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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la noche de ayer el registro de las candidaturas a la Presidencia de la República, horas antes del inicio formal de las actividades proselitistas.

Las candidaturas que se aprobaron fueron las de las coaliciones Fuerza y Corazón por México con Xóchitl Gálvez; Sigamos Haciendo Historia con Claudia Sheinbaum, y la candidatura de Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Máynez.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que, con la aprobación de las diferentes candidaturas, la democracia “avanza con certeza, al conformarse con nombre y apellido la lista de candidatas y candidatos que habrán de someterse a la decisión de las urnas el próximo 2 de junio”.

Taddei Zavala destacó que las y los mexicanos deciden, una vez más, que la vía democrática de las elecciones es el camino correcto para determinar el rumbo del país.

“La diversidad de propuestas que en breve veremos a lo largo y ancho de nuestro país, fortalece nuestra democracia y nos permitirá, como sociedad organizada, conocer y tener claridad sobre las visiones políticas y las propuestas concretas para dar solución a los diversos problemas nacionales”, añadió.

La Consejera Presidenta hizo un llamado a las candidatas y los candidatos a que privilegien el debate respetuoso, de altura y que asuman el compromiso de conducirse dentro de los márgenes claramente establecidos por la ley.

Durante la sesión, la Consejera Carla Humphrey indicó que la aprobación de las candidaturas es un claro reflejo de la fortaleza de las instituciones electorales del país y de la capacidad de los partidos políticos de llegar a acuerdos mediante el diálogo y la deliberación.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez recalcó que una condición para la competencia democrática es el respeto a las leyes y las normas. “Sin ley no hay democracia. Sin respeto a las leyes por parte de los actores políticos y especialmente por parte de los gobernantes, no hay ni siquiera convivencia civilizada. No por obvia, debemos olvidar esta verdad”.

Además, el consejero recordó que una condición más de una contienda democrática es la equidad y ésta exige, entre otras condiciones y obligaciones, la no intervención de los gobernantes en la competencia. Llamó a la responsabilidad compartida de las autoridades electorales, los gobiernos y los partidos políticos para lograr elecciones libres y equitativas.

En la misma sesión, el INE dio respuesta a los escritos presentados por distintos ciudadanos como Eduardo Verástegui, Antonio Correa González y Ana María Moreno Hernández, quienes solicitaron su registro como candidatos presidenciales independientes.

El consejo general del Instituto señaló que la autoridad electoral no puede registrar candidaturas por la vía independiente a la Presidencia de la República de personas que no cumplieron con la totalidad de los requisitos legales, por lo cual les fue negada su petición.

Con el aval a las candidaturas, el primer minuto de este vienes 1 de marzo arrancaron las campañas electorales 2024, y con ellas también comenzó la llamada “spotiza”. Radio y televisión darán lugar a horas y horas de propaganda política de todos los partidos. 

En los 90 días que durarán las campañas se lanzarán más de 20 millones de spots de propaganda totalmente gratis para los partidos políticos. Si se observaran de forma ininterrumpida, la cifra de spots equivaldría a 19.4 años.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Mario Campos, periodista y analista político, sobre el arranque de las campañas y la spotiza electoral.

El gobierno federal destacó que hasta este viernes, 17 Congresos estatales del país ya han avalado la reforma constitucional que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar en labores de seguridad hasta 2028.

“Se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32. De modo que, si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, aunque ya consiguió el apoyo necesario en los estados que marca la ley, López Obrador apuntó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continuará recorriendo los estados para promover la reforma y conseguir que los 32 Congresos avalen la reforma.

“Yo le he pedido al Secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17 (estados), que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad, a ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos”, lanzó el presidente.

En ese sentido, Adán Augusto López refirió que hasta ahora ha visitado 19 Congresos locales y hasta anoche habían votado 17 a favor de la reforma. Dijo que hoy se espera que dos estamos más aborden la reforma.

“Hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, explicó el funcionario.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028, que previamente fue avalada con cambios en el Senado.

Expertos señalan que la reforma contradice la promesa de campaña de López Obrador de regresar a los militares a sus cuarteles. No obstante, el mandatario negó que el cambio represente una militarización del país como sus opositores han señalado, y aprovechó para calificar de hipócritas a quienes hoy reclaman.

“Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora como hipócritas hablan de que se va a militarizar el país, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos”, remató.

Luego de que fuera aprobado en el Congreso el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, por el que se avala mantener hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se remitió a los Congresos locales para su aval.

Para que entre en vigor, se necesita que al menos la mitad más uno de los 32 Congresos locales ratifiquen la reforma para que pueda entrar en vigor.

Ayer, este proceso ya inició. El Congreso de la Ciudad de México y de Sinaloa se convirtieron en los primeros en avalar la reforma. Ambos Congresos cuentan con mayoría y son gobernados por Morena.

Con 36 votos a favor, el Congreso de Sinaloa avaló ampliar el período de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Durante la discusión, a favor de la minuta hablaron la diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, y los diputados de Morena, Serapio Vargas Ramírez y Marco Antonio Zazueta Zazueta.

En contra fijaron posicionamiento los diputados del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas y Luis Javier de la Rocha Zazueta, y la legisladora del PAN, Giovanna Morachis Paperini.

Después de la votación, que registró cuatro votos en contra de la minuta, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, instruyó comunicar de la aprobación a la Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes.

En tanto, el Congreso capitalino aprobó en votación dividida la minuta. Tras una amplia discusión de las y los legisladores integrantes del Congreso capitalino, la minuta se aprobó con 42 votos a favor, 22 votos en contra y una abstención.

Al iniciar la ronda de posicionamientos de las diferentes fracciones parlamentarias, el diputado de MC, Royfid Torres González, cuestionó los resultados de las estrategias de pacificación y construcción de la paz impulsados por el gobierno federal, y solicitó una explicación de por qué el ejército se encuentra inmerso en todas las áreas del gobierno del país.

El diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde consideró necesaria la aprobación de esta reforma, porque ante la inseguridad y la fuerza del crimen organizado es necesaria la ayuda de las fuerzas militares, en tanto se logra el reclutamiento de los elementos civiles necesarios para la Guardia Nacional.

Al negar que ampliar la presencia del Ejército en las calles sea darles carta abierta sin control ni vigilancia, la diputada del PT, Circe Camacho Bastida, afirmó que las fuerzas armadas son la única instancia de seguridad que tiene un alto porcentaje de aceptación entre la ciudadanía.

El diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz señaló que la Guardia Nacional debe seguir formando parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y no ubicarse en la Secretaría de la Defensa Nacional. A nombre del PRI, la legisladora Tania Nanette Larios Pérez sostuvo que el cambio constitucional otorgaría certeza y rumbo para tener instituciones que den mejores resultados en materia de seguridad pública, “estar en contra de esta reforma significaría dejar sometida en la violencia a la ciudadanía, dejándolos desamparados ante la presencia del crimen organizado que no ha cesado”, sentenció.

Al emitir su posicionamiento, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana del PAN mencionó que esta militarización puede derivar en formas menos democráticas de gobernar, como ha ocurrido en otros países de América Latina, por lo que aseveró que esta estrategia no está basada en la construcción de la paz de las familias.

El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 64 votos a favor, el dictamen por el que se determina que la materia de Consulta Popular para enjuiciar expresidentes, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es procedente y cumple con el requisito de trascendencia nacional.

El aval de los senadores llega luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la constitucionalidad de la petición de consulta, con una propuesta de pregunta en relación con las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

Como se informó, la pregunta fue modificada por la Corte, quedando de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El documento aprobado por el Senado también emite la convocatoria para que los ciudadanos y ciudadanas emitan su opinión en el proceso de consulta popular.

Se reiteró que la consulta ciudadana se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Se detalla que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora. El Instituto también definirá los tiempos y forma en que se hará la difusión de la consulta.

Se indica que el propio INE determinará la ubicación de las casillas, considerando lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad.

Al término de la jornada, el Instituto declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la participación.

El dictamen fue remitido por la Mesa Directiva del Senado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador comentó sobre el tema, y dijo que lo que se consiguió en la Corte y ahora en el Senado, fue algo muy importante para el país, al grado de que los “conservadores” siguen enojados por haber logrado la consulta ciudadana.

“Sí fue algo, creo yo, importante. Para empezar, nunca se ha hecho una consulta así, estamos en el terreno de lo inédito y a los presidentes no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, eran intocables, no se podía tocar al intocable. Entonces, sí es algo bueno”.

Rechazó que la consulta vaya a representar un gasto de 8 mil millones de pesos como lo ha denunciado la oposición, e incluso sugirió que se modifique el Artículo 35 constitucional para que la consulta se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia de 2021.

Además dijo que el propio INE, quien estará a cargo de la consulta, podría convocar a voluntarios para reducir los costos, pues aseguró, hay muchos ciudadanos interesados en participar.

“Habría nada más que llegar a un acuerdo para que la consulta se haga, además es lo más lógico, si ya la gente va a ir a votar por diputados, senadores, gobernadores, de una vez ahí se decide sobre la consulta, porque otro día, y volver a montar toda la estructura organizativa… esa es una forma de resolver. La otra es que también no cuesta 8 mil millones de pesos hacer la consulta”, refirió el mandatario.

En la jornada de ayer, el Pleno del Senado determinó improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyos económicos a las personas que perdieron sus trabajos, formales o informales, o disminuyeron sus ingresos con motivo de crisis económicas, como la ocasionada por la actual pandemia de Covid-19.

Con 61 votos en pro, 28 en contra y una abstención, los senadores señalaron que dicho tema involucra el ejercicio del gasto público, el cual no puede someterse a un ejercicio de participación ciudadana.

Precisaron que en el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, apartado 3, se establece que no podrán ser objeto de consulta popular, entre otros temas, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) insistió esta mañana en que la casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon fue declarado en abandono desde 2007, una vez que se agotaron los procedimientos y plazos que marca la ley para que se hubiera reclamado.

Tras declararse en abandono, en 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) transfirió la propiedad al SAE.

Sobre el amparo que presentó el equipo legal de Ye Gon, Rodríguez Vargas indicó lo que los abogados pretenden es realizar una estrategia legal “carente de sustento jurídico con el objeto de entorpecer la venta del inmueble”.

En ese sentido, el también director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, indicó que siempre actuarán con apego al Estado de derecho en los procesos comerciales.

El funcionario afirmó que es “algo sospechoso, es algo extraño” el equipo legal del empresario haya presentado hasta ahora su amparo, y dijo, “llueve, truene o relampaguee vamos a transformar esta propiedad en recursos que se vayan a los deportistas mexicanos” que participan en los Juegos Panamericanos de Lima.

Insistió en que en términos jurídicos la subasta del próximo fin de semana es completamente procedente,

En ese sentido, el presidente López Obrador criticó la presentación del amparo, pues recordó, ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que le fueron incautados al empresario. “El billullo ya se repartió”. Refirió que han pasado dos sexenios desde que se decomisaron los bienes y durante ese tiempo nunca se dijo nada.

AMLO aprovechó para decirle a los posibles compradores que, ante la polémica que hay en relación a la venta del inmueble, el gobierno será aval y garantía.

“Nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía porque así lo establece la Ley de Extinción de Dominio. Si hay un juicio que implica devolver un bien, el gobierno, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene que entregar el recurso, es decir, está garantizado, existe un aval de acuerdo a la ley. Entonces, no hay ningún problema”.

Finalmente, el director del SAE indicó que la propiedad tiene un adeudo de servicios de alrededor de un millón y medio de pesos, monto que se va a descontar de la venta.