia de energía.

El problema en Texas no es que tenga un sistema eléctrico en manos de muchos particulares. El problema en realidad es doble. Por una parte prácticamente no hay regulación. Las compañías no tienen que mantener reservas ni invertir en insular sus instalaciones para soportar los climas extremos si no lo quieren hacer. Y por la otra, el Estado pensó que al tener la demanda y oferta suficiente para autoabastecerse, no necesitaba estar conectado con otra red eléctrica. Al aumentar la demanda exponencialmente por el clima tan frío – algo que no ocurría hace 35 años – y al no tener instalaciones preparadas ni para el exceso de demanda ni para el clima extremo, el sistema entero colapsó. Tanto instalaciones de energía solar; eólica; nucleares; de carbón y de gas. Todas. Y no tuvo posibilidad de conectarse y abastecerse de las redes eléctricas de otros estados.

Paul Krugman recuerda en su columna de esta semana en el New York Times como el arquitecto de la red eléctrica de Texas, el profesor de Harvard, William Hogan, pronosticó que el mercado sería el encargado de que las empresas se regularan solas.

Pues el profesor Hogan estuvo equivocado. Lo que tiene que hacer Texas ahora es pensar en conectar su red eléctrica a otras fuentes además de a la actual, ERCOT, como lo hacen el resto de los estados de la Unión Americana. Además tiene que implementar regulaciones que aseguren las reservas y la inversión en las instalaciones para momentos de crisis.

Ese mismo reto lo tiene también México. Creer que fortalecer a la CFE va a ser la solución es un error monumental. Lo que hará es volvernos más vulnerables porque los monopolios estatales no tienen incentivos para auto regularse. Es además poner todos los huevos en una canasta, la de la compañía estatal, justo lo que dice el presidente que debemos evitar como lección de lo ocurrido en Texas.

Apostilla: Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación respecto a irregularidades por más de 67 mil millones de pesos en el 2019 es lamentable, no por lo que muestran, sino por lo muy poco que se puede hacer con estos señalamientos. La ASF no tiene dientes. No los tenía antes y ahora que claudica ante la mínima presión presidencial, menos.

Columna completa en El Universal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió la noche de ayer un comunicado en el que reconoció que existen inconsistencias en la en la revisión de la Cuenta Pública 2019, por lo cual su contenido está siendo objeto de una nueva revisión.

Precisó que en particular la revisión se está haciendo en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco (NAICM), que de acuerdo a lo informado el fin de semana pasado el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco asciende a 331 mil 996 millones de pesos.

Dicho dato está lejos de los 100 millones de pesos que estimaba el gobierno de la Cuarta Transformación cuando informó sus razones de la cancelación el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles.

«Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica», precisó la ASF.

Adelantó que preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos.

Además, dijo la ASF, el informe contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación.

La Auditoría enfatizó que una vez que se cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría de la Cuenta Pública 2019.

Y es que ayer durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador negó las cifras que la ASF divulgó, y dijo que exageraban.

«Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

Tras el informe que presentara este fin de semana la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que ventiló que se detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos en la Cuenta Pública 2019, fue el propio mandatario quien se refirió al tema, negando y minimizando la información divulgada.

«Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO pidió que la ASF aclare la información que dio a conocer; se refirió a uno de los datos contenidos: el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cual señaló el mandatario, era erróneo y exagerado.

Incluso dijo que si la información fuera correcta, el proyecto aeroportuario de la administración pasada no iba a costar 300 mil millones de pesos, sino 600 mil millones, por lo que aún así, cancelar la obra habría significado ahorros por 300 mil millones.

Aprovechó el tema para criticar a quienes utilizaron la información que se desprendió del informe de la ASF, como el analista Carlos Elizondo Meyer, a quien lo calificó como «un articulista conservador, conservador, conservador».

Dijo que Elizondo Meyer había salido a hablar del caso del aeropuerto de Texcoco usando la errónea información de la Auditoría.

«Fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande la historia de México y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces, festejaban lo del dato de la Auditoría», recriminó López Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre irregularidades en proyectos y programas sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la 4T, las cuales fueron entregadas el sábado pasado a la Cámara de Diputados.

«El fin último del ejercicio fiscalizador radica en la manera en la que las observaciones emitidas contribuyen a un proceso de perfeccionamiento de la actuación de las dependencias gubernamentales en los tres Poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal, en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia; valores centrales en la rendición de cuentas y, en último término, de la gobernanza democrática de la nación», dijo David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.

El nuevo paquete de informes entregados incluyó 871 documentos correspondientes a las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total 1,358. En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232% más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.

En su revisión, la ASF detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos. De éstos, 28,934 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Las instituciones federales que más irregularidades presentaron fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.

Una de las anomalías corresponde al programa estrella del gobierno federal: Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se detectaron fallas en la verificación de datos para inscribir a usuarios y duplicidades de registros.

En total, el organismo encontró irregularidades por 57 millones de pesos durante el 2019, de los cuales 51.2 millones se les pagó a jóvenes que estaban estudiando, además 482,400 pesos se otorgaron en becas a 68 personas que ya habían fallecido y 5.3 millones se dieron a empresas de las que no se encontró su existencia.

La ASF pidió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare 156.1 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos prioritario de López Obrador. Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.

Advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.

La Auditoría refirió que las obras de la Refinería de Dos Bocas se iniciaron cuando aún no se contaba con suficiente información técnica del proyecto por lo que no se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye.

Además detectó pagos fuera de norma por 75.5 millones de pesos en su construcción lo cual se consideró un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019.

Otro de los datos que se mencionan en el informe, es que el gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional con recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes. Señaló que pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación.

Además, indicó que aunque se logró reclutar y desplegar en 2019 a 90,000 elementos, existieron elementos que no cumplieron en totalidad con los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.

La Auditoría Superior de la Federación acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar su trabajo al ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.

En cuanto a la compra de medicamentos la ASF detectó anomalías por unos 187.7 millones de pesos en 2019, pese a que López Obrador prometió acabar con la corrupción en dicho sector. Las anomalías se detectaron en instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.

El dato que más se ha viralizado en redes sociales, y sobre el cual los medios de comunicación han hecho un especial énfasis, es que la ASF ha estimado en 331 mil 996 millones de pesos el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, que inició la pasada administración. Este dato está lejos de los 100 millones de pesos  que estimaba el gobierno federal cuando informó sus razones de la necesidad de cancelar el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía.

«Se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331,996 millones de pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento ‘Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco’ publicado el 26 de abril de 2019», explica el documento de la ASF entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Además, la ASF advierte de que el costo total de la cancelación del proyecto de Texcoco podría incrementarse por factores como la liquidación de los contratos pendientes y los juicios y demandas interpuestos.

El 49.3% de este costo se debe a gastos no recuperables de la inversión y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios. También incluyen los costos derivados del esquema de financiación para la construcción del proyecto y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto.

El 50.7% restante corresponde a costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación, como la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.

Colmenares Páramo indicó que asumir una visión estrictamente sancionatoria de la auditoría gubernamental, pese a tener un impacto positivo en cuanto a determinar la existencia de errores, omisiones o inclusive irregularidades, limitaría su potencialidad para constituirse en un aliado estratégico en el mejoramiento de la administración pública, un rol que la fiscalización superior cumple a través de proporcionar a los entes auditados información objetiva y confiable, derivada de un análisis riguroso e imparcial, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, a la calidad de su desempeño y a la debida utilización de los recursos que les han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que la comisaria de la Guardia Nacional (GN), Patricia Trujillo, haya sido destituida por comprar un software a sobreprecio.

El funcionario federal aclaró que se está investigando su adquisición, a partir de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Hay observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre la adquisición de un producto de inteligencia; tenemos el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación», dijo Durazo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, acto en el que estaba presente Trujillo y el comisionado de Protección Federal, Manuel Espino.

Durazo expuso que el hecho de que se hagan observaciones sobre el desempeño de una servidora, no significa que tenga responsabilidad sobre desfalcos o malos manejos.

“No está separada del cargo, no hay motivo para la separación porque de momento no hay responsabilidad», enfatizó Durazo.

Y es que de acuerdo con el periódico Reforma, Trujillo habría avalado la compra de un software israelí de espionaje y monitoreo de redes sociales por 500 millones de pesos en 2018.

En aquel entonces, Trujillo se desempeñaba como jefa de la División Científica de la Policía Federal.