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Autoridades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que la Sesión Extraordinaria que fue convocada a petición de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fue cancelada.

En esta sesión, se pretendía modificar el Estatuto General del CIDE, con el fin de que el Conacyt y Álvarez–Buylla se hicieran del control total de la Casa de Estudios.

“Se informa a la comunidad del CIDE que la Primera Sesión Extraordinaria 2022 de la Asamblea General de Asociados del CIDE, acordada para las 09:00 horas del día viernes 14 de enero de 2022, fue aplazada en aras de garantizar el estricto apego a las disposiciones normativas relativas al proceso de notificación. Ello debido a que algunos asociados recibieron la carpeta de la sesión minutos después de la hora requerida para cumplir con el requisito temporal. Por lo tanto, la sesión se aplaza hasta nuevo aviso”, informó el CIDE.

Y es que académicos y alumnos del CIDE habían alertado que ante la resistencia que María Elena Álvarez-Buylla ha encontrado a su intención de mantener en la dirección a José Antonio Romero Tellaeche, buscaba cambiar los estatutos del Centro de Estudios.

Lo que el CONACYT buscaba es que el Consejo Directivo ya no tuviera participación en diversas decisiones, y por ende no tuviera injerencia en el nombramiento del Director general, así como que no tenga voz ni voto en la aprobación de los planes anuales de trabajo ni en los programas.

La reforma a los estatutos del CIDE le permitiría al Conacyt y por ello al gobierno, nombrar unilateralmente al Director General y al Secretario Académico, y eliminar el requisito de pertenecía a la institución de este último, además de que le permitiría renovar al Consejo Académico.

Recordemos que el Consejo Académico es el máximo órgano colegiado interno del CIDE, que incluye a 2 representantes de cada División Académica. El estatuto vigente señala entre las facultades del Consejo Académico, conocer y aprobar temas varios como el programa anual de trabajo, programas docentes, y cualquier cambio a los estatutos, a solo conocer y opinar sobre los temas sustantivos del CIDE.

Específicamente se pretendía modificar los artículos 29 y 30, que señalan que el Consejo Directivo del CIDE tiene el derecho de formalizar y presentar la designación del director general de la Institución y el artículo 42 que define las facultades del Consejo Académico.

Gran parte de la comunidad estudiantil y académica del país, rechazaron el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ya que es considerado afín al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y lejano a las demandas reales de quienes integran esta casa de estudios.

Y es que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla, confirmó este lunes la designación de Romero Tellaeche, quien venía fungiendo como director interino desde agosto pasado, pese a las denuncias de arbitrariedades, y abusos.

«Las instituciones académicas públicas no pueden permanecer ajenas a la transformación del país», declaró Álvarez-Buylla al referirse a la «transformación» que inició el presidente López Obrador con su mandato.

Mientras esto ocurría, decenas de estudiantes protestaban fuera de la sede el instituto, en el poniente de la Ciudad con consignas como «el CIDE resiste» y «va a dirigir a puerta cerrada». Incluso, algunos estudiantes denunciaron que el nuevo director acudió a su nombramiento con un escolta armado, como un intento de intimidar las protestas en su contra.

El CIDE, considerado uno de los centros públicos de investigación con mayor prestigio en México, causa controversia desde agosto, cuando renunció su director Sergio López Ayllón por falta de entendimiento con el Conacyt, que se ha alineado a la política «antineoliberal» de López Obrador.

Romero Tellaeche entró como director interino del CIDE en agosto pasado y desde entonces los estudiantes han denunciado los despidos «arbitrarios» de la secretaria académica, Catherine Andrews, y del director del CIDE en la Región Centro, Alejandro Madrazo.

La nueva dirección cesó en octubre por «pérdida de confianza» a Madrazo, quien había publicado un video en redes sociales en el que exigía mejores condiciones laborales, mientras que despidió a Andrews después de que ella advirtiera que no podía suspender las evaluaciones de profesores, como pretendía Romero Tellaeche.

La pugna del CIDE es un nuevo capítulo de los choques entre la comunidad académica de México y el gobierno federal, que el año pasado ordenó suprimir los fondos con los que operaba ese y otros centros de investigación.

López Obrador indicó esta mañana que el CIDE se «derechizó», además de que no ha estado a la «altura de las circunstancias» para combatir al periodo neoliberal, critica que hizo anteriormente a la UNAM.

«Sí, también (el CIDE se derechizó), aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que siento, además, es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México, un grupo de intelectuales, muy conservadores, acomodaticios», sostuvo en sus conferencia de Oaxaca.

López Obrador rechazó haberse «inmiscuido» en el nombramiento del nuevo director, aunque respaldó a la titular del Conacyt. «Nosotros lo que queremos es que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos en la academia, en los grupos intelectuales, porque también había mucha corrupción».

María Elena Álvarez-Buylla dijo que la designación de Romero Tellaeche tiene fuerza y legitimidad, además de que pese a las diferencias, indicó que desde el Conacyt se valora “el disenso y la crítica fundamentada, siempre en el marco de la legalidad. Las declaraciones de la funcionaria fueron descalificadas por la comunidad del CIDE, quienes han venido acusando la falta de disposición de las autoridades para escuchar sus exigencias.

Romero Tellaeche “sabrá conducir a la institución con altura de miras, con respeto irrestricto a todos los derechos humanos», dijo Álvarez-Buylla, en tanto, Romero Tellaeche aseguró que era una responsabilidad que le honraba, por lo que se comprometía a encausar al CIDE por la ruta del cambio que se requiere.

«El gobierno avanza a una transformación a fondo, el CIDE ha de responder a ese legítimo mandato», indicó Romero Tellaeche, añadiendo que es necesario establecer «nuevas líneas de investigación acorde con las necesidades vigentes».

“Conozco el valor del pluralismo, la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Habrá irrestricto respeto a los trabajadores. Administraré los recursos de forma austera con apego a la rendición de cuentas. El CIDE es una institución del estado mexicano y debe apegarse a las nuevas realidades», añadió.

Foto: Twitter @sitcide

Luego de los sismos que sacudieron al país en septiembre pasado, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) intentaron dar seguimiento a las donaciones hechas a bancos para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción, lo cual indicaron fue imposible debido a la falta de información por parte de las instituciones bancarias.

 

Según relata el diario Reforma, el destino de millones de pesos en donativos a fondos privados para los damnificados es incierto, pues la investigación del CIDE hecha señala que 5 de las 10 instituciones que colectaron no brindan acceso a la información sobre cómo se manejaron dichos recursos.

 

En esta investigación fueron identificados al menos 2 mil 864.5 millones de pesos que se recaudaron en cuentas bancarias; además de los 2 mil 25 millones que recibieron organizaciones registradas ante el SAT como donatarias autorizadas. A estos montos habría que agregar lo obtenido por programas de «multiplicación» que se hizo por peso donado.

 

«No tuvimos acceso a la información de cuántos recursos habían recaudado», indicó Liliana Veloz, directora técnica de la investigación realizada por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Pirc) del CIDE. La opacidad que encontró fue por parte de bancos como Scotiabank, Ayuda Santander, Intercam Banco, Multiva y HSBC.

 

El estudio señala que por tratarse de un desastre natural, el Gobierno federal tiene la posibilidad de vigilar los fondos colectados por bancos según el Artículo 68 de la Ley General de Protección Civil.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Como parte de un seminario que realizaron diversos académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se aseguró que como parte de la turbulencia económica mundial que se vive, las expectativas de crecimiento de México que se están revisando a la baja, aunado a que hay previsiones de que la inflación y la deuda pública sigan incrementando, existe el riesgo real de que el país entre en recesión.

 

El economista Raúl Feliz indicó que luego de una década en la que el gobierno mexicano han incumplido sus compromisos en materia de contención del gasto público, es poco probable que realmente se logre este año un superávit primario bueno como ha estimado la Secretaría de Hacienda, con lo que la deuda pública seguirá creciendo hasta representar el 51% del Producto Interno Bruto.

 

«Para que la deuda con relación la PIB no crezca se requiere un superávit primario de 1 por ciento y lo que se está planteando lograr se queda corto. Otros factores que actúan sobre la deuda, como el tipo de cambio y la tasa de interés nos llevan a proyectar que va a llegar a 51 por ciento. Yo creo que Hacienda misma lo sabe, es casi seguro, y también es casi seguro que nos van a bajar la calificación crediticia», comentó.

 

El también académico Fausto Hernández, dijo que la depreciación de 45% del peso frente al dólar ocurrió de octubre de 2014 a mayo de 2016, por lo que aseguró que la situación se viene arrastrando incluso antes de que se definiera a Trump como candidato republicano, lo que significa que se trata de «un hecho doméstico». Incluso señaló que el fenómeno Trump vino a ayudar al discurso gubernamental porque desvió la atención hacia afuera.

 

 

 

 

Con información de La Jornada / Foto: Archivo APO