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Autoridades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que la Sesión Extraordinaria que fue convocada a petición de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fue cancelada.

En esta sesión, se pretendía modificar el Estatuto General del CIDE, con el fin de que el Conacyt y Álvarez–Buylla se hicieran del control total de la Casa de Estudios.

“Se informa a la comunidad del CIDE que la Primera Sesión Extraordinaria 2022 de la Asamblea General de Asociados del CIDE, acordada para las 09:00 horas del día viernes 14 de enero de 2022, fue aplazada en aras de garantizar el estricto apego a las disposiciones normativas relativas al proceso de notificación. Ello debido a que algunos asociados recibieron la carpeta de la sesión minutos después de la hora requerida para cumplir con el requisito temporal. Por lo tanto, la sesión se aplaza hasta nuevo aviso”, informó el CIDE.

Y es que académicos y alumnos del CIDE habían alertado que ante la resistencia que María Elena Álvarez-Buylla ha encontrado a su intención de mantener en la dirección a José Antonio Romero Tellaeche, buscaba cambiar los estatutos del Centro de Estudios.

Lo que el CONACYT buscaba es que el Consejo Directivo ya no tuviera participación en diversas decisiones, y por ende no tuviera injerencia en el nombramiento del Director general, así como que no tenga voz ni voto en la aprobación de los planes anuales de trabajo ni en los programas.

La reforma a los estatutos del CIDE le permitiría al Conacyt y por ello al gobierno, nombrar unilateralmente al Director General y al Secretario Académico, y eliminar el requisito de pertenecía a la institución de este último, además de que le permitiría renovar al Consejo Académico.

Recordemos que el Consejo Académico es el máximo órgano colegiado interno del CIDE, que incluye a 2 representantes de cada División Académica. El estatuto vigente señala entre las facultades del Consejo Académico, conocer y aprobar temas varios como el programa anual de trabajo, programas docentes, y cualquier cambio a los estatutos, a solo conocer y opinar sobre los temas sustantivos del CIDE.

Específicamente se pretendía modificar los artículos 29 y 30, que señalan que el Consejo Directivo del CIDE tiene el derecho de formalizar y presentar la designación del director general de la Institución y el artículo 42 que define las facultades del Consejo Académico.

Gran parte de la comunidad estudiantil y académica del país, rechazaron el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ya que es considerado afín al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y lejano a las demandas reales de quienes integran esta casa de estudios.

Y es que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla, confirmó este lunes la designación de Romero Tellaeche, quien venía fungiendo como director interino desde agosto pasado, pese a las denuncias de arbitrariedades, y abusos.

«Las instituciones académicas públicas no pueden permanecer ajenas a la transformación del país», declaró Álvarez-Buylla al referirse a la «transformación» que inició el presidente López Obrador con su mandato.

Mientras esto ocurría, decenas de estudiantes protestaban fuera de la sede el instituto, en el poniente de la Ciudad con consignas como «el CIDE resiste» y «va a dirigir a puerta cerrada». Incluso, algunos estudiantes denunciaron que el nuevo director acudió a su nombramiento con un escolta armado, como un intento de intimidar las protestas en su contra.

El CIDE, considerado uno de los centros públicos de investigación con mayor prestigio en México, causa controversia desde agosto, cuando renunció su director Sergio López Ayllón por falta de entendimiento con el Conacyt, que se ha alineado a la política «antineoliberal» de López Obrador.

Romero Tellaeche entró como director interino del CIDE en agosto pasado y desde entonces los estudiantes han denunciado los despidos «arbitrarios» de la secretaria académica, Catherine Andrews, y del director del CIDE en la Región Centro, Alejandro Madrazo.

La nueva dirección cesó en octubre por «pérdida de confianza» a Madrazo, quien había publicado un video en redes sociales en el que exigía mejores condiciones laborales, mientras que despidió a Andrews después de que ella advirtiera que no podía suspender las evaluaciones de profesores, como pretendía Romero Tellaeche.

La pugna del CIDE es un nuevo capítulo de los choques entre la comunidad académica de México y el gobierno federal, que el año pasado ordenó suprimir los fondos con los que operaba ese y otros centros de investigación.

López Obrador indicó esta mañana que el CIDE se «derechizó», además de que no ha estado a la «altura de las circunstancias» para combatir al periodo neoliberal, critica que hizo anteriormente a la UNAM.

«Sí, también (el CIDE se derechizó), aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que siento, además, es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México, un grupo de intelectuales, muy conservadores, acomodaticios», sostuvo en sus conferencia de Oaxaca.

López Obrador rechazó haberse «inmiscuido» en el nombramiento del nuevo director, aunque respaldó a la titular del Conacyt. «Nosotros lo que queremos es que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos en la academia, en los grupos intelectuales, porque también había mucha corrupción».

María Elena Álvarez-Buylla dijo que la designación de Romero Tellaeche tiene fuerza y legitimidad, además de que pese a las diferencias, indicó que desde el Conacyt se valora “el disenso y la crítica fundamentada, siempre en el marco de la legalidad. Las declaraciones de la funcionaria fueron descalificadas por la comunidad del CIDE, quienes han venido acusando la falta de disposición de las autoridades para escuchar sus exigencias.

Romero Tellaeche “sabrá conducir a la institución con altura de miras, con respeto irrestricto a todos los derechos humanos», dijo Álvarez-Buylla, en tanto, Romero Tellaeche aseguró que era una responsabilidad que le honraba, por lo que se comprometía a encausar al CIDE por la ruta del cambio que se requiere.

«El gobierno avanza a una transformación a fondo, el CIDE ha de responder a ese legítimo mandato», indicó Romero Tellaeche, añadiendo que es necesario establecer «nuevas líneas de investigación acorde con las necesidades vigentes».

“Conozco el valor del pluralismo, la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Habrá irrestricto respeto a los trabajadores. Administraré los recursos de forma austera con apego a la rendición de cuentas. El CIDE es una institución del estado mexicano y debe apegarse a las nuevas realidades», añadió.

Foto: Twitter @sitcide

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

 

El presidente López Obrador dice que ha puesto fin a la guerra contra las drogas y por ello ofrece al crimen organizado abrazos y no balazos. En cambio, está tratando como criminales a científicos, empresarios y opositores.

Se ha vuelto común que la Fiscalía presente acusaciones penales con prisión preventiva (sin fallo de culpabilidad) a personas que el gobierno considera incómodas. Preocupa, sobre todo, cuando estas acusaciones se hacen por delincuencia organizada a personas que no son parte del crimen organizado. Es el caso de científicos y directivos del Conacyt, que los jueces han rechazado procesar pero que siguen en la mira de la FGR; también de empresarios como los hermanos Zaga Tawil, acusados de delincuencia organizada por un tema que, si acaso, debe ser administrativo.

La figura de delincuencia organizada se creó para dar un trato de excepción a criminales extraordinariamente peligrosos. Surgió de la llamada convención de Palermo de diciembre de 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que estableció reglas de excepción para combatir a la Mafia y otras organizaciones que amenazaban o asesinaban a jueces y fiscales. La convención propuso que los países negaran a los miembros del crimen organizado derechos fundamentales como la libertad provisional o el acceso a los expedientes. No se trataba, sin embargo, de eliminar las garantías individuales de todos, solo de los criminales más peligrosos.

México, que siempre tuvo un sistema de justicia que no respetaba las garantías individuales, empezó a construir en este siglo XXI un sistema penal acusatorio más garantista, pero el gobierno de López Obrador dio marcha atrás con la legislación del 8 de noviembre de 2019, que estableció que, a partir del 1 de enero de 2020, los acusados de defraudación fiscal serían considerados por decreto miembros de la delincuencia organizada. La prisión preventiva oficiosa en esas acusaciones fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 25 de octubre, pero esta no emitido todavía un fallo definitivo.

Es paradójico que el gobierno ofrezca brazos y más magnanimidad a los verdaderos miembros del crimen organizado, mientras utilizan las medidas abusivas del régimen de excepción contra científicos, empresarios y crítico. A los exdirectores del Conacyt se les acusa de delincuencia organizada por haber ejercido recursos de conformidad con la legislación vigente en este momento y que fueron plenamente auditados. A Teófilo Zaga y a su hermano Rafael se les imputa delincuencia organizada por haber recibido una indemnización tras la cancelación de un contrato del Infonavit, indemnización que cumplía con los términos del contrato cancelado y que fue aprobado por el Consejo de Administración de Infonavit. Desde abril de este año, sin embargo, Teófilo Zaga está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya, con un tratamiento abusivo que supuestamente se reserva para los miembros del crimen organizado.

Nadie pide impunidad. Si los científicos del Conacyt o los hermanos Zaga cometió algún ilícito, que se les juzgue con equidad, acceso a los expedientes y libertad provisional. No deben ser tratados como criminales cuando no lo son, menos si no han sido declarados culpables. El gobierno de México hizo una ley violatoria de los derechos humanos para castigar a los criminales más peligrosos. Es injusto aplicarla a científicos, empresarios y críticos.

CASTIGO AL INE

Los diputados oficialistas borraron 5000 millones de pesos del presupuesto del INEM dejando intacto los recursos de los partidos políticos. al parecer el régimen quiere castigar alimento al INE, para quitarle lo igualado al consejero presidente.

Este lunes, en redes sociales comenzó a circular información sobre dinero que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) habría entregado a la hija de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por concepto de subsidios para capacitación y becas.

La cuenta @ALEPHBIO compartió capturas de pantalla de la Plataforma de Nacional de Transparencia del INAI, donde se muestra que en 2019 el Conacyt otorgó 820 mil 684 pesos a Mariana Imaz Sheinbaum.

Además, en 2020 la hija de Sheinbaum Pardo habría recibido 191 mil 752 pesos adicionales por el mismo concepto. En total, Mariana Imaz Sheinbaum habría recibido del Conacyt, entre 2019 y 2020, un millón 012 mil 436 pesos con 73 centavos.

Según revisiones periodísticas, se especifica que «el pago corresponde a manutención para Becas de Posgrado Nacional y al Extranjero, seguro médico en el caso de becas al extranjero, Estancias Sabáticas, Estancias Posdoctorales nacionales y al extranjero».

El usuario también indicó que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se otorgó a Mariana Imaz Sheinbaum, recursos por 660 mil 131 pesos por conceptos de subsidios para capacitación y becas.

Recordemos que la hija de la mandataria capitalina es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona, y en 2016 inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz. Según el Instituto de Investigaciones Filosóficas Mariana Imaz Sheinbaum se encontraría en una estancia postdoctoral, el cual concluye en septiembre de 2022.

La filtración se da en medio de la polémica que vive la comunidad científica y académica del país, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de supuesta delincuencia organizada, al haber «desviado» mediante una asociación, recursos públicos. Esta acusación se desprende de una investigación que la titular de Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, habría entregado al presidente y compartido con la Fiscalía.

La FGR busca vincular a proceso, y por ende encarcelar a 31 científicos miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la asociación que se acusa sirvió para desviar los recursos, además de exfuncionarios del Conacyt. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado partido y dijo que se debe investigar el caso y si hay algún delito que perseguir, se debe actuar.

Al respecto, Claudia Sheinbaum fue cuestionada esta tarde en su conferencia de prensa diaria, en la que se refirió a los señalamientos sosteniendo que está muy orgullosa de mi hija, pues explicó, por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y a raíz de ello, como lo han hecho otras personas en el país, accedió a una beca del Conacyt.

«Nosotros ni utilizamos… nunca lo hemos hecho, yo me formo para sacar mi pasaporte o me formo para sacar mi Licencia; nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites. Particularmente, ella tiene su beca desde 2016, que esto es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado; me siento muy, muy orgullosa de ella y eso, pues es importante que se conozca. No creo que, pues estos ataques familiares ni ayuden a un ambiente sano; y, también, pues no creo que sean buenos de ninguna manera», sostuvo la mandataria capitalina.

La morenista ironizó al decir que la beca de su hija fue autorizada en 2016, cuando la espiaba el gobierno de Peña Nieto a través del software Pegasus.

«O sea que no hay ninguna influencia ni mucho menos, al contrario, es… y, ojalá, muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder salir al extranjero o estudiar universidad, posgrado, ese es nuestro anhelo: la igualdad y el Derecho a la Educación», remató Sheinbaum Pardo.

El presidente no quita el dedo del renglón y dijo este viernes que se debe a investigar presuntos desvíos de dinero por parte de científicos, académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes se acusa de gastaron 561 millones de pesos de dinero público de manera injustificada.

El mandatario explicó en su habitual conferencia de prensa matutina que recibió dos informes de parte de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien en distintas ocasiones ha señalado que ella no tenía nada que ver con esta investigación, en los que se detallan las acusaciones al grupo de científicos.

«La asociación (Foro Consultivo Científico y Tecnológico) recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 461 millones de pesos para cubrir gastos de operación», leyó López Obrador del texto que presentó esta mañana en su conferencia de prensa.

Dijo que entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y hasta viajes al extranjero.

En el informe que generó la titular del Conacyt, se detalla que el Foro Consultivo  adquirió un inmueble «de lujo» en la alcaldía Coyoacán, «con recursos que no justificó.

Además, dice el informe, dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó omisiones de las autoridades federales en relación al rescate de cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos.

Sobre la situación de la acusación y la solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de órdenes de aprehensión para los implicados, el presidente consideró que hay que investigar el caso en profundidad sobre este «grupo predilecto del régimen anterior».

«Como ya no se pueden mantener estos privilegios ahora se sienten perseguidos, pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? Que se investigue, y si hay corrupción que se castigue», sostuvo el presidente.

Además, el mandatario mostró un tuit que presuntamente publicó uno de los investigados, en que lo insulta a él y a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y al fiscal Alejandro Gertz Manero.

«Esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales», terminó el mandatario, quien consideró que todo «esto que antes estaba tapado» está saliendo gracias a la «transformación» que está viviendo el país.

Luego de que un juez con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México rechazara por segunda ocasión la solicitud de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos y científicos, al Fiscalía General de la República (FGR) criticó la negativa del juzgador, e indicó que insistirá para obtenerlas.

Y es que la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de exfuncionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público, entre los que se contempla al de delincuencia organizada.

«Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios (…) esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso», señaló la FGR a través de un comunicado la noche de ayer.

El juez de distrito informó que la empresa privada que crearon (Foro Consultivo), autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ante ello, la FGR indicó que no comparte dicha justificación, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro Consultivo como un órgano interno de esa Institución.

Además dijo que dichas leyes no permiten, en modo alguno, que el Foro Consultivo pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por dichas razones, adelantó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando «con toda claridad» lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los científicos y exfuncionarios de Conacyt, así como las pruebas que lo acreditan.

«La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial», señaló la Fsicalía.

Entre los nombres que aparecen en la lista de científicos que la FGR busca encarcelar, aparecen: Enrique Cabrero Mendoza; Julia Tagueña Parga; Ariana Ramona uerra Gómez; David García Junco; Víctor Carreón Rodríguez; Jesus Borja Tamayo; Rafael Ortega Reyes; María Dolores Sánchez; Miguel Guajardo Mendoza; Luis Gabriel Torreblanca; José Roque Díaz; Luis Mier y Terán Casanueva; Elías Micha Zaga, En total, se trata de seis miembros del Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que la Fiscalía General busca arrestar por corrupción a científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un caso que ha despertado polémica y el rechazo generalizado en redes sociales.

«Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme», respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que según se ha reportado, el Fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.

La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos por parte de dichos trabajadores.

Sin embargo, los detractores del gobierno acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente que la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el más alto reconocimiento.

Incluso el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, arremetió contra la actuación de la Fiscalía, que consideró «un despropósito e inconcebible». En un acto para conmemorar los 100 años del escudo de la UNAM, el rector hizo un alegado a favor de la «división de poderes» y el «respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados».

Pese a la polémica generado, esta tarde se reportó que el juez encargado de evaluar el caso rechazó las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador defendió que «el que es inocente no debe de preocuparse para nada» puesto que en su gobierno no se fabrican delitos, como ocurría en gobiernos anteriores.

Reiteró la confianza que le tiene a la Fiscalía y a su titular, que dijo, «no creo que cometan ninguna injusticia». Calificó al fiscal como un hombre recto, íntegro, y de confianza. «No hay persecución política para nadie, no es venganza».

No es primer escándalo que enfrenta Gertz Manero, quien fue ratificado en 2019 Fiscal General por el Senado a propuesta de López Obrador. Ha sido señalado de aprovechar su cargo e influencia para perseguir judicialmente a su familia política, a la que acusa de haber asesinado a su hermano Federico Gertz en 2015.

Gertz Manero también levantó críticas de activistas por proponer en 2020 modificar la tipificación del delito de feminicidio y por impulsar una reforma de la Fiscalía para despojarla de sus labores de búsqueda de desaparecidos.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a quien en las últimas horas se ha señalado de aparecer registrada en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

AMLO dijo que su esposa es académica, en una Universidad pública en done da clases y realiza tareas de investigación.

El mandatario explicó que hace dos años aproximadamente presentó examen para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, en donde obtuvo la clasificación de candidata a investigadora.

Posteriormente, gracias a la promoción que hubo para abrir 10 mil nuevas plazas a investigadores, presentó su examen, el cual permitió que le dieran la categoría investigadora nivel 1. AMLO dijo que la también escritora se sometió a todo el proceso que se requería.

«Se sometió a todo el procedimiento. Pero los que no nos quieren, los que no nos ven con bueno ojos, pues me dieron conocer que era una imposición, pero nosotros no hacemos eso. Nada más aprovechó para aclararlo”, sostuvo el mandatario.

Y es que de acuerdo con los resultados de la convocatoria de ingreso o permanencia a este sistema del Conacyt, Beatriz Gutiérrez Müller obtuvo el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Para obtener dicho nivel, se debe poseer grado de doctorado, haber realizado trabajos de investigación que se puedan demostrar con la presentación de productos de investigación o desarrollo tecnológico, y haber participado en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado, o haber impartido asignaturas o actividades docentes.

Recordemos que la también escritora fue nombrada investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuanta con el grado de doctorado en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Al ser aceptada como investigadora nivel 1 del SNI, tendrá derecho a pago mensual de 15 mil pesos.

En más temas relacionados con su familia, el presidente fue interrogado sobre su hermano Pio López Obrador quien pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenar la investigación que el INE realiza sobre los videos que salieron a la luz, al argumentar que los hechos por lo que es señalado ya prescribieron.

«Que se aplique le ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política», respondió López Obrador.

Respecto a si sí prescribieron las acusaciones, AMLO dijo que él prefería no meterse en eso, y que sea la autoridad competente quien lo determine.

En ese sentido, dijo que él no le va a hablar a ningún jue,  ni le va a hablar a algún ministro o al Fiscal para pedir algo o comentar sobre el tema.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió a la defensa de dos de sus colaboradores, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

«Ya estoy viendo que en un periódico, creo que en El Universal, se le están lanzando a la directora del Conacyt porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos, ya la están queriendo desacreditar. Un poco lo que le sucedió ayer en el senado al doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron», dijo AMLO.

Y es que este martes, el diario El Universal, publicó una investigación que refiere que aunque se ha posicionado a favor de la desaparición de los fideicomisos, María Elena Álvarez-Buylla, recibió 17 millones 228 mil 714 pesos de dichos fondos.

Se indica que desde 2003 a 2015, la funcionaria recibió apoyos para financiar varios de sus proyectos de investigación.

Tan sólo en 2003, Álvarez-Buylla obtuvo 10 millones 598 mil 714 de pesos para el financiamiento de tres diferentes proyectos a través del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental Semarnat-Conacyt y el Fondo Institucional del Conacyt, refiere El Universal.

Sobre López-Gatell, AMLO se refirió a su comparecencia ayer en el Senado, misma que tuvo que suspenderse debido a que no existían las «condiciones de civilidad» para que el subsecretario continuara compareciendo, según dijo el presidente de la Comisión de Salud.

Diputadas de oposición, especialmente del PAN, cuestionaron duramente al funcionario por su desempeño en el manejo de la pandemia de Covid-19.

«Están muy molestos, muy enojados», dijo AMLO sobre los cuestionamientos a sus colaboradores; incluso dijo que en lugar de estar cuestionando, sus opositores deberían estar ofreciendo disculpas y apenados de todo lo que se permitió en el pasado.

López Obrador insistió en que quienes se oponen a los cambio que se están haciendo (fideicomisos) o de las decisiones que se toman (manejo de la pandemia), son quienes quieren que se regrese al régimen de corrupción, injusticias y de privilegios que se vivía en México.

El gobierno federal presentó esta mañana los dos primeros modelos de ventiladores de respiración asistida diseñados y fabricados en el país para atender a enfermos críticos de Covid-19.

«Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México. Ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana. Es un ventilador hecho en México, el cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico y fundamental», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Los equipos llegan casi cinco meses después de que se registrara el primer caso de Covid-19 en el país, y más de siete meses después de que se supiera de la existencia del virus en el mundo.

El mandatario recordó que México no disponía de equipos propios hasta ahora y que el país ha tenido acceso a los respiradores gracias a la «solidaridad internacional» de otras naciones, que le han vendido dichos aparatos.

En la conferencia fueron presentados dos modelos, uno llamado Ehécatl (dios del viento mexica) que fue patentado por el Estado mexicano, y otro llamado Gätsy («suspiro» en idioma otomí), que ha sido desarrollado en colaboración entre el Gobierno y la empresa Dydetec.

«Hicimos esfuerzos para el desarrollo de equipos de alta especialidad que son claves y estratégicos. México dependía del extranjero, como en muchos otros aspectos, de tecnología estratégica», dijo María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien coordinó el desarrollo de los equipos.

Álvarez-Buylla anunció que ya se están fabricando 1,000 equipos, 500 de cada modelo, con un costo total de 259.9 millones de pesos.

«Un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar 1,000 ventiladores, que se están ya fabricando masivamente. Hubiera costado mucho más adquirirlos en el extranjero», explicó la directora del Conacyt.

Detalló que los dos modelos comparten un alto grado de seguridad biomédica, calidad y sensores de control y que «ambos son ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases».

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, aseguró que  pese a lo que se ha especulado, no habrá una reducción en el presupuesto para la formación de especialistas, y por el contrario, irá en aumento.

“Para el presidente de la República es fundamental el desarrollo científico, tecnológico, y la formación de especialistas. No solamente no se va a reducir (el presupuesto) va a haber un aumento en los apoyos para la formación de especialistas”, expresó.

Álvarez-Buylla afirmó que siempre se ha privilegiado el mantener y aumentar los apoyos a las becas.

 

Referente a los ventiladores médicos que prometió entregaría el Conacyt entregar el pasado 15 de mayo, Álvarez-Buylla señaló que lo que ella prometió fue el comienzo de la construcción de los mismo. Rápidamente las redes sociales se encargaron de recordarle que su promesa fue otra.

La también investigadora reconoció que aunque ya se inició la construcción de los ventiladores, la alta demanda de algunas piezas en el mercado han imposibilitado su entrega.

“Hubiera sido posible (la entrega) de no ser por la complejidad en el mercado de abasto de algunas de las partes, si bien una parte importante de los componentes de estos ventiladores son desarrollos nacionales (…), hay algunas partes de las más críticas que han estado bajo una demanda tremenda en todo el mundo”, señaló.

Y es que recordemos que el mes pasado, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Álvarez-Buylla, se comprometió a tener listos 700 ventiladores mecánicos para soporte a los enfermos de COVID-19.

Incluso en el comunicado que el propio Conacyt emitió, se lee que «el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asumió la responsabilidad de coordinar el diseño y manufactura de ventiladores 100% mexicanos (…) la meta es tenerlos ensamblados y listos para el próximo 15 de mayo».

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solicitó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ser «solidarias» con el país y la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia de Covid-19.

En un documento firmado por María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta de Desarrollo Científico, se les pide donar de manera voluntaria uno, dos o tres meses del estímulo que reciben para apoyar al sistema de salud en el país.

«La aportación de la Comunidad Científica podría representar una ayuda significativa a las necesidades más urgentes del sistema de salud», se lee en el texto.

En el texto se menciona que en caso de que todos los integrantes del SNI accedan a donar, se podría reunir un aproximado de 550 millones de pesos al mes, o si acceden a donar su estímulo por tres meses podrían recaudar 1,650 millones de pesos.

Se hace mención que los recursos serán necesarios pues en muchas regiones del país aún no entran en la fase de expansión de la pandemia, por lo que se irá incrementando el número de contagios de Covid-19, además de que se reconoce que la etapa posterior a la pandemia significará retos económicos y sociales importantes.

«El país agradecerá la generosa contribución que cada uno de nosotros podamos realizar de acuerdo con nuestras posibilidades», remata el texto.

El Sistema Nacional de Investigadores se creó en 1984, y los montos de los estímulos varían entre los 8 mil y los 31 mil pesos mensuales, de acuerdo al nivel que se tenga.

Durante la conferencia matutina de este martes 4 de junio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional se abordaron estos temas:

  • El presidente informó que presentará la lista de viajes al exterior solicitados por funcionarios públicos «sin nombres» y advirtió que ya se acabó el «turismo político a costillas del erario público».
  • AMLO confió en que habrá un acuerdo con Estados Unidos antes del 10 de junio para que no se apliquen aranceles a productos mexicanos, tal como lo anunció su homólogo Donald Trump, pues aseguró que hay indicios de que al país vecino le importa alcanzar una negociación.
  • Luego de que un juzgado suspendiera los trabajos en el aeropuerto de Santa Lucía hasta que el gobierno federal cuente con los estudios de impacto ambiental, el Presidente dijo que “no hay obras todavía” y respetará la decisión del juez.
  • Dijo que casos similares aplican con la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, o el Tren Maya, que correrá en el sur sureste del país, «lo mismo con la refinería, que si no hay estudio de impacto, que no se va a terminar en tres años, que si va a costar el doble, los expertos opinan eso; el Tren Maya lo mismo, que se van a afectar los bosques, las selvas tropicales (…) no se afecta ningún bosque, ninguna selva, ninguna reserva» comentó el mandatario.
  • López Obrador evitó opinar sobre los «uniformes neutros» presentados ayer por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues consideró que es un tema muy polémico y que él debe guardar respeto.
  • AMLO no asistirá a Cumbre del G-20, enviará en su representación a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, con quienes enviará una carta a los líderes mundiales.

La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, Beatriz Paredes, se solidarizó con la comunidad académica, esto ante una posible afectación en los ingresos de los investigadores a consecuencia de la Ley de Austeridad que promovió el gobierno federal.

La senadora se expresó así durante la comparecencia de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, a quien le dijo que darán la batalla, “no en contra del Conacyt, sino a favor de la ciencia y la tecnología, precisó”.

Álvarez-Buylla Roces rechazó que la actual administración desestime la inversión de recursos en ciencia tecnología, pues dijo tiene claro que es un rubro que se requiere fortalecer en el país.

Aclaró que la información respecto de los recursos que se destinan a becas, investigación y al comedor de la institución es una distorsión que se ha manejado y no corresponden a las acciones que llevan a cabo en el Consejo.

La funcionaria reconoció que si bien hay una reestructuración en la dependencia, el Conacyt ha transferido recursos para olimpiadas, incluida la Sociedad Mexicana de Matemáticas, caso que tomó relevancia en recientes días por la intervención del cineasta Guillermo del Toro.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que sociedades y academias tienen dinero “más que suficiente” para apoyar los niños para que asistan a las olimpiadas y sobre todo para hacer un impacto más profundo en las vocaciones tempranas.

Respecto al escándalo que se suscitó por el llamado “comedor fifí” del Conacyt, dijo que aunque el sindicato y el Consejo mantenían un acuerdo para el servicio de comedor, los trabajadores no recibían alimentos de calidad. “Los cambios en la alimentación de los trabajadores como el comedor forman parte de las mejoras en las condiciones de trabajo del personal”.

Finalizó indicando que se seguirán las políticas de austeridad del gobierno federal, pero “estaremos haciendo los análisis y recomendaciones para que las condiciones de todos los investigadores del país sean equivalentes y dignas”.

Pese al discurso y acciones que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para lograr un gobierno austero y acabar con los lujos que se tenían, todo parece indicar que para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no aplica la regla.

Una investigación del diario El Universal reveló que el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, destino 15 millones 78 mil 457 pesos a servicios de alimentación; pero no cualquiera, uno gourmet.

El dinero fue destinado para pagar un chef privado, saloneros, un nutriologo, entre otros servicios, a la empresa Pigudi Gastronómico S.A de C.V., quien será el encargado, hasta el 31 de diciembre próximo, de cocinar desayunos y comidas orgánicas y bajas en rasas, para al menos 120 trabajadores.

Y es de acuerdo a los documentos exhibidos por el diario, el contrato que se firmó con la empresa (que dicho sea de paso, fue una de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto) señala que los platillos que se sirvan deben realizarse exclusivamente con «productos orgánicos y/o campesinos agroecológicos sin tóxicos, de alta calidad y ser adquiridos por productores agrícolas de la región.

Además, se le advierte a la empresa que «por ningún motivo se permitirá que los alimentos procesados sobrantes se sirvan en otra comida o se utilicen como insumos para elaborar otros platillos o bebidas; también se le pide no repetir los menús.

Entre los ingredientes que el Conacyt pide para la elaboración de sus alimentos se encuentra: cárnicos de primera calidad; salmón; huachinango; robalo; pollo orgánico; arroz silvestre; entre otros. Permite, algunas «gustitos» como pozole, lomo de cerdo; pollo tipo Kentucky, tacos de barbacoa, cochinita pibil y romeritos.

La información sale a la luz en medio de diversas críticas que se le han hecho al Conacyt por recortar apoyos a la investigación: becas, centros de investigación, entre otros recortes presupuestales.

Hasta ahora, el Consejo se ha limitado a publicar en su red social un mensaje en referencia a lo expuesto por El Universal. Indicó que el comedor para trabajadores del Conacyt es un derecho laboral, más no un lujo como se pretendió hacer parecer.

«Es una conquista del contrato colectivo de trabajo que el Conacyt ha respetado y fortalecido mejorando la calidad de los alimentos», justificó.