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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que el dicho monto no lo decide el INE, sino que se calcula conforme a la fórmula establecida en el art. 41 constitucional; por ello, dijo,  este recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determina el presupuesto anual de la federación.

“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto que el INE arbitrariamente define”, dijo Córdova Vianello.

La Consejera Dania Ravel expuso que, al no haber concluido la pasada elección federal, ya que existen impugnaciones en torno a los resultados y la posibilidad de pérdida de registro de algún partido, aún no es posible definir los montos que se asignarán a cada partido.

“Cuando se tenga certeza del número de partidos políticos nacionales que conservarán su registro estaremos en condiciones de determinar con certeza el monto que corresponderá a cada fuerza política con base en los resultados definitivos de las elecciones de diputaciones federales 2020-2021”, expresó.

No obstante, detalló, se realizó el cálculo de los rubros para actividades específicas, así como el monto asignado para franquicia postal y telegráfica que a pesar de que esta última no se ocupa desde 2008, no puede dejar de calcularse al estar prevista en la ley y el INE debe garantizarla en función de la siguiente distribución:

Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $5,543,960,204
Actividades específicas $166,318,806
Franquicia postal $110,879,204
Franquicia telegráfica $693,490
Total $5,821,851,704

 

En tanto, la consejera Norma De la Cruz indicó que cada uno de los institutos políticos que recibirán parte de estos recursos tienen la responsabilidad de ejercerlos con trasparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

Llamó a los partidos a cuidar el presupuesto y que su ejercicio sea apegado a los principios de racionalidad, austeridad, fiscalización y rendición de cuentas, conscientes de la situación económica mundial y de la exigencia ciudadana de cuidar hoy más que nunca los recursos públicos.

“Recordemos, es dinero de los impuestos y del trabajo de la gente, es el dinero de todas y de todos, tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y ésta nos exige ser muy transparentes en el gasto”, concluyó.

El Consejero Uuc-kib Espadas aseguró que un financiamiento público en las campañas evita que el conjunto de las elecciones dependa del favor de los dueños del dinero, ya que su costo puede implicar comprometer el erario público durante las gestiones de los gobernantes electos.

“Vamos a gastar 5 mil 800 millones de pesos aproximadamente en financiar a los partidos políticos, el dinero mejor gastado que habrá el próximo año en la República, puedo pensar en muy pocas cosas mejor compradas y tan valiosas que la aportación a la pluralidad, la equidad y la competencia limpia por las elecciones que de este gasto que se hará de 44 pesos por persona para el próximo año”, agregó.

Refirió que, si bien 5 mil millones puede ser considerado mucho, significa apenas nueve centavos de cada 100 pesos que México invierte en el Estado plural, por lo que afirmó no se trata para nada de un gasto desmedido, excesivo, oneroso o abusivo, sino  de un gasto correcto destinado a uno de los mejores fines que es garantizar que las fuerzas políticas compitan por sus méritos y no por su capacidad de reunir dinero.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó este lunes la iniciativa «Guardianes de la Constitución», que pretende vigilar la constitución e ir contra reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En conferencia de prensa, desde el Teatro de la República en Querétaro, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, señaló que esta es una iniciativa social «en defensa de la Constitución y de su cumplimiento».

«Guardianes de la Constitución funcionará como un observatorio que vigilará las violaciones a la constitución para llevar un recuento hasta que estas sean resueltas a través de suspensiones temporales y definitivas. Confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que será la que decida cuál es la situación de dichas reformas», indicó Medina Mora.

La iniciativa busca actuar en casos como los de la Ley de la Industria eléctrica o la de Hidrocarburos, o en la ley que amplía el mandato del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. También va contra la que obliga a entregar los datos biométricos a empresas de telefonía móvil, pues señaló que esta atenta contra los derechos humanos.

Medina Mora dijo que además de fortalecer a las instituciones, el objetivo es crear «alertas constitucionales» cuando se hallen elementos que vayan contra la Constitución.

Afirmó que en el momento en que se apruebe una ley que va en contra de la Constitución, inmediatamente se podrá emitir una alerta constitucional, para que esta quede visible y se dé seguimiento hasta que esta sea resuelta eventualmente por la Suprema Corte.

Medina Mora argumentó que «no se necesitan más leyes», sino que se cumplan las ya existentes y que «no haya nada ni nadie por encima de la Constitución.

El presidente nacional de Coparmex llamó a gobernantes, legisladores e integrantes del Poder Judicial a cumplir con el juramento que hicieron al tomar posesión de su encargo de  “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, pues es un compromiso legal y moral con los mexicanos al que deben ceñirse en todo momento.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, se giró una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que se mantiene vigente e intocable el fuero que la ley le otorga.

A través de un posicionamiento público, el mandatario denunció que no se le ha dejado defenderse, pues no se le ha permitido conocer y comparecer a la carpeta de investigación.

El panista sostuvo que la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) demuestra que se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno federal, y de su partido.

Añadió que todo coincide con que la preferencia electoral de los ciudadanos a favor de Morena va en «franco declive».

«No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Eso solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional», enfatizó el mandatario estatal.

Adelantó que como lo ha hecho desde que que iniciaron los ataques en su contra, se defenderá de «frente» a las falsas imputaciones, pese a reconocer que el piso no es parejo y que la ley ha quedado «sepultada por el capricho».

Sobre los señalamientos que hizo el gobernador, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es una cuestión que está tratando la Fiscalía, que recordó, es autónoma; se deslindó de las acciones que se han emprendido.

«Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores. que esa es su doctrina, la hipocresía», sostuvo AMLO.

Al decir que como titular del poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie y actuar como tapadera, pidió dar a conocer el oficio que el gobierno de Estados Unidos envió a México solicitando información del gobernador en relación a una investigación que llevan a cabo por el posible delito de lavado de dinero.

Explicó que si no compartía el oficio, los adversarios tendrían elementos para decir que todo se trata de una persecución política, lo cual negó; aunque dijo que si se llegaba a dar el caso de que al gobernador se le detuviera en EUA, cómo iba a quedar México, «como tapadera».

Finalmente, se informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

«Con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional», indicó el INM.

Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

«Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores», dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de «derecha», se perfila a convertirse en el «país de un solo hombre». «Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia», dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

«Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres», sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

«El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo».

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.

La Constitución mexicana cumple este viernes 104 años desde que se promulgó, aunque tiene poco que ver con el texto original, debido a las modificaciones que en los últimos años se le han hecho, los últimos a cargo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de consolidar su llamada ‘Cuarta Transformación’.

En tan solo dos años de la administración, López Obrador y el gobierno federal han reformado la Ley para crear la Guardia Nacional, suprimir el fuero presidencial o blindar los programas de asistencia social, por mencionar algunos de los cambios.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió esta mañana los cambios que se han hecho que dijo, recuperan la visión «social y vanguardista» con la que fue redactada la Constitución de 1917, a la que definió como la «primera Constitución social del mundo».

Sin embargo, los cambios a la Constitución no han sido exclusivos del gobierno actual; en la administración de Enrique Peña Nieto se modificaron 155 artículos, y en gobierno de Felipe Calderón se hicieron 110 modificaciones.

Y es que la mayoría parlamentaria que tiene Morena, partido que fundó López Obrador, ha permitido impulsar y concretar las reformas de la 4T, ya que necesitan el aval de la Cámara de Diputados, el Senado y los Congreso estatales.

López Obrador tiene pendiente todavía una reforma judicial, y anunció su intención de suprimir todo tipo de organismos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

López Obrador, que sigue aislado en Palacio Nacional recuperándose de Covid-19, ha dejado claro que podría impulsar una nueva carta magna si no logra consolidar su obra de gobierno con reformas a la actual ley.

Al respecto, esta mañana la titular de Gobernación fue cuestionada sobre si en un futuro inmediato se revisará la Constitución, lo que implicaría convocar un Constituyente federal.

«La Constitución ha sufrido muchas reformas, múltiples reformas y esta Cuarta Transformación, como lo decía yo el día de ayer, tiene un andamiaje constitucional, que recientemente se reformaron varios artículos de la Constitución para darle soporte constitucional a esta Cuarta Transformación. Conozco y sé que hay varios académicos y gente (…) que habían propuesto la sistematización de una constitución (…) sin embargo, yo creo que en este momento, en este momento ya tenemos el andamiaje constitucional reformado para esta nueva transformación, para esta Cuarta Transformación».

Así, la funcionaria enfatizó que por el momento no se tiene previsto que se convoque a una nueva Constitución y tampoco que el gobierno federal tenga la intención de una sistematización que algunos especialistas proponen.

Tras conocerse del contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de COVID-19, una de las principales preguntas que ha circulado es qué pasaría en nuestro país ante la ausencia del titular del Ejecutivo.

Ante dicha duda, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta mañana que «debe de quedar claro: se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos».

Ayer, López Obrador aseguró que sus síntomas eran «leves» e, incluso, sostuvo esta mañana una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En caso de una ausencia temporal o permanente que le impida continuar en el cargo, la Constitución establece los pasos y condiciones a seguir.

La Constitución permite al presidente solicitar una licencia de hasta 60 días naturales que deben autorizar las dos Cámaras del Congreso, Diputados y Senadores, siendo la persona que asume la titularidad provisional del Poder Ejecutivo la secretaria de Gobernación (artículo 85).

Si la ausencia del presidente es permanente, por renuncia, incapacidad o muerte, el artículo 84 de la Constitución establece dos supuestos: si sucede en los primeros dos años del sexenio, se convocaría a nuevas elecciones, sin embargo, en esta caso fue el pasado 1 de diciembre que AMLO cumplió con dicho tiempo.

Por ello, aplicaría el segundo supuesto, es decir, si ocurre en los últimos cuatro años del mandato. En este caso el Congreso tendría que formar un colegio electoral para nombrar a un presidente sustituto y, mientras ocurre la deliberación, la titular de la Segob sería la presidenta provisional.

Pero, ¿quién podría ser el presidente sustituto? Según lo que establece el artículo 82 de la Constitución, el presidente sustituto debe ser ciudadano mexicano de nacimiento, tener más de 35 años cumplidos, haber residido el año anterior en el país, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de culto.

Además, el nuevo mandatario no puede ser miembro activo del Ejército, ser gobernador o titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o alguna estatal, ni ser secretario o subsecretario de Estado, lo que impediría a cualquier miembro del gabinete actual asumir el cargo. Además, no podría participar en las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que la economía rusa ha soportado mejor que otras la pandemia del corononavirus, al destacar que la contracción del producto interior bruto (PIB) es actualmente del 3.6%, inferior a la de muchos países.

«En este momento la caída del PIB es del 3.6%. Es menor que la de prácticamente en todos los países más importantes de Europa, de la Unión Europa. Es menor que la de Estados Unidos», dijo Putin en su tradicional rueda de prensa de fin de año.

Subrayó que en algunos países de la Unión Europea «la caída del PIB ronda el 9%». Y es que Rusia entró en recesión técnica en el tercer trimestre tras registrar su PIB una contracción del 3.6% después de la caída del 8% entre abril y junio.

Putin indicó que la economía rusa recuperará el nivel previo a la pandemia a fines de 2021 o el primer trimestre de 2022, aunque advirtió de que la salida de la crisis dependerá del éxito de la lucha contra el coronavirus.

Vladimir Putin aprovechó su mensaje para indicar que no ha sido inoculado aún con la vacuna producida por su país contra el COVID-19, pero que lo hará cuando sea posible.

Putin indicó que ciudadanos de otros grupos poblaciones están recibiendo la vacuna rusa contra el COVID-19 antes de que él pueda tener acceso a ella. «Soy una persona que se ajusta bastante a la ley», afirmó al ser preguntado sobre si se había administrado la vacuna. «Escucho las recomendaciones de nuestros especialistas. Así que no he recibido la inyección aún, pero la recibiré, por supuesto, en cuanto sea posible». Aseguró que la vacuna rusa es eficaz y segura.

Putin afirmó que Rusia necesitaba concentrarse en aumentar la capacidad de producción mediante la construcción de fábricas, equipos y empresas. «Nada nos impide producir los componentes de la vacuna en instalaciones en el extranjero».

Durante su mensaje, Putin aseguró que si alguien hubiera querido envenenar a Alexei Navalni, este habría acabado muerto, al tiempo que ha admitido que los servicios de  seguridad «vigilan» al dirigente opositor ruso.

El mandatario ruso ha asegurado que Navalni tiene el apoyo de los «servicios especiales de Estados Unidos» y ha negado que los servicios de seguridad rusos hayan intentando envenenarle.

Admitió que «nuestros servicios de seguridad le vigilan pero eso no significa que tuviéramos que envenenarle».

El mandatario hizo hincapié en que los servicios de seguridad rusos no envenenaron a Navalni. «Nosotros no le envenenamos. ¿Quién le necesita? Si alguien quisiera envenenarle,  probablemente habría terminado el trabajo».

Por otra parte, Putin también se ha referido a los cambios en la Constitución que le permitirán seguir siendo presidente del país más allá de 2024. Dijo que todavía no ha decidido si volverá a presentarse como candidato ese año.

«¿Mereció la pena o no cambiar la Constitución? Tengo un mandato universal. Ustedes deben preguntarse: ¿Será esto por el bien del país? Si lo es, entonces merece la pena hacerlo. Todavía no he decidido si me presentaré de nuevo en 2024. Hacerlo o no hacerlo, ya veré. Mi prioridad es el desarrollo estable del país», contestó.

Ante una pregunta sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, el mandatario ruso ha negado que hubiera interferencia por parte de hackers rusos para que Donald Trump saliera elegido.

En su opinión, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia «se han convertido en rehenes de la situación política» estadounidense. «Confío en que Biden entienda lo que está ocurriendo. Es una persona experimentada», señaló.

Por otro lado, el mandatario ha afirmado que Rusia seguirá apoyando al este de Ucrania y aumentará su respaldo económico en esta zona controlada por milicianos separatistas prorrusos. «Rusia ha apoyado a Donbás y seguirá haciéndolo. Incluso aumentaremos nuestro apoyo a Donbás», remató.

Ante la polémica que se ha desatado entre el gobierno federal y gobernadores de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que no les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federalista.

AMLO celebró que se los mandatarios locales quieran hacer una consulta para conocer el sentir de la ciudadanía, aunque les advirtió: «no es conmigo, es con la Constitución».

El mandatario señaló que el pacto federal no se puede romper como lo han planteado los gobernadores de oposición porque «esto tiene que ver con la Constitución». Sostuvo que se tendría que llevar a cabo una reforma para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

Insistió en que el presupuesto federal no se distribuye a capricho, esto ante la demanda de los gobernadores inconformes de acceder a mayores recursos.

López Obrador sostuvo que a los estados se les entrega un monto anual, de acuerdo a la población, pobreza y otros parámetros, lo cual «obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde 1980, por la Ley de Coordinación Fiscal».

En el caso específico del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, AMLO aseguró que no se le debe nada como lo ha denunciado el mandatario estatal. El presidente pidió a los gobernadores que «no manipulen», y reiteró que el gobierno federal actúa en el marco de la legalidad.

López Obrador sugirió a los gobernadores comprobar si es que no han recibido recursos. Dijo que el tema de las participaciones se ha utilizado con fines electorales.

La Alianza Federalista está compuesta por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves su política energética luego de que la Suprema Corte ordenara la suspensión definitiva del decreto emitido por la Secretaría de Energía (Sener) y que modifica las reglas para las nuevas plantas privadas de energía renovable.

El mandatario advirtió que de ser necesario, se planteará una reforma constitucional para defender el interés público.

«No vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, del pueblo, de la nación», dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Recordemos que el pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la nueva política a cargo de la titular de Sener, Rocío Nahle, que entró en vigor desde el 15 de mayo, y que limitaba la producción eléctrica renovable de los privados y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar. Ayer, la Primera Sala de la Corte declaró infundado un recurso que presentó la Consejería Jurídica del gobierno federal, por lo que la suspensión tomó carácter de definitiva.

Cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte, López Obrador dijo que se está trabajando en una revisión de todos los ordenamientos legales pues insistió en que se «abusó mucho».

Reiteró que el propósito de las antiguas administraciones era dejar el mercado de los energéticos en manos del sector privado, tanto nacional como extranjero, lo que implicaba acabar y destruir a Pemex y a la CFE.

AMLO acusó que el propósito de la política económica en el periodo neoliberal no tiene cabida en su administración.

López Obrador advirtió que si no hay otra instancia para defender el interés público, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la Nación sobre los recursos naturales, y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean.

Y es que empresas generadoras de energías renovables han promovido diversos recursos legales para frenar el llamado «Decreto Nahle» al considerarlo un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones.

Adicional, esta mañana AMLO se volvió a lanzar en contra de la empresa española Iberdrola, que dijo no está conforme con la política energética de su gobierno pues se opone al rescate de CFE y Pemex.

Acusó que los arreglos entre el gobierno y dicha empresa eran de tal tamaño que «la Secretaria de Energía pasó a ser funcionaria de Iberdrola». Como ejemplo dijo, el ex presidente Felipe Calderón fue nombrado consejero de la compañía.

Los rusos parecen haber dejado el camino libre para que Vladimir Putin permanezca en el poder hasta 2036, tras votar abrumadoramente por un paquete de cambios constitucionales que también aumentará las pensiones, según los resultados iniciales del referéndum.

Los resultados parciales, anunciados cinco horas antes del cierre de las urnas, indican que el exfuncionario de la KGB, que ha gobernado Rusia durante más de dos décadas como presidente o primer ministro, tendrá el derecho a presentarse como candidato para dos mandatos más.

Esto significa que podría seguir siendo presidente durante otros 16 años.

La Comisión Electoral Central dijo que poco más del 70% de los votos contados en el país más grande del mundo habían apoyado el cambio de la constitución.

Casi el 29% votó en contra tras un recuento de 2.68% de los votos. Los resultados completos se conocerán esta misma tarde.

Los rusos han sido animados a votar con sorteos que ofrecían departamentos y una campaña publicitaria que destacó otras enmiendas constitucionales en el mismo paquete, como la protección de las pensiones y la prohibición de facto de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Se transfirieron pagos únicos de 10,000 rublos (141 dólares) a quienes tenían hijos por orden de Putin cuando las personas se dirigían a los colegios electorales el miércoles, el último día de la votación, celebrada durante siete jornadas para tratar de limitar la propagación del coronavirus.

El gobernado de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respetará el fallo con el que limitan su gobierno a los dos años por lo que originalmente fue electo.

«Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado», dijo Bonilla en un breve encuentro con medios, luego de conocerse la decisión de la Corte.

Bonilla indicó que estaba peleando más tiempo en la gubernatura para que pudiera cumplir con el programa de gobierno que se ha trazado, «no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar».

El morenista afirmó que con la decisión de la SCJN, se celebrarán elecciones en Baja California en el 2021, por lo que hizo un llamado a quienes aspiren a ser candidatos en Morena, pues dijo, deben «levantar la mano” para que los comiencen a ubicar.

Acusó que hasta ahora ninguno de los ministros de la Suprema Corte ha podido decir qué artículo de la Constitución se violó con la llamada reforma que le permitía extender su mandato por cinco años, por lo que dijo, se «armaron de otros argumentos» para echarla para atrás.

El mandatario local dijo que para que una reforma sea inconstitucional debe haber violado un artículo de la Constitución.

Sobre la petición que la oposición ha hecho de iniciar juicio político en contra de los legisladores que en su momento aprobaron la modificación al artículo octavo de la Constitución del estado que lo beneficiaba, indicó que su gobierno no iniciará ningún procedimiento contra ellos, pues sostuvo que el Congreso local es libre y soberano. «Es una cosa que deben entender en el centro y nunca lo han entendido».

Aprovechó para culpar a la derecha de haber influido en la decisión de los ministros, específicamente a la Coparmex.

«La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex (…) son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico. Hubo intereses políticos obviamente», expresó el gobernador.

Incluso dijo que los ministros se protegieron entre ellos al tomar la decisión unánime. Pidió imaginar a un Ministro votando en contra, «iban a decir automáticamente ‘oye, este ya lo maicearon’, entonces se protegieron ellos».

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el proyecto del ministro Fernando Franco, que declara como inconstitucional la llamada ‘Ley Bonilla’, por la que el gobernador de Baja California extendería su mandato por 5 años.

El proyecto del ministro Franco reconocía las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); al haber sido adoptado, Bonilla solo estará al frente del gobierno de Baja California por dos años.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que la ‘Ley Bonilla’ resulta a todas luces inconstitucional.

«La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el gobernador de Baja California, a través de una reforma a la Constitución Local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa», indicó.

Apuntó que el Congreso local perpetuó un fraude a la Constitución; y llamó a que se respete el resultado de la elección, pues es la voluntad popular la que está ahí expresada.

«Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco», dijo el ministro presidente.

Incluso los ministros afines al gobierno federal, como Yasmín Esquivel, reconocieron que aceptar la ampliación de mandato podría abrir la puerta a para futuros «caprichos» que atenten contra la Constitución.

«Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, dijo la ministra nombrada en este gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, excolaboradora del gobierno federal, y ahora ministra de la Corte, dijo que la Ley Bonilla no sólo contraviene principios constitucionales, sino que pone en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. «Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia».

Los diputados rusos entraron este martes a la segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Vladimir Putin, que incluyen la posibilidad de permitir al jefe del Estado que vuelva a ser candidato a la presidencia.

El texto fue aprobado por 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra en la Duma, la cámara baja del Parlamento. La tercera y última lectura tendrá lugar el miércoles e inmediatamente después, el texto será sometido al visto bueno de la cámara alta, el Consejo de la Federación.

El texto será luego sometido a «votación popular» por los rusos el próximo 22 de abril.

Las enmiendas afectarán al sistema político, las garantías socioeconómicas y afianzarán los valores sociales conservadores que propugna el presidente ruso.

Esta primera revisión de la Constitución desde su adopción en 1993, anunciada por sorpresa por Putin, de 67 años, en enero, es considerada además como una forma de preparar al presidente para 2024, fecha en la que culmina su último mandato como jefe de Estado y en teoría ya no podría presentarse a la reelección presidencial.

Sin embargo, Putin afirmó este martes que será el Tribunal Constitucional el que decida si puede volver a presentarse.

El presidente ruso consideró, ante el parlamento, que es «posible reinicializar» el período que limita a dos los mandatos presidenciales, tras la adopción de la revisión constitucional, a condición de que «los ciudadanos la aprueben» y que «el Tribunal constitucional confirme que ello no es contrario a la ley fundamental».

Por otra parte, este martes Putin dijo que se opone a la celebración de elecciones legislativas anticipadas, deseadas por muchos diputados en el marco de la profunda reforma constitucional que impulsa el jefe de estado.

Estas enmiendas constitucionales, como las que refuerzan las prerrogativas del presidente o el rol del Consejo de Estado, órgano hasta ahora consultivo, ya fueron adoptadas de forma unánime por los diputados en enero, en primera lectura.

Vladimir Putin ha sometido desde entonces 24 páginas suplementarias que serán debatidas desde este martes.

Para muchos analistas, esta reforma deja a Putin un máximo de puertas abiertas para preservar su influencia y perennizar el sistema que ha construido a lo largo de los últimos 20 años en el poder.

La reforma del Consejo de Estado fue, al respecto, muy controvertida, pues muchos ven en ella la institución mediante la cual Putin podría mantener el control si es que tuviera que salir del Kremlin.

Las enmiendas refuerzan además ciertos poderes del presidente, que podrá por ejemplo rehusar promulgar una ley adoptada por dos terceras partes de los diputados, o nombrar jueces.

Otra innovación es que los jueves y los dirigentes políticos de nivel federal no podrán poseer una nacionalidad extranjera o un permiso de residencia en otro país.

Al respecto, el partido Rusia Unida anunció hoy, en la Duma estatal, que apoyará una enmienda constitucional que permitiría al actual mandatario, Vladimir Putin, ser reelegido en 2024.

El líder de Rusia Nueva, Sergey Neverov, afirmó en conferencia de prensa que su partido está a favor de la iniciativa de su congresista Valentina Tereshkova.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, apoyó la propuesta de celebrar una consulta popular sobre su reforma constitucional el próximo 22 de abril, declaró hoy el diputado Pável Krashenínnikov.

«Vladímir Putin acaba de expresar su conformidad, por lo cual partimos de esto», dijo a la prensa el también copresidente del grupo de trabajo para las enmiendas a la Constitución rusa.

El legislador añadió que esta votación se celebrará el 22 de abril, día que será declarado no laborable, y se vinculará a los festivos previstos por el Código Laboral.

Esta fecha se viene manejando desde el 11 de febrero pasado, cuando fuentes del grupo de trabajo que estudia las enmiendas a la Constitución propuestas por Putin el pasado 15 de enero en su discurso sobre el estado de la nación informaron de que «efectivamente» la votación podría celebrarse el 22 de abril, miércoles.

En el pasado se habló también del 12 de abril, día en que Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de la historia, dio la vuelta a la Tierra; del 19 de abril, en que se celebra la Pascua ortodoxa, y del 26, en que se recuerda la catástrofe nuclear de la central de Chernóbil.

En todo caso, la idea es que los rusos acudan a votar antes del 9 de mayo, cuando se celebrará el 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

En principio, habría que aprobar una ley especial para convocar la consulta popular en día de semana.

Tras hacerse pública la propuesta de celebrar la consulta popular el 22 de abril, el día en que se cumplirán 150 años desde el nacimiento del fundador de la Unión Soviética, Vladímir Lenin (1870), los comunistas expresaron su rechazo a esta elección.

El líder de los comunistas rusos, Guennadi Ziugánov, aseveró que hay otras fechas para esta consulta y «no hay que correr con la aprobación de la Constitución».

Putin es el principal impulsor de esta reforma. Entre las propuestas figura limitar el número de mandatos presidenciales y revisar el actual equilibrio de poderes, para que el Gobierno sea nombrado por el Parlamento y no por el jefe de Estado.

Putin ha rechazado que vaya a aspirar a un nuevo mandato en el  Kremlin, pero no ha descartado por ahora seguir en la vida política  rusa. A finales de diciembre de 2019 cumplió 20 años en el poder, en  su mayoría como presidente salvo un paréntesis de cuatro años en los que, por ley, se vio forzado a seguir como primer ministro.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que su reciente propuesta de revisión constitucional no tiene como finalidad «prolongar su poder» luego de que concluya su mandato en 2024.

«Las enmiendas que propuse son simplemente dictadas por la vida (…) He adquirido la certeza al ejercer mis funciones de presidente y de jefe de gobierno que algunas cosas no funcionan como deberían», declaró Putin.

En una reunión con representantes de la sociedad civil transmitida por la televisión, Putin negó que busque prolongar su permanencia en el poder como han acusado sus detractores.

«¿Deberíamos prolongar el poder del actual presidente? Pienso que no», agregó Putin, quien no puede volver a presentarse en 2024 a la presidencia, pues alcanzó el límite constitucional de dos mandatos consecutivos.

Putin sorprendió en enero al proponer una serie de cambios que transfieren al Parlamento prerrogativas como la designación del primer ministro, refuerza poderes del presidente y el papel del Consejo de Estado, hasta ahora un órgano consultativo.

Al respecto, los diputados rusos aprobaron el jueves por unanimidad y en primera lectura todas las enmiendas constitucionales. El presidente dijo el martes que espera que el texto sea adoptado definitivamente de aquí a poco más de tres meses.

Las reformas deben ser sometidas a votación de los rusos, pero no ha sido anunciado ni en qué forma ni cuando.

Para muchos analistas, Putin organiza con esta reforma el período posterior a 2024, cuando termine su mandato, dejándose un máximo de puertas abiertas para preservar su influencia en el país que dirige, como presidente o primer ministro, desde hace 20 años.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado por la Constitución y la Ley Federal de Protección de Datos Personales a resguardar los datos y la información personal de las y los mexicanos, afirmó el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.

El INE está en posesión de datos biométricos como el rostro y las huellas dactilares de millones de personas. “No hay ninguna institución del Estado mexicano que tenga los datos tan actualizados y con elementos biométricos”, indicó.

Mencionó que los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública, y en los convenios firmados hasta el momento para identificación de personas, el INE recibe la información, la busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los datos.

“Desde la creación de esta base de datos biométrica, solamente el IFE y ahora el INE han tenido la forma de acceder a esta información para efectos de depuración, y algunos otros servicios que hemos instrumentado, que tienden a darle más armas al ciudadano para cuidar su identidad, para proteger sus datos”, agregó.

Precisó que los datos personales recabados están protegidos por las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE.

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE explicó que el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992, establece que para la creación de un sistema de identidad ciudadana “el Instituto Federal Electoral tendría que entregar la base de datos ciudadana”.

Sin embargo, recordó que en 1992 el entonces IFE era un órgano del gobierno y éste a su vez organizaba las elecciones. El presidente del Consejo General era el Secretario de Gobernación y se entiende que “la ley haya previsto un transitorio donde se establecía claramente que, para la construcción de un sistema de identidad, el IFE le brindará la información de los electores al RENAPO (Registro Nacional de Población)”.

Pero el país ha cambiado, mencionó René Miranda, al agregar que en 1996 hubo una reforma electoral que le dio la autonomía al Instituto Nacional Electoral, se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos, además de que en el 2000 se crea la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

“El universo de 90 millones de ciudadanos que se encuentra en el Padrón Electoral, es gente real, con derechos y obligaciones, que tiene la posibilidad de decidir si quiere que se comparta su información o no y para qué fines”.