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Un tribunal ruso rechazó este martes la apelación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia desde marzo pasado, contra la prolongación de su detención preventiva por presunto espionaje.

El juez Yuri Pasyunin, del tribunal municipal de Moscú, decidió dejar “sin cambios” la decisión de mantener al reportero, de 31 años, en detención, al menos hasta el 30 de noviembre.

Gershkovich, corresponsal de The Wall Street Journal en Moscú, apeló contra la prolongación de tres meses de su detención provisional, ordenada a finales de agosto.

“Estamos profundamente decepcionados de que se haya desestimado de nuevo el recurso contra la prolongación de su detención. Evan debería ser liberado”, declaró la embajada norteamericana en Moscú en redes sociales.

En el mismo sentido se pronunció el diario estadounidense, quien señaló que han transcurrido más de seis meses desde el injusto arresto de Evan, y se dijeron “indignados de que siga detenido injustamente”.

Recordemos que el periodista fue detenido el 29 de marzo durante un viaje para una cobertura informativa en los montes Urales. Desde entonces está recluido en la prisión de Lefortovo, en la capital rusa.

Gershkovich está acusado de espionaje, un delito que se castiga con hasta 20 años de cárcel. En todo momento, él, su equipo legal y sus colegas, niegan las acusaciones.

Hasta ahora, Rusia no ha presentado públicamente elementos de prueba de las acusaciones y el conjunto del proceso está bajo secreto.

Foto: Twitter @WSJLive

La jueza Moxila Upadhyaya aceptó este jueves dejar en libertad al expresidente Donald Trump, quien esta tarde compareció por las nuevas acusaciones que se fincaron en su contra, y fijó la siguiente audiencia para el 28 de agosto.

Trump, de 77 años, se declaró este jueves no culpable de los cuatro cargos de los que está imputado: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Las acusaciones contra el republicano son por su presunto intento de revertir el resultado de los comicios de 2020, donde perdió ante el actual presidente, Joe Biden.

Trump compareció ante la juez de primera instancia de un tribunal federal de Washington dos días después de ser acusado de cuatro delitos graves por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith.

Los cargos lo acusan de intentar subvertir la voluntad de los votantes y de tratar de anular su derrota electoral en los días previos al 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio federal en un violento enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Su comparecencia de hoy, y el resto del proceso judicial, se desarrollará en un juzgado situado cerca del Capitolio y en un edificio en el que han sido acusados más de 1,000 de los insurrectos del Capitolio.

El propio Smith estuvo en la sala y se sentó en primera fila detrás de los fiscales que llevan el caso. También se vio entrar en el tribunal a tres agentes de policía que defendieron el Capitolio ese día.

A pesar de sus problemas legales, Trump lidera al contienda por la nominación republicana para 2024. Las encuestas muestran al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un distante segundo lugar entre los votantes republicanos, muchos de los cuales comparten la afirmación del exmandatario de que es víctima de una cacería de brujas por parte de los demócrata.

Lo que ha llamado la atención es que la popularidad de Trump entre los votantes republicanos ha aumentado desde su primera acusación a principios de año en Nueva York. En ese sentido, el magnate hizo referencia a este nuevo proceso legal.

“¡NECESITO UNA ACUSACIÓN MÁS PARA ASEGURAR MI ELECCIÓN!”. escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth previo a su comparecencia.

Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la “desproporcionalidad y excesividad” de la Fiscalía en su detención el pasado sábado ya que, según dice, lo grabaron desnudo.

Trujillo denunció las “graves irregularidades” en la captura de hijo del mandatario y criticó que en la audiencia en que se formalizó la detención de Petro Burgos y de su exesposa Daysuris Vásquez, por el posible delito de lavado de dinero, “no se convocó a la defensa” lo que los imposibilitó de apelar o presentar alegatos.

“Sin embargo, ayer le pusimos de presente al juez unas graves irregularidades que se cometieron en las diligencias de allanamiento, y el juez consideró que el tema efectivamente era muy grave, pero requería mayor aporte de pruebas”, dijo el abogado en declaraciones a Caracol Radio.

Según Trujillo, Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, que está embarazada de ocho meses, relató que “los agentes de la Fiscalía ingresaron al apartamento a las seis de la mañana, sigilosamente, sin golpear ni tocar la puerta, tanto que dicen que la mamá de Laura que estaba despierta no escuchó nada, el perro no ladró”.

En este contexto, “abrieron la puerta de la habitación de Laura, ella estaba ahí desnuda, la grabaron, grabaron desnudo a Nicolás ingresando a la ducha, nunca dejaron de grabar a pesar de que Laura se los pidió”, relató Trujillo.

“Esos videos los tiene la Fiscalía, nosotros no los tenemos”, indicó el abogado, que los ha solicitado porque demostraría que “hubo irregularidades graves”.

Además, Trujillo denunció que los agentes de la Fiscalía al parecer arrendaron un apartamento en el conjunto residencial donde vive Nicolás Petro y llevaban viviendo allí “entre una y dos semanas” y desde allí planearon todo para hacer la operación sin necesidad de presentar órdenes judiciales en la portería “como normalmente se hace en estas diligencias”.

Todo esto “lo habrían hecho sin la autorización previa de un juez de control de garantías”, concluyó el abogado.

Trujillo también cuestionó que las presuntas pruebas de que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre se conocían desde hacía cinco meses y, por lo tanto, la captura se habría tenido que hacer entonces.

Está previsto que mañana la Fiscalía lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y contra su exesposa por los de lavado de activos y violación de datos personales.

Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado.

El punto de partida fue una entrevista de Vásquez a la revista Semana en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero.

Según el relato de Vásquez, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el hombre Marlboro”, le entregó a Nicolás Petro “más de 600 millones de pesos para la campaña del papá”.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

El presidente Petro, tras conocer ayer la noticia, manifestó: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.

El concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México ha generado un intenso movimiento de datos e interacciones en redes sociales. Y pese a las críticas que el gobierno capitalino ha recibido por el gasto que significará el evento, la noticia ha ayudado a la Motomami y la Jefa de Gbierno.

El próximo 28 de abril la cantante española Rosalía dará un concierto masivo y totalmente gratuito en el Zócalo de la CDMX. Esta será la tercera visita de la artista a nuestro país como parte de su gira Motomami World Tour, su tercer álbum de estudio.

“Este concierto desató un trending topic y un aumento en el número de seguidores de Rosalía, y también en la audiencia digital de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum”, dijo Jorge Zerecero, Strategic Manager para Latinoamérica de Tagger, una plataforma de marketing de influencers, que mede el impacto digital de eventos.

De acuerdo con un análisis de Tagger, los mexicanos son la audiencia número uno en la cuenta de TikTok de Rosalía. México ocupa el 24.93% en la demografía en audiencia; el segundo lugar es para España, su país natal, con un 10.99%; el tercer lugar lo tiene Colombia con un 9.95%, seguido de Estados Unidos con un 9.65%. Finalmente Argentina tiene un 8.41% dentro de los más de 29.8 millones de seguidores con los que cuenta la cantante en TikTok.

En cuanto a Instagram, Rosalía pasó del 9 de abril, un día previo al anuncio del concierto masivo, al 11 de abril, de 24 millones 635 mil 151 followers a 24 millones 655 mil 604 nuevos usuarios; es decir, 20 mil 453 nuevos usuarios y contando.

Además, el efecto de la Motomami también generó un repunte en la cuenta de Claudia Sheinbaum al pasar del 9 al 11 de abril de 377 mil 885 seguidores a 383 mil nuevos seguidores en Instagram

Tras el anuncio, Claudia Sheinbaum consolidó su número de seguidores principalmente en personas de edades entre los 33 a 44 años de edad (26%), seguido de adultos jóvenes de entre 30 a 34 años (23%), y una audiencia de entre 25 a 29 años de edad (18%).

Según estimaciones de Tagger, Rosalía podría cobrar entre 165 mil hasta 275 mil dólares por una publicación de un reel en su cuenta de Instagram. Por una historia con una duración de 24 horas podría llegar a cobrar entre 55 mil hasta 91 mil dólares, mientras que por un video en TikTok los costos oscilan de 40 mil 800 hasta 68 mil 100 dólares estadounidenses.

Hasta el momento, los artistas y grupos como Grupo Firme (280 mil asistentes), Vicente Fernández (217 mil asistentes), Shakira (210 mil asistentes), Justine Bieber (210 mil asistentes) y Paul McCartney (200 mil asistentes) son los que más han llenado el Zócalo capitalino.

Se espera que Rosalía pueda atraer a un gran número de asistentes, especialmente jóvenes, a la explanada del Zócalo capitalino.

Un juez aplazó este jueves, por cuarta ocasión, la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción por la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.

Aunque la vez pasada que el juez postergó la cita a inicios de año advirtió de que sería la última ocasión en la que concedería una prórroga, ahora difirió la audiencia intermedia hasta el 27 de abril a petición de la defensa de Lozoya.

A la entrada del Reclusorio Norte de Ciudad de México, donde el exfuncionario está en prisión preventiva, su abogado Miguel Ontiveros declaró que iban a “solicitar formalmente que se proceda a fijar fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio en los términos que señalen las instituciones del Estado”.

“La postura del señor Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100% la reparación del daño solicitada por las instituciones y esa es precisamente la afirmación que vamos a dar como defensa”, declaró a los medios.

El abogado reconoció que la reparación podría alcanzar los 10 millones de dólares mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias (MASC) para evitar que su cliente afronte una condena en prisión.

Recordemos que la última vez, Lozoya ofreció 3.4 millones de dólares para reparar el daño a Pemex por la compra fraudulenta de la planta, pero un día después el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta por ser “muy poquito”.

“Está muy poquito. (…) No es esa la cantidad. Aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorias. Estoy seguro que esa cantidad no es”, dijo el mandatario en su momento.

López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario público, de los que Alonso Ancira ya ha devuelto 100 millones de dólares.

Lozoya tiene dos casos abiertos, uno por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El equipo legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, logró este martes aplazar, por tercera vez, la audiencia intermedia en el caso de corrupción que se le sigue por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

A la salida del Reclusorio Norte de Ciudad de México, tras casi una hora, la defensa de Lozoya indicó que no habrá un enjuiciamiento porque insistirán en que las autoridades judiciales acepten el ofrecimiento de su cliente de un acuerdo reparatorio por el sobreprecio de la planta.

Además, el equipo legal afirmó que Lozoya ha hecho valer el criterio de oportunidad que le concedió la Fiscalía General de la Repúiblica (FGR) para aportar información valiosa.

“No va a haber juicio en contra de Emilio Lozoya porque son en contra de quienes se beneficiaron, lo que va a haber es un caso reparatorio en el caso de Agronitrogenados”, apuntó Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pemex.

“No hay culpabilidad, es un acuerdo, una vía alterna y evita el juicio”, sostuvo. El nuevo plazo que se obtuvo es por 30 días hábiles.

Recordemos que el ofrecimiento que Lozoya ha hecho es por 3.4 millones de dólares para pagar la reparación del daño en el caso de la presunta compra fraudulenta de esta planta de fertilizantes considerada “chatarra”, cuando dirigía Pemex.

“Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, primero, para confirmarle que nosotros coincidimos absolutamente con su política anticorrupción, incrementada por su gobierno. Segundo, para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe reparar totalmente el daño”, dijo el abogado.

La medida de aplazamiento la otorgó el juez de control con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y la nueva cita quedó agendada para el próximo jueves 16 de febrero. Además, la defensa de Lozoya insistió en que se mantendrá la colaboración con el aparato judicial y la FGR.

Sin embargo, Pemex ha negado que exista un acuerdo para aceptar la reparación del daño, aunque la defensa del exdirector de Pemex aseguró que su Consejo de Administración está de acuerdo.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia, ambos por corrupción.

El primero es sobre la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos. El segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por segunda ocasión, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, logra que una juez aplace la audiencia intermedia, en esta ocasión la relacionada al caso Odebrecht, carpeta en la que también está invoucrada su madre, Gilda Austin.

Así, la jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia, mientras el equipo legal de Lozoya Austin se mantiene firme en su posición de alcanzar un acuerdo reparatorio.

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, señaló que su cliente “está firme, sólido y con mucho ánimo de lograr el acuerdo y criterio de oportunidad” en ambos juicios que enfrenta.

Los abogados argumentó que tiene pendientes por entregar dos peritajes, así como acceder a la videograbación de los interrogatorios a ejecutivos de Odebrecht, en donde supuestamente los ejecutivos de la constructora brasileña afirman haber entregado los sobornos al excolaborador del expresidente Peña Nieto.

El viernes pasado, la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados también fue aplazada por la jueza del reclusorio norte, quien resolvió de esa manera luego de que los abogados del exfuncionario justificarán que tenían peritajes pendientes y revisar 3,000 páginas que apenas había entregado la FGR.

Otro argumentos de la defensa fue el fallecimiento de un exfuncionario de Pemex, uno de los principales testigos de descargo que presentarían en las acusaciones contra Lozoya.

Previo al inicio de la audiencia, la defensa de Lozoya había señalado que insistiría para que las autoridades aceptaran el ofrecimiento de su cliente de un acuerdo reparatorio por el sobreprecio de la planta, para que se le retiraran los cargos.

El ofrecimiento de Lozoya es por un monto de 3.4 millones de dólares para pagar la reparación del daño y de esta manera evitar un juicio por el caso.

Recordemos que Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de 2022, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción. El primero es sobre la compra a sobreprecio de Agronitrogenados y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y posteriormente en dicho gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañañana que el extiular de la extienda Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso desde el pasado viernes por el caso Ayotzinapa, debe hablar, incluso bajo criterios legales que le beneficien.

Durante su conferencia matutina, AMLO consideró que Murillo Karam podría acogerse al llamado criterio de oportunidad, una figura legal que permite a un testigo declarar bajo protección o con negociación de penas más reducidas.

“Sí, todos (los involucrados en el caso). Inclusive sin acogerse (al criterio de oportunidad) este es un asunto de dignidad, si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la audiencia que tiene inició esta mañana en la que su defensa busca presentar las pruebas que demuestren su inocencia, aunque también podrían procesarlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada Verdad Histórica, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

En este contexto, López Obrador le pidió que en la audiencia ofrezca más detalles del caso. “Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, manifestó López Obrador.

La audiencia del exprocurador, que inició pasadas las 09:00 hrs en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ocurre tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

Recordemos que el criterio de oportunidad fue otorgado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el objetivo de que revelara información sobre actos ilícitos cometidos por servidores públicos de más alto rango.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil del caso hasta ahora, mientras el gobierno busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

“El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Zerón, de acuerdo con la versión pública, y dada a conocer por la Fiscalía”, dijo el presidente, por lo que reiteró su llamado al gobierno de Israel para colaborar con la extradición de Zerón.

“No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta, diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar” dijo AMLO, aunque lamentó que ya se ha haya demorado mucho dicho proceso.

López Obrador también se comprometió a entregar “toda la información, completa” de la Comisión de la Verdad que él ordenó crear en 2018 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se aplazó este lunes la audiencia que se tenía programada para hoy en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo que en las próximas semanas se conocerá si se logró un acuerdo reparatorio, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La defensa solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, lo cual se acordó favorable, puesto que las partes tienen la intención de celebrar un acuerdo reparatorio”, informó el CJF en un breve comunicado a los medios.

El órgano judicial agregó que las partes manifestaron que van a comenzar a llevar a cabo pláticas para delimitar y concretar el acuerdo reparatorio, el cual se estime pueda tarde en concretarse “un par de semanas”.

El CJF indicó que estuvieron presentes los padres y el representante de una inmobiliaria para fungir como garantes de dicho acuerdo reparatorio.

Según informaron medios locales, hubo un inconformidad por parte de Pemex que impidió que este mismo lunes se cerrara el acuerdo reparatorio que se había planteado.

Al aplazar la audiencia, se descarta que Lozoya salga en las próximas horas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanece desde el año pasado.

Recordemos que Lozoya tiene dos cargos abiertos por corrupción. El primero es sobre la compra-venta de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y también está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Según informó el diario Reforma, Lozoya, extraditado a comienzos de 2020 desde España, habría llegado a un acuerdo para pagar una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad, así como a entregar al menos cinco inmuebles que tiene en propiedad.

El trabajo firmado por Abel Barajas, colaborador del diario, señala que Pemex aceptó desde el mes pasado la oferta de Lozoya equivalente a 10.7 millones de dólares, que equivalen a más de 220 millones de pesos, para reparar los daños en los dos casos por los que es procesado el exfuncionario.

Al respecto, esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se analice el supuesto acuerdo al que habría llegado el funcionario federal con Pemex, y al cual se estaría dando seguimiento la Fiscalía General de la República (FGR). Pidió un monto “justo”.

Aunque dijo que no conocía los detalles de dicha negociación, agregó estar de acuerdo en que haya una reparación del daño y señaló que habrá que ver qué está planteando Pemex. “La fiscalía podría aceptar la reparación del daño y estamos de acuerdo con eso porque significa devolverle al pueblo lo robado”, dijo. Añadió que importa la reparación del daño, siempre y cuando sea justa.

Un juez determinó que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumplió con la disculpa pública a la que se comprometió con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El representante de la Fiscalía local solicitó al Juez que se revoque el acuerdo reparatorio y se reinicie el procedimiento penal contra Sandra Cuevas.

Sin embargo, el juez determino que la audiencia donde se definirá el futuro del proceso de la alcaldesa se aplazaría para el próximo jueves, a las 9:00 horas, en el reclusorio norte.

Los representantes del Ministerio Público explicó que la disculpa debe entender como un reconocimiento formal y público de los hechos de los que se le acusan, por lo que las declaraciones de Cuevas no correspondían a esto. Además, indicaron que la supuesta disculpa no se realizó en presencia de las víctimas, ni se mencionaron sus nombres o datos que los identificaran.

Incluso acusaron que Sandra Cuevas cuestionó y revictimizó a los policías, quienes dijeron sentirse burlados, menospreciados y humillados.

Recordemos que incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había denunciado que la disculpa que ofreció Cuevas era digna de una justicia “chapucera”.

Durante la audiencia, que duró poco más de dos horas, la Fiscalía capitalina argumentó que Sandra Cuevas incumplió, además de los términos de la disculpa pública, en no realizar manifestaciones relacionadas con el hecho, pues se reportó que aceptó entrevistas radiofónicas.

En la audiencia del próximo jueves 31 de marzo, ambas partes buscarán llegar a un consenso respecto a la suspensión condicional del proceso.

El periodista Víctor Hugo Michel de Milenio informó en redes sociales que Cuevas habría estallado en contra de si equipo legal, quien durante la audiencia no rechazó las acusaciones del Ministerio Público, y se limitó a decir que no se había especificado los alcances de la disculpa.

Michel asegura que pese a que ya se había alcanzado el acuerdo, tiene planes de rechazarlo e irse a juicio.

A su salida de los juzgados, la alcaldesa se limitó a decir que no podía hablar del tema, aunque señaló que sigue confiando en las instituciones, además de que confirmó que seguía siendo titular de la demarcación, donde tiene “mucho trabajo”.

Un juez de control ordenó anoche abrir un juicio por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018 contra el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien fue detenido el pasado martes.

Según fuentes judiciales, la audiencia, que inició a las 16:30 horas, y que tuvo un receso de dos horas y continuó cerca de la medianoche, sirvió para que el juez analizara las medidas cautelares que le fueron dictadas al exmandatario estatal.

Entre esas medidas está la prisión preventiva que se le ordenó a Rodríguez Calderón, de 64 años, con lo que enfrentará el juicio en prisión.

El Juez de Control ordenó también remitir la carpeta de investigación a un juzgado del ámbito federal, para que continúe con las etapas del proceso, esto luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, imputara al “Bronco” por el delito electoral relativo a recibir aportaciones de dinero.

La defensa del exgobernador, que en total tramitó cuatro amparos para evitar que su cliente siguiera en prisión o estuviera incomunicado, alegó que el ex gobernador no debió ser detenido y encarcelado, ya que los delitos que se le imputan serían de materia federal y no local.

Recordemos que el martes pasado, Rodríguez Calderón fue arrestado por el presunto desvío de recursos públicos y trasladado al penal de Apodaca.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no usar la “ley” para cumplir “venganzas políticas”, cuestionado sobre la detención de Rodríguez Calderón.

“Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la detención del exgobernador es ajena al Gobierno federal y reprobó las fotografías del arresto del ex político que se difundieron en medios de comunicación.

Poco antes de la decisión, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, apuntó en un mensaje en Twitter que “si alguien, quien sea, violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias”.

Incluso dijo que estaba tranquilo porque se hizo lo correcto, además de que la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables. “Sé que actuarán con total apego a la ley y le harán justicia a nuestro estado”, añadió.

El arresto del exgobernador se ha dado por un caso conocido como de las “Broncofirmas”, un supuesto desvío de recursos humanos y materiales para usar a funcionarios públicos del estado para captar las firmas necesarias para que Rodríguez Calderón pudiera contender a las elecciones a la Presidencia de México de 2018 por la vía independiente.

Autoridades electorales federales habían indicado en su momento que de las más de dos millones de firmas captadas por Rodríguez para su candidatura de 2018, más de 800,000 no fueron válidas, incluidas las de 7,044 personas muertas.

Luego de la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abriera una investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la presunta comisión de delitos como privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en contra dos policías, un juez de control le impuso esta tarde medidas cautelares, entre ellas su suspensión como titular de la demarcación.

La Fiscalía capitalina indicó que hoy formuló la imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la alcaldesa.

Y es que según lo que se ha informado, la perredista supuestamente habría retenido y agredido, física y verbalmente, en las oficinas de la alcaldía a dos mandos de la Policía Auxiliar, luego de una diferencia surgida en el trabajo para reordenar el comercio informal en la colonia Centro.

La jueza que lleva el caso, estableció que Sandra Cuevas no puede salir del país, deberá acudir a firmar cada dos meses en tanto concluya el proceso legal, además de que quedaría suspendida de sus actividades como titular de la Alcaldía..

Antes de conocerse la decisión de la jueza, Cuevas declaró que esperaba “salir bien librada” de la denuncia en su contra, e indicó que solo enfrentaba acusaciones de abuso de autoridad y robo, pues la Fiscalía retiró el cargo de privación ilegal de la libertad. Y es que la alcaldesa indicó que entregó videos en donde se demuestra su inocencia.

La defensa de la alcaldesa, que llegó al poder como abanderada de la coalición Va por la CDMX (PAN-PRI-PRD), solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves, según indicó la propia Fiscalía.

El jueves, cuando se continúe con la primera audiencia, se podrán anular las medidas cautelares impuestas este lunes, o bien confirmarse. La audiencia de hoy ya había sido diferida en dos ocasiones anteriores.

Cuevas ha dicho en reiteradas ocasiones que las acusaciones de los policías son apoyadas desde la Jefatura de Gobierno, y son parte de un montaje por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de Claudia Sheinbaum, quienes buscan desestabilizar su administración debido a que forma parte de la oposición.

Sin embargo, no es la única acusación que la perredista enfrenta. Sandra Cuevas también podría comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino, debido a que en días pasados lanzó pelotas con billetes de 500 pesos desde el balcón de la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual ha sido condenado por los diputados locales.

En cumplimiento de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia penal,  esta tarde el  juez José Artemio Zúñiga revisó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, y ordenó mantener en prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex.

El juez volvió a justificar su decisión en que Lozoya Austin, acusado de delitos de corrupción por el caso Odebrecht, e presenta riesgo de fuga, ya que cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían evadir a la justicia.

El juez también señaló que en caso de ser declarado culpable, la pena que podría alcanzar Lozoya motivaría su huida del país, además de que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que solicitó.

“La Fiscalía General de la República justificó de manera fundada y motivada la variación objetiva de las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el final del proceso”, reiteró esta tarde el juez.

Recordemos que ayer se dio a conocer que la magistrada Isabel Porras del el Tercer Tribunal Unitario, ordenó revisar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantenía en prisión a Lozoya desde noviembre pasado. Fue justo el juez José Artemio Zúñiga Mendoza quien había fallado con la misma medida en ese momento, y ahora la ratificó.

Emilio Lozoya  es acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, en el tramo de la empresa brasileña Odebrecht.

En la apelación concedida a Lozoya, la magistrada  ordenó realizar la revisión de la medida, sin que la FGR o la defensa del exfuncionario pudiera presentar nuevos argumentos.

Horas antes, un tribunal federal desechó la impugnación que hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar a Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, desechó la demanda de amparo presentada por la UIF contra la orden emitida.

Sin embargo, la UIF anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió. Dijo que considera que la resolución del Tercer Tribunal Unitario, en la que declaró que el patrimonio de la UIF no resulta perjudicado con la orden de liberar a Lozoya, no fue correcta.

El gobierno de Australia canceló este viernes por segunda vez el visado del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, que será detenido el sábado a la espera de que se celebre este fin de semana una audiencia judicial en la que intentará evitar su deportación.

Tras varios días estudiando el caso, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, decidió hoy volver a cancelar el visado de Djokovic con la intención de expulsarlo del país, lo que también podría implicar la prohibición de volver durante tres años a Australia.

“Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público”, señaló el ministro en un escueto comunicado al remarcar que sopesó “cuidadosamente” la información proporcionada por las partes.

El primer ministro australiano, Scot Morrison, defendió hoy la segunda cancelación del visado de Djokovic, al destacar los sacrificios realizados por los australianos durante la pandemia en el país, que ha sido uno de los más estrictos a la hora de aplicar restricciones.

“Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido”, dijo el mandatario.

Tras la anulación, un juez ordenó en una audiencia de emergencia que Djokovic no sea deportado “de manera inmediata” hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración, que será impugnada por los abogados del tenista.

El juez Anthony Kelly también determinó que Djokovic permanezca en libertad hasta las 8 de la mañana del sábado cuando acuda a una cita con los funcionarios de inmigración en la ciudad de Melbourne, en donde será detenido. Sin embargo, dos agentes de aduanas trasladarán después a Djokovic hasta el lugar donde pueda reunirse con sus abogados para preparar el caso.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Federal, una instancia superior, y se espera que comience y acabe el domingo, un día antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebra entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Melbourne.

Recordemos que Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica para no estar vacunado al haber estado contagiado de COVID-19 recientemente, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron. El pasado lunes, un tribunal presidido también por el juez Kelly ordenó la liberación del tenista tras entender que no se le había tratado con “equidad”.

Sin embargo, el miércoles, Djokovic admitió que sus representantes cometieron “errores humanos” en su declaración para entrar a Australia, ya que se indicó que no había viajado en los últimos 14 días previos, pero lo cierto es que se había desplazado de Serbia a España.

Además, reconoció un “error de juicio” tras haber acudido a una entrevista con el medio francés L’Equipe el 18 de diciembre en Belgrado, a pesar de saber que tenía la covid-19.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijeron eSTE miércoles que están revisando “millones de documentos” que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico.

Por este motivo, dijeron al juez que van a necesitar más asistencia del gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan en contra de García Luna.

El abogado César de Castro dijo además durante una audiencia celebrada hoy en la corte federal de Brooklyn que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes “que serán material central para nuestra defensa”.

En el juicio a García Luna, que en principio iniciará el 24 de octubre de 2022, el jurado decidirá si el funcionario mexicano es culpable o inocente de delitos de narcotráfico por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que la organización criminal operara sin interferencias.

Recordemos que García Luna fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El exsecretario se ha declarado inocente.

En la audiencia de hoy, De Castro expresó su intención de pedir a la fiscalía una especificación de cargos, es decir, una explicación concisa de las acusaciones que hace fiscalía y respuestas específicas a las preguntas de los abogados.

“La defensa tiene derecho a pedir asistencia”, dijo el juez Brian Cogan. “Parece que están buscando un puerto en un océano”.

De Castro dijo también que el gobierno de México presentó recientemente en Florida una demanda por presunto lavado de dinero contra García Luna, lo que representará más trabajo. Con la acción judicial, las autoridades mexicanas buscan recuperar unos 250 millones de dólares que habrían robado García Luna y varios socios y familiares, aseguran. “Este caso cambia continuamente para nosotros,” dijo De Castro.

Por otro lado, en la audiencia se discutió el proceso para lidiar con todas las pruebas que incluyen información confidencial. Esas pruebas debe ser sometidas a un proceso judicial paralelo en el que se decide cuáles podrán ser incluidas en un juicio y cuáles no. El juez Cogan accedió a la petición de los fiscales de entregar las pruebas confidenciales que sean aprobadas en un plazo de cinco meses. Después de eso, la fiscalía, abogados y el juez se reunirán para discutirlas.

La fiscalía asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por líderes del cártel, entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, quien no ha sido arrestado, y Jesús “El Rey” Zambada, quien sí fue arrestado y testificó en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un exlíder del cártel.

Según los fiscales, García Luna ordenaba a miembros de la policía federal de nuestro país que protegieran las rutas que usaba el cártel y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de la organización delictiva. También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacía la policía.

Un juez pospuso este lunes hasta el próximo 3 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta ahora con 14 días para cerrar un acuerdo de reparación por la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez otorgó el aplazamiento solicitado por la defensa de Lozoya, que alegó falta de “acceso” a la investigación.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúan como acusación, se opusieron a dicha prórroga.

Lozoya, quien dirigió Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

También está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

El próximo 3 de diciembre, Lozoya deberá comparecer en una audiencia por el caso Agronitrogenados y en otra por el caso Odebrecht.

La defensa de Lozoya ha ofrecido a pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agrinitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht como parte de un acuerdo de reparación para evitar quedarse en la prisión.

Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, entró en prisión preventiva el pasado 3 de noviembre después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había convertido hasta ese momento en una especie de testigo protegido.

La semana pasada, por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación.