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CASTIGO

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La selección mexicana tendrá que jugar sin público en sus dos próximos partidos como local de las eliminatorias de la Copa Mundial, ante Costa Rica y Panamá, en castigo por los insistentes gritos homofóbico que se han dado en las tribunas, según indicó la FIFA este lunes.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue multada además con 100,000 francos suizos, equivalente a cerca de 2.3 millones de pesos, por el “comportamiento discriminatorio de los aficionados”.

Se trata de uno más de numerosos castigos en el marco de una campaña para acabar con los gritos contra jugadores del equipo rival.

Así, México enfrentará a los “ticos” el 30 de enero y a Panamá el 2 de febrero en estadios vacíos, lo que generará grandes pérdidas de ingresos para la federación mexicana.

Recordemos que hubo gritos homofóbicos en los partidos del mes pasado contra Canadá y Honduras en el estadio Azteca. Más de 130,000 aficionados en total presenciaron esos encuentros.

El Azteca estuvo vacío en el debut de México en las eliminatorias, en septiembre, cuando recibió a Jamaica, por otro castigo de la FIFA por el mismo motivo.

México, que lidera el octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, tiene también pendiente un partido en casa ante Estados Unidos, el 24 de marzo.

Los próximos tres partidos de México en las eliminatorias serán como visitantes. Enfrentarán a Estados Unidos y Canadá el 12 y 16 de noviembre, respectivamente. Se medirán contra Jamaica el 27 de enero.

Previamente, la FIFA también había sancionado a Panamá y El Salvador por el comportamiento de sus aficionados. Panamá tendrá que enfrentar a El Salvador sin público en su estadio Rommel Fernández, el 16 de noviembre, por expresiones homofóbicas de sus aficionados durante los partidos contra Costa Rica y México en septiembre.

Los salvadoreños fueron multados económicamente por el lanzamiento de proyectiles a la cancha y el uso de láser durante el partido del mes pasado ante México en el estadio Cuscatlán, donde los visitantes se impusieron 2-0.

Foto: Twitter @miseleccionmx

El investigador y académico John Ackerman, esposo de la ahora extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que la salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete federal no fue por “grillas” al interior de Morena, o por un “castigo” por haber metido las manos en el proceso electoral de Guerrero.

Ackerman aseguró que contrario a lo que se ha especulado, y que ha sido asegurado por diversos líderes de opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le había ofrecido una “amplia gama de cargos alternativos” a Sandoval Ballesteros.

Menciona que entre los ofrecimientos estuvo una embajada de México en el exterior, una diputación federal, o ser propuesta como miembro de la Junta de Gobierno de un organismo autónomo.

“Ella rechazó estas generosas ofertas bajo el principio de que jamás ha buscado puestos sino sólo servir a la patria desde sus conocimientos y trayectoria profesional”, defiende el esposo de la exfuncionaria.

Ackerman acusó que la “opinión pública” ha hecho creer que la decisión de AMLO fue un “castigo” a Sandoval por su supuesta “traición, protagonismo y ambición”. Lamentó que diversos caricaturistas hayan reproducido imágenes denigrantes y sexistas avalando una supuesta expulsión de Sandoval Ballesteros a “punta del pie presidencial”.   

Afirmó que su esposa tuvo logros históricos al frente de la SFP, dependencia que “revivió” por completo luego de haber sido pisoteada, marginada y hasta desaparecida durante las administraciones pasadas.

Sobre las acusaciones de que Irma Eréndira intervino en el proceso electoral en Guerrero, mediante el apoyo y operación para que su hermano Pablo Amílcar fuera el abanderado de Morena a la gubernatura, Ackerman dijo que era “totalmente falsa” dicha afirmación.

“A pesar del evidente fraude cometido por la dirigencia de Morena en contra de su hermano, Pablo Amílcar, y la abierta violación de los estatutos del partido para imponer a un candidato indeseable, Sandoval siempre guardó absoluto decoro y jamás se metió a la contienda”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la investigación que se sigue en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien se le acusa de ser el autor material ya de los sobornos de Odebrecht.

Aclaró que lo que su gobierno está haciendo es ayudar a la fiscalía, entregando la información que les solicita.

Sin embargo, recordó que tal como lo expresó cuando tomó posesión al cargo, en su administración no hay espacio para la persecución, pues no es su “fuerte la venganza”.

Insistió en que lo que propuso fue poner un punto final, y no desatar la persecución a los responsables del saqueo; ver hacia adelante.

Y aunque señaló dejó en claro que su gobierno no iba a promover denuncias contra quienes atentaron contra el país, reiteró que todas las denuncias que estuvieran en curso se han continuado, “que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas”.

Aclaró que el punto final del que habló era para los que habían participado en las pasadas administraciones, no para ellos que ahora están en el gobierno; incluso dijo, en “caso de nosotros ninguna contemplación. Yo voy a seguir insistiendo para que desaparezcan los fueros y que se castigue a cualquier funcionario que cometa delito de corrupción. Esa es la postura”.

Al retomar el caso de Lozoya, dijo que era una investigación que venía de tiempo atrás, al igual que el caso de Juan Collado y de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero destacó que el tema migratorio se abordará como un asunto de protección de derechos humanos por la próxima administración, pero dijo que si los migrantes incurren en ílicitos, se aplicará la ley sobre ellos.

Tras participar en la inauguración de la Sala de Cine “Jorge Carpizo”, la ex ministra de la Suprema Corte reconoció que el de los migrantes es el tema “más importante” que tendrá que enfrentar la próxima administración.

“Ustedes saben, y lo he repetido muchísimas veces, porque además el señor secretario actual de Gobernación y yo compartimos precisamente, digamos, el pensamiento de Jorge Carpizo, la protección de los derechos humanos; entonces en primerísimo lugar la protección de los derechos humanos”, dijo la Ministra en retiro.

Al ser cuestionada por la actuación que tendrán las autoridades durante el siguiente sexenio en los casos de migrantes que incumplan las normas del país, Sánchez Cordero dijo que se aplicará sin vacilar la ley sobre ellos.

“Si hay alguna situación de conducta ilícita por parte de alguno de los migrantes, bueno, se procederá conforme a derecho, no tenemos por qué no hacerlo”, aseguró.

Los senadores del Partido Verde propusieron reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), para castigar a quien obligue, presione o amenace a renunciar a una candidatura o cargo de elección popular.

La propuesta contempla que se sancione con una multa de 200 a 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de dos a nueve años de prisión, a quien “por sí, por interpósita persona o por cualquier medio, ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño” para que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

La propuesta del PVEM llega luego de que se supiera que en Chiapas se presionó y engaño a diversas mujeres para que renunciaran a su cargo, con el fin de que un varón ocupara dicho encargo, esto dado que las candidaturas se postularon atendiendo las reglas de paridad de género. Este caso fue conocido como las “Manuelitas” de Chiapas.

Al respecto la senadora Gabriela Benavides Cobos indicó que la pena podría aumentar hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó la indirecta que el PRI le envió en su nuevo spot, sobre presuntamente no querer aplicar la ley para castigar a los delincuentes.

 

AMLO dijo que si siguen insistiendo en esa idea, en una de esas les tomará la palabra a pesar de comulgar con la idea de no perseguir políticos, pues reconoció que la venganza no es su fuerte.

 

 

“Dicen ellos que se aplique la ley a los delincuentes, me están cucando, mejor que se queden callados, tranquilos, serenos, que no estén con esas cosas”, dijo en un breve encuentro con los medios de comunicación en su visita por Nuevo Laredo.

 

Cuestionó que quienes son los más corruptos en México, son los políticos corruptos del PRIAN; dijo que así como hay huachicoleros abajo, están también los de arriba, pues la corrupción en México se da de arriba para abajo, afirmó que entre más elevados más corruptos, por lo que a los de la mafia del poder no le conviene mover ese tema.

 

En el spot que el PRI comenzó a pautar esta semana, se hace referencia a la postulación que Morena hiciera por la vía plurinominal al Senado de Napoléon Gómez Urrutia; el spot del tricolor también incluye la imagen de Elba Esther Gordillo, a quien acusan de tener un pacto con el morenista.

 

Durante su visita por Cancún, Quintana Roo, el precandidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, anunció esta mañana que las fuerzas políticas que integran esta coalición presentarán una iniciativa de reforma que obligaría a corruptos y delincuentes a devolver al erario los recursos y bienes obtenidos ilícitamente.

 

“Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometan actos de corrupción tendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público”, indicó el ex titular de Hacienda.

 

Meade pidió a los partidos que lo postulan presentar una iniciativa basada en los siguientes puntos:

  • Confiscación de dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros.
  • Cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos.
  • Creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin de que haya consistencia y evolución lógica entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.

 

Sobre los señalamientos que ha recibido sobre el origen de sus recursos, Meade aseguró que “mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo, puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, y en ello nunca ha habido ninguna simulación. Por educación y por convicción, estoy contra toda forma de corrupción, en particular si ésta viene de quien debe de servir a la sociedad”.

 

Respecto a la confiscación de bienes y dinero, Meade explicó que lo que busca es que las personas que hayan cometido actos de corrupción, tengan la obligación de demostrar que su patrimonio es lícito y, en caso contrario, se le incautarían estos de manera inmediata. “El mecanismo es sencillo: quien no pueda explicar el origen de sus bienes los perderá en beneficio de las obligaciones del Estado”, para lo cual se contemplaría la habilitación de fiscales especializados para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa, subrayó en esta ciudad.

 

Pese que a dentro del PRI hay figuras de exgobernadores que han sido acusados de enriquecimiento ilícito, Meade dijo que, quien haya abusado de la confianza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de sus responsabilidades dentro del servicio público, se le aplicará todo el peso de la ley.

 

“El combate a la corrupción no puede esperar, por lo que hago un llamado también a los otros precandidatos, a las otras coaliciones y a los otros partidos políticos, a que también se sumen e impulsen esta iniciativa”, expuso el ex funcionario público.