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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que está dispuesto a pagar una indemnización a Grupo México si fuera el caso, luego de que su gobierno decretara la ocupación temporal de un tramo ferroviario operado por una de sus subsidiarias.

La gigante minera indicó el fin de semana que continúa analizando el alcance y los efectos de la medida, por la que la Marina ocupa instalaciones de su unidad Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en Veracruz.

López Obrador aseguró que las acciones tomadas por el gobierno son una “recuperación de una concesión”, y no una ‘expropiación’ como han acusado sus opositores, medios y la cúpula de la iniciativa privada..

Explicó que se trató de una recuperación de una concesión, que aseguró, es completamente constitucional y legal.

“¿Qué es expropiar? Lo que es de propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión, que es de la Nación”, justificó AMLO.

Cuestionado sobre cuánto tiempo durará la toma de las vías, el presidente afirmó que todo depende de “la actitud de la empresa”. Reveló que meses atrás, un acuerdo con Grupo México avanzaba y estaba a punto de firmarse.

Sin embargo, indicó que un día le dejaron de contestar el teléfono al secretario de Gobernación, a quien encomendó cerrar dicho acuerdo. Incluso dijo que después de que se había mostrado disposición a alcanzar el acuerdo, abogados de Grupo México pidieron un pago 9,500 millones de pesos a cambio del tramo que formarán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“De repente nos cancelan un acuerdo y ya querían empezar a interponer amparos y detenernos. Querían que las pagáramos 9 mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede”, sostuvo el mandatario.

Ante esta situación, se dijo a favor de “que se haga después del procedimiento legal” y que sea la autoridad competente quien mande a hacer un avalúo y en caso de que corresponda, se pague una indemnización”.

Finalmente, López Obrador aclaró que lo sucedido con Ferrosur es una situación independiente de la operación que venta-compra que Grupo México tiene con Citigroup por Banamex.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comparar Banamex”, dijo López Obrador recordando que está de acuerdo con que Larrea sea quien compre el banco, siempre y cuando cumpla con los peticiones que hiciera en torno al proceso de compra-venta.

Un juez ordenó este fin de semana detención de tres personas por la supuesta explotación ilegal de la mina El Pinabete, donde permanecen atrapados 10 mineros desde hace un mes.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo en un comunicado que las órdenes de aprehensión se emitieron luego que las tres personas procesadas no acudieron a una cita judicial. Sin embargo, las autoridades no informaron la identidad de las tres personas.

Uno de los solicitados es procesado por su probable responsabilidad en la dirección y administración de la explotación ilícita del subsuelo en la mina, mientras que las otras dos personas son investigadas por permitir que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón en ese lugar, señaló la fiscalía.

Recordemos que desde el 3 de agosto 10 mineros quedaron atrapados en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, que se inundó cuando los trabajadores se toparon con un área contigua de una vieja mina, que estaba llena de agua, lo que provocó una inundación de tres pozos con unos 60 metros de profundidad.

Del grupo de 15 trabajadores que estaban en la mina sólo cinco lograron salir con vida.

La fiscalía informó el 11 de agosto que solicitó una audiencia para imputar a una persona identificada como Cristian “S” por su probable responsabilidad en todos los actos de dirección y administración y en la explotación ilícita del subsuelo en la mina.

El imputado registró a los trabajadores ante instancias laborales, pero no era el representante de la minera que suscribió el contrato de suministro de carbón con la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), según indicaron medios locales.

Sobre el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando quién recibió la concesión para explotar la mina, y admitió que hubo “una especie de subcontratación”.

Sobre el sector minero, hoy por la mañana el presidente dijo que los actuales concesionarios de van a seguir manteniendo sus concesiones. Insistió que la política que se definió al inicio de su sexenio fue no entregar nuevas concesiones, pues dijo, se cayó en un exceso.

Sin embargo, reconoció que si puede haber algún tipo de adecuación en  la ley para que se regule la explotación minera con mayor detenimiento.

El anuncio sobre las órdenes de captura se da luego que el gobierno informó la semana pasada que se llegó a un acuerdo con familiares de los mineros para concretar el rescate a los trabajadores, proceso que se estima que tomará entre seis y once meses.

Según explicó la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, se evalúan tres “opciones” para el rescate, una de las cuales consiste en abrir un túnel con “rampas de acceso inclinado” para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua.

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro. Pero el nivel del agua aumentó a más de 30 metros el 14 de agosto y se ha mantenido.

El acuerdo propuesto por el gobierno no tuvo un respaldo total de las familias, que se han venido quejando de la demora de las autoridades en el rescate de los mineros.

López Obrador dijo que su gobierno indemnizará a las familias de los mineros con una cantidad superior a lo convencional, aunque no precisó la cifra.

El año en que José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de la República, obtuvo su visa de trabajo en Estados Unidos, gracias a la intermediación de KEI Partners, empresa inmobiliaria fundada en Houston por los hijos del fundador de Vidanta, la empresa recibió en 2020 la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar una playa, así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos megaproyectos turísticos en Jalisco y Nayarit.

En junio del mismo año Chávez Morán fue nombrado por López Obrador como su representante en la supervisión del tramo del Tren Maya que atraviesa la Riviera Maya, en donde Vidanta también tiene un conjunto de hoteles que serán beneficiados con la obra ferroviaria.

De acuerdo con la prórroga de la concesión DGZF-508/05, autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se le permite a Desarrollo Marina Vallarta SA de CV utilizar por 15 años 84 mil 447 metros cuadrados de playa, considerada zona federal, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, sede del bastión de grupo Vidanta.

La concesión original había sido otorgada en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, y vencía en mayo de 2020. La prórroga autorizada por Rodrigo Hernández Aguilar, director de Zona Federal Marítimo Terreste, permitirá que Vidanta utilice la playa hasta el año 2035.

Según el documento de autorización, al que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, la concesión renovada es para uso de muro de contención, palapas, restaurante, albercas, áreas verdes, así como para realizar eventos y actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas en general.

En noviembre de 2012, Medio Ambiente ya había autorizado una modificación a ese título de concesión para obras como módulo de regadera, accesos a la playa, embarcadero, módulos de palapas, un campamento tortuguero, dos albercas, un restaurante, y un muro de contención, entre otras.

De acuerdo con los registros, Desarrollo Marina Vallarta SA de CV está conformado por los hoteles Sea Garden, Grand Luxxe y Celebrate Park, cuyos socios son Daniel Jesús Chávez Morán y Daniel Omar Chávez.

La Secretaría de Medio Ambiente refiere que Desarrollo Marina Vallarta SA de CV ha cumplido con el pago de derechos como concesionaria y ocupante de la zona federal marítima terrestre y pone como ejemplo que en 2018 pagó 3.8 millones de pesos por el uso de playa.

En agosto de 2019, el gobierno federal había otorgado a Vidanta otra ampliación de concesión de playa, por siete años, en una superficie de 1,094 metros cuadrados en el desarrollo turístico Playa Diamante, en Acapulco, para uso de albercas, asoleadero y accesos a la playa.

Investigación completa en MCCI

Foto: Twitter @grupovidanta

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aplazó la resolución de la solicitud de la empresa América Móvil, del empresario Carlos Slim, para prestar servicios de televisión de paga a través de la firma Claro TV.

Según medios locales este día el pleno del IFT resolvió que la Unidad de Concesiones y Servicios establezca “un nuevo proyecto que fundamente una autorización o negativa”.

Reforma señaló que tres de los cinco comisionados del pleno del IFT “desecharon el proyecto” que buscaba negar a Claro TV la concesión para brindar el servicio “por considerar que el documento presentado era deficiente, por lo que se tendrá que ser reformulado”.

Mientas que el periódico El Economista dijo que la elaboración de un nuevo proyecto “se llevará varios meses y, en la práctica, significa que el IFT volverá a votar sobre este asunto cuando muy pronto en 2023 o quizá en 2024”.

A pesar de la información publicada, hasta el momento no se conoce una postura oficial ni del IFT ni de América Móvil.

El martes, América Móvil, gigante de las telecomunicaciones, rechazó “las preocupaciones erróneas” que expresó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) por su posible ingreso a la televisión de pago mexicana.

Los directivos de América Móvil ofrecieron una conferencia después de que trascendió que el USTR expresó a la Secretaría de Economía de México y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) su “preocupación” por la posible entrada de Claro TV al mercado.

Recordemos que América Móvil ha buscado por años ser proveedor de televisión por cable en México, pero tras la reforma de telecomunicaciones de 2013 es considerado “agente preponderante” del mercado, por lo que está bajo una “regulación asimétrica” para garantizar la competencia.

Los directivos expresaron que “tan pronto como reciban la concesión” podrían iniciar a ofrecer el servicio, que implicaría una inversión adicional de 8,000 millones de pesos. América Móvil ya es el mayor proveedor de televisión de pago de Latinoamérica, con Claro TV.

Una coalición de once gobiernos nacionales y subnacionales acordaron este jueves en la cumbre del clima de la ONU COP26 poner fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en los territorios bajo su jurisdicción.

En una iniciativa impulsada por Dinamarca y Costa Rica, llamada “Beyond Oil and Gas Alliance” (Alianza más allá del petróleo y el gas, BOGA, en inglés), once Ejecutivos (más otro en concepto de ‘amigo’) se han comprometido a acabar con la explotación de estos recursos fósiles “en una transición justa y bien gestionada”.

Según se anunció en una rueda de prensa, además de esos dos socios fundadores, se adhieren al grupo como “miembros principales” Francia, Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Québec (Canadá) y Groenlandia. Además, Nueva Zelanda, California (Estados Unidos) y Portugal son miembros “asociados” e Italia se une de momento como “amigo de BOGA”.

Los miembros principales de la alianza se comprometen a poner fin a la concesión de nuevos permisos de exploración, mientras que los asociados deben demostrar que realizan esfuerzos para su eliminación progresiva, como el fin de las subvenciones.

Además, Italia se unirá como “amigo”, lo que, según la organización, implica que apoya sus objetivos.

En el acto de presentación, celebrado en las instalaciones de la COP26, el Ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca, Dan Jørgensen, declaró que su gobierno pondrá “fin a la era fósil”, no porque “no haya más petróleo disponible”, sino porque “es lo que hay que hacer”.

Destacó que, para su país, “uno de los principales productores europeos de petróleo”, esta será “una decisión cara pero acertada” debido a que tendrán que afrontar “la transformación del sector fósil”.

La ministra de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza, dijo que, a pesar de que su país no es productor de petróleo, dispone de reservas, unos depósitos que prohibieron explotar hace 20 años. Meza aseguró haber recibido “mucha presión para revertir esa norma”, por lo que blindará esa decisión con la aprobación de una nueva ley en ese sentido.

La ministra costarricense se reafirmó en la decisión de formar parte de BOGA porque “cada dólar fósil es un dólar menos para la conservación de la naturaleza”.

Suecia, también miembro principal de esta alianza contra el gas y el petróleo, representada por su ministro de medio ambiente y clima, Per Bolund, dijo que el futuro es renovable y que su país aprobará el próximo verano una ley que fijará la prohibición de la búsqueda de combustibles fósiles.

La ministra de transición ecológica de Francia, Barbara Pompili, explicó en un comunicado que respetar el Acuerdo de París significa alejarse de dos siglos de civilización de combustibles fósiles en unas pocas décadas. Señaló que “en Francia, dos tercios de la energía consumida siguen siendo de origen fósil”, por lo que deberán “lograr una transformación completa de su economía”.

Algunos países han rechazado la invitación a unirse a la coalición, en particular el Reino Unido, que ha sido el anfitrión de la presidencia de la COP26 de Glasgow, pero ha decidido no poner una fecha de finalización a la eliminación del petróleo y el gas.

El investigador del E3G, grupo de expertos independiente europeo, Euan Graham señaló que la alianza BOGA representa un cambio muy esperado en la geopolítica ya que los países se están dando cuenta de los esfuerzos que hay que hacer para “alinear la producción de petróleo y gas” con el objetivo de contener el ascenso de la temperatura en 1.5 grados.

Foto: Twitter @catabreu_

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) negó este jueves que el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puedan intervenir en la renovación de la concesión de Telmex, que tiene actualmente el empresario Carlos Slim.

El organismo desmintió así lo dicho por el presidente, quien esta mañana durante su conferencia de prensa se mostró a favor de renovar la concesión de Telmex, pero “buscando que haya compromisos en beneficio de la población”, ya sea en tarifas o con la ampliación de la red para que “todos” tengan internet.

“En aras de abonar a la certeza jurídica en el sector de las telecomunicaciones, se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el C. Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable”, indicó el IFT en un comunicado.

El IFT, organismo autónomo que nació en 2013 con la reforma de telecomunicaciones, respondió que es el Instituto quien tiene la competencia para decidir sobre las concesiones con base en la Constitución. Recordó que ya aprobó desde diciembre de 2016 la solicitud de la prórroga de concesión de Telmex, que ha de tener una nueva vigencia de 30 años contados a partir del 11 de marzo de 2026.

Apuntó que en la resolución de 2016, el IFT resolvió entregar el título de concesión en el primer trimestre de 2023 porque consideró que en ese momento no había “certeza de cómo evolucionarían las condiciones del mercado” y el efecto de la regulación asimétrica sobre Telmex, considerado agente preponderante en el mercado.

“La solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT”, aclaró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que estaría a favor de la renovación de la concesión de Telmex, que tiene hoy en día el empresario Carlos Slim, pero con el compromiso de que la compañía beneficie a la población con tarifas favorables y amplitud de la red.

“El caso de la telefonía, si se garantiza que se va a prestar el servicio y que es una empresa mexicana, porque eso también importa, y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión”, afirmó.

Y es que los nuevos términos de la concesión serán emitidos en marzo del 2023, según  Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que en 2016 notificó a Telmex que le otorgó una prórroga por 30 años contados a partir del 11 de marzo de 2026. La concesión inicial fue otorgada en 1976 y modificada en 1990 cuando fue privatizada y adquirida por el magnate.

López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que la decisión de renovar o revocar se tomará en su momento, pero aclaró que “no hay interés en retirar concesiones”, ni en el caso de Telmex ni en ningún otro. Lo que sí dijo es que se buscará se mantenga un compromiso social.

En ese sentido, tampoco descartó la revocación de la concesión; dijo que se va a hacer lo que más le convenga a la nación.

“No tengo ningún problema de conciencia, ya está, es a ver qué hacemos, es: revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, que se amplíe la red para que tengamos internet todos, para llegar a un acuerdo, eso es lo que va a estar en cuestión”, afirmo el presidente.

Recordemos que AMLO ha tomado medidas para que el Estado retome el control de sectores estratégicos como el de energía y minería, buscando dar marcha atrás a la reforma del primer sector llevada a cabo durante el gobierno anterior.

“Y es a lo que nos quieren regresar (retirar concesiones), dicen que nosotros estamos representando el pasado, pero no, quienes representan el pasado son los que quieren seguir dominando México y oprimiendo al pueblo”, remató.

De acuerdo a un video transmitido esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obtador (AMLO), y posteriormente publicado por Fonatur en sus redes sociales, la construcción del tramo 4 del Tren Maya estaría a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

“Respecto al tramo cuatro, que va de Izamal a Cancún, se prevé que sea construido por la concesionaria de la carretera Mérida-Cancún”, se menciona el video.

Se hizo la anotación de que será en los próximos días que se anuncien los detalles técnicos y jurídicos de dicha concesión.

Recordemos que el gobierno federal informó que otorgaría la construcción de un tramo del Tren Maya a la empresa ICA, a cambio del uso de derecho de vía que tiene la firma en la autopista Valladolid-Cancún. Hasta ahora se conoce que dicho tramo sería el cuarto.

Hasta ahora, el gobierno ha anunciado a los ganadores de los tramos uno, dos y tres de la obra: El consorcio formado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, EYASA y Grupo COSH ganó la primera licitación.

El consorcio de Operadora Cicsa, de Carlos Slim, y FCC Construcción ganó el contrato para realizar el segundo tramo; el tercer tramo, informado apenas el viernes pasado, fue asignado a Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi.

Los derechos de vía de la autopista Valladolid-Cancún, conocida como la autopista del Mayab, pertenecen a ICA; se ha informado que entre 60 y 70 kilómetros de dicha autopista se planean utilizar para el paso del Tren Maya.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que podría hacer alguna concesión en su proyecto de reforma de pensiones durante las negociaciones con los sindicatos, después de dos semanas de huelga de transporte y movilización en las calles que amenazan con arruinar las fiestas de fin de año de los franceses.

“El presidente no abandonará el proyecto, pero está dispuesto a mejorarlo durante las conversaciones previstas con los sindicatos”, afirmaron este miércoles fuentes cercanas al jefe de Estado, que auguran “avances importantes” antes de que finalice la semana.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, recibirá este miércoles por la tarde a los responsables de los sindicatos y la patronal para intentar encontrar una salida a la crisis que tiene entre la espada y la pared al gobierno, preocupa a los comerciantes y tiene cansada a la población.

Macron, al que esta protesta no ha perjudicado aún en términos de popularidad, quiere “obtener una pausa” en la movilización social “durante las fiestas” de fin de año, según fuentes del gobierno.

Los sindicatos, sin embargo, reiteraron esta semana que no tienen intenciones de hacer una “tregua” navideña si el gobierno no cede y retira su proyecto de reforma.

Según información filtrada por fuentes cercanas a Macron, el ejecutivo podría hacer concesiones sobre uno de los puntos más polémicos de su reforma: la llamada “edad de equilibrio” o edad oficial de jubilación, que la reforma sitúa en 64 años a partir de 2027 frente a los 62 actuales.

Trabajar menos de esa edad daría derecho a una pensión más pequeña, trabajar más allá de esa edad, a una remuneración mayor. Esta idea ha sido rechazada en bloque por los sindicatos, sobre todo la CFDT, que era hasta hace poco el principal aliado del gobierno.

Philippe hará todo lo posible para recuperar a su aliado, con la ayuda de Laurent Pietraszewski, el nuevo encargado del gobierno para esta reforma de las pensiones, que reemplaza a otro responsable que dimitió en plena crisis social por un presunto conflicto de intereses.

Los sindicatos llegan a la mesa de negociaciones fortalecidos después de que ayer lograran sacar a las calles a cientos de miles de personas en todo el país, en la tercera jornada de protestas nacionales en dos semanas.

Más de 600,000 manifestantes, según el ministerio del Interior, y 1.8 millones, según los sindicatos, participaron en las protestas en varias ciudades de Francia, en rechazo a esta reforma que prevé fusionar los 42 regímenes de pensiones existentes en un sistema único.

Según una encuesta, 62% de los franceses sigue apoyando la huelga, pero el 69% desea una “tregua” por Navidad.

El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una ampliación de la quinta denuncia contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, antes OHL, que involucra al extitular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El senador acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para anexar al expediente de la denuncia la respuesta a una solicitud de información en la que la SCT niega que haya otorgado concesión alguna.

La denuncia fue interpuesta en agosto de este año, pues al tratarse de una vía de comunicación del dominio público de la Federación no puede ser explotada, utilizada o aprovechado sin que exista autorización, licencia o concesión entregada por el gobierno federal.

De acuerdo con integrantes de la iniciativa Ahora, la última denuncia se interpuso por la compra a sobreprecio de 20 millones de dólares de maquinaria que se adquiriría con cargo al Viaducto Bicentenario, pero finalmente se compraron con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009.

Este sobreprecio, indicaron, podría significar el pago de un soborno a través de una empresa vinculada al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En la ampliación del expediente, se pide que la FGE siga con las investigaciones, pero que a la luz de la declaración de la SCT acerca de la negación de entrega de concesión, el caso se judicialice.

Álvarez Icaza sostuvo que se pondrá al tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den seguimiento al caso.

Tras negarse por segunda ocasión a una verificación, cinco gasolineras fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República, anunció Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Además, también se presentaron documentos ante Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que procedan conforme sus facultades.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que acudieron a las gasolineras con la asistencia de la Policía Federal y, a pesar de esto, las estaciones de servicio volvieron a negarse a ser verificadas.

Los establecimientos se encuentran en Tamuín, San Luis Potosí; dos en Hermosillo, Sonora; y dos más en Guaymas, Sonora.

“El viernes pasado, ya presentamos un escrito a Pemex para que, conforme al contrato, les deje de vender combustible”, dijo Sheffield Padilla.

Y agregó: “Presentamos escrito a la CRE para que (las gasolineras) pierdan la concesión, porque se incumple con disposiciones de la concesión. Y además presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República para cualquier delito que hubiera que perseguir”.

Sheffield dijo que esperan que las peticiones se cumplimenten esta semana.

El equipo de transición responsable del proyecto del nuevo aeropuerto dio a conocer el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el cual incluye el ante programa de obra, el ante presupuesto y el ante proyecto arquitectónico.

En el documento se señala que el proyecto que ha proyectado el equipo del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tendría un costo de 70 mil 342 millones de pesos, de los cuales se estarían concesionando obras equivalente a 3 mil 463 millones de pesos, dando así un costo reducido final de 66 mil 878 millones.

El documento de 26 paginas que se publicó en la página del tabasqueño, no se detalla cuáles serían las obras que entrarían a concesión, sin embargo se detalla todo lo que se estaría construyendo como parte del proyecto entre lo que destaca un edificio terminal, un hotel, un estacionamiento cubierto, una terminal de autobuses, una torre de control interna, un edificio de aduana, las dos pistas, entre otros.

Llama la atención que también se contempla la construcción de vialidades exteriores, así como el distribuidor vial Chamapa-Circuito Exterior Mexiquense, además de que se procedería a construir el tramo faltante del Circuito para que conecte con el Viaducto Bicentenario.

En el documento también se incluye un cronograma para determinar el tiempo en que se desarrollaría todo el proyecto, desde su planeación hasta su construcción y equipamiento.

El tiempo proyectado sería de 24 meses; lo que más tiempo tomaría sería la construcción de la torre de control y centro de control de operaciones (20 meses); las vialidades exteriores (24 meses); las dos pistas (18 meses); los estacionamientos (18 meses); el edificio cocina del aire y la sala de información (18 meses cada uno).

Sobre los costos, se detalla que para las pistas se destinarían 7 mil 686 millones de pesos; para el edificio terminal se estima un costo de mil 614 millones de pesos; para el hotel, el cual contaría con 310 habitaciones, se destinarían 525 millones y para la terminal de autobuses se asignarían 4 millones 875 mil pesos.

En el documento también se presentan lo bocetos de la apariencia que tendría el proyecto.

DOCUMENTO DEL PROYECTO

 

Al abordar el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que la decisión sobre qué ruta seguir corresponderá únicamente al pueblo de México.

Reiteró que hay tres opciones respecto del aeropuerto:

  • Continuar con el proyecto que se tiene hoy en día en el Lago de Texcoco.
  • Construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucia para resolver el problema de la saturación con un costo menor.
  • Concesionar el aeropuerto de Texcoco para que no se utilice dinero del presupuesto público.

Indicó que se elaborará un dictamen técnico con especialistas en el tema, para que den una recomendación de cuál es la mejor opción.

AMLO Sostuvo que el dictamen se tendrá a mediados de agosto con el propósito de que una vez que se conozca se abra el debate público, para lo cual pidió a los dueños de los medios de comunicación abran espacios para el debate al respecto.

“Una vez que todos los mexicanos conozcan que hay tres opciones, ya cuando se tenga la información completa, se va a realizar a finales de octubre una consulta ciudadana para que sean los mexicanos los que decían que tenemos que hacer”, afirmó el tabasqueño.

Señaló que también se analiza si la consulta ciudadana se hará a través del Instituto Nacional Electoral (INE) o de una organización de la sociedad civil, pues afirmó que el pueblo es sabio y es mentira que no sepan del tema. “No hay que tenerle miedo a la opinión del pueblo. La democracia implica consultar, preguntar y obedecer a los ciudadanos”.