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Se aplazó este lunes la audiencia que se tenía programada para hoy en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo que en las próximas semanas se conocerá si se logró un acuerdo reparatorio, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

«La defensa solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, lo cual se acordó favorable, puesto que las partes tienen la intención de celebrar un acuerdo reparatorio», informó el CJF en un breve comunicado a los medios.

El órgano judicial agregó que las partes manifestaron que van a comenzar a llevar a cabo pláticas para delimitar y concretar el acuerdo reparatorio, el cual se estime pueda tarde en concretarse «un par de semanas».

El CJF indicó que estuvieron presentes los padres y el representante de una inmobiliaria para fungir como garantes de dicho acuerdo reparatorio.

Según informaron medios locales, hubo un inconformidad por parte de Pemex que impidió que este mismo lunes se cerrara el acuerdo reparatorio que se había planteado.

Al aplazar la audiencia, se descarta que Lozoya salga en las próximas horas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanece desde el año pasado.

Recordemos que Lozoya tiene dos cargos abiertos por corrupción. El primero es sobre la compra-venta de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y también está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Según informó el diario Reforma, Lozoya, extraditado a comienzos de 2020 desde España, habría llegado a un acuerdo para pagar una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad, así como a entregar al menos cinco inmuebles que tiene en propiedad.

El trabajo firmado por Abel Barajas, colaborador del diario, señala que Pemex aceptó desde el mes pasado la oferta de Lozoya equivalente a 10.7 millones de dólares, que equivalen a más de 220 millones de pesos, para reparar los daños en los dos casos por los que es procesado el exfuncionario.

Al respecto, esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se analice el supuesto acuerdo al que habría llegado el funcionario federal con Pemex, y al cual se estaría dando seguimiento la Fiscalía General de la República (FGR). Pidió un monto «justo».

Aunque dijo que no conocía los detalles de dicha negociación, agregó estar de acuerdo en que haya una reparación del daño y señaló que habrá que ver qué está planteando Pemex. «La fiscalía podría aceptar la reparación del daño y estamos de acuerdo con eso porque significa devolverle al pueblo lo robado», dijo. Añadió que importa la reparación del daño, siempre y cuando sea justa.

Un juez determinó que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumplió con la disculpa pública a la que se comprometió con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El representante de la Fiscalía local solicitó al Juez que se revoque el acuerdo reparatorio y se reinicie el procedimiento penal contra Sandra Cuevas.

Sin embargo, el juez determino que la audiencia donde se definirá el futuro del proceso de la alcaldesa se aplazaría para el próximo jueves, a las 9:00 horas, en el reclusorio norte.

Los representantes del Ministerio Público explicó que la disculpa debe entender como un reconocimiento formal y público de los hechos de los que se le acusan, por lo que las declaraciones de Cuevas no correspondían a esto. Además, indicaron que la supuesta disculpa no se realizó en presencia de las víctimas, ni se mencionaron sus nombres o datos que los identificaran.

Incluso acusaron que Sandra Cuevas cuestionó y revictimizó a los policías, quienes dijeron sentirse burlados, menospreciados y humillados.

Recordemos que incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había denunciado que la disculpa que ofreció Cuevas era digna de una justicia “chapucera”.

Durante la audiencia, que duró poco más de dos horas, la Fiscalía capitalina argumentó que Sandra Cuevas incumplió, además de los términos de la disculpa pública, en no realizar manifestaciones relacionadas con el hecho, pues se reportó que aceptó entrevistas radiofónicas.

En la audiencia del próximo jueves 31 de marzo, ambas partes buscarán llegar a un consenso respecto a la suspensión condicional del proceso.

El periodista Víctor Hugo Michel de Milenio informó en redes sociales que Cuevas habría estallado en contra de si equipo legal, quien durante la audiencia no rechazó las acusaciones del Ministerio Público, y se limitó a decir que no se había especificado los alcances de la disculpa.

Michel asegura que pese a que ya se había alcanzado el acuerdo, tiene planes de rechazarlo e irse a juicio.

A su salida de los juzgados, la alcaldesa se limitó a decir que no podía hablar del tema, aunque señaló que sigue confiando en las instituciones, además de que confirmó que seguía siendo titular de la demarcación, donde tiene «mucho trabajo».

Un juez de control ordenó anoche abrir un juicio por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018 contra el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco», quien fue detenido el pasado martes.

Según fuentes judiciales, la audiencia, que inició a las 16:30 horas, y que tuvo un receso de dos horas y continuó cerca de la medianoche, sirvió para que el juez analizara las medidas cautelares que le fueron dictadas al exmandatario estatal.

Entre esas medidas está la prisión preventiva que se le ordenó a Rodríguez Calderón, de 64 años, con lo que enfrentará el juicio en prisión.

El Juez de Control ordenó también remitir la carpeta de investigación a un juzgado del ámbito federal, para que continúe con las etapas del proceso, esto luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, imputara al «Bronco» por el delito electoral relativo a recibir aportaciones de dinero.

La defensa del exgobernador, que en total tramitó cuatro amparos para evitar que su cliente siguiera en prisión o estuviera incomunicado, alegó que el ex gobernador no debió ser detenido y encarcelado, ya que los delitos que se le imputan serían de materia federal y no local.

Recordemos que el martes pasado, Rodríguez Calderón fue arrestado por el presunto desvío de recursos públicos y trasladado al penal de Apodaca.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no usar la «ley» para cumplir «venganzas políticas», cuestionado sobre la detención de Rodríguez Calderón.

«Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad», precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la detención del exgobernador es ajena al Gobierno federal y reprobó las fotografías del arresto del ex político que se difundieron en medios de comunicación.

Poco antes de la decisión, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, apuntó en un mensaje en Twitter que «si alguien, quien sea, violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias».

Incluso dijo que estaba tranquilo porque se hizo lo correcto, además de que la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables. «Sé que actuarán con total apego a la ley y le harán justicia a nuestro estado», añadió.

El arresto del exgobernador se ha dado por un caso conocido como de las «Broncofirmas», un supuesto desvío de recursos humanos y materiales para usar a funcionarios públicos del estado para captar las firmas necesarias para que Rodríguez Calderón pudiera contender a las elecciones a la Presidencia de México de 2018 por la vía independiente.

Autoridades electorales federales habían indicado en su momento que de las más de dos millones de firmas captadas por Rodríguez para su candidatura de 2018, más de 800,000 no fueron válidas, incluidas las de 7,044 personas muertas.

Luego de la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abriera una investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la presunta comisión de delitos como privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en contra dos policías, un juez de control le impuso esta tarde medidas cautelares, entre ellas su suspensión como titular de la demarcación.

La Fiscalía capitalina indicó que hoy formuló la imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la alcaldesa.

Y es que según lo que se ha informado, la perredista supuestamente habría retenido y agredido, física y verbalmente, en las oficinas de la alcaldía a dos mandos de la Policía Auxiliar, luego de una diferencia surgida en el trabajo para reordenar el comercio informal en la colonia Centro.

La jueza que lleva el caso, estableció que Sandra Cuevas no puede salir del país, deberá acudir a firmar cada dos meses en tanto concluya el proceso legal, además de que quedaría suspendida de sus actividades como titular de la Alcaldía..

Antes de conocerse la decisión de la jueza, Cuevas declaró que esperaba “salir bien librada” de la denuncia en su contra, e indicó que solo enfrentaba acusaciones de abuso de autoridad y robo, pues la Fiscalía retiró el cargo de privación ilegal de la libertad. Y es que la alcaldesa indicó que entregó videos en donde se demuestra su inocencia.

La defensa de la alcaldesa, que llegó al poder como abanderada de la coalición Va por la CDMX (PAN-PRI-PRD), solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves, según indicó la propia Fiscalía.

El jueves, cuando se continúe con la primera audiencia, se podrán anular las medidas cautelares impuestas este lunes, o bien confirmarse. La audiencia de hoy ya había sido diferida en dos ocasiones anteriores.

Cuevas ha dicho en reiteradas ocasiones que las acusaciones de los policías son apoyadas desde la Jefatura de Gobierno, y son parte de un montaje por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de Claudia Sheinbaum, quienes buscan desestabilizar su administración debido a que forma parte de la oposición.

Sin embargo, no es la única acusación que la perredista enfrenta. Sandra Cuevas también podría comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino, debido a que en días pasados lanzó pelotas con billetes de 500 pesos desde el balcón de la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual ha sido condenado por los diputados locales.

En cumplimiento de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia penal,  esta tarde el  juez José Artemio Zúñiga revisó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, y ordenó mantener en prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex.

El juez volvió a justificar su decisión en que Lozoya Austin, acusado de delitos de corrupción por el caso Odebrecht, e presenta riesgo de fuga, ya que cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían evadir a la justicia.

El juez también señaló que en caso de ser declarado culpable, la pena que podría alcanzar Lozoya motivaría su huida del país, además de que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que solicitó.

“La Fiscalía General de la República justificó de manera fundada y motivada la variación objetiva de las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el final del proceso”, reiteró esta tarde el juez.

Recordemos que ayer se dio a conocer que la magistrada Isabel Porras del el Tercer Tribunal Unitario, ordenó revisar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantenía en prisión a Lozoya desde noviembre pasado. Fue justo el juez José Artemio Zúñiga Mendoza quien había fallado con la misma medida en ese momento, y ahora la ratificó.

Emilio Lozoya  es acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, en el tramo de la empresa brasileña Odebrecht.

En la apelación concedida a Lozoya, la magistrada  ordenó realizar la revisión de la medida, sin que la FGR o la defensa del exfuncionario pudiera presentar nuevos argumentos.

Horas antes, un tribunal federal desechó la impugnación que hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar a Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, desechó la demanda de amparo presentada por la UIF contra la orden emitida.

Sin embargo, la UIF anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió. Dijo que considera que la resolución del Tercer Tribunal Unitario, en la que declaró que el patrimonio de la UIF no resulta perjudicado con la orden de liberar a Lozoya, no fue correcta.

El gobierno de Australia canceló este viernes por segunda vez el visado del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, que será detenido el sábado a la espera de que se celebre este fin de semana una audiencia judicial en la que intentará evitar su deportación.

Tras varios días estudiando el caso, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, decidió hoy volver a cancelar el visado de Djokovic con la intención de expulsarlo del país, lo que también podría implicar la prohibición de volver durante tres años a Australia.

«Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público», señaló el ministro en un escueto comunicado al remarcar que sopesó «cuidadosamente» la información proporcionada por las partes.

El primer ministro australiano, Scot Morrison, defendió hoy la segunda cancelación del visado de Djokovic, al destacar los sacrificios realizados por los australianos durante la pandemia en el país, que ha sido uno de los más estrictos a la hora de aplicar restricciones.

«Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido», dijo el mandatario.

Tras la anulación, un juez ordenó en una audiencia de emergencia que Djokovic no sea deportado «de manera inmediata» hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración, que será impugnada por los abogados del tenista.

El juez Anthony Kelly también determinó que Djokovic permanezca en libertad hasta las 8 de la mañana del sábado cuando acuda a una cita con los funcionarios de inmigración en la ciudad de Melbourne, en donde será detenido. Sin embargo, dos agentes de aduanas trasladarán después a Djokovic hasta el lugar donde pueda reunirse con sus abogados para preparar el caso.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Federal, una instancia superior, y se espera que comience y acabe el domingo, un día antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebra entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Melbourne.

Recordemos que Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica para no estar vacunado al haber estado contagiado de COVID-19 recientemente, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron. El pasado lunes, un tribunal presidido también por el juez Kelly ordenó la liberación del tenista tras entender que no se le había tratado con «equidad».

Sin embargo, el miércoles, Djokovic admitió que sus representantes cometieron «errores humanos» en su declaración para entrar a Australia, ya que se indicó que no había viajado en los últimos 14 días previos, pero lo cierto es que se había desplazado de Serbia a España.

Además, reconoció un «error de juicio» tras haber acudido a una entrevista con el medio francés L’Equipe el 18 de diciembre en Belgrado, a pesar de saber que tenía la covid-19.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijeron eSTE miércoles que están revisando «millones de documentos» que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico.

Por este motivo, dijeron al juez que van a necesitar más asistencia del gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan en contra de García Luna.

El abogado César de Castro dijo además durante una audiencia celebrada hoy en la corte federal de Brooklyn que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes «que serán material central para nuestra defensa».

En el juicio a García Luna, que en principio iniciará el 24 de octubre de 2022, el jurado decidirá si el funcionario mexicano es culpable o inocente de delitos de narcotráfico por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que la organización criminal operara sin interferencias.

Recordemos que García Luna fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El exsecretario se ha declarado inocente.

En la audiencia de hoy, De Castro expresó su intención de pedir a la fiscalía una especificación de cargos, es decir, una explicación concisa de las acusaciones que hace fiscalía y respuestas específicas a las preguntas de los abogados.

«La defensa tiene derecho a pedir asistencia», dijo el juez Brian Cogan. «Parece que están buscando un puerto en un océano».

De Castro dijo también que el gobierno de México presentó recientemente en Florida una demanda por presunto lavado de dinero contra García Luna, lo que representará más trabajo. Con la acción judicial, las autoridades mexicanas buscan recuperar unos 250 millones de dólares que habrían robado García Luna y varios socios y familiares, aseguran. «Este caso cambia continuamente para nosotros,» dijo De Castro.

Por otro lado, en la audiencia se discutió el proceso para lidiar con todas las pruebas que incluyen información confidencial. Esas pruebas debe ser sometidas a un proceso judicial paralelo en el que se decide cuáles podrán ser incluidas en un juicio y cuáles no. El juez Cogan accedió a la petición de los fiscales de entregar las pruebas confidenciales que sean aprobadas en un plazo de cinco meses. Después de eso, la fiscalía, abogados y el juez se reunirán para discutirlas.

La fiscalía asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por líderes del cártel, entre ellos, Ismael «El Mayo» Zambada, quien no ha sido arrestado, y Jesús «El Rey» Zambada, quien sí fue arrestado y testificó en el juicio a Joaquín «El Chapo» Guzmán, un exlíder del cártel.

Según los fiscales, García Luna ordenaba a miembros de la policía federal de nuestro país que protegieran las rutas que usaba el cártel y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de la organización delictiva. También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacía la policía.

Un juez pospuso este lunes hasta el próximo 3 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta ahora con 14 días para cerrar un acuerdo de reparación por la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez otorgó el aplazamiento solicitado por la defensa de Lozoya, que alegó falta de «acceso» a la investigación.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúan como acusación, se opusieron a dicha prórroga.

Lozoya, quien dirigió Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

También está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

El próximo 3 de diciembre, Lozoya deberá comparecer en una audiencia por el caso Agronitrogenados y en otra por el caso Odebrecht.

La defensa de Lozoya ha ofrecido a pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agrinitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht como parte de un acuerdo de reparación para evitar quedarse en la prisión.

Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, entró en prisión preventiva el pasado 3 de noviembre después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había convertido hasta ese momento en una especie de testigo protegido.

La semana pasada, por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación.

Se pospuso, por tercera vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos y es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la cita se difirió hasta el próximo 31 de enero porque los abogados no tuvieron tiempo de estudiar todas las hojas del expediente. Ni la Fiscalía ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se opusieron a la solicitud de la defensa.

Sin embargo, el juez ordenó a Anaya acudir de forma presencial a la audiencia de enero y no de forma telemática como ha hecho hasta ahora por encontrarse fuera del país. La audiencia ya había sido pospuesta en agosto y en octubre pasado.

Recordemos que Anaya, excandidato presidencial, salió de México el pasado 5 de julio con rumbo a Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Fiscalía lo acusa de haber recibido 6.8 millones de pesos de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Anaya sostiene que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público habría recibido el dinero. El presidente López Obrador pidió este lunes al panista «que regrese, que informe, que aclare su situación».

«Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero», respondió a una entrevista que Anaya dio al The Wall Street Journal en la que denunció que lo están «procesando por cargos inventados».

Según publicó Milenio, la FGR solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial, tal y como sucedió con hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resolviera su situación jurídica.

Anaya compareció este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, de forma presencial y en presencia de un abogado. La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención.

Tal como se había adelantado, la defensa de Lozoya Austin solicitó una nueva prórroga al juez, de 60 días para el cierre de investigación complementaria en el caso Odebrecht.

Pasadas las 10 horas, la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dio inicio en el Reclusorio Norte.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  y la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieran en negarse a la pretensión de la defensa del exdirector, solicitando que se declarara cerrada la etapa de investigación complementaria en relación al caso Odebrecht.

La fiscalía señaló que los documentos a los que hace referencia la defensa ya se encuentran en la carpeta de investigación.

«Con base en los derechos a la defensa y debido proceso, el juez autorizó un mes al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el cierre de la investigación complementaria en el caso Odebrecht», resolvió el Juez luego de escuchar las partes, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Así, el nuevo plazo que tendrá Emilio Lozoya y su defensa vencerá el próximo 3 de diciembre. El juez instó a la Fiscalía a insta a que agote los medios para obtener los datos y pruebas que se necesitan. 

Posterior a resolver la solicitud de la defensa, se procedió a la revisión de la medida cautelar que tiene hoy en día Emilio Lozoya, que es libertad condicional, aunque tiene que presentarse cada 15 días ante la autoridad a firmar, portar un brazalete electrónico y no abandonar la Ciudad de México y el país.

La FGR pidió al juez modifique las medidas cautelares, y ordene prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya. La Fiscalía declaró improcedente el criterio de oportunidad y anuncia que acusara al exdirector de Pemex de cohecho, lavado y asociación delictuosa, por lo que podría alcanzar hasta 35 años de cárcel.

Incluso acusó a Lozoya de haber usado su petición de criterio de oportunidad para «dilatar y obstaculizar el proceso en su contra». Recriminó que el exdirector de Pemex no ha tenido «la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable».

El juez dictó un receso de 15 minutos, por lo cual se espera que en breve se retome la audiencia.

 

Foto: Twitter @RegeneracionMx

Hoy se lleva a cabo la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, donde el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, determinará si concede la nueva prórroga que la defensa del exfuncionario solicitó del cierre de la investigación complementaria, bajo el argumento de que necesita más tiempo para reunir pruebas.

La defensa del exdirector de Pemex solicitó 60 días adicionales dado que está pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República adelantó que en la audiencia rechazará la petición de Lozoya Austin; y solicitará al juez declarar cerrado el plazo y dar paso a la formulación de la acusación.

En esta ocasión, el juez solicitó a Emilio Lozoya acudir de forma presencial a la audiencia que se realiza desde el Reclusorio Norte.

Poco después de las 09:00 horas, el exfuncionario arribó en al Reclusorio a bordo de una camioneta blanca de lujo. Llegó en compañía de su abogado Miguel Ontiveros. Se trata de la primera vez que comparecerá de forma presencial en un penal.

El periodista David Marcial Pérez, colaborador del diario español El País, compartió en sus redes sociales una imagen de Emilio Lozoya junto a sus abogados al interior del Reclusorio Norte.

Si el juez niega la prórroga solicitada, se pedirá la apertura de un juicio en contra de Lozoya, ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

Lozoya y su equipo legal tenía hasta este 3 de noviembre para presentar pruebas válidas, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él. En tanto, también vence el plazo para que la Fiscalía presente la conclusión de las investigaciones por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que se imputan.

Recordemos que Lozoya Austin es acusado de recibir 10.5 millones de la empresa Odebrecht y más de 3 millones de dólares del empresario Alonso Ancira.

Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España, y extraditado a México cinco meses después. Desde entonces, y luego de cumplirse 16 meses de que Emilio Lozoya compareciera por primera vez ante un juez, el exfuncionario sigue en libertad condicional, bajo medidas que no incluyen prisión domiciliaria.

Foto: Twitter @DMarcialPerez

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está «pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva».

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son «libres» y «voluntarias».

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

Un juez rechazó la tarde de ayer liberar a Rosario Robles, exsecretaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, durante la audiencia celebrada ayer en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que «prevalece un elevado riesgo de fuga» por parte de la exfuncionaria.

Además, dijo que el resguardo domiciliario como una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, «le facilitaría los medios para abandonar el territorio».

También precisó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que permanezca en prisión y aclaró, que, al margen de ello, cada que tenga alguna cuestión de salud, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.

Por eso no avaló el amparo obtenido por Robles el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva y desproporcionada.

«Mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió haber pisado Santa Marta Acatitla porque no merece ningún tipo de medida cautelar», dijo Mariana Moguel Robles, hija de Robles.

Recordemos que la extitular de la Sedatu y Sedesol, es la única figura del gabinete de Peña Nieto que ha pisado la cárcel, y mucho se ha comparado su caso con el trato dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien afronta en libertad sus dos causas de corrupción gracias a su colaboración con la Fiscalía.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado estas diferencias porque Robles no estaba siendo «solidaria» con la Justicia, a diferencia de Lozoya, quien implicó dentro de la trama de Odebrecht a altos cargos de la pasada Administración, incluido al expresidente Peña Nieto.

Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista «venganza» contra Rosario Robles. ESeñaló que correspondió al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Robles.

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral», manifestó.

Debido a los señalamientos que se han hecho AMLO reiteró que de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, y que no se denuncia a nadie por consigna política y esos son asuntos que trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial.

Aun así, el presidente recomendó revisar la actuación de los jueces en el caso de Robles, y que su defensa pida incluso la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, opinó.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta «peligro de fuga» tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que «no tiene nada que colaborar» con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso «muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su «calidad de Enviado Especial» de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch

Un juez pospuso este lunes, por segunda vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

«Se reprogramó para el 8 de noviembre, a las 9 de la mañana. El juez exhortó a la defensa a estar al lado del imputado en la siguiente sesión», informó a la prensa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Anaya, quien salió de México el pasado 5 de julio y se le presupone en Estados Unidos, participó por videoconferencia en la audiencia de este lunes, la cual tuvo un receso de varios minutos. La defensa pidió posponer la sesión para analizar nueva información incluida en la carpeta de investigación.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos para que votara a favor en 2014 de la reforma energética que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que abrió el sector a la iniciativa privada.

El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.

Ricardo Anaya ha venido acusando desde agosto pasado al presidente López Obrador de persecución política y anunció su «exilio».

El político, que quiere repetir como candidato en 2024, sostiene que no era diputado en la fecha en la que el Ministerio Público lo acusa de haber recibido el dinero.

En un video difundido en redes sociales, Anaya dijo este lunes que tiene «una estrategia legal muy bien pensada» que aunque tomará tiempo, funcionará; y criticó que la FGR «en todo obedece a López Obrador y se pasa la ley por el arco del triunfo».

En su mensaje de hoy, el panista anunció una «novedad»; dijo que como les hizo pedazos sus argumentos y se les cayó el teatrito, la FGR recurrió al viejo recurso del refrito. Indicó que solicitaron reabrir el expediente con las acusaciones que hubo en su contra durante la campaña presidencial de 2018.

«Es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas comienza. Ya te perdimos, me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Que te quede muy claro: conmigo te vas a topar con pared, no te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope», expresó Anaya.

Se pospuso, hasta el 4 de octubre, la audiencia inicial contra Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. La razón de aplazar la audiencia: porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación, tal como aseguró en sus últimos mensajes.

«Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas», informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Contra todo pronóstico, Anaya participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México. Durante la sesión, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor con sede en el Reclusorio Norte, hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.

El excandidato presidencial aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.

Los delitos que le estaría imputando serían cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En la audiencia participaron Anaya, su defensa, la Fiscalía y la UIF.

Y es que la Fiscalía confirmó este miércoles que propondría al juez de control la vinculación a proceso de Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en relación a la trama de la firma brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que «según consta en diligencias ministeriales» ese soborno fue entregado a Anaya «por una persona de confianza» del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

«Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia» de que Ricardo Anaya «votó a favor de la misma», añadió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos «manifestaron haber presenciado diversas visitas» de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.

Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos «incompetentes» ya que su voto a favor de la reforma fue ocho meses antes de la supuesta entrega denunciada por Lozoya.

El excandidato presidencial anunció el fin de semana pasado que se exiliaría, presuntamente a Estados Unidos, al denunciar que López Obrador lo quiere meter a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El presidente López Obrador ha venido negando estas acusaciones y rechazó que exista una «persecución» en contra de su ex contrincante, por lo que pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

Recordemos que Lozoya cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber orquestado la trama.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Adicional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.