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La Alianza Movilidad Inclusiva, una iniciativa impulsada por Amnistía Internacional (AI), pidió este miércoles a México suspender las deportaciones de migrantes centroamericanos mientras dure la pandemia de la COVID-19.

“La Alianza solicita al gobierno mexicano, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que suspenda temporalmente, en lo que dura la pandemia de COVID-19, las deportaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras, donde sus vidas y su salud corren riesgo”, expresó la alianza en un comunicado.

AI expresó su preocupación por los graves riesgos a la salud y otros derechos de los migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos como resultado de la política migratoria de México de continuar las detenciones y deportaciones.

La organización opinó que las autoridades migratorias de México violan “reiteradamente el principio de no devolución”, el cual prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corre riesgo real de sufrir daños irreparables.

Señalan que México siguió deteniendo a miles de personas en condiciones inaceptables, a pesar de que la detención migratoria en tiempos de pandemia representa en sí mismo riesgos graves para la salud y la vida de las personas detenidas.

Y es que la alianza constató casos de hacinamiento en cuartos sin ventilación con otras 50 personas, ausencia de saneamiento de estaciones migratorias y falta de atención médica.

En su comunicado, AI citó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que el pasado agosto “reconoció la violación al derecho a la protección de la salud” de una persona migrante salvadoreña que falleció por la covid-19 tras permanecer en la estación migratoria de Ciudad de México.

Además, denunció que las autoridades mexicanas no realizan pruebas PCR antes de deportar y consideró que los centroamericanos “son susceptibles de agravar aún más la situación de sus derechos a la vida y a la salud” al ser retornados a sus países.

Por ello, insistió en suspender temporalmente durante toda la pandemia las deportaciones, adoptar medidas para que los migrantes detenidos sean informados sobre su derecho a solicitar asilo e implementar medidas sanitarias para quienes voluntariamente opten por su regreso.

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, planea convertir los centros de detención de inmigrantes en el sur de Texas en lugares para procesar rápidamente a familias migrantes que hayan cruzado de forma irregular la frontera y liberarlas en las siguientes 72 horas.

Según dio a conocer el diario The Washington Post, que tuvo acceso a borradores de los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Biden se está preparando para atender a migrantes que crucen indocumentados la frontera desde México, situación que distintos sectores temen pueda aumentar en los próximos meses.

El Post cita un correo electrónico enviado por Russell Hott, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que notifica al personal sobre el plan de procesamiento rápido y advierte que para este año se espera que la llegada de menores inmigrantes no acompañados y familias alcance “las cifras más altas observadas en más de 20 años”.

Consultada sobre la llegada de niños inmigrantes, la portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que hay una gran cantidad de menores no acompañados que cruzan la frontera.

“Creemos que el enfoque humano es tratar a estos niños con humanidad y garantizar que tengan un lugar seguro donde estar”, agregó la portavoz, que se abstuvo de confirmar el porcentaje de ocupación de los espacios destinados para albergar a estos pequeños.

Recordemos que en 2019, durante la administración de Donald Trump, un total de 851,508 inmigrantes fueron detenidos por las autoridades estadounidenses después de que cruzaran la frontera de forma irregular, entre ellos 76,020 menores de edad. Mayo de ese año marcó un récord de detenciones, con 132,856 casos.

Esta situación llevó a Trump a declarar una emergencia en la frontera y a implementar una serie de medidas como la separación de familias y la devolución de los solicitantes de asilo a México que, combinadas con el denominado “Título 42”, una disposición emitida como parte de la respuesta de su gobierno a la pandemia de la Covid-19, lograron frenar el flujo de migrantes.

El diario estadounidense detalló que en el correo Hott advirtió que si los funcionarios fronterizos continúan acogiendo a más de 500 familias al día y que el plan de usar los centros de detención para el procesamiento de estas personas “puede no ser suficiente”. Añadió que las personas que no puedan ser llevadas a los centros de procesamiento rápido podrían ser trasladadas a hoteles en McAllen y El Paso, en Texas, así como Phoenix (Arizona).

El Post también reveló igualmente que el Gobierno de Biden quiere utilizar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en el sur de Texas para ayudar a hacer frente a la creciente entrada de niños y adolescentes inmigrantes.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tachó de “inaceptable” la supuesta esterilización forzada de migrantes mexicanas y de otros países en Estados Unidos, y previó “sanciones” si se confirman estos hechos.

“Es algo inaceptable que rechazamos de antemano aún sin tener toda la información confirmada”, expresó el canciller al intervenir en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ebrard informó que el servicio consular de México en Estados Unidos ya se ha entrevistada con “seis (mujeres) de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este procedimiento”, y añadió que esta semana seguirá contactando a otras posibles víctimas.

“Incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones y esto tiene que esclarecerse. Si se confirma, es un asunto mayúsculo y debe no solo sancionarse sino tomar otras medidas”, expresó el canciller.

Sin embargo, el secretario prefirió no “adelantar” la respuesta de México hasta tener toda la información. Ayer, el presidente López Obrador abrió la puerta a denunciar a Estados Unidos por estos hechos.

“Hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres que todavía tenemos abierta la investigación; es el único tema que podría, todavía no está suficientemente investigado, llevar a una denuncia de parte de México hacia el Gobierno de Estados Unidos”, expresó el mandatario.

Recordemos que el pasado 17 de septiembre, la SRE informó que los consulados mexicanos en Atlanta, Georgia y El Paso en Texas están investigando “una serie de histerectomías no autorizadas en mujeres hispanohablantes” en centros de detención migratoria en Irwin, Georgia y El Paso.

El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos “información detallada” sobre la extracción del útero a estas mujeres, que fue denunciada por activistas estadounidenses.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por su parte, anunció la semana pasada que abrirá una pesquisa independiente sobre las denuncias de histerectomías en el Centro de Detención de Irwin.

El Gobierno estadounidense está trasladando a padres inmigrantes a sitios de detención más cercanos a los albergues en donde se encuentran sus hijos, de quienes fueron separados al cruzar la frontera, a fin de cumplir con el plazo de un tribunal de reunir a las familias, señaló el Secretario de Salud y Servicios Humanos norteamericano, Alex Azar.

La jueza estadounidense Dana Sabraw, de San Diego, ordenó el mes pasado al gobierno que deje de separar a los niños de sus padres inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México y estableció como plazo inicial el 10 de julio para reunificar a las familias.

Para acelerar el proceso de reunificación, el Departamento de Seguridad Interior está reubicando a los padres de niños menores de 5 años en centros de detención que están más cerca de sus hijos “para reunir lo más rápido posible a los niños con sus padres y cumplir con el plazo de la corte”, dijo este jueves Azar.

Desde que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a aplicar la política ‘Tolerancia cero’, más de 2,300 niños migrantes sin papeles han sido separados de sus padres en la frontera de México con Estados Unidos.