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La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar ese cargo, confirmó este jueves que dejará de ser la líder demócrata de la Cámara, mientras se prepara todo para el traspaso de dicho puesto al representante Hakeem Jeffries.

Pelosi, una liberal californiana de 82 años que ha sido presidenta de la Cámara en dos ocasiones, dijo que seguirá en el Congreso, representando a San Francisco, como ha hecho durante 35 años.

Hizo el anuncio un día después de que los republicanos se aseguraran una escasa mayoría en la cámara tras las elecciones de mitad de término de la semana pasada.

Jeffries, de Nueva York, sería el primer legislador negro en liderar una de las bancadas de los principales partidos en el Congreso. El actual número 2 de los demócratas en la Cámara de Representantes, el dirigente de la mayoría Steny Hoyer, respaldó a Jeffries para el puesto de dirigente del partido y dijo que él tampoco buscaría un puesto de liderazgo en el próximo Congreso.

Al respecrto, el presidente Joe Biden calificó se refirió a Nancy Pelosi como la líder de la Cámara Baja más importante de la historia.

«La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia: es la primera, la última y siempre para el pueblo», apuntó el presidente en un mensaje en Twitter.

«Cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad», añadió el mandatario demócrata, quien aseguró que Estados Unidos tiene con ella «una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad».

Pelosi reflexionó que ya es hora para que una nueva generación lidere el caucus demócrata del Congreso.

El pasado 7 de noviembre, fecha en que ocurrió el ataque a su marido a finales de octubre en el domicilio familiar de San Francisco por parte de un hombre que la buscaba a ella, adelantó que ese hecho iba a influir en la decisión sobre su futuro político.

En su mensaje de hoy, Pelosi calificó la Cámara de Representantes de «terreno sagrado» y recordó su primera visita al Capitolio de niña, cuando su padre prestó juramento como miembro de la Cámara.

Contó que trabajó con tres presidentes estadounidenses, el republicano George W. Bush y los demócratas Barack Obama y Biden, pero no mencionó al presidente Donald Trump, que recordemos fue destituido dos veces por la Cámara bajo su liderazgo.

Sin embargo, sí se refirió al ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio por parte de los partidarios de Trump.

«La democracia estadounidense es majestuosa, pero es frágil. Muchos de nosotros aquí hemos sido testigos de nuestra fragilidad de primera mano, trágicamente en esta cámara. Y por eso la democracia debe ser defendida siempre de las fuerzas que desean dañarla», dijo Pelosi.

El Partido Republicano se quedó con el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, al haber alcanzado el umbral de 218 escaños necesarios, más de una semana después de la jornada electoral del pasado 8 de noviembre.

Ocho días después de las ‘midterm’, los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatarle a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les permitirá tener la iniciativa legislativa en el país.

Además, el Partido Republicano podrá obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas, lo que presumiblemente se convertirá en un bloqueo a cada una de las medidas promulgadas por el presidente Joe Biden.

No obstante, pese a que los republicanos controlen la Cámara de Representantes y puedan presentar sus propias iniciativas, deben pasar por la firma del mandatario estadounidense, quien tiene el poder de promulgar o vetar las leyes que emanan del Congreso.

En este sentido, la victoria en la Cámara Baja de la bancada republicana, que liderará el congresista Kevin McCarthy, pondrá fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes.

A pesar de que los sondeos pronosticaban una mayoría holgada de los republicanos en ambas cámaras ante la caída de la popularidad de Biden y el hecho de que la noche electoral arrancara con una victoria aplastante del gobernador Ron DeSantis en Florida, los demócratas han logrado unos resultados mejores de lo esperado, manteniendo el control del Senado y no perdiendo tantos asientos en la Cámara de Representantes como se preveía.

Tras conocer la victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su disposición a trabajar con todos los legisladores en la Cámara Baja.

«Las elecciones de la semana pasada demostraron la fuerza y la resistencia de la democracia estadounidense. Hubo un fuerte rechazo a los negadores de las elecciones, a la violencia política y a la intimidación. Hubo una declaración enfática de que, en Estados Unidos, la voluntad del pueblo prevalece», sostuvo el mandatario estadounidense en un comunicado difundido por La Casa Blanca.

En tanto, Biden ha subrayado la importancia de llevar a cabo una agenda legislativa con la que se reduzcan con los costos a la clase trabajadora y se proteja el derecho a elegir y preservar la democracia estadounidense.

«Como dije la semana pasada, el futuro es demasiado prometedor para quedar atrapado en la guerra política. El pueblo estadounidense quiere que hagamos cosas por él. Quieren que nos centremos en las cuestiones que les importan y en mejorar sus vidas», agregó el presidente afirmando que trabajará con «cualquiera que esté dispuesto» a colaborar con él para conseguir dichos resultados.

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes aumentar el límite de deuda del gobierno federal en 2.5 billones de dólares, para quedar en alrededor de 31.4 billones de dólares; remitió la medida a la Cámara de Representantes para evitar un incumplimiento sin precedentes.

La votación partidista de 50-49 sigue a un enfrentamiento de meses entre demócratas y republicanos, con estos últimos buscando obligar al partido del presidente Joe Biden a elevar el límite de deuda del nivel actual de 28.9 billones de dólares por sí solo, antes de las elecciones al Congreso de 2022.

Un acuerdo la semana pasada entre el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su par republicano, Mitch McConnell, preparó el escenario para la votación de hoy, eludiendo reglas normales de la Cámara alta que requieren que 60 de sus 100 miembros acuerden la mayoría de las leyes.

La Cámara baja, liderada por los demócratas, también deberá aprobar el proyecto de ley antes de enviarlo a Biden para su promulgación. Se esperaba que la Cámara abordara el asunto esta misma tarde.

Schumer dijo que el aumento del límite permitiría el endeudamiento hacia 2023, hasta las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre que determinarán el control del Congreso.

El aumento es necesario en parte para cubrir la deuda contraída durante la presidencia republicana de Donald Trump, cuando aumentó en alrededor de 7.85 billones de dólares, en parte a través de recortes de impuestos y gastos para combatir la pandemia de COVID-19.

Los republicanos, que se oponen al aumento del techo de la deuda y controlan la mitad de los 100 escaños del Senado, han intentado vincular la votación al proyecto de ley de Biden de 1.75 billones de dólares «Reconstruir Mejor» para reforzar la red de seguridad social y luchar contra el cambio climático.

«Se trata de pagar la deuda acumulada por ambos partidos, así que me complace que republicanos y demócratas se unieran para facilitar un proceso que ha hecho posible abordar el límite de la deuda», dijo Schumer en el Senado.

El equipo legal de Donald Trump urgió este lunes desestimar un caso constitucionalmente defectuoso, y señaló que es «absurdo» responsabilizar a su cliente por el ataque al Capitolio.

Pero los demócratas a cargo de la acusación respondieron afirmando que el magnate es responsable del «más grave crimen constitucional jamás cometido» por un mandatario de Estados Unidos cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero.

La Cámara de Representantes aprobó enjuiciar a Trump por segunda vez el mes pasado por su papel en la incitación a los disturbios en el Congreso; su juicio comienza mañana con la totalidad de senadores en el papel de jurados.

Por cuarta vez en la historia, un presidente estadounidense acusado será juzgado. Dos de estos procesos involucran a Trump, una figura política profundamente dañada que, a pesar de eso, sigue siendo una fuerza importante en el Partido Republicano.

Acusado de «incitación a la insurrección», es probable que una vez más evite la condena debido al apoyo leal del partido en el Senado, pero sus abogados sostuvieron en su presentación preliminar que la Constitución no otorga a la Cámara Alta jurisdicción para juzgar a un expresidente.

«El Senado debería desestimar estos cargos y absolver al presidente porque claramente esto no es lo que los redactores querían o lo que permite la Constitución», escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Schoen y Michael T. van der Veen.

«Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político es un peligro para la democracia de nuestra República y los derechos que apreciamos», añadieron los abogados.

La defensa utilizó un lenguaje categórico en su escrito de 78 páginas, diciendo que era «simplemente absurdo» argumentar que Trump de alguna manera invocó a una turba para cometer un crimen violento, y que quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero lo hicieron por su propia cuenta.

Los abogados fueron igualmente contundentes al rechazar la viabilidad de juzgar a un expresidente. «Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano común en un proceso que está diseñado para destituirlo de un cargo que ya no tiene».

Pero los nueve «gerentes» de la acusación, todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados, inmediatamente arremetieron contra esa solicitud, señalando que había una evidencia «abrumadora» de delitos y faltas graves procesables.

«Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder, es el más grave crimen constitucional jamás cometido», expusieron en un documento de cinco páginas.

El presidente Joe Biden, que sucedió a Trump el 20 de enero, intervino brevemente al regresar este lunes a La Casa Blanca tras un fin de semana en Delaware, pero se negó a pronunciarse sobre si Trump debería ser declarado culpable o se le debería negar el derecho a ocupar cargos políticos en el futuro. «Dejaremos que el Senado lo resuelva», dijo Biden.

La portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después a los periodistas que las opiniones de Biden sobre Trump eran claras y que se enfrentó al presidente en las urnas «porque consideraba que no era apto para el cargo.» «Pero va a dejar que sea el Senado el que vea este procedimiento de destitución», dijo Psaki.

Los miembros del Senado comenzarán con el procedimiento mañana martes a partir de las 13:00 hora local; se enfrentarán a un territorio desconocido: ningún presidente ha enfrentado un juicio de destitución después de haber dejado el cargo.

Para condenar a Trump se requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos tendrían que romper filas y unirse a los 50 demócratas, lo que se considera casi imposible.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de ley que despenaliza el consumo del cannabis (marihuana), lo que supone un gran paso para situar las leyes federales en línea con las de varios estados que ya lo permiten, y con países que ya han liberado el uso de dicha sustancia.

La Cámara baja, bajo control demócrata, logró la aprobación del proyecto de ley por 228 votos a favor contra 164 en contra. Sin embargo, ahora el proyecto pasa al Senado, donde según analistas sus posibilidades son mucho menores, ya que es dominado por los Republicanos.

La nueva norma pretende sacar a la marihuana de la Lista de Sustancias Controladas, que la incluía junto a la heroína o la cocaína como un narcótico peligroso, y que contemplaba fuertes sanciones.

La inclusión del cannabis en esta lista dejaba al gobierno federal de Estados Unidos fuera de la línea adoptada por varios estados que ya legalizaron la marihuana para uso médico y algunos, como Colorado, que optaron por liberarlo completamente y regularon su consumo recreativo.

Este proyecto de ley federal es la culminación de cinco décadas de argumentación por parte de sus partidarios para convencer al gobierno federal de que reconozca el daño relativamente bajo que causa el consumo del cannabis comparado con otras drogas, así como el fracaso en la represión de su comercialización mientras se mandaba a prisión a cientos de miles de personas por delitos menores.

De aplicarse finalmente la ley, los registros penales de muchas personas arrestadas por consumo de marihuana acabarían eliminados y podrían revisarse las sentencias de quienes cumplen actualmente penas por delitos federales relacionados con el cannabis.

También autorizaría a los estados a establecer sus propias leyes y a lanzar una regulación federal y tasación del sector, como ya ocurre con el alcohol.

«Es un momento histórico», dijo el representante demócrata Tulsi Gabbard, que impulsó la legalización.

Los demócratas usaron argumentos como que los afroestadounidenses han sufrido legalmente mucho más que los blancos de arrestos y condenas, que la despenalización federal permitirá a los veteranos con lesiones de guerra obtengan un mejor acceso a la marihuana medicinal o que la nueva norma implicaría la desaparición de los bloqueos federales de larga duración a la investigación con marihuana.

Dos legisladores que encabezaron la investigación que condujo al juicio político al presidente Donald Trump serán  los fiscales por parte de la cámara baja en el juicio político que se vivirá en el Senado.

Son los demócratas Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, y Jerry Nadler, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, anunció este miércoles la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi.

Recordemos que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó el cargo de abuso de poder contra Trump por presionar a Ucrania para que investigara a su rival demócrata Joe Biden, y también lo acusó de obstruir la investigación subsecuente.

El proceso contra Trump será el tercer juicio político presidencial en la historia de Estados Unidos, y tiene como telón de fondo una nación políticamente dividida y un año de elecciones.

«El presidente y los senadores tendrán que rendir cuentas», dijo Pelosi en un comunicado el martes. «El pueblo estadounidense merece la verdad y la Constitución exige un juicio».

Se prevé que el Senado se transforme en una corte política a partir del jueves y se acumula la presión sobre los senadores para convocar nuevos testigos. La Constitución exige que el magistrado presidente lleve el proceso y los senadores, que fungen como jurado, rindan juramento de una «justicia imparcial».

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell dijo el martes que el magistrado presidente iniciaría el juicio esta semana, pero los procedimientos más significativos comenzarían el próximo martes después del fin de semana largo.

Señaló que los 53 senadores republicanos estaban de acuerdo con su plan de comenzar la sesión y considerar posteriormente el tema de los testigos.

McConnell sostuvo el martes una reunión privada con senadores republicanos en momentos en que negocian los términos del juicio. Los republicanos indicaron que rechazarían la idea de simplemente votar para desechar los cargos de juicio político contra Trump, como sugirió el mandatario. McConnell reconoció que no tenía los votos para seguir con ese plan.

Pelosi, anunció en total a los siete managers que participarán en el juicio político.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, votará este miércoles sobre enviar al Senado cargos formales de juicio político contra el presidente Donald Trump, lo que podría poner en marcha esta misma semana el proceso contra el mandatario republicano.

La presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, dijo durante una reunión de su partido que quería también nombrar un equipo demócrata de «encargados» que encabecen las acciones contra Trump, dijo el congresista demócrata Henry Cuellar.

Trump se convirtió en el tercer mandatario estadounidense sometido a un juicio político luego de que la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado cargos de abuso de poder por presionar a Ucrania a anunciar una investigación sobre su rival demócrata Joe Biden y por obstruir al Congreso.

Pero Pelosi ha demorado el envío de cargos al Senado, en un esfuerzo por hacer que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, esté de acuerdo en incluir nuevos testimonios de testigos que podrían perjudicar a Trump.

Se espera que el Senado absuelva al mandatario porque ninguno de sus 53 miembros republicanos se ha manifestado a favor de destituirlo, medida que requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado de 100 miembros.

Trump asegura que él no ha hecho nada indebido y que el impeachment en su contra es un esfuerzo partidista por deshacer su victoria en las elecciones de 2016, mientras intenta lograr la reelección en noviembre próximo.

Votar el miércoles le permitiría al Senado iniciar el juicio el jueves por la mañana, aunque los primeros días se destinarían a labores como leer formalmente los dos cargos de impeachment y nombrar miembros. Es probable que los legisladores no oigan argumentos de apertura sino hasta la semana que viene.

Finalmente, el líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, indicó que el proceso de destitución iniciaría el martes próximo, aunque reconoció que esta semana se avanzará con detalles previos.

Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes en Estados Unidos anunciaron este martes que imputarán al presidente Donald Trump con los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, que ahora deben ser votados por el pleno, como parte del juicio político contra el mandatario.

Si la Cámara de Representantes vota a favor de destituir a Trump, el mandatario se convertiría en el tercer presidente estadounidense en ser sometido a un juicio político, pero es improbable que éste prospere en el Senado, controlado por sus aliados republicanos y donde son necesarios dos tercios de los votos.

«Cuando el presidente traiciona la confianza y se pone por delante del país, pone en peligro la Constitución y la democracia, y pone en peligro la seguridad nacional», dijo en una rueda de prensa Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Tras dos meses de investigaciones, los legisladores demócratas afirman que Trump retuvo por sus intereses ayuda militar a Ucrania para enfrentar la amenaza de los separatistas prorusos en el este.

Además, lo acusan de ofrecer una visita a La Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a cambio de que Kiev abriera una investigación de corrupción contra Joe Biden, su potencial oponente en las elecciones de 2020, por su gestión respecto al país europeo cuando era vicepresidente de Barack Obama.

Trump, que ha ataco constantemente a los demócratas por haber emprendido la investigación en su contra, calificó el proceso como una «cacería de brujas», y dijo que las acusaciones de que presionó a Ucrania son «ridículas».

Nadler presentó los cargos en un mensaje solemne desde el Capitolio, escoltado por la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

En los cargos presentados, los demócratas también consideraron que Trump incurrió en obstrucción al intentar bloquear los esfuerzos del Congreso de investigar las acciones del presidente, lo que para ellos es una violación de la Constitución, que le otorga al legislativo un mandato de supervisión del poder ejecutivo.

Adam Schiff, el congresista que encabeza el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, dijo que «los continuos abusos de poder» perpetrados por el presidente, «no les dejan otra opción».

«La evidencia sobre la conducta del presidente es abrumadora e indiscutible», agregó y señaló que la inacción frente al comportamiento de Trump los convertiría en «cómplices de estos abusos de poder».

Nadler dijo que el Comité Judicial de la Cámara se reunirá esta semana para considerar los cargos presentados y se espera que sean abordados por el pleno la próxima semana.

Según las estimaciones con el actual calendario legislativo, el proceso en el Senado se desarrollaría en enero.

Kenneth Smith Ramos

EL FINANCIERO

 

Hace algunos días, altos funcionarios del Gobierno Federal señalaban que el T-MEC se encontraba “a punto de turrón” en su proceso de ratificación en el Congreso de EU. Las llamas del optimismo también han crecido en Washington gracias a las recientes declaraciones de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, así como del Representante Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios. Ambos han señalado que a pesar de la espada de Damocles del posible juicio político en contra del presidente Trump, tanto demócratas como la Casa Blanca han logrado avanzar en los temas pendientes en torno al T-MEC, y están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo.

¿Habrá llegado la hora de sacar el champagne y echar campanas al vuelo? No se apresuren, ya que para México es necesario leer entre líneas para entender lo que está detrás de las señales optimistas de los demócratas y del Representante Comercial de EU. El que lleguen a un acuerdo en EU respecto a las demandas de los demócratas no significa que el resultado sea aceptable para México.

A lo largo de esta negociación interna en EU, el liderazgo demócrata ha insistido en que el texto del USMCA debe reabrirse para atender sus preocupaciones en materia de propiedad intelectual, laboral, medio ambiente y solución de controversias. Sin embargo, estamos a un par de semanas de un posible voto en la Cámara de Representantes, y hasta el momento se desconocen por completo los textos que están sobre la mesa. Tenemos indicios claros de que los demócratas seguirán insistiendo en que México acepte la imposición de visitas de inspección unilaterales para determinar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo Laboral del T-MEC. Esto es completamente inaceptable.

¿Por qué? Porque las inspecciones discrecionales le permitirían a EU darle la vuelta al mecanismo de solución de disputas del Tratado, y le otorgaría el derecho de “certificar” de manera unilateral si México está cumpliendo con sus compromisos, sin pasar por un panel imparcial y transparente. Ergo, si México acepta esto, podríamos tener una lluvia de casos laborales en contra de México en los primeros años de vigencia del T-MEC, con la posible imposición de restricciones comerciales para nuestros exportadores. Ante un escenario de esta naturaleza, el resultado del T-MEC en la práctica sería un TLCAN “Minus” en lugar de un TLCAN “Plus”, ya que pondría en riesgo el acceso de nuestros principales productos a EU.

Esta preocupación no es mera especulación, ya que es exactamente lo que EU intentó hacer en la negociación del TPP al imponerle a los países “chiquitos” como Vietnam, Malasia, y Brunei, los “Planes de Acción” (Action Plans) que plasmaban requisitos adicionales de verificación del cumplimiento del capítulo laboral, mismos que por ejemplo, le hubieran permitido a EU suspender el acceso preferencial a su mercado para los productos del sector textil y calzado provenientes de Vietnam, sin necesidad de pasar por un panel arbitral. Afortunadamente para estas naciones, EU nunca pudo implementar estas medidas leoninas porque el recién llegado presidente Trump decidió sacar a su país del TPP en 2017.

El sector privado mexicano, y en particular el Cuarto de Junto saben perfectamente que el ceder respecto a las inspecciones laborales traería consecuencias funestas para México. Asimismo, están muy preocupados de que mientras que en EU los Congresistas señalan que un acuerdo es inminente, en México se desconocen los detalles de la negociación. Afortunadamente el Gobierno Federal ha señalado claramente que no aceptará las inspecciones unilaterales, pero ese no es el único tema tóxico en materia laboral. Se habla también de un posible mecanismo diferenciado de solución de controversias en el que los temas laborales, de interés de EU, gozarían de un mecanismo “fast track” o mejorado para la conformación de los paneles y los tiempos de resolución, mientras que los demás sectores de interés de México (como el agropecuario, textil, o automotriz) no recibirían el mismo trato.

A pesar de que nuestro gobierno pintó su raya respecto a las inspecciones, es probable que la presión política sobre México incremente radicalmente en las próximas semanas. Imaginemos un escenario en el que el EU le informa a México que si no acepta las inspecciones, o el sistema diferenciado de solución de diferencias, se cerrará la ventana para poder aprobar el T-MEC este año. “Presidente López Obrador, quiere ser usted el responsable de matar el T-MEC? Evite eso y acepte nuestras solicitudes en lo laboral”. Esa es una pregunta del presidente Trump que nuestro Gobierno no quisiera enfrentar. Pero si se la ponen en frente, la respuesta debería ser: “Mr. Trump, México está a favor de un T-MEC que fortalezca el TLCAN, que lo modernice e impulse la competitividad de nuestro país y de la región. No podemos aceptar un retroceso.”

Por otro lado, hemos señalado en artículos anteriores que las preocupaciones de los demócratas respecto a la aplicación del Tratado (enforcement) es algo que se pudiera atender por la vía administrativa, sin necesidad de tomar como rehén la aprobación del T-MEC. De hecho, durante las negociaciones México fue el principal promotor de un mecanismo de solución de controversias mejorado, que agilizara la conformación de paneles, y brindara mayor transparencia a lo largo del proceso.

Sin embargo, lo que los demócratas pretenden en materia laboral sí sería un enorme retroceso. La clave está en que en estos días tan importantes, México tenga la claridad de responder certeramente a EU y reiterar qué es o no aceptable para México. Esto con un previo acuerdo entre las dependencias del Gobierno Federal (quienes implementarán el acuerdo) y también con el sector privado. Es importante recordar que cualquier cambio que se le haga al tratado, ya sea mediante acuerdos administrativos o a través de cambios al texto, sería una concesión por parte de México. Recordemos que México ya ratificó el tratado tal y como está, sin necesidad de cambiarle ni una coma. Por lo tanto, cualquier cambio que quiera hacer EU pone en riesgo el balance de la negociación.

Esperemos que el Gobierno de México no ceda ante las presiones de EU y logremos a la brevedad la ratificación y la entrada en vigor del T-MEC. Mucho está en juego, y esta es una negociación en la que no nos podemos equivocar.

Este jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que aumentaría el déficit presupuestario y suspendería el límite de endeudamiento de Washington durante los próximos dos años.

Con votos de los dos partidos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 284 contra 149 votos, y lo envió al Senado, que lo discutiría la próxima semana.

En total, el proyecto de ley le permitirá a Washington gastar 2.75 billones de dólares en los próximos dos años y elevar el límite en que puede endeudarse hasta julio de 2021, mucho después de las elecciones presidenciales de 2020.

La ley, en la que se trabajó durante meses, fue negociada por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump y líderes del Congreso, y es un raro ejemplo de republicanos y demócratas colaborando este año.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró anular este martes el primer veto del presidente Donald Trump, dejando en pie la emergencia nacional que declaró el mes pasado para construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, no consiguieron atraer el apoyo republicano que necesitaban para alcanzar la mayoría de dos tercios para la anulación.

Con el resultado de la votación, 248-181, Trump puede continuar buscando en las cuentas federales dinero para redestinar a su proyecto de muro.

La disputa por la declaración de emergencia se dará ahora en los tribunales, donde hay varias demandas.

Y es que recordemos que el pasado 15 de marzo, el presidente Donald Trump usó por primera vez el veto presidencial, ejerciendo dicha facultad para bloquear una resolución adoptada por el Congreso de Estados Unidos contra su decisión de declarar la emergencia nacional para obtener los fondos para la construcción del muro en la frontera con México.

“El Congreso tiene la libertad de pasar esta resolución y yo tengo el deber de vetarla”, declaró Trump desde el Despacho Oval, donde procedió a firmar el veto, después de que el Senado, donde su propio partido tiene mayoría, votara en contra.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, presentó este martes un proyecto de ley propuesto por tres legisladoras demócratas para regularizar la situación de cientos de miles de jóvenes migrantes, que les permitirá alcanzar la ciudadanía.

La llamada “Ley de Sueños y Promesas” es un nuevo intento de los demócratas por regularizar la situación de cerca de 700 mil jóvenes «dreamers», como se denomina a quienes ingresaron ilegalmente de niños a territorio estadounidense, y que habían sido protegidos por el ex presidente Barack Obama a través del programa DACA.

Recordemos que DACA fue cancelado por el gobierno de Donald Trump en septiembre de 2017.

Al inicio de la legislatura, Pelosi prometió que la situación de los dreamers sería una prioridad. «Proteger a los dreamers, a los TPS  (beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal) y a los DED (beneficiarios del programa Salida Obligatoria Diferida) estadounidenses es algo que honra y respeta la familia, que es algo que está en el corazón de nuestra fe y en el centro de lo que somos como estadounidenses».

Y es que la administración Trump, como parte de su dura política antiinmigración, anunció a partir de 2017 la cancelación del TPS para seis de los 10 países actualmente elegibles, argumentando que las condiciones que motivaron su inclusión en el programa desaparecieron.

El proyecto de ley fue presentado por las demócratas Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez e Yvette Clarke, y se espera que avance fácilmente en la Cámara de Representantes, pues son los demócratas quienes cuentan con mayoría.

 

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó hoy una resolución contra la declaración de emergencia nacional firmada por el presidente, Donald Trump, para desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

La iniciativa quedó aprobada en una votación donde además del apoyo de la bancada demócrata, algunos republicanos sumaron su voto. Fueron 245 votos a favor, incluidos los 13 republicanos, y 182 en contra.

Así, la Cámara de Representantes ignoró la amenaza de veto del presidente Donald Trump, y así dejar en manos del Senado el futuro de dicha resolución.

Y es que aunque el Senado es controlado por los republicanos, se espera que tal como sucedió en la Cámara Baja, algunos republicanos puedan apoyar la iniciativa para bloquear la declaratoria de Trump. 

Recordemos que Trump declaró la emergencia nacional el pasado 15 de febrero luego de que el Congreso rechazara su petición de 5.700 millones de dólares para construir el muro.

 

Kevin McCarthy, el legislador republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes, indicó que el acuerdo para la seguridad fronteriza que el Congreso espera alcanzar en los próximos días no tiene que incluir la palabra «muro» como ha insistido el presidente Donald Trump.

McCarthy hizo el comentario un día antes de que inicien las reuniones entre los negociadores congresuales demócratas y republicanos, cuyo objetivo es lograr un acuerdo sobre un paquete de seguridad fronteriza.

«Puede ser una barrera, no tiene que ser un muro», dijo McCarthy a la prensa, con lo que se dejaría de lado el término que el presidente Trump hizo piedra angular de su campaña presidencial.

Recordemos que la exigencia de Trump a los legisladores para que asignaran 5,700 millones de dólares para construir segmentos del muro a lo largo de la frontera con México fue lo que provocó el cierre parcial del gobierno que se extendió por 35 días, convirtiéndose así en el más largo de la historia del país.

El gobierno reabrió el lunes, aunque solo durante tres semanas, dándole al gobierno y al Congreso más tiempo para llegar a un pacto en cuanto a seguridad fronteriza.

Si no se llega a un acuerdo, Trump ha amenazado con reanudar el cierre o declarar emergencia, lo que según él le permitirá tomar dinero de otras partidas presupuestarias para comenzar la construcción del muro.

La mayoría de los republicanos dicen oponerse a un segundo cierre y muchos legisladores de ambos partidos dicen que una declaración de emergencia por este tema sería un abuso de poder.

Según analistas, en las últimas semanas Trump ha comenzado a utilizar los términos «muro» y «barrera», con lo que él mismo estaría alejándose de su promesa de campaña al saber que carece de los votos en el Congreso para obtener el financiamiento del proyecto, que inicialmente dijo que México lo pagaría.

Sus descripciones de cómo sería construido también han cambiado. Al principio decía que sería de concreto y, más recientemente, pasaron a una estructura con barras planas de acero.

«Al interior de las reuniones que hemos tenido, dijo que podría ser una barrera, que podría ser un muro», dijo McCarthy. «Porque lo que hace una barrera es lo mismo. Son barras de acero de 9 metros (30 pies), eso es una barrera».

 

Nancy Pelosi fue electa este jueves como presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, volviendo a ocupar un cargo que ya ejerció entre 2007 y 2011 y que es el tercero más importante del país, después del presidente y del vicepresidente.

A los 78 años, la demócrata por San Francisco pasó a convertirse en la principal voz de la oposición, en un día en que su partido recupera la Cámara de Representantes, lo que complica el panorama para los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

«Nancy Pelosi no sólo ostenta el título de ser la primera mujer presidente de la Cámara de Representantes, ella también es una de las legisladoras y líderes más eficaces de la historia de nuestra nación», dijo tras su elección la Comisión Nacional del Partido Demócrata.

El partido recordó su rol durante el gobierno de Barack Obama para lograr la tramitación en la Cámara de la histórica reforma de salud en 2010.

Recordó que «durante lo más duro de la Gran Recesión», su liderazgo y tenacidad ayudaron a «enderezar» la nación hacia la prosperidad económica.

 

Foto: Twitter

Nancy Pelosi logró este miércoles el respaldo de los demócratas para convertirse en la próxima presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

«Creo que ha sido una buena tarde», dijo la legisladora tras superar la oposición de algunos miembros de su bancada que querían una cara nueva en su liderazgo. Pelosi obtuvo el respaldo con 203 votos a favor y 32 en contra.

La congresista, que ya fue presidenta de la Cámara Baja entre 2007 y 2011, deberá enfrentar el voto definitivo en enero, en el que necesitará la mayoría de 218 votos, cuando se constituya el nuevo Congreso estadounidense.

Sobre las dudas dentro de su partido, Pelosi urgió a los demócratas a recordar lo que supone haber recuperado el control de la Cámara Baja. «Tomemos un momento para asimilar el hecho de que somos la mayoría. Mayoría. Mayoría. Mayoría», remarcó.

La política de 78 años  cuenta con el respaldo de diversos liderazgos del partido, entre ellos el ex presidente Barack Obama, quien ha asegurado que es persona de espíritu combativo y especialista en tender puentes que permitan alcanzar acuerdos clave.

Incluso el presidente Donald Trump ha expresado en varias ocasiones que considera que Pelosi es la persona idónea para ocupar el cargo.