Michael R. Bloomberg

Bloomberg

Quien dijo que no hay malas ideas nunca pasó tiempo en Washington. Muchas nunca prosperan, afortunadamente, pero una de los peores que puedo recordar haber escuchado está siendo considerada seriamente por el Departamento de Seguridad Nacional: separar a los niños de sus padres cuando las familias son atrapadas cruzando la frontera de Estados Unidos.

En una palabra: No. Eso no es lo que somos como nación. El que autoridades gubernamentales separen a niños pequeños de sus madres y padres y los coloquen en hogares grupales o casas de acogida es una política que no podemos aceptar. Este acto vergonzoso se vería agravado por los inevitables incidentes de malos tratos, abusos y negligencia que se producirían cuando los niños queden atrapados en las grietas del sistema.

Imponer este tipo de crueldad a los niños va en contra de todo lo que representamos como una nación moral, compasiva y amante de la libertad. El gobierno federal no debe separar familias, ya sean inmigrantes detenidos en la frontera, o padres que viven aquí ilegalmente con sus hijos nacidos en Estados Unidos.

Cualquier política de este tipo impondría costos terribles tanto a los padres como a los hijos, así como a Estados Unidos en su conjunto, dañando gravemente nuestra imagen en el mundo y nuestras relaciones con nuestros vecinos. ¿Y para qué?

La razón de la propuesta es disuadir a la gente de venir aquí ilegalmente. Pero vamos a ponernos serios: los padres que buscan una mejor vida para sí mismos y sus hijos están dispuestos a asumir riesgos extraordinarios. No intentan cruzar la frontera ilegalmente – a menudo sacrificando sus ahorros de vida para pagar a un contrabandista miles de dólares y soportar condiciones que amenazan su vida – creyendo que serán atrapados. La perspectiva de vivir el sueño americano – la oportunidad de trabajar y dar a sus hijos oportunidades que nunca tuvieron – es más poderosa que cualquier amenaza de Washington, incluida una separación familiar.

Esta no debería ser una cuestión de partidos. De hecho, los republicanos deberían encabezar la campaña en contra de esta iniciativa, dada la energía que dedican a defender los “valores familiares”. No hay valor familiar más importante que permitir que los niños vivan con padres que los aman, y nuestro gobierno debe respetar ese valor en cada centímetro de territorio estadounidense.

Es cierto que encaramos un problema humanitario intratable en la frontera con México. Alrededor de 54.000 menores indocumentados y sus acompañantes adultos fueron detenidos entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2017, más del doble que en el mismo período del año anterior. Relativamente pocos son mexicanos; la mayoría son centroamericanos. Aunque los niveles de violencia en Centroamérica han disminuido, las solicitudes de asilo han aumentado, impulsadas por perspectivas sombrías en sus países de origen y la atracción de los lazos familiares en Estados Unidos.

El aumento de los casos de asilo ha generado atrasos en el sistema judicial, y sin centros de detención adecuados, muchos solicitantes de asilo son puestos en libertad hasta que tienen lugar sus audiencias, algo que puede tomar años. Ese lapso de tiempo ha alimentado la percepción, alentada por los contrabandistas, de que cruzar la frontera equivale a obtener un estatus legal permanente.

No se puede negar que se trata de un problema grave, pero hay maneras mucho mejores de abordarlo. La reciente orden ejecutiva del Presidente Donald Trump sobre seguridad fronteriza reclama con razón que haya más funcionarios que procesen solicitudes de asilo y jueces de inmigración. El manejo más rápido de los casos también debe prever una representación legal adecuada, que los jueces han solicitado. Una mayor cooperación con México ayudaría a asegurar su frontera sur con Guatemala y Belice. La inversión a largo plazo en la gobernabilidad y el desarrollo de Centroamérica no es menos importante, y es algo que el General John Kelly, ahora Secretario de Seguridad Nacional, defendió como jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

Al final, sin embargo, todas estas medidas son insuficientes si el Congreso no aprueba un proyecto de reforma migratoria que llegue a la raíz del problema: la demanda de más mano de obra por parte de la economía estadounidense. Los inmigrantes vienen aquí a trabajar – y seguirán llegando por el medio que sea, sin importar lo horribles que sean los potenciales disuasivos – siempre que las empresas y los agricultores padezcan escasez de mano de obra, y si se pueden comprar documentos de trabajo falsos de manera fácil y barata.

Las soluciones no son complicadas: sí, hacer más para asegurar la frontera, donde sea posible y racional. Pero también aumentar el número de visas y reestructurarlas en torno a nuestras necesidades económicas, ofrecer una vía para obtener la residencia permanente a quienes están en Estados Unidos ilegalmente y dispuestos a pagar multas y aprender inglés, y crear una identificación biométrica para todos los trabajadores legales de Estados Unidos.

El problema es que los políticos han vendido al público la idea de que todo lo que necesitamos son soluciones simples, como un muro gigante o una fuerza de deportación masiva. Sin embargo la solución propuesta más recientemente es la peor hasta ahora. Debemos construir un muro fronterizo de más de 1.000 kilómetros de altura antes de pensar en convertir a niños inocentes en huérfanos.

Separar familias y sacrificar a los niños no es salomónico. Y ciertamente no representa los valores de Estados Unidos.