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Un juez rechazó la tarde de ayer liberar a Rosario Robles, exsecretaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, durante la audiencia celebrada ayer en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que «prevalece un elevado riesgo de fuga» por parte de la exfuncionaria.

Además, dijo que el resguardo domiciliario como una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, «le facilitaría los medios para abandonar el territorio».

También precisó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que permanezca en prisión y aclaró, que, al margen de ello, cada que tenga alguna cuestión de salud, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.

Por eso no avaló el amparo obtenido por Robles el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva y desproporcionada.

«Mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió haber pisado Santa Marta Acatitla porque no merece ningún tipo de medida cautelar», dijo Mariana Moguel Robles, hija de Robles.

Recordemos que la extitular de la Sedatu y Sedesol, es la única figura del gabinete de Peña Nieto que ha pisado la cárcel, y mucho se ha comparado su caso con el trato dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien afronta en libertad sus dos causas de corrupción gracias a su colaboración con la Fiscalía.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado estas diferencias porque Robles no estaba siendo «solidaria» con la Justicia, a diferencia de Lozoya, quien implicó dentro de la trama de Odebrecht a altos cargos de la pasada Administración, incluido al expresidente Peña Nieto.

Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista «venganza» contra Rosario Robles. ESeñaló que correspondió al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Robles.

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral», manifestó.

Debido a los señalamientos que se han hecho AMLO reiteró que de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, y que no se denuncia a nadie por consigna política y esos son asuntos que trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial.

Aun así, el presidente recomendó revisar la actuación de los jueces en el caso de Robles, y que su defensa pida incluso la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, opinó.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta «peligro de fuga» tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que «no tiene nada que colaborar» con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso «muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su «calidad de Enviado Especial» de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch

Un juez pospuso este lunes, por segunda vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

«Se reprogramó para el 8 de noviembre, a las 9 de la mañana. El juez exhortó a la defensa a estar al lado del imputado en la siguiente sesión», informó a la prensa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Anaya, quien salió de México el pasado 5 de julio y se le presupone en Estados Unidos, participó por videoconferencia en la audiencia de este lunes, la cual tuvo un receso de varios minutos. La defensa pidió posponer la sesión para analizar nueva información incluida en la carpeta de investigación.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos para que votara a favor en 2014 de la reforma energética que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que abrió el sector a la iniciativa privada.

El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.

Ricardo Anaya ha venido acusando desde agosto pasado al presidente López Obrador de persecución política y anunció su «exilio».

El político, que quiere repetir como candidato en 2024, sostiene que no era diputado en la fecha en la que el Ministerio Público lo acusa de haber recibido el dinero.

En un video difundido en redes sociales, Anaya dijo este lunes que tiene «una estrategia legal muy bien pensada» que aunque tomará tiempo, funcionará; y criticó que la FGR «en todo obedece a López Obrador y se pasa la ley por el arco del triunfo».

En su mensaje de hoy, el panista anunció una «novedad»; dijo que como les hizo pedazos sus argumentos y se les cayó el teatrito, la FGR recurrió al viejo recurso del refrito. Indicó que solicitaron reabrir el expediente con las acusaciones que hubo en su contra durante la campaña presidencial de 2018.

«Es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas comienza. Ya te perdimos, me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Que te quede muy claro: conmigo te vas a topar con pared, no te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope», expresó Anaya.

Se pospuso, hasta el 4 de octubre, la audiencia inicial contra Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. La razón de aplazar la audiencia: porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación, tal como aseguró en sus últimos mensajes.

«Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas», informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Contra todo pronóstico, Anaya participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México. Durante la sesión, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor con sede en el Reclusorio Norte, hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.

El excandidato presidencial aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.

Los delitos que le estaría imputando serían cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En la audiencia participaron Anaya, su defensa, la Fiscalía y la UIF.

Y es que la Fiscalía confirmó este miércoles que propondría al juez de control la vinculación a proceso de Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en relación a la trama de la firma brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que «según consta en diligencias ministeriales» ese soborno fue entregado a Anaya «por una persona de confianza» del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

«Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia» de que Ricardo Anaya «votó a favor de la misma», añadió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos «manifestaron haber presenciado diversas visitas» de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.

Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos «incompetentes» ya que su voto a favor de la reforma fue ocho meses antes de la supuesta entrega denunciada por Lozoya.

El excandidato presidencial anunció el fin de semana pasado que se exiliaría, presuntamente a Estados Unidos, al denunciar que López Obrador lo quiere meter a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El presidente López Obrador ha venido negando estas acusaciones y rechazó que exista una «persecución» en contra de su ex contrincante, por lo que pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

Recordemos que Lozoya cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber orquestado la trama.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Adicional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.

Minutos antes de las 16:00 horas, el aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, informó que había concluido la audiencia de alegatos que solicitó la semana pasada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En dicha audiencia dijo, expuso los razonamientos jurídicos que defienden el derecho de los guerrerenses a elegir libremente a sus gobernantes.

«Con cabeza fría y corazón caliente hablé a nombre de todos, nuestra voz fue escuchada», indicó ‘El Toro’ en sus redes sociales.

La audiencia de alegatos se realizó en modalidad virtual, y participaron los siete magistrados de la Sala Superior, José Luis Vargas, Felipe Fuentes, Janine Atalora, Reyes Rodríguez, Mónica Soto e Indalfer Infante, siendo este último quien elaboró el proyecto que será sometido a discusión.

La audiencia inició cerca de las 11 horas y según fuentes internas del Tribunal, solo el magistrado Felipe de la Mata no estuvo presente.

Según lo expuesto hasta ahora, será mañana martes 27 de abril que se llevará a cabo la sesión pública en la que se definirá si se confirma la sanción que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al candidato sobre la pérdida de su registro, o si se le devuelve.

El INE impuso, en dos ocasiones, el retiro de la candidatura al morenista debido a que no presentó su reporte de gastos correspondiente a las precampañas.

Recordemos que hasta la semana pasada, en el proyecto de ponencia que difundió el magistrado Indalfer Infante de manera física entre su compañeros para evitar que se filtrara por medios electrónicos, se proponía confirmar la negativa de registro al aspirante de Morena.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, que se circuló a inicios de esta semana entre sus compañeros de forma física y no electrónica para evitar que el documento se filtrara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfilaba confirmarla negativa de otorgar la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, a Félix Salgado Macedonio.

El proyecto señalaba que el candidato de Morena había omitido entregar sus informes de gastos durante la etapa de precampañas, razón por la que el INE lo había sancionado, en dos ocasiones, con el retiro de la candidatura.

Las sesiones, tanto privada como pública en las que se definiría, entre otros temas, lo relacionado con Salgado Macedonio, se reprogramó de último momento por decisión del Presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, quien a través de un correo electrónico avisó a sus compañeros de Sala la noche del miércoles.

Ante la situación, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior acusaron a Vargas Valdez, de haber tomado la decisión de aplazar dichas sesiones de forma «unilateral».

El ‘respiro’ de tiempo que Vargas Valdez dio al morenista, sirvió para que éste solicitara al Tribunal Electoral derecho de audiencia de alegatos, en la que busca dar a conocer sus razonamientos jurídicos para que se le permita participar en la elección del próximo 6 de junio.

«He solicitado respetuosamente al @TEPJF_informa me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora», escribió el guerrerense.

Las sesiones, en las que se prevé abordar lo relacionado a la candidatura de Salgado Macedonio, Raúl Morón en Michoacán, y la asignación de diputaciones de representación proporcional, se estaría retomando el próximo martes 27 de abril, lo cual daría tiempo para que la solicitud del morenista sea atendida.

El hecho de haber reprogramado las sesiones para abordar el asunto, señalaron expertos, daría pie a que se ejerciera presión al interior del Tribunal, y el proyecto del magistrado Indalfer Infante pudiera sufrir modificaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

«Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas», dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: «manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito».

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la acusación por corrupción contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo en la pasada administración, tras fracasar la negociación que comenzó con si defensa, para lograr un acuerdo.

La negociación para rebajar la acusación contra la exsecretaria y que recibiera en dado caso la condena menor, se rompió ya que la acusada «no quiere reparar el daño» de sus acciones.

Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, mejor conocida como La Estafa Maestra.

La última audiencia, celebrada el pasado 10 de febrero, fue pospuesta para dar tiempo a una negociación entre la Fiscalía y el equipo legal de Robles, quien denunció se mostró dispuesta a colaborar con la justicia, incluso revelando el nombre del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría participado y dado ordenes para llevar a cabo los desvíos.

Sin embargo, en la audiencia de este viernes, tanto la Fiscalía como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que «no hay condiciones» para solicitar un «procedimiento abreviado», el cual permitiría rebajar la acusación contra Robles.

La Fiscalía sostuvo que «la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño», mientras que los abogados de Robles aseguraron que «la reparación del daño no procede por el delito que se acusa».

El abogado de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto, Epigmenio Mendieta, aseguró que hubo incumplimiento de la FGR en su «obligación» de instrumentar acercamiento con su cliente para entablar un proceso de negociación.

«A pesar de la postura que hay por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que no están en condiciones de llegar a un proceso de negociación, de tal manera de que lo que se puntualizó por parte de la defensa, que existe un derecho, que es un derecho constitucional de Rosario, a que reciba una propuesta formalmente de la procedencia o no del (procedimiento) abreviado», indicó en en encuentro con los medios.

Ambas partes acordaron convocar a una nueva audiencia para el 26 de marzo, tiempo que servirá para buscar un nuevo acuerdo.

Recordemos que el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad tras haber alcanzado una cuerdo con la FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó negociar con la exsecretaria de Desarrollo Social de la administración pasado, Rosario Robles, para explorar la posibilidad de retira la acusación de corrupción que tiene en su contra, y que la tiene en prisión preventiva desde 2019 a cambio de su colaboración en futuras investigaciones.

El juez Ganther Villar pospuso la audiencia celebrada este miércoles después de que Robles solicitara «un criterio de oportunidad», es decir, que la Fiscalía levante la acusación a cambio de cooperación.

Robles Berlanga habría ofrecido declararse culpable de las omisiones que permitieron los desvíos de los que se le acusan, a cambio de obtener una pena de prisión mínima.

La nueva fecha de la audiencia quedó pospuesta para el próximo 26 de febrero, cuando la Fiscalía deberá decidir si se concede la petición a Robles, esto luego de ser autorizada por los superiores de la FGR.

Aunque el Ministerio Público informó durante la audiencia de que ya habían discutido una «propuesta en forma verbal» con la defensa, el juez dio un plazo de cinco días a ambas partes para que informen sobre la fecha en que comenzarán las negociaciones formales.

Robes, quien también se desempeñó como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, la llamada Estafa Maestra.

La defensa de Robles anunció en noviembre pasado que colaboraría con la Fiscalía denunciando en la trama al exsecretario de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray a cambio de beneficios procesales. En ese momento quedó descartado incluir en la acusación al expresidente Enrique Peña Nieto.

Recordemos que la figura del testigo colaborador cobró relevancia en nuestro país con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, quien cerró un acuerdo con la Fiscalía para denunciar como responsables de los sobornos a Peña Nieto y a Videgaray.

Incluso el Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad.

El empresario Alonso Ancira llegó la tarde de ayer a México extraditado desde España para enfrentar el delito de lavado de dinero en relación al caso de la planta de Agronitrogenados.

El avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que transportaba al empresario llegó al aeropuerto de Ciudad de México a las 17:10, desde donde fue trasladado al Reclusorio Norte para comparecer ante el juez de control. La audiencia, donde se le imputaron los cargos, inició ayer alrededor de las 23:00 horas.

Sin embargo, la audiencia inicial se suspendió esta madrugada, debido a que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestó problemas de salud. El juez solicitó que fuera valorado por un médico, quien minutos después le diagnosticó descompensación metabólica por falta de descanso y alimentación. 

El juez de control, José Artemio Zuñiga, decidió suspender la sesión para que el empresario pudiera recibir alimentos y descansar. Se fijó a las 13:00 horas el horario para se reanude la audiencia.

“Ahorita por cuestiones de salud el juez decretó un receso de de ocho horas para que el señor Ancira pueda descansar, recuperarse, se sintió un poco mal, el juez lo vio, incluso mandó llamar paramédicos y en este momento se decretó un receso y continuará la audiencia hasta la una de la tarde», dijo José Luís Castañeda, abogado del eqipo legal de Ancira.

Previo a que se decretara el receso, la defensa de Ancira solicitó la aclaración de tres incidencias: tener a Petróleos Mexicanos en calidad de ofendido; la nulidad del acuerdo del juez por medio del cual autorizó realizar la audiencia inicial, y la ilegal detención de Ancira.

Las tres mociones de la defensa fueron desechadas por el juez, quien estimó que eran improcedentes.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.

En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud  cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.

En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.

Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que «no anticipo futuras acciones ante mí». «Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos».

En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era «venganza de opositores políticos», en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.

«El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte», expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. «El tribunal debe certificar la extradición».

Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.

La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.

Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.

«Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa», expresó Wu. «Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos», dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.

Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. «Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias», expresó el abogado Juan Morillo. «Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar».

Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.

La jueza se limitó a decir que estaba «satisfecha» con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. «La presentación satisface la causa probable», expresó Fleischer Louis.

Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un «mini juicio».

Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.

Una jueza federal de Estados Unidos «canceló» este miércoles la audiencia del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es acusado de desvío de dinero y delitos electorales.

El comienzo del proceso legal, de una duración de dos semanas, estaba previsto para mañana jueves de forma virtual debido a la pandemia.

En un breve comunicado, la jueza Lauren Fleischer Louis no determina una nueva fecha para el juicio contra Duarte, preso en Miami desde el 8 de julio del año pasado, acusado de «malversación agravada y conspiración agravada».

Duarte, quien ha alegado «persecución política» de su sucesor en el cargo, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de México, ha expuesto que existe «peligro de fuga» de Duarte y dijo que el exfuncionario ha incurrido en faltas tales como transferencias de más de seis millones de dólares a dos empresas en las que era el accionista mayoritario mientras estaba al frente del gobierno estatal.

El 30 de septiembre pasado la defensa solicitó «desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses».

En una posterior audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra, debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial, dijo este lunes su abogado.

Durante una audiencia telefónica debido a la contingencia sanitaria, César De Castro, abogado de García Luna, dijo que su cliente no ha podido examinar las pruebas de su caso desde el 28 de octubre.

«Aún lo tienen allí aislado y no estoy seguro de cuando le van a permitir salir», dijo De Castro al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York.

Recordemos que García Luna está acusado por la fiscalía de Estados Unidos de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

El excolaborador del expresidente Felipe Calderón se ha declarado inocente, aunque los fiscales de EUA afirman que García Luna recibió fuertes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara libremente cocaína.

En la audiencia de este lunes, De Castro explicó que García Luna fue colocado en una unidad de máxima seguridad y después puesto en cuarentena. El juez Cogan pidió a los fiscales presentes en la audiencia que hagan todo lo posible para lograr que las pruebas lleguen a García Luna.

Según la última carta que la fiscalía envió al juez y que se encuentra disponible en el sistema electrónico de la corte, el gobierno estadounidense ha presentado más de 955,000 documentos que conforman las pruebas del caso. El juez Cogan fijó la próxima audiencia judicial el 17 de febrero del 2021. García Luna espera ir a juicio.

La semana pasada los fiscales del caso pidieron al juez que les permita mantener selladas algunas pruebas que identificarían a testigos en el juicio. Los fiscales advirtieron que, si esas evidencias se hacen públicas, García Luna o sus cómplices podrían poner en peligro la vida de los testigos.

Esas pruebas, que incluyen fotografías, documentos financieros y grabaciones, no se mostrarían a García Luna, su abogado, ni al público general, como solicitaron los fiscales.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, permanezca detenido sin derecho a fianza, antes de su juicio por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, al argumentar que existe riesgo de fuga.

Recordemos que el ex funcionario federal fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, California, luego de su arribo a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA).

La negativa de conceder la libertad bajo fianza, indicó el juez, fue por miedo a que escape del país para evitar continuar con el proceso judicial en su contra.

«La gravedad de los cargos que enfrenta hace crecer el riesgo de huida para evitar el proceso en su contra. (…) Su influencia y poder político y una potencial condena de cadena perpetua son incentivos para escapar», dictaminó Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles.

Esta fue la segunda audiencia contra Salvador Cienfuegos, misma que se transmitió de manera pública y vía la aplicación Zoom.

El ex funcionario mexicano permanecerá unos días más en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, para posteriormente ser trasladado a Nueva York.

El colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto fue acusado el pasado viernes de tres cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

De acuerdo a los documentos judiciales, la «Operación Padrino», que llevó a la detención de Cienfuegos, está asociada con el proceso judicial contra un ex fiscal mexicano, Édgar Veytia, que fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre del año pasado en Estados Unidos.

Durante la audiencia, el abogado de Cienfuegos Zepeda, Duane Lyons, negó que su cliente quiera huir a nuestro país, pues quiere “lavar su imagen”. Por ello, la defensa presentó una fianza por un valor de 750 mil dólares.

El abogado de Cienfuegos dijo que la cifra ofrecida son los “ahorros de toda la vida” del ex secretario de la Defensa. Además argumentó que permanecer en prisión pone al ex funcionario mexicano en riesgo de contagiarse de Covid-19.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de gestionar contratos para la firma.

«Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con (su) madre, esposa y otra persona con el propósito de delinquir», señaló el fiscal en la audiencia que se lleva a cabo este miércoles.

Con el dinero presuntamente proveniente de los sobornos, Lozoya habría adquirido, por medio de familiares, bienes inmuebles para «ocultar» el origen de los recursos, además de que habría transferido a otros a cuentas bancarias en Europa, según la acusación.

La Fiscalía reiteró que Odebrecht obtuvo en México un «beneficio» de 39 millones de dólares por la «adjudicación de obras».

Tal como sucedió ayer con la audiencia del caso Agronitrogendos, la sesión de hoy se desarrolla por videoconferencia, pues el exfuncionario se mantiene en hospitalización por un cuadro anémico tras llegar extraditado de España el 17 de julio pasado.

Los delegados de Odebrecht «le solicitaron (a Lozoya) su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la refinería de Tula», añadió la Fiscalía.

Por transferencias que recibió del extranjero, pese a que sabía que «era ilícito», a Lozoya se le acusó de «operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lozoya, de acuerdo con la Fiscalía, intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto en 2012.

Lozoya Austin, quien durante el proceso será identificado como ERLA al haber solicitado que quedaran reservados sus datos personales, se declaró inocente de los delitos que se le imputan. «De manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación», dijo el exfuncionario federal.

Añadió que, en el marco de su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación, dio instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de su extradición, «para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad».

Una vez más, Lozoya Austin indicó que en los hechos que se le imputan fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado, y tal como lo dijo ayer, se comprometió a denunciar y señalar a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta este miércoles su segunda audiencia ante un juez de control, ahora por el caso Odebrecht.

Lozoya es acusado de gestionar sobornos millonarios de la empresa brasileña, que habrían financiado la campaña que llevó a la presidencia al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En la audiencia de hoy se formulará imputación contra el exfuncionario por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Al igual que la audiencia de ayer, la de este miércoles se realizará de manera virtual.

Ayer, Lozoya Austin fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque evitó pisar prisión gracias a su ofrecimiento de colaborar con la justicia.

Como la Fiscalía no pidió prisión preventiva, el juez estableció vigilancia policial en el hospital donde está internado actualmente, y solicitó la entrega de su pasaporte y visa, que se le ponga un brazalete que él mismo debe pagar y que, una vez que sea dado de alta, se presente ante las autoridades a firmar cada 15 días.

Adicional, el juez dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para complementar la investigación.

Durante su primera la audiencia, por el caso Agronitrogenados, el exfuncionario dijo mediante sus abogados que había sido «utilizado» por un «aparato organizado del poder», y aunque no identificó a los responsables, se comprometió a realizar en su momento las denuncias pertinentes y a «esclarecer la verdad en el marco del debido proceso».

Antes de la resolución judicial, la defensa declinó debatir la acusación fiscal, asumiendo los cargos; sin embargo, los abogados alegaron que «fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso» por otros.

El exdirector de Pemex reiteró que era inocente de los cargos, y que lo probaría. Señalará «claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban (…) en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad» con la Fiscalía, agregó la defensa.

El «criterio de oportunidad» es una figura por la que la Fiscalía declina enjuiciar a un acusado pues hacerlo reportaría pocos beneficios o porque el imputado puede ofrecer información sólida para perseguir un delito más grave del que se le imputa.