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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.

En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional.

El efecto es «que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo», indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.

En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido el acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con el argumento de garantizar la «confiabilidad» y «estabilidad» del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas «intermitentes» para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Cofece impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

En particular, la Cofece consideró que es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente», explica la notificación.

Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el «Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético» en México.

«El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN», publicó Nahle en sus redes sociales.

La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este lunes que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía, al considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

La COFECE consideró que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

«El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia (…) la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica», dijo la COFECE este lunes a través de un comunicado.

La Comisión dijo que se incide de manera grave y trascendente su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

Precisó que solicita a la Suprema Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado.

Finalmente indicó que si bien reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no sucede con la Política impugnada.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer el aplazamiento de su iniciativa de ley dirigida a fusionar tres organismo reguladores, que la semana pasada anunció y que fue cuestionada por opositores y expertos al considerarlo un riesgo para el contrapeso de poderes.

El pasado 9 de junio, Monreal presentó una iniciativa para extinguir y fusionar en un nuevo organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todos se agruparían en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

“He decidido posponer la presentación (de la iniciativa) e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma”, dijo Monreal, en un video publicado en redes sociales.

Señaló que en el “momento histórico” por el que atraviesa el país obliga a centrar la atención en los problemas derivados de la crisis sanitaria y “a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC”, entre México, Estados Unidos y Canadá.

El legislador no especificó cuándo retomaría el proyecto, y afirmó el domingo que no hay intención desde el oficialismo de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo, ni a la concentración de las funciones en el Ejecutivo, ni violentar la autonomía que hasta ahora tienen los órganos reguladores.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de la iniciativa, al resaltar que la propuesta permitiría ahorros al país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la iniciativa que ayer presentó el senador Ricardo Monreal, mediante la que se pretende extinguir el IFT, la COFECE y la CRE, y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

«No sabía de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal pero si ayuda a reducir los gastos cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación e organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto», respondió AMLO, quien dijo que estudiaría la iniciativa.

Y aunque dijo desconocer la propuesta del morenista, el presidente tenía preparado material para explicar su apoyo a la misma. Presentó una lámina en la que exhibió que tan solo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tiene 30 direcciones, por lo que dijo, es un aparato burocrático costoso.

Como ha sucedido en repetidas ocasiones, López Obrador acusó que en el periodo neoliberal se fueron creando «institutos pantalla»; además el IFT puso como ejemplo la creación del INAI.

AMLO acusó que «crearon organismos supuestamente autónomos e independientes y ahí se iba parte del presupuesto, todo lo que signifique ahorrar lo vemos bien”.

Recordemos que el senador Monreal presentó una iniciativa de reforma que busca desaparecer a los órganos reguladores del Estado: el IFT, COFECE y la CRE, y crear el INMECOB.

En el documento que se dio a conocer, el coordinador de la bancada de Morena, argumentó la política de austeridad que ha impulsado el gobierno federal, que, «más que nunca, dadas las condiciones en las que se encuentra la economía nacional, resultantes de la emergencia sanitaria (…) requiere que todos los poderes constituidos y órganos del Estado mexicano, coadyuven con el ineludible compromiso de reducir el gasto que representa su operación».

La iniciativa propone reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar «INMECOB”, un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.

Tras presentar la iniciativa, Monreal  aseguró que los tres órganos reguladores fueron consultados para la elaboración de la misma; sin embargo, tanto el IFT como la Cofece negaron que eso haya ocurrido.

«Respecto de la iniciativa de ley presentada el día de hoy, en la que se contempla la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (…) El IFT no tuvo conocimiento alguno sobre el anteproyecto que fue dado a conocer, por lo que no emitió comentarios ni sugerencias a dicha iniciativa». indicó el Instituto a través de un comunicado.

Por su parte la Cofece dijo que nunca fueron consultados, por lo que no hizo comentarios previos a que la iniciativa fuera presentada.

A nombre de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal presentó este miércoles la iniciativa de reforma que busca desaparecer a los órganos reguladores del Estado: el IFT, COFECE y la CRE, y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

En el documento que se dio a conocer, el coordinador de Morena en el Senado, argumenta la política de austeridad que ha impulsado el gobierno federal, que, «más que nunca, dadas las condiciones en las que se encuentra la economía nacional, resultantes de la emergencia sanitaria (…) requiere que todos los poderes constituidos y órganos del Estado mexicano, coadyuven con el ineludible compromiso de reducir el gasto que representa su operación».

En ese sentido, señala que algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias, podrían integrarse en uno solo, disminuyendo así la carga que representa cada uno de ellos para el pueblo de México.

Aclara que su fusión no afectará el cumplimiento de las funciones que hasta ahora realizan, ni las atribuciones con las que actualmente cuentan.

En ese sentido, la iniciativa propone reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar «INMECOB”, un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.

El INMECOB integrará a los órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características, y establecerá un solo regulador de competencia económica en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético.

Precisa que con el nacimiento del INMECOB, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

«La creación de INMECOB permitiría la existencia de un órgano regulador integrado con un mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias en cada sector», se lee en la iniciativa.

Refiere que la integración de las autoridades reguladoras de ciertos sectores con la autoridad de competencia implica la posibilidad de alcanzar una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores.

El INMECOB se constituiría así como un órgano autónomo, por lo que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendría por objeto garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados nacionales, así como el desarrollo eficiente de los sectores de las telecomunicaciones, la radiodifusión y energético.

Aclara que se transferirían las atribuciones de los órganos que se extinguen a favor del INMECOB; es decir, tendrá plena independencia en la implementación de su estructura orgánica para que alcance los fines constitucionales que se le encomiendan. No estará supeditado a ningún otro órgano del Estado, pero sí estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo; mantendrá, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; contará con autonomía e independencia técnica, funcional y financiera, y se sujetará a la política de austeridad republicana.

Basados en su argumento de eficiencia presupuestaria, Monreal señaló que se llevó a cabo un análisis de gastos de operación, que indicó que el INMECOB podría operar con un presupuesto total de $1,875,356,400.00 pesos.

Al considerar los 2,375 millones de pesos que hoy en día tienen de presupuesto total anual el IFT, la COFECE y la CRE, señaló que el creación del INMECOB representaría una disminución al presupuesto de 21.05% , es decir, 500 millones de pesos anuales.

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Grupo Aeroportuario del Sureste informó esta tarde que fue notificado por la Comisión Federal de Competencia Económica sobre una multa relacionada con supuestas prácticas monopólicas relativas a negativa de trato.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa aérea indicó que la multa está relacionada con el aeropuerto de Cancún, el cual está bajo su operación. Y detalló que la multa es por 72 millones 540 mil pesos.

De acuerdo con la Cofece, una práctica monopólica relativa a negativa de trato ocurre cuando una empresa se niega a comercializar un bien a un tercero, aún cuando este se encuentra en venta.

La empresa aeroportuaria señaló que impugnará esta sanción a través de los recursos legales necesarios.

Este jueves, la Primera Sala de la Suprema Corte otorgó suspensiones que impiden la reducción salarial a empleados de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la reducción salarial impuesta a los institutos autónomos podría ser interpretada como medida de presión política, por lo que la suspensión no afecta el interés de la sociedad.

Con esta resolución, ya son cinco las decisiones similares que obtienen empleados de cinco órganos autónomos para que no se les aplique la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.

Esta ley promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene elobjetivo de nadie gane más que el titular del Ejecutivo, cuyo salario es de 108 mil pesos mensuales, 1.6 millones al año.

Al menos 100 altos funcionarios de la Cofece y CNDH tienen percepciones superiores, por lo que promovieron, a título personal, juicios de amparo contra la medida.

Estos juicios se suman a una serie de controversias constitucionales que las respectivas instituciones autónomas han promovido para que sus empleados queden exentos en la aplicación de la citada ley. Los empleados de otras dependencias que han obtenido suspensiones en juicios de amparo trabajan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los hogares mexicanos pierden  en promedio, 16 de cada 100 pesos de su ingreso como consecuencia de los sobreprecios que genera el poder de mercado sobre 12 bienes y servicios de consumo generalizado y de alta demanda.  Este daño al poder adquisitivo afecta en mayor medida a las familias más pobres, pues la pérdida en su ingreso es de 31 por cada 100 pesos, cifra que es 4.4 veces mayor respecto a lo que pierden las familias con más recursos, revela un estudio publicado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Asimismo, al comparar la pérdida relativa del bienestar por regiones del país, es clara la brecha entre el norte con respecto al sur. Así, el suroeste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) ve reducido su bienestar 47% más que el noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora).

El estudio analizó el gasto en tortilla de maíz, pan, pollo y huevo, carne de res, carnes procesadas, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos, transporte foráneo de pasajeros y materiales de construcción, en los que encontró que existe un sobreprecio promedio de 98%, resultado del poder de mercado que prevalece en estos productos.

En estas categorías de gasto analizadas, las frutas son los productos con mayor sobreprecio, de 238%; el pan, 200%; los materiales de construcción, 113%, y los lácteos, 95%. Los de menor son bebidas no alcohólicas con 5%; medicamentos, 4% y carnes procesadas, 2%.

Para estimar el impacto del poder de mercado en el bienestar se utilizaron series del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2014) y de los Censos Económicos del INEGI.

 

Foto: Especial

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso una multa de 418 millones 309 mil pesos a la división Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) por incumplir uno de los compromisos que asumió ante dicha autoridad para restaurar la competencia en el mercado de comercialización y distribución de diésel marino especial y otros petrolíferos.

La Comisión indicó que dicho compromiso lo asumió Pemex TRI cuando solicitó el cierre anticipado del expediente que se le seguía, respecto a una investigación por una posible práctica anticompetitiva.

En 2015, Pemex TRI fue denunciada ante la Comisión por la posible realización de prácticas monopólicas relativas, específicamente por discriminación de trato. Es decir, por no brindar las mismas condiciones de suministro y venta de primera mano de diésel marino especial a distribuidores de este combustible que se encontraban en igualdad de circunstancias.

Detalló que antes de que la Autoridad Investigadora emitiera el Dictamen de Probable Responsabilidad, la empresa solicitó en septiembre de 2016, el cierre anticipado del expediente. A cambio se comprometió a ejecutar acciones para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia.

Dentro de los compromisos establecidos se estipulaba la presentación anual de un informe realizado por un auditor externo sobre los beneficios que Pemex TRI otorga respecto de la venta de primera mano y comercialización de todos sus petrolíferos, con el objetivo de verificar que la empresa da el mismo trato en la venta de primera mano a todos los competidores que participan en estos mercados.

Sin embargo señaló que el primer informe se entregó de manera extemporánea, con prácticamente un año de retraso, por lo que se desatendió “un elemento necesario y fundamental para que la COFECE pudiera verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”.

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) indicó que presentará al actual Gobierno Federal y al equipo de transición del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un documento que plantea acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de las contrataciones del gobierno.

Señaló que el enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno, es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores.

Indicó que tan solo en 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos. 78% de los contratos se otorgaron por medio de una adjudicación directa, 10% por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y solo 12% por medio de una licitación pública.

Detallaron que las entidades del Estado mexicano tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes y competidos para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.

Sin embargo, la COFECE asegura que de forma recurrente se presencian procesos de adquisición irregulares, donde se usan métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios; se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas, entre otras irregularidades.

Por ello, la Comisión presentará el documento al Gobierno Federal, al Equipo de Transición del Virtual Presidente Electo, a los próximos legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción, para «unir esfuerzos en la búsqueda del mejor ejercicio posible del gasto público».

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en marcha una licitación para adquirir hasta 3 millones 500 mil watthorímetros, la mayor compra de estos aparatos que se realiza en los últimos años. IUSA, empresa de Carlos Peralta, y Conymed, cuyo accionista formal es el cuñado de Peralta, Andrés Tort, se presentaron a la licitación pese a estar involucrados en una investigación por prácticas monopólicas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

 

Como ha sucedido en los últimos cinco años, las empresas Controles y Medidores Especializados (Conymed) y IUSA, ambas ligadas a Carlos Peralta Quintero, se perfilan para ganar los contratos que se desprendan de la licitación que la CFE tiene en marcha para adquirir hasta 3 millones 532 mil medidores de luz de baja tensión, y cuyo fallo se tiene previsto para este 26 de abril, a las 09:00 horas.

 

La compra de medidores es una de las principales adquisiciones que realiza la CFE. En este 2018, los contratos que se entreguen a los ganadores de esta licitación podrían sumar hasta más de 4 mil millones de pesos. Desde 2013 y hasta 2017, IUSA y Conymed han sido las grandes beneficiadas de las licitaciones de la CFE para la adquisición de medidores; en conjunto, obtuvieron contratos que suman poco más de 11 mil 833 millones de pesos.

 

Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 19 de junio de 2017, mostró cuál es la fórmula de Carlos Peralta para coronarse como el gran ganador de las licitaciones de la CFE. Su método consiste en participar en las licitaciones con dos compañías que, en apariencia, no tienen nada qué ver pero que sí están ligadas: IUSA y Conymed.

 

En octubre de 2017, la Cofece anunció la apertura de una investigación por posibles prácticas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de los medidores de luz adquiridos por la CFE.
Esta investigación, que sigue en curso, no impidió a IUSA y a Conymed a presentarse como participantes en la licitación del 2018 para la adquisición de medidores.

 

Con información de MCCI / Foto: Twitter @ElInformanteMX

El Pleno del Senado de la República ratificó a José Eduardo Mendoza Contreras como nuevo Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), por un periodo de nueve años, el cual concluirá en 2027.

 

 

José Eduardo Mendoza Contreras fue propuesto por el titular del Ejecutivo Federal tras acreditar el examen de conocimientos aplicado por el Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la Constitución Política.

La dependencia resaltó que el nuevo Comisionado fue titular de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la eficiencia de los mercados en la Secretaría de Economía (SE), donde coordinó diversos proyectos como el Consejo de Alto Nivel de Cooperación Regulatoria México–Estados Unidos.

Al interior de la COFECE ocupó el cargo de Director General de Investigación de Mercados de 2013 a 2014 y fue asesor de dos excomisionados de la entonces Comisión Federal de Competencia (CFC) de 2006 a 2013. Asimismo, cuenta con experiencia académica en diversas instituciones como la Universidad de Chicago, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

 

En el marco de las elecciones federales de 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) publicó el documento “Competencia Económica, Plataforma para el crecimiento 2018 – 2024”, en el que plantea, a partidos políticos y futuros candidatos, acciones específicas para que a través de la competencia «se favorezca la equidad y la entrada de nuevos competidores a los mercados».

 

 

 

 

«Fortalecer la competencia debe ser un esfuerzo conjunto de autoridades y legisladores, pues existen barreras cuya erradicación es de atribución exclusiva de instancias públicas distintas a la COFECE», indicó la institución, quien añadió que el documento es «una herramienta de apoyo para diseñar propuestas de política pública que favorezcan la competencia en los mercados, el crecimiento, las oportunidades de inversión y el emprendimiento».

 

Resaltaron que la propuesta busca ayudar a pensar propuestas transversales para eliminar los privilegios de unos cuantos agentes económicos de algunas actividades productivas del país, además de detallar retos puntuales en sectores que se considera fundamentales para el desarrollo nacional, como el financiero, energético, transporte, comercio exterior, contrataciones públicas y salud.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso multas para las agrupaciones de taxistas Confort y Servicios en Transportación Terrestre (Confort), Porto Taxi Terrestre Ejecutivo (Porto Taxi), Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 (Sitio 300), Yellow Cab y Transportación Terrestre Nueva Imagen (Nueva Imagen),  por prácticas monopólicas en los servicios de transporte origen o destino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

 

A través de un comunicado se informó que las empresas en cuestión firmaron un acuerdo en el cual decidieron contratar de manera conjunta a Santaló Estudios y Proyectos (SEPSA) para que elaborara un estudio tarifario, cuyo objetivo era determinar los precios que en el futuro debían registrar y cobrar por el servicio de taxi para mejorar sus ingresos, el cual una vez concluido fue registrado ante la Scretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 

Sin embargo luego de una revisión se encontró que recurrieron a prácticas desleales en contra de los usuarios del AICM, e incluso a otros participantes en mercados relacionados con el aeropuerto —como en el transporte aéreo de pasajeros— cuya competitividad depende de los distintos costos en los que incurre un viajero.

 

Se estimó que la práctica afectó a cuando menos 12 millones de personas y que el daño al mercado, calculado en función del sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015, fue de 771 millones 713 mil pesos.

 

Por tanto, la COFECE impuso multas que en conjunto suman 23 millones 627 mil pesos. Estos montos son los máximos que permite la ley vigente en función de la capacidad económica de cada uno de los sancionados, con base en los ingresos que las agrupaciones reportan ante el Servicio de Administración Tributaria.

 

 

 

 

Foto: Twitter