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El senador republicano Lindsey Graham, que se encuentra de visita en Israel, dijo este miércoles al primer ministro Benjamín Netanyahu, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU es “un chiste”, y su magistrado jefe, Nawaf Salam, “un claro antisemita”.

“La Corte Internacional de Justicia es un chiste. El magistrado jefe de la CIJ es un claro antisemita”, dijo el republicano durante una reunión en Jerusalén para mostrar su apoyo al mandatario israelí.

Y es que recordemos que el principal órgano judicial de la ONU, con sede en La Haya, solicitó el viernes pasado a Israel detener su operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, de donde ya han huido más de un millón de personas mientras las fuerzas israelíes intensifican sus ataques.

Graham ya había dicho con anterioridad que la CIJ se podía “ir al infierno” tras la petición de la Corte, en un mensaje en redes sociales en el que animó a Israel a ignorar dicha orden.

“No tenemos mejor amigo que el senador Lindsey Graham”, dijo por su parte Netanyahu, en la que es la quinta visita del republicano a Israel desde que comenzó la guerra.

El senador se reunió también con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien le agradeció su apoyo y su compromiso con la liberación de los rehenes israelíes que todavía permanecen en la Franja de Gaza.

La visita de Graham se produce de forma simultánea a la de otro peso pesado del Partido Republicano de Estados Unidos, Nikki Haley, quien se reunió hoy en Israel con políticos del país para mostrarles su apoyo contra Hamás y Hezbolá.

Haley fue precandidata republicana; sin embargo se retiró de la carrera dejando a Donald Trump como candidato único, lo cual tendrá que formalizarse en la Convención Republicana de julio próximo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este viernes a Israel “detener inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, y le ordenó garantizar el acceso sin impedimentos a la Franja de cualquier misión que busque investigar las denuncias por genocidio contra las autoridades israelíes.

En una nueva orden de medidas cautelares en protección de los derechos de los palestinos, protegidos como grupo por la Convención sobre el Genocidio, la CIJ urgió a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda imponer al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan causar su destrucción física total o parcial”.

Además, le ordenó “tomar medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos” a toda la Franja de “cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro organismo investigativo” bajo órdenes de alguno de los órganos competentes de la ONU “para investigar las denuncias de genocidio”.

Asimismo, exigió al Gobierno israelí “mantener abierto” el cruce de Rafah para “la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios” entre la población palestina de Gaza.

Todas estas medidas cautelares fueron votadas por un panel de 15 jueces y aprobadas con 13 votos a favor y dos en contra.

La oposición fue del juez israelí Aharon Barak, nombrado ‘ad hoc’ por Israel para tener representación ante la CIJ, así como de la jueza Julia Sebutinde, de Uganda, que ya ha votado en contra de otras decisiones aprobadas por mayoría en este tribunal en el contexto de la situación en Gaza.

Israel tendrá que presentar en el plazo de un mes un informe con todas las medidas puestas en marcha para cumplir con las órdenes anunciadas hoy por el tribunal.

Además de estas nuevas medidas, la CIJ advirtió a Israel de que debe también poner en marcha las cautelares anunciadas en enero y marzo, lo que incluye evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza y dejar de “impedir” el acceso de ayuda humanitaria a la Franja.

El máximo tribunal de la ONU también pidió la “liberación inmediata e incondicional” de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino.

La CIJ “estima que es profundamente inquietante que algunos de estos rehenes sigan cautivos en Gaza y reitera su llamado a favor de su liberación inmediata y condicional”, indicó el tribunal.

Hamás celebró el fallo de la Corte Internacional, pero dijo que Israel debería cesar ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, desestimó este jueves la solicitud presentada por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito, en abril pasado.

“La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (…) de indicar medidas” provisorias, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.

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La CIJ había anunciado a finales de la semana pasada, que sería este jueves cuando se pronunciará sobre el reclamo planteado por México.

El pasado 5 de abril, fuerzas ecuatorianas fuertemente armadas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que estaba asilado.

La operación provocó la ruptura de relaciones entre los dos países y un pedido urgente presentado por México ante la corte con sede en La Haya para que se exija a Ecuador la protección de los archivos de la embajada.

México también solicitó a la CIJ que ordenara a Ecuador permitir el desalojo de la embajada y de las residencias privadas del personal diplomático.

Igualmente, pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIJ y de toda “conducta que agrave y amplíe la disputa” entre los dos países.

Estos pedidos fueron formalizados por México el 11 de abril. Por tratarse de demandas de medidas provisorias, la CIJ les dedicó al tema una atención preferencial y urgente. Los dos países presentaron sus alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo.

Ahora, con la negativa a las medidas provisorias, los jueces de la CIJ analizarán el fondo de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de “violar la legislación internacional”.

México demandó a la CIJ la suspensión de Ecuador de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido.

En su presentación, la delegación de México sostuvo ante el tribunal de la ONU que la invasión armada a su embajada “debe tener consecuencias”.

“Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado”, dijo Alejandro Celorio, representante de su país en este caso.

El agente de la delegación ecuatoriana, el diplomático Andrés Terán Parral, alegó que el asalto a la embajada de México ocurrió “en circunstancias muy excepcionales”.

El detonante de la crisis se gestó a fines de 2023, cuando Glas, vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, fue acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado. El político se refugió entonces en la embajada de México, alegando persecución política.

Luego de un dramático agravamiento de las tensiones, México otorgó a Glas la condición de asilado. Pocas horas más tarde, la embajada fue invadida.

Imágenes ampliamente divulgadas mostraron a agentes ecuatorianos retirando a rastras a Glas de la legación diplomática.

Ecuador alegó que la concesión del asilo a Glas fue ilegítima, ya que se trataba de un condenado en busca de escapar de la justicia común.

Ecuador presentó, también ante la CIJ, una demanda contra México por alegado “abuso” de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glas. México respondió que cabe al país receptor analizar si hay elementos para considerar que una persona es objeto de persecución.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, anunció este viernes que será el próximo 23 de mayo cuando se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisorias presentado por nuestro país contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito.

El jueves próximo, “el juez Nawaf Salam, presidente del Tribunal, dará lectura a la Resolución de la Corte”, anunció hoy la CIJ en un comunicado.

El pasado 5 de abril, fuerzas de seguridad de Ecuador invadieron la embajada mexicana en ese país y se llevaron bajo arresto al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba en la legación diplomática con carácter de asilado.

Días más tarde, México presentó ante la CIJ un pedido de medidas provisorias (que requieren trámite urgente por parte de la Corte) que exijan a Ecuador la protección de las instalaciones de la embajada y sus archivos.

La demanda mexicana también solicitó el inicio de procedimientos contra Ecuador por “cuestiones jurídicas relativas a la solución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, y la inviolabilidad de una misión diplomática”.

Recordemos que los dos países presentaron sus argumentos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo, en La Haya.

En esas audiencias, México sostuvo ante la CIJ que la invasión armada a su embajada “debe tener consecuencias”, y Ecuador alegó que ese asalto ocurrió en “circunstancias muy excepcionales”.

Ante la gravedad del episodio, México rompió sus relaciones con Ecuador, y retiró a su personal diplomático del territorio ecuatoriano. Jorge Glas continúa bajo arresto, aunque México reivindica que aún goza del estatus de asilado.

En tanto, Ecuador sostiene que la concesión del asilo a Glas por parte de México fue ilegal, ya que se trata de un acusado por la justicia común.

El presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO) negó que haya tenido un acercamiento con el Gobierno ecuatoriano tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito, hecho que provocó un rompimiento de relaciones entre ambos países y la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Cuestionado durante su conferencia de prensa matutina sobre los avances en la demanda y un posible acercamiento con el presidente Daniel Noboa, López Obrador aseguró que no ha habido contacto.

“No, además es un asunto también de principios, es un asunto de fondo. Es que fue muy grave lo que sucedió, o sea, imagínense que hay alguien que tiene asilo y que entran a la Embajada y se lo llevan, eso es violatorio de todas las normas de política exterior”, sostuvo el presidente.

López Obrador señaló que lo que está pidiendo su Gobierno, así como otros países, es que México u otra nación pueda dar asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien está en prisión por corrupción tras su arresto durante el allanamiento a la Embajada mexicana en Quito la noche del 5 de abril.

Dijo que el objetivo de su Gobierno también es trasladar a México a Glas, quien se resguardaba en la sede diplomática mexicana desde diciembre pasado.

Asimismo, López Obrador señaló que la demanda contra el Gobierno de Ecuador ante la CIJ avanza, pues sostuvo que Ecuador violó la soberanía de México al invadir la Embajada y el derecho de asilo para Glas.

“Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al Gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al Gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo haga un compromiso de no repetición”, expuso.

Recordemos que México rompió relaciones con Ecuador el 5 de abril, cuando la Policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada mexicana para detener a Glas.

Tras ello, México presentó una demanda ante la CIJ y en respuesta, Ecuador contrademandó acusando al Gobierno mexicano de violar las normas internacionales por el asilo que le dio a Glas mientras pesaban sobre él procesos penales por corrupción.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará el próximo 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito tras asaltar la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas el 5 de abril.

El máximo tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, dedicará dos días de audiencias a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países.

El 30 de abril escuchará los argumentos orales de México, y al día siguiente será el turno de Ecuador. Después, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio.

México inició el caso argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, y la inviolabilidad de una misión diplomática”.

Antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicitó a la CIJ exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”.

Además, pide que la Corte debería instar al Gobierno ecuatoriano a permitir que México “despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos”, y que “no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión” que la CIJ pueda emitir sobre el fondo de la disputa.

En medio de este conflicto, recordemos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el pasado lunes que no se arrepiente de haber ordenado ese asalto de la embajada mexicana.

Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que “fue una decisión muy difícil de tomar”, pero que lo hizo porque su Gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.

Justificó que la Convención sobre Asilo de Caracas señala que no se le puede dar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes.

Y es que sobre el exvicepresidente Glas pesaba una orden de detención por malversación de fondos públicos e ingreso en prisión preventiva por caso de obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido en 2016.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defenderá mañana martes su denuncia contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito en una reunión virtual extraordinaria de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Mañana vamos a tener nosotros una reunión, una videoconferencia, con presidentas y presidentes de América Latina y el Caribe, nos vamos a reunir por ese medio a las 9:00 de la mañana y vamos a tratar ese tema básicamente”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió a la denuncia que presentó el jueves pasado el Gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que pide suspender a Ecuador de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa pública por allanar la sede diplomática de México en Quito el 5 de abril.

Recordemos que la policía de Ecuador ingresó por la fuerza, apuntó con una pistola al jefe de Cancillería, Roberto Canseco, y se llevó al exvicepresidente Jorge Glas, resguardado ahí desde diciembre quien afrontaba un proceso por corrupción, lo que provocó que México suspendiera las relaciones diplomáticas.

La polémica creció el viernes pasado, cuando un tribunal de Ecuador declaró “ilegal” y “arbitraria” la detención de Glas en la Embajada de México, pero lo mantuvo en prisión al tener todavía pendiente por cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años anteriores.

Pese al caso de Glas, a quien México ya le había concedido el asilo político, López Obrador argumentó que la prioridad de su Gobierno es la denuncia en la CIJ por el allanamiento a la Embajada.

“Nosotros estamos atendiendo la denuncia que se presentó en la Corte Internacional de Justicia por la violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, eso es lo que tiene para nosotros prioridad”, apuntó.

La cumbre de la CELAC fue convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

López Obrador aseguró también que su denuncia busca que no se viole el derecho al asilo, pero no solo en el caso de Glas, sino en general.

“Desde luego, (buscamos defender) el derecho de asilo, que no solo incumbe a un país, a México, sino a todos los países del mundo, el que no se viole el derecho internacional, el que se respete el derecho de asilo, eso es lo que estamos nosotros defendiendo”, comentó.

El tribunal supremo de Naciones Unidas , la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió hoy a Rusia, por trece votos a dos, suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania.

“La Federación rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares” en Ucrania, dijo la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.

Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamado a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.

Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la ONU, Kiev argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El tribunal se alineó hoy con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes dictadas hoy por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que podría llevar años.

No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.