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Los diputados Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), junto al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informaron que todos los coordinadores parlamentarios, con excepción del de la bancada de MC, indicaron que no existe un consenso respecto a la reforma relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa, los morenistas señalaron que luego de tres días de “revisión puntual” del anteproyecto de dictamen relativo a la reforma de dicho Tribunal, se acordó dar unos días a las bancadas para que puedan socializar el documento con sus respectivas dirigencias partidistas y grupos parlamentarios en el Senado de la República.

“No queremos que sea frenada (la eventual reforma) en el Senado por dudas que han expresados algunos senadores de diferentes fracciones parlamentarias”, subrayó Mier Velazco.

Precisó que una vez que finalice el espacio de deliberación, los coordinadores de los grupos parlamentarios se reunirán, el próximo lunes por la tarde o, a más tardar, el martes por la mañana, para abordar la iniciativa.

Por su parte, el diputado Robledo Ruiz explicó que se propone ordenar a los partidos políticos, en la Constitución, que deberán respetar plenamente en su vida interna el principio de paridad de género. “También quedan obligados a postular cuando menos 10 por ciento en acciones afirmativas de entre todos sus candidatos”, agregó.

Abundó que se enfatiza que los partidos políticos “tienen la facultad de autorregular sus tiempos, procedimientos y manera de resolver sus diferendos internos en primera instancia y de elegir a sus dirigentes”.

“Quedan intocadas las facultades del Tribunal Electoral, para que cualquier persona, cualquier militante que se inconforme con alguna decisión interna del partido pueda acudir a la justicia electoral. Eso no está tocado, nunca fue parte de la iniciativa, nunca fue parte del sistema. En otras palabras, hay un grado de autonomía para los partidos, pero justicia electoral por encima de ellos”, aseveró.

Sin embargo, las y los diputados de la bancada del PAN indicaron que “frente a las dudas e inquietudes de la sociedad civil y nuestra militancia, se tomó la decisión de no acompañar la reforma electoral y posponer su discusión en parlamento abierto hasta después de la elección 2024”.

A través de un comunicado, señalaron que México siempre contará con el PAN, “por eso no acompañaremos ninguna reforma que pueda generar dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia e Instituciones electorales”.

“En Acción Nacional queremos dejar absolutamente claro que nunca apoyaremos una propuesta que atente contra las instituciones electorales o los derechos políticos de cualquier mexicana o mexicano”, señaló la dirigencia del partido y la bancada en la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido se expresó la bancada del PRI, quien dijo que no promovería una iniciativa de reforma que vulnere al TEPJF.

Los diputados Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira Valdez señalaron que cualquier reforma de carácter electoral, debe ser avalada por todas las fracciones parlamentarias.

Moreira Valdez subrayó que, en un ánimo de construir consensos, un acuerdo fue firmado por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, pues recalcó que cualquier reforma en materia electoral tiene que salir con la venia de todos los grupos parlamentarios y no, por una parte.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que pese a que no puede dar por muerta la reforma constitucional relativa a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se alcanzaron los acuerdos para que avance.

“Hoy no hay un consenso, no puedo adelantarme porque eso no acordamos y sería faltar a la verdad si dijera que la doy por muerta, pero yo no veo condiciones. Durante todo este tiempo que tratamos de concentrar los textos, no se logró”, señaló.

Sostuvo que el propósito inicial de la iniciativa era sólo delimitar al TEPJF porque hay un vacío en la parte técnica, pero no debilitarlo, ni tampoco se pretendía inmunidad para los partidos políticos, ni lastimar la paridad, ni a los grupos vulnerables.

“Se habló mucho de esta iniciativa, se espéculo mucho, pero en realidad lo que está en el texto no es lo que se estaba planteando, pero lo que tratamos de consensar en los textos no nos permitió llegar a un acuerdo y eso pues es natural si no hay un acuerdo, no hay una modificación”, indicó.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que se continúa confeccionando la reforma constitucional relativa a las atribuciones del TEPJF, con el fin de que se pueda reanudar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y se dictamine.

“Se integró un grupo de trabajo para hacer una revisión a la redacción de los tres artículos que se reforman y esperamos que en el transcurso de las próximas horas ya se tenga un anteproyecto y se pueda reanudar la sesión de la Comisión”, señaló en un breve encuentro con los medios de comunicación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que se acordó que habría un posicionamiento de los grupos parlamentarios para aclarar los “mitos y mentiras” que se han dado en torno a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista reiteró que el falso que en esta reforma se le quiten atribuciones al TEPJF, pues lo único que se le estipula es que las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, establecidas en la Constitución, no sean invadidas.

“Se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial, y sólo es un tema de la interpretación de la ley, pero es sólo eso”, precisó.

Además, dijo, no se violenta ningún derecho de procuración y administración de justicia, como lo ha dicho algunas voces.

En línea con el discurso de Morena, Mier Velazco apuntó al Claudio X. González, de querer frenar la reforma constitucional al TEPJF.

“Él tiene miedo a la transformación, es un opositor a la transformación, es un cuadro que quiere retornar a los viejos privilegios, a utilizar los instrumentos del Estado mexicano a su antojo, en función del dinero, de corromper conciencias, voluntades y manipularlas con el uso del dinero”, remató.

Y es que la reforma, que sigue analizándose, ha generado polémica pues es un proyecto que cuenta con el apoyo de todos los partidos, incluidos los de oposición (PAN, PRD, PRI); el único partido que se ha posicionado en contra es Movimiento Ciudadano.

Al respecto, el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el anteproyecto de dictamen relativo a la reforma del Tribunal Electoral está siendo modificado con la finalidad de tener un documento de consenso.

“Se está trabajando (el anteproyecto de dictamen) porque va a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales. Se está haciendo un documento de consenso. Están todos participando en ese dictamen, y va a ser un buen dictamen. Va a ser un dictamen que genere certeza, certidumbre, tiempos, participación, competencias”, dijo el priista.

Cuestionado sobre si al interior del Grupo Parlamentario del PRI hay diputadas y diputados que estén inconformes con el anteproyecto de dictamen, como señaló la diputada de Morena Irma Juan Carlos, el líder del PRI indicó que “yo no veo ninguna inconformidad. Para nada. Hemos escuchado a todos. Es un tema de precisiones, y hay mucha desinformación”.

Moreno Cárdena subrayó que la eventual reforma al TEPJF “en nada atenta” contra esta institución.

“Esto es un ejemplo de fortaleza en apoyo y respaldo total a las mujeres, a las acciones afirmativas. Lo que hay es progresividad. Es dar certeza y certidumbre en los temas que quedarán plasmados en la Constitución. Es un tema de garantía, de certeza, de certidumbre, de definir facultades y competencias”, finalizó.

El gobierno federal sigue dando más atribuciones al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien ha recibido diversas críticas principalmente por el manejo de la pandemia de COVID-19.

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, otorgó a López-Gatell las facultades de presidir el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud.

Además, López-Gatell podrá a partir de mañana,  emitir y coordinar la expedición de normas oficiales mexicanas en las materias competencia de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

El acuerdo señala que la persona Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en este caso López-Gatell, mantendrá permanentemente informada al secretario Jorge Alcocer sobre el ejercicio de las facultades que se le delegaron, además de que precisa que pese a las nuevas funciones, no se excluye la posibilidad de su ejercicio directo por el titular de la dependencia.

Recordemos que entre las críticas que se le han hecho a López-Gatell también está la estrategia nacional de vacunación, que diversos grupos acusan, ha sido lenta e ineficiente, ya que el gobierno ha acaparado la posibilidad de inmunizar.

No es la primera vez en esta administración que se le dan mayores atribuciones a López-Gatell. En agosto de 2020 se ordenó que 13 unidades administrativas y órganos desconcentrados, entre ellos la Cofepris y la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), pasaran a reportar a la subsecretaría que el funcionario encabeza.

La nueva instrucción llega a reafirmar que López-Gatell se ha convertido en el llamado ‘zar de la salud’ como se ha dicho.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que la expansión del rol de las fuerzas armadas en México ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y reveló que ha pedido al gobierno que dé marcha atrás en esta estrategia.

El entorno de seguridad se ha deteriorado en nuestro país por la proliferación del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de droga y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres.

La alta comisionada enfatizó que ha pedido al gobierno de México que reconsidere sus decisiones en relación con las fuerzas armadas ya que actualmente no se ajustan a las normas internacionales.

Sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “se ha caracterizado por un aumento en la atribución de poderes a las fuerzas armadas, incluyendo en asuntos de seguridad interna mediante la creación de la Guardia Nacional”.

Como parte de la misma estrategia, agregó, se han ampliado las competencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando su presupuesto y sus tareas en el desarrollo de infraestructura pública.

“Al haber sido yo misma ministra de Defensa (en Chile) entiendo que las fuerzas armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, como por ejemplo en la respuesta a epidemias porque son muy buenas en logística e infraestructuras, pero tienen que ser guiadas por civiles. Son los políticos quienes tienen que dar las órdenes”, recalcó Bachelet.

En una rueda de prensa en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la alta comisionada también externó su preocupación por el gran número de periodistas asesinados o que han sufrido ataques en México.

Los primeros han llegado a veinte en lo que va del año, mientras que los periodistas agredidos o acosados se elevan a 224 en el mismo periodo, según las cifras reportadas a la ONU. Un total de 138 reporteros han muerto de forma violenta en la última década.

“Llamamos a que se tomen medidas para investigar y castigar estos ataques. La prevención y la protección es lo más importante para la libertad de expresión”, recalcó Bachelet, quien sostuvo que su preocupación en torno a la inseguridad en la que trabajan los periodistas se extiende a los líderes sociales.

Como aspecto positivo, la alta comisionada mencionó que México haya aceptado la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, lo que permitirá a las víctimas de este crimen, a sus familiares o representantes en caso de que sigan desaparecidos, denunciar sus casos ante dicha instancia.

“Creo que se trata de un paso muy importante para las familias y las víctimas. Les permite acceder a un mecanismo de protección internacional. Cuando fui a México me reuní con las madres de algunos desaparecidos y para ellas éste será un paso muy importante”, recalcó.

El pasado 22 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019 que se refiere a los Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos específicos para la aplicación de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno.

A raíz de su publicación, se ha señalado que la dependencia busca regular a las organizaciones electorales de todos los niveles de gobierno a través de una Norma Oficial.

Al respecto, la SE explicó que dicho proyecto de norma mexicana fue elaborado, emitido y desarrollado exclusivamente por el Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), sin que la dependencia haya tenido participación alguna en su desarrollo o contenido.

Sin embargo aclaró, es obligación de la Secretaría de Economía gestionar y obtener la publicación de los proyectos de normas mexicanas elaborados por los Organismos Nacionales de Normalización ante el DOF, a fin de que, bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, se sometan a consulta pública para que cualquier interesado presente sus comentarios ante ellos.

“Es el IMNC el único responsable del contenido y alcance de dicha iniciativa”, indicó en un comunicado

Al recordar que las normas mexicanas son de aplicación voluntaria y tienen como propósito establecer estándares de calidad en los procesos de diversas materias, aclaró que la norma propuesta no “busca interferir en las atribuciones del INE ni de los Organismos Públicos Locales Electorales cuya autonomía está garantizada en nuestra Carta Magna”.

“La Secretaría de Economía reconoce y respeta íntegramente el sistema electoral previsto en la Constitución y en las diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Por su parte el INE se dijo “sorprendido” de la publicación de la norma para hacer una consulta pública sobre procedimientos electorales, cuando son materia del Congreso de la Unión.

“Cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), es violatorio de las atribuciones que tiene el INE. Consideramos que este proyecto de Norma Mexicana atenta contra el orden político electoral establecido”, dijo el Instituto.

Remató afirmando que defenderá sus atribuciones legales y las reglas que los actores políticos se han dado constitucional y legalmente, para organizar los procesos electorales a través de los cuales la ciudadanía elige en libertad a sus autoridades.

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VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

Recientemente se modificó la legislación federal para otorgar a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones. Una que pasó relativamente desapercibida fue la de adelantar la entrega de las auditorías de la Cuenta Pública del año anterior. La segunda entrega de hecho coincide con la discusión del paquete fiscal y la auditoría tuvo el buen tino de publicar en esa oportunidad los resultados a procesos con enorme relevancia para las políticas de ingreso y gasto como el presupuesto de gastos fiscales, el sistema de evaluación del desempeño, la deuda federal, etcétera. La auditoría encuentra hallazgos de enorme relevancia para mejorar la legislación tributaria y presupuestal, los mismos fueron básicamente ignorados. Es decir, ocasionalmente, algunas instituciones del país realizan su trabajo, en este caso la evaluación de la labor hacendaria del gobierno, pero sin consecuencia alguna.

 

Una de las fallas más serias que encuentra la auditoría en materia de transparencia tiene que ver con las obras del aeropuerto. Es imposible conocer el estatus de cada obra y cuál es la fuente de financiamiento de las mismas. La auditoría tuvo que analizar la información de 11 dependencias, dos entidades, dos fideicomisos no paraestatales y dos fideicomisos privados para saber que se han pagado 22,010 mdp, pagados del 2011 al 2016. Ni la Secretaría de Comunicaciones ni la de Hacienda tienen asignada la responsabilidad de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones que se realizan por medio de fideicomisos que se derivan de la bursatilización de los derechos de la Tarifa de Uso Aeroportuario y de gasto presupuestal. La recomendación legislativa es tan sencilla como establecer en el presupuesto y en los informes financieros un anexo que permita identificar los rubros de gasto correspondientes a las dependencias y entidades que realizan trabajos vinculados con la construcción del nuevo aeropuerto y generar la información que permita conocer la carga financiera que el proyecto va a generar en el futuro.

 

La ASF también encuentra problemas serios de transparencia en los llamados aprovechamientos de capital. Se trata de ingresos por concepto de fondos y fideicomisos no paraestatales, de los que la SHCP hace uso libremente, durante el ejercicio fiscal, ya que no fueron considerados la estimación de ingresos original y de los que no se reportan de manera pormenorizada. Estos ingresos no están relacionados con la capacidad recaudatoria real del Estado mexicano, por lo que en realidad es una manera de financiar, de manera sistemática, gasto a cargo del patrimonio público. De hecho, se proponen modificaciones legales para que se reporte el detalle del origen y el destino del componente de cada uno de los excedentes de ingreso, su origen y su destino en el gasto.

 

Un problema de no conocer con exactitud el uso de excedentes, particularmente los registrados como aprovechamientos, fue que, de acuerdo con la ASF, durante el año 2016, 70% del remanente de operación del Banco de México no se utilizó en su totalidad para reducir el techo de deuda, que es lo que establece la legislación respectiva.

 

Otro problema serio de gasto que identifica la ASF es cuando se contratan bienes y servicios entre entidades públicas. En estos esquemas normalmente se utiliza a las universidades para evitar licitaciones y los procesos normales de control de gasto. Como en realidad las instituciones carecen de la capacidad técnica y humana para prestar los servicios, éstos son deficientes o en realidad los provee un tercero. Una investigación de prensa reciente, conocida como “la estafa maestra”, abunda en una irregularidad que de hecho ha sido señalada por la ASF en varias revisiones de gasto. Se propone que se establezca la obligación legal para que, dado el carácter excepcional de este mecanismo, el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y el encargado de verificar su cumplimiento.

 

No se trata de las únicas recomendaciones. Otras tienen que ver con cambiar la estructura programática del presupuesto para hacer posible el presupuesto basado en resultados, mejorar el control, seguimiento y evaluación de los gastos fiscales, mejorar los mecanismos de control en los proyectos de infraestructura de Banobras, adecuar los procesos de determinación de los requerimientos financieros del sector público, entre otras.  El punto es que no tomamos en serio a la ASF ni siquiera en lo que tendría que ser lo más elemental, tomar en consideración sus recomendaciones legislativas a la hora de discutir la regulación del ingreso y del gasto del país. Ojalá ese desinterés no se manifieste cuando se tenga que elegir al nuevo auditor superior, o ratificar al actual. Ojalá que evite la tentación de tratar de capturar a una institución que hace su trabajo.