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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó este miércoles el actuar de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas, donde disparó contra un vehículo en el que viajaban 14 migrantes y dejar un muerto y varios heridos, uno de los cuales perdió la vida, sumando así dos decesos.

El mandatario calificó el suceso como «un hecho muy lamentable», e indicó que dio instrucciones para que se ponga a disposición del Ministerio Público a los elementos de la Guardia Nacional que dispararon.

«Sí, no se detuvieron. Pero (los migrantes) no hicieron más que salir rápido sin detenerse. De frente estaba la patrulla de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia Nacional dispararon. Y esto no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes», dijo el mandatario.

El caso de los migrantes, que inicialmente estaba en manos del Ministerio Público de Chiapas, pasó a la Fiscalía General de la República luego de que se determinó que los elementos de la Guardia Nacional implicados en el hecho «son señalados como sujetos activos» del delito de homicidio calificado y por tanto la competencia del caso es federal.

Recordemos que la Guardia Nacional admitió el pasado lunes que agentes de la institución dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, provocando varios heridos y un muerto, este último de origen cubano. El conductor fue puesto a disposición de la fiscalía, los heridos trasladados al hospital y los supervivientes quedaron bajo custodia de las autoridades como presuntas víctimas de un delito de tráfico de personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó la muerte del migrante cubano y las lesiones a otros indocumentados, y pidió una investigación «pronta y efectiva».

Los migrantes supervivientes indicaron en sus declaraciones que nadie del vehículo en el que viajaban estaba armado.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador anunció este fin de semana su fallo para que el presidente Nayib Bukele pueda postularse a la reelección.

La sala constitucional de la Corte sentenció que «una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión», dice el fallo dirigido al Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, el fallo ha generado múltiples críticas, pues los magistrados de la Sala Constitucional que reinterpretaron la Constitución son los que fueron nombrados el pasado 1 de mayo, luego de que la Asamblea Legislativa oficialista destituyera a los cinco magistrados que la conformaban.

Los anteriores magistrados de la Sala Constitucional sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien «haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial».

Lo anterior obligaba a que un presidente esperara dos períodos para postularse nuevamente.

Bukele, de 40 años, goza de un elevado nivel de popularidad lo que le permitió alcanzar la presidencia en 2019 dando el tiro de gracia al bipartidismo arraigado de la derecha-izquierda en El Salvador durante tres décadas.

Calificado por algunos como cercano al pueblo, pero criticado por la oposición por sus matices tildados de autoritarios, la popularidad de Bukele aumentó por su gestión de la pandemia COVID-19 con la construcción de un moderno hospital y un acelerado plan de vacunación, según analistas.

Desde mayo pasado, su partido Nuevas Ideas domina el Congreso donde dispone de mayoría lo que le permite gobernar sin obstáculos

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos pidió al presidente Nayib Bukele que demuestre su compromiso con la gobernanza democrática, reiterando su condena al fallo de la Sala de lo Constitucional.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un comunicado que la decisión «socava» la democracia e indicó que la Constitución salvadoreña «prohíbe claramente a los titulares de la Presidencia la reelección para un período consecutivo».

Por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió que la democracia en El Salvador «está al borde del abismo», refiriéndose al fallo que permite la reelección presidencial.

«La Sala de lo Constitucional de El Salvador, que Bukele coptó en  ayo de este año, acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección», dijo Vivanco su perfil de Twitter, en la que ha añadido que este «mismo libreto» fue el que usaron Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, para mantenerse en el poder.

Tras una apelación de la Fiscalía capitalina, un tribunal aumentó la condena de 31 a 36 años de la dueña del colegio Enrique Rébsamen, que colapsó durante el sismo el 19 de septiembre de 2017 y que causó 26 muertos, 19 de ellos menores de edad.

«Tras interponer recurso de apelación contra la sentencia de 31 años de cárcel, dictada a Mónica «N» por su responsabilidad penal en el delito de homicidio culposo, se logró que magistrados de la Tercera Sala Penal aumentaran la condena a 36 años, cuatro meses y dos días de prisión», informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además, a la condenada se le impuso un pago por multa de casi 143,000 pesos.

«Lo anterior fue resuelto por la autoridad judicial, a partir de las apelaciones y solicitud de audiencia de alegatos aclaratorios, interpuestas en su momento por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos», indicó la dependencia.

El representante social de la Fiscalía capitalina aportó datos probatorios que permitieron incrementar el grado de culpabilidad de la sentenciada, quien era propietaria del colegio.

Se detalló que el Ministerio Público logró acreditar que dicho centro educativo fue construido con irregularidades en su edificación y documentación. «Dichas negligencias coadyuvaron en que colapsara durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que causó la muerte de 19 menores de edad y siete personas adultas», apuntó.

Y es que en octubre de 2020, un tribunal condenó a 31 años a Mónica García Villegas, propietaria del colegio colapsado Rébsamen. Una sentencia que ahora ha aumentado de condena. Adicional, el pasado 14 de julio, un juez condenó a 208 años de prisión al ingeniero Juan Mario Velarde por la muerte de 26 personas en el derrumbe del colegio.

Un juzgado de Texas condenó al ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, a tres años de cárcel, después de que se declarara culpable del delito de lavado de dinero, según ha informado la fiscal interina del estado estadounidense, Jennifer B.Lowery.

En un comunicado, Lowery recordó que Torres, de 67 años, quien fuera gobernador interino de Coahuila al sustituir a Humberto Moreira, e declaró culpable en junio de 2020.

Admitió que durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno de Coahuila llevó a cabo transacciones financieras en Estados Unidos que tenían el objetivo de ocultar sobornos que recibió a cambio de contratos para construir carreteras en el estado.

En una audiencia posterior, el tribunal estadounidense escuchó los testimonios de otras dos personas que describieron su relación con Torres López y detallaron algunas de sus transacciones financieras y pagos ilegales.

El político mexicano fue arrestado el 5 de febrero de 2019 en nuestro país, y permaneció bajo la custodia de las autoridades hasta su extradición a Estados Unidos el pasado 29 de octubre de 2019.

Los fiscales señalaron que, dentro de su aceptación de culpabilidad, el exgobernador accedió a perder una propiedad en Estados Unidos que fue vinculada con los pagos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que se prevé que Torres López, que no es ciudadano estadounidense, se enfrente a procedimientos de deportación después de cumplir su sentencia, es decir, que sea extraditado a México una vez cumpla su condena en una cárcel estadounidense.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó esta mañana el homicidio de una mujer salvadoreña, quien fue detenida y sometida en Tulum, Quintana Roo, cuyo caso ha dado la vuelta al mundo y se ha viralizado en redes sociales.

«Un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México; una mujer: Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada; es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza», dijo el mandatario.

Envío un mensaje a los familiares de la víctima, asegurando que se va a castigar a los responsables. Incluso dijo que los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados. Prometió que no habrá impunidad.

Y es que este fin de semana, un familiar de la mujer salvadoreña pidió que se investigue el caso y se haga justicia; el caso ha sido comparado con el crimen del afroamericano George Floyd, en Estados Unidos, en 2020.

Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran a una uniformada colocando su rodilla sobre la nuca de Salazar y presionándola contra el pavimento mientras otros tres elementos observan la escena, junto a una patrulla. Minutos más tarde, los agentes suben su cuerpo inerte a la parte trasera de la camioneta.

René Olivares, hermanastro de la víctima, dijo el domingo a la agencia Reuters que sintió «impotencia» al ver los videos y cuestionó a la policía. «Para mí hay un abuso de poder y lo único que (se) busca es que se haga justicia, que se juzgue a los que están implicados en eso».

Desde El Salvador, Olivares detalló que su hermanastra emigró a México hace tres años desde el municipio de San Antonio del Monte, 66 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña, y logró una visa humanitaria en su destino. Dos hijas, una de 17 años y otra de 15, vivían con ella.

En su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que espera se haga justicia por el caso y expresó sus condolencias a la familia de la fallecida. «Estoy seguro que el Gobierno Mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables».

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó lo sucedido y señaló que «actos como estos no deben quedar impunes». La Fiscalía de Quintana Roo informó este lunes que abrió una investigación por homicidio e indaga las causas de la muerte de Salazar.

Se detalló que son cuatro policías municipales los que son investigados por la muerte de Salazar: tres hombres y una mujer. La Fiscalía precisó que las huellas dactilares y las pruebas forenses están siendo examinadas en el caso.

«No habrá impunidad para quienes participaron en el fallecimiento de la víctima y se actuará con toda la fuerza de la ley para llevar ante tribunales a quienes sean imputados por estos hechos», dijo la Fiscalía en un comunicado.

Foto: Twitter

Un 58% de los estadounidenses creen que el expresidente Donald Trump debió haber sido condenado en el Senado por incitar a la insurrección, un porcentaje similar al recabado antes del ‘impeachment’.

Y es que el sábado pasado, 57 senadores se pronunciaron a favor de condenar a Trump, entre ellos siete republicanos. Aunque fueron mayoría, la causa demócrata no logro alcanzar los 67 votos que se necesitaban, por lo que Trump podrá presentarse en unas futuras elecciones si así lo decide.

Antes del ‘impeachment’, un 56% de los ciudadanos se mostraba partidarios de la condena y el dato ha permanecido
prácticamente constante (dos puntos más) tras la finalización del juicio, según un sondeo elaborado por Ipsos para la cadena ABC News.

Entre los simpatizantes republicanos, solo un 14% lamenta la absolución, mientras que si solo se tiene en cuenta a los demócratas el dato asciende al 88%. Más de ocho de cada diez republicanos aseguran incluso que el juicio nunca debía haberse celebrado.

Tras la absolución, Trump proclamó victoria reivindicándose como «campeón incansable del estado de derecho» y advirtió de que seguirá en política. Recordemos que el día que abandonó La Casa Blanca advirtió que «volveremos de alguna manera».

Al respecto, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la absolución de Donald Trump en el juicio político demostró que la «democracia es frágil» y, por ello, pidió a todos los estadounidenses «defender la verdad y derrotar las mentiras».

Solo usando la verdad, argumentó Biden, Estados Unidos será capaz de acabar con la «guerra no civil» entre demócratas y republicanos y «curar el alma de la nación».

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados políticos del expresidente Donald Trump, aseguró que éste sigue siendo «la fuerza más potente» del Partido Republicano tras superar su segundo ‘impeachment’.

«El movimiento Trump está vivo y bien. Todo lo que puedo decir es que la fuerza más potente del Partido Republicano es la del presidente Trump. Necesitamos el plus de Trump», dijo Graham en declaraciones a la cadena Fox News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó esta tarde los hechos que se registraron ayer en el Capitolio, indicando que los manifestantes, la mayoría seguidores de él que estuvieron el el mitin que ofreció horas antes cerca de La Casa Blanca, «profanaron la sede de la democracia estadounidense».

Poco más de dos meses después de los comicios, Trump reconoció su derrota.

«Estados Unidos es y debe ser siempre una nación de ley y orden, los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense», ha dicho Trump, quien ha prometido una transición de poder «sin problemas».

«Para aquellos que participaron en los actos de violencia y destrucción, no representan a nuestro país. Y para aquellos que violaron la ley, pagarán», dijo Trump en un mensaje que se difundió vía redes sociales. El republicano asegurado sentirse, como cualquier otro estadounidense, «indignado por la violencia, la anarquía y el caos» ocurrido ayer.

«Ahora, el Congreso ha certificado los resultados y la nueva Administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora se centra en asegurar una transición de poder sin problemas y ordenada. Este momento exige reconciliación», añadió.

Con estas palabras, el todavía presidente de Estados Unidos reconoce por primera vez de manera pública su derrota frente a Joe Biden en las pasadas presidenciales del 3 de noviembre, aunque ha justificado la campaña legal para impugnar estos resultados afirmando que «sólo luchaba por defender la democracia estadounidense».

«Sigo creyendo firmemente que debemos reformar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y elegibilidad de todos los votantes y garantizar la fe y la confianza en todas las elecciones futuras», insistió.

Trump, quien ha pedido ahora que se «enfríen los ánimos» y se «restablezca la calma», ha apelado a la unión de los estadounidenses para «derrotar» la crisis del coronavirus, que «ha trastornado» la vida del país, dañado «la mayor economía del mundo» y que además ha cobrado la vida de miles de estadounidenses.

Por último, Trump señaló que ha sido «el honor» de su vida haber ejercido como presidente de Estados Unidos, y ha querido animar a sus «maravillosos seguidores», los cuales, ha dicho, sabe «que están decepcionados», que su «increíble viaje» juntos «apenas ha comenzando».

Horas antes, la secretaria de prensa de La Casa Blanca, Kayleigh McEnany, calificó a los manifestantes que protagonizaron los hechos de ayer, como «violentos agitadores» que «socavaron los legítimos derechos de la primera enmienda (de la Constitución) de las muchos miles de personas que han hecho oír sus voces pacíficamente en nuestro Capitolio».

La funcionaria indicó que condenaban los hechos «el presidente y esta Administración, en los más enérgicos términos posibles», destacando que lo ocurrido es «inaceptable» y los involucrados «deben ser castigados con todo el peso de la ley».

McEnany «lamentó» la muerte de cuatro personas durante el incidente y agradeció a los agentes de Policía, a los que ha llamado «valientes» y «verdaderos héroes americanos», su labor.

Después de la irrupción en el Capitolio, «todas las opciones están sobre la mesa» para encausar a los miembros de la violenta turba de simpatizantes del presidente Donald Trump, incluidos cargos de sedición, informó este jueves Michael Sherwin, el fiscal federal interino del Distrito de Columbia.

Sherwin dijo que los fiscales planean presentar 15 casos federales el jueves por delitos como acceso no autorizado y robo de propiedad. Señaló que los investigadores están revisando montones de evidencia para presentar cargos adicionales.

Y es que más de 90 personas han sido arrestadas por la policía de Washington y es probable que se realicen más detenciones. Los fiscales estadounidenses a lo largo y ancho de la nación han prometido encontrar a cualquier residente que haya participado en la insurrección emprendida para obstruir la transición pacífica del poder y llevarlo ante la justicia.

Keith Raniere, fundador de la secta sexual NXVIM, la cual utilizó como fachada un grupo de autoayuda, fue condenado este martes a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban.

El juez de distrito Nicholas Garaufis dictó la sentencia en el tribunal federal de Brooklyn después de una larga audiencia en la que hubo declaraciones de las víctimas.

Los fiscales habían pedido cadena perpetua, mientras que los abogados defensores dijeron que debía enfrentar únicamente 15 años tras las rejas.

Raniere, de 60 años, no mostró remordimiento, y sus abogados le dijeron al juez antes de la sentencia que su cliente no estaba arrepentido «por su conducta o sus decisiones».

La sentencia culminó varios años de revelaciones sobre el programa de Raniere, NXIVM, que cobró miles de dólares por cursos de superación personal en su sede cerca de Albany, Nueva York, y en sucursales ubicadas en México y Canadá.

Entre los adherentes se encontraban millonarios y actrices de Hollywood dispuestos a soportar humillación y a prometer obediencia al acusado como parte de sus enseñanzas.

Entre los delitos que se le imputaban a Raniere se encontraron: tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

La sentencia supone a efectos prácticos una condena de cadena perpetua para el canadiense, a quien este martes las víctimas presentes en la audiencia llamaron «depredador sexual», «racista», «mentiroso» y un «sádico».

El caso ha acaparado la atención de los medios por la implicación de varias destacadas personalidades como la actriz de Smallville Allison Mack, la intérprete de «Battlestar Galactica» Nicole Clyne, o la heredera del imperio licorero Seagram’s, Clare Bronfman.

Mónica García Villegas, «Miss Moni», quien fue declarada culpable el pasado 17 de septiembre de los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras, fue sentenciada esta tarde a 31 años de prisión.

La directora y dueña del colegio Rébsamen, el cual colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 deberá además pagar 402 mil pesos como reparación del daño a cada una de las familias de los fallecidos.

Entre las 26 personas que perdieron la vida, 19 eran menores de edad. Así, la educadora tendrá que cubrir un monto cercano a los 10 millones y medio de pesos.

Por el delito de responsabilidad de obra se le impuso una multa equivalente a mil unidades de salario mínimo, monto cercano a los  70 mil pesos, además de un millón de pesos por atención terapéutica.

Al inicio de la audiencia de este miércoles, que duró cerca de cuatro horas, García Villegas insistió en su inocencia, e incluso aseguró que «no tengo por qué pedirles perdón, soy inocente», refiriéndose a los padres de familia que se dieron cita, y quienes pidieron en repetidas ocasiones que «Miss Moni» pidiera perdón por lo ocurrido.

El juez a cargo del caso, dijo que Mónica García Villegas conocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en uno de los edificios del plantel educativo, además de que el inmueble no atendió el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, por lo que resultaba culpable de las muertes ocurridas durante el sismo.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, indicó a través de sus redes sociales que el fallo final era un «logro» de justicia para las víctimas. Reconoció el trabajo del ministerio público, peritos y de la Policía de Investigación.

«Nosotros los abogados y las víctimas que representamos estamos satisfechos», declaró Fernando Castillo Vega, representante legal de los familiares de quienes perdieron la vida.

La tarde de este viernes, tres policías fueron detenidos en Jalisco por su presunta responsabilidad en la muerte de Giovanni López, a quien las autoridades aseguran arrestaron por supuesta conducta indebida.

sin embargo, familiares de la víctima señalan que se le detuvo por incumplir el uso de cubrebocas, como parte de las medidas dictadas por el gobierno estatal ante la pandemia de Covid-19.

Entre los aprehendidos por la muerte de Giovanni figura un comisario municipal, un policía de rango medio y otro agente, confirmó el fiscal estatal, Gerardo Solís. Los agentes pertenecen a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde sucedieron los hechos.

El fiscal aseguró que los uniformados deberán responder ante un juez, quien determinará las responsabilidades de cada uno de ellos. Las aprehensiones se dan un día después de que una protesta para exigir justicia en este caso terminara en disturbios en la capital del estado.

Al menos 28 personas fueron arrestadas por los destrozos que se cometieron en el Palacio Municipal de Guadalajara y sus alrededores, en donde un policía fue prendido en fuego sufriendo quemaduras de consideración. Se reporta que el agente se encuentra fuera de peligro.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador de estar detrás de los disturbios; indicó que hay intereses políticos en la entidad. Pidió a López Obrador y a su «gente», sacar las manos de lo que acontece en Jalisco.

En respuesta, AMLO dijo aseguró que no tenía nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. «Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer», indicó.

Quien también hizo precisiones esta tarde fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; negó que se haya imputado desde la dependencia al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la muerte de Giovanni López, tal y como lo ha acusado el propio gobernador.

Sánchez Cordero aseguró que en el comunicado emitido ayer por la dependencia sólo se pide justicia para Giovanni, petición a la que ella se sumó más tarde con una publicación en su cuenta de Twitter.

El gobernador acusó que Sánchez Cordero dijo mentiras, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respecto al presunto uso de excesivo de la fuerza por parte de policías en la entidad.

“Ayer la secretaria de Gobernación, salió a decir una bola de mentiras, lo mismo que el subsecretario, yo con ellos no tengo nada que hablar», indicó Alfaro.

Sobre lo sucedido en Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos  Humanos de Jalisco (CEDHJ) condenó los actos violentos suscitados en la marcha realizada ayer, en la que se pidió justicia por la muerte de Giovanni.

En su reporte, la defensoría contabilizó 28 detenidos, entre ellos seis menores de edad y dos mujeres, lo que representa dos personas más que las reportadas por el ayuntamiento de Guadalajara y cuatro más de las reconocidas por el gobernador Enrique Alfaro.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, también se posicionó y exigió investigar la actuación de autoridades durante la marcha de ayer.

Amnistía Internacional también condenó el hecho y afirmó que «la muerte de Giovanni bajo custodia policial es un grave síntoma del uso indebido de la fuerza empleada por las autoridades y el uso generalizado de tortura».

La muerte de López también fue repudiada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el director mexicano, ganador del Oscar, Guillermo del Toro, nacido en Guadalajara.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, sentenció hoy al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por actos de corrupción, asociados al delito de cohecho durante su mandato.

Además de Correa,  la autoridad también señaló a miembros que compusieron su  gabinete. Entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas.

El tribunal también indicó que los acusados perdieron sus derechos políticos por un periodo de 25 años.

El máximo órgano de justicia determinó que Correa aceptó «aportes indebidos» durante su administración, y por parte empresarios que dieron patrocinio a su campaña electoral desde el años 2007 y para “posicionar su movimiento político”.

Las autoridades ecuatorianas, además, informaron que otros cercanos al ex mandatario, también fueron implicados en actos de corrupción y cohecho.

Entre ellos: el exsecretario jurídico Alexis Mera, la exministra María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, el exministro Walter Solís y el exministro Vinicio Alvarado, quienes también fueron definidos como coautores, y sentenciados a la misma condena en prisión.

El juez, Iván León señaló que la víctima del delito es el “Estado” y que el tribunal consideró, tras el análisis de la fiscalía, que se demostró la existencia de una estructura de corrupción en todos los niveles de la administración de Correa.

Rafael Correa de 57 años de edad, expresidente de Ecuador (2007-2017), se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, en donde se asilo luego de que en julio de 2018 una jueza ecuatoriana dispuso una orden de prisión preventiva en su contra.

Tras conocerse la condena, Correa calificó a través de sus redes sociales que todo se trataba de un «caso absolutamente grotesco», y descalificó la sentencia, pues dijo que proviene de una institución de justicia tomada por poder político, toda vez que el presidente del tribunal es “encargado”

Adicional, lamentó que mientras en el país se tiene a muertos en las calles producto del Covid-19, se haya convocado a audiencia para inhabilitarlo en próximas elecciones, que es el verdadero fin de todo el caso en su contra.

51 personas fueron detenidas en diferentes partes de Cataluña durante la noche de ayer y madrugada de hoy en las protestas contra la condena a prisión de nueve líderes separatistas.

Según cifras del ministerio de Interior, 29 personas fueron detenidas en la provincia de Barcelona, 14 en la de Tarragona y 8 en Lleida.

Además, 54 policías regionales y 18 policías nacionales resultaron heridos. Algunos de ellos sufrieron fracturas, según el ministerio.

Y es que se reportó que en el centro de Barcelona hubo fuertes enfrentamientos entre la policía e independentistas.

En total, 40,000 personas participaron en la movilizaciones de Barcelona antes de que estallaran los enfrentamientos entre varios centenares de manifestantes, algunos de ellos con el rostro cubierto, y policías, que los dispersaron a la fuerza.

También se registraron enfrentamientos en ciudades como Girona, Tarragona o Lleida, donde se convocaron a concentraciones con velas frente a las respectivas sedes de las delegaciones del gobierno español.

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo condenaron este lunes por sedición a nueve de los doce responsables catalanes juzgados, a los que les impusieron penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel.

Según organizadores, las protestas continuarán este miércoles y se ha organizado una huelga general en Cataluña para el próximo viernes, cuando se espera una manifestación multitudinaria en Barcelona.

Foto: Twitter @sararieralopez

Los feminicidas de Ecatepec, que fueron detenidos en la colonia Jardines de Morelos, Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, recibieron su quinta sentencia luego de que un juez les impuso 70 años de prisión por el delito de feminicidio.

Con la nueva condena que les fue impuesta por un juez, por los asesinatos de una mujer y su hija, quien tenía apenas 7 años de edad, el par de delincuentes suman ya una pena acumulada de 184 años de cárcel.

Al respecto, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez informó que los feminicidas ya han sido sentenciados por 5 casos. Sin embargo, destacó que aún restan cuatro procesos más en su contra por el delito de feminicidio, así como uno más por desaparición forzada cometida por particulares.

Cabe recordar que Hernández Bejar y Martínez Bernal, fueron detenidos el día 4 de octubre de 2018 en calles de la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban consigo una carriola en la que transportaban los restos de una de sus víctimas.

Desde Valle de Bravo, Estado de México, donde se llevó a cabo la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el tiroteo que se registró este sábado en El Paso, Texas, en Estados Unidos, y en el que perdieron la vida un grupo de mexicanos.

«Quiero reiterar mi pesar, mi tristeza, por los asesinatos, por los fallecimientos de mexicanos y de también estadounidenses en estos hechos del fin de emana en El Paso, Texas», expuso AMLO.

Explicó que Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, son ciudades vecinas y hermanas, tal como lo son los ciudadanos que viven y trabajan en ambos lados de la frontera. Indicó que su gobierno quiere mantener siempre relaciones de amistad, de respeto, de cooperación para el desarrollo con Estados Unidos.

Confirmó que fueron siete los mexicanos que perdieron la vida en el tiroteo, además de siete connacionales más que resultaron heridos.

En ese sentido dijo, se brindó asistencia a las familias de las víctimas desde el primer momento a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados en Estados Unidos, además de que el canciller Marcelo Ebrard se va a trasladar a Ciudad Juárez para atender personalmente el incidente.

Al ser consultado sobre si le mandaría un mensaje al presidente Donald Trump, ya que el tiroteo parece ser un ataque directo contra los mexicanos y los latinos incitados por discursos xenofobicos, AMLO dijo que siempre ha dejado claro, y se lo ha informado al presidente Donald Trump, que el camino para enfrentar los problemas no es el uso de la fuerza, y que por el contrario, se tiene que buscar el diálogo y promover la fraternidad universal más allá de las fronteras. Insistió en que respecto al fenómeno migratorio lo mejor es la cooperación para el desarrollo.

«No quiero personalizar, es decir, no voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria, porque no quiero que se vaya a malinterpretar. Nosotros siempre vamos a defender a nuestro pueblo. México siempre será nuestra prioridad», sostuvo el presidente.

AMLO dijo que a pesar del dolor y la indignación que se tiene por el tiroteo, y por las muertes de los mexicanos, no se prestará para que se utilicen sus declaraciones o mensajes con fines electorales en Estados Unidos, pues el país vecino tendrá elecciones próximamente, por lo que nuestro país no se inmiscuirá en ese tema.

Sin embargo señaló que, si se ve la situación objetivamente, los dos partidos principales de EUA: demócratas y republicanos, han prestado poca atención al tema del control de las armas. Incluso recordó el operativo «Rápido y Furioso», que fue permitido y quienes estaban en la presidencia.

Insistió en que México quiere una relación respetuosa con el gobierno de los Estados Unidos, por lo que no sólo lamentaban la muerte de los mexicanos, también las muertes de personas de otras nacionalidades.

Confirmó que, tal como lo dio a conocer Marcelo Ebrard la tarde de ayer, la indicación es que se proceda de conformidad con el derecho internacional y, si hay elementos, se actúe legalmente.

«Si es procedente, se va a presentar una denuncia contra quien cometió estos actos, este crimen, y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas al gobierno de Estados Unidos, para que actúe de conformidad con su legislación. Es muy probable que se haga esta denuncia», añadió el presidente.

Remató afirmando que aunque seguirán siendo respetuosos, México insistirá en que haya control en la venta de armas, que no se puedan adquirir las armas en cualquier centro comercial sin ningún tipo de control.

Servando Gómez Martínez, mejor conocido como «La Tuta», fue condenado este lunes a 55 años de prisión por su participación en el secuestro de un empresario en 2011.

Fue la Fiscalía General de Michoacán quien informó sobre la condena dictada por un juez, luego de acreditar su «plena responsabilidad» en el secuestro del empresario en Uruapan.

«La Tuta» fue el fundador del grupo delictivo «Los Caballeros Templarios» y líder de «La Familia Michoacana».

Fue detenido el febrero de 2015 por autoridades federales en Morelia y actualmente se encuentra preso en el Penal del Altiplano en el Estado de México.

Luego de rendir su declaración por los hechos ocurridos esta tarde en la colonia Condesa de la Ciudad de México, en el que murió una persona, el periodista Héctor de Mauleón confirmó que se trató de un intento de robo.

A las afueras de la Fiscalia Desconcentrada de Investigación Cuauhtémoc Coordinación Territorial CUH-2, en las inmediaciones de Buenavista, De Mauleón platicó con los representantes de los medios de comunicación que se encontraban ahí.

Indicó que se trató de un caso de intento de asalto, específicamente de robo de auto. Relató que él se encontraba en un restaurante comiendo con el también periodista Ricardo Raphael, en donde fue alertado sobre los hechos.

Explico que su chófer, un Mayor retirado del Ejército, se encontraba al interior del vehículo en la plaza del copiloto, momento en que se le acercaron los tres sujetos. Uno de ellos, quien portaba un arma, se la puso en la cabeza y le indicó que se bajara y que entregara la unidad.

Un segundo asaltante intentó abrir la puerta trasera, sin tener éxito.

«El Mayor pensó, el tiene su arma abajo de la pierna, y pensó: si ve el arma me va a disparar. Entonces reaccionó, le dio un tiro o dos al de la pistola, giró y disparó otra vez, y un tercer asaltante corrió». Explicó que tras los hechos, su chófer le habló por teléfono, por lo que salió a ver qué había sucedido.

Lamentó que todo sucediera en una zona en donde no hay cámaras de seguridad, y en donde, de acuerdo a diversos vecinos, son muy comunes los asaltos. Señaló que al ser un una colonia exclusiva de la Ciudad de México, habla del nivel en que se encuentran las cosas en la capital del país.

«Es un asunto de delincuencia común (…) vieron una persona en un auto, y pensaron en robárselo (…) no tiene que ver absolutamente nada… vi que por ahí creció la versión de que había pasado o que estaba relacionado con esas amenazas del pasado pero no tiene absolutamente nada que ver», expuso Héctor de Mauleón al ser cuestionado sobre si tenía relación con las amenazas que ha recibido.