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La nueva primera ministra británica, Liz Truss, anunció este jueves medidas contra la crisis energética que enfrenta el país, que incluyen la congelación de precios durante dos años para los hogares, el fin de una moratoria al fracking y reexaminar los objetivos climáticos del Reino Unido.

La congelación de precios representará un ahorro de unas 1,000 libras al año para un hogar medio, en comparación con la subida de 80% del tope tarifario que estaba prevista el 1 de octubre, precisó Truss en el parlamento dos días después de su nombramiento en reemplazo de Boris Johnson.

Las empresas e instituciones como las escuelas y hospitales recibirán por su parte una “ayuda equivalente durante seis meses”, precisó.

“Es el momento de ser audaz. Nos enfrentamos a una crisis energética (…) y estas intervenciones tendrán un costo”, advirtió después de haber eludido preguntas de la oposición sobre cómo piensa financiar unas políticas que se encaminan a incrementar la deuda pública británica.

El gobierno pagará a las empresas energéticas la diferencia de precios, precisó, sin dar una cifra de cuánto puede costar al erario público, a la espera de que su nuevo ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, presente este mes un presupuesto.

Truss, exejecutiva del gigante petrolero Shell, que durante su campaña para convertirse en nueva líder del Partido Conservador defendió políticas ultraliberales, se ha declarado férreamente en contra de aplicar más impuestos a las compañías energéticas para ayudar a los hogares.

Las medidas que anunció incluyen también suprimir temporalmente los impuestos sobre la energía destinados a financiar la transición hacia la neutralidad de carbono, que el Reino Unido se había comprometido a alcanzar en 2050 con una trayectoria que Truss dijo querer reexaminar.

Asegurando estar “totalmente comprometida” con la idea de alcanzar cero emisiones netas de CO2 en esa fecha, la nueva primera ministra explicó querer asegurarse de que no suponga una carga excesiva para las empresas y los consumidores.

Truss no precisó tampoco cuánto costará el paquete total, que varios medios británicos estimaron en 150,000 millones de libras.

Esta cifra es más del doble que los 70,000 millones de libras que se gastaron para pagar los sueldos de los empleados que se quedaron sin trabajo durante los confinamientos por la pandemia.

También supone un cambio drástico respecto a la campaña de Truss, que calificó las ayudas públicas de “apósito” inútil para resolver los problemas de fondo.

Reino Unido es muy dependiente del precio del gas, que se ha multiplicado por siete en un año, sobre todo por los problemas de suministro por la guerra en Ucrania.

Truss anunció también la creación de un fondo de 40,000 millones de libras con el Banco de Inglaterra para garantizar que los proveedores de energía no carezcan de liquidez ante la volatilidad de los mercados mundiales.

La primera ministra anunció también un incremento de las licencias para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte y el fin de una moratoria sobre la fracturación hidráulica, mejor conocido como ‘fracking’, un controvertido método de extracción de combustibles fósiles que estaba hasta ahora prohibido en el Reino Unido.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia a su cargo ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con el caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra preso en España, por presuntos actos de corrupción.

“Hemos congelado del caso Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en Altos Hornos de México (Ahmsa)”, indicó en conferencia de prensa.

Nieto Castillo agregó que se han presentado cuatro denuncias en contra de Lozoya Austin; además, dijo, hay dos investigaciones pendientes, que tienen que ver con la adquisición de un Astillero, en España.

Respecto de la extradición de Lozoya Austin, comentó que es un trámite que realizan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); señaló que están en desarrollo los protocolos, para efecto de poder conseguirla.

“Tienen un proceso en España y debe haber un planteamiento por parte del inculpado para efecto de si se allana o no a la solicitud de extradición que haga el Estado mexicano”, indicó Nieto Castillo al participar en un evento de la Cámara de Diputados.

Explicó que la UIF trabaja de manera coordinada con la FGR en casos de corrupción relevantes de la administración anterior. “La instrucción del Presidente, Andrés Manuel López Obrador es muy clara: debemos de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad”.

Sostuvo que lo que el presidente le ha dicho es que deben actuar, no buscando venganza sino justicia y en un Estado de derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva por muy poderosas que sean.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que procedió a congelar las cuentas bancarias de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La acción de la unidad dependiente de la SHCP se da en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Robles Berlanga en relación a los desvíos de recursos conocidos como la ‘Estafa Maestra’.

De acuerdo a lo trascendido, también fueron congeladas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles encabezó ambas dependencias.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia para imputar y, en dado caso, vincular a proceso de la exfuncionaria federal por el uso indebido de recursos,.

En relación a dicha solicitud, el 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar cualquier orden de arresto contra Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.

Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por su parte el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó la semana pasada que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis exfuncionarios que estarían involucrador con la Estafa Maestra.

De acuerdo a lo que ha concluido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desvío de recursos podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el congelamiento de las cuentas del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, así como a la empresa Altos Hornos de México, SAB de CV, ligada con él.

Lo anterior, dijo la dependencia, toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.

Así, Lozoya y Altos Hornos pasaron a formar parte de la Lista de Personas Bloqueadas del gobierno federal. Las cuentas de la empresa se bloquearon, ya que según las autoridades, Lozoya guarda relación con ella.

Hacienda enfatizó que tanto Lozoya como Altos Hornos “tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF”.

Recordemos que apenas la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó al ex funcionario al encontrar que ocultó información en sus declaraciones patrimoniales.

En tanto, la Unidad que dirige Santiago Nieto detalló que el bloqueo de las cuentas forma parte de las funciones que realizan en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.

Ante los señalamientos que surgieron por parte de la empresa sobre que dicha decisión era una medida arbitraria y violatoria a los derechos de sus accionistas y trabajadores, la UIF aclaró que las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia.