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El actual gobierno de Michoacán reveló un presunto fraude de 5,186 millones de pesos del exgobernador Silvano Aureoles, junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos.

La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje antibalas, según denunció este miércoles el gobierno estatal.

Alfredo Ramírez, actual gobernador y sucesor de Aureoles, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude en la construcción, el arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

Ramírez aseguró en rueda de prensa que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.

Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo. Los espacios exclusivos para el exmandatario se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos, aseguró el morenista.

Ramírez desglosó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos, uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno, con la existencia además de un sobreprecio en la construcción. Además, posteriormente se rentaba a dicha empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios.

Lo revelado hoy por el gobernador se suma al reciente hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial, ubicada en Morelia, capital del estado.

Aunque Aureoles dijo que durante su mandato no realizó ninguna modificación a la llamada Casa de Gobierno, una reciente investigación demostró que en agosto del 2020 su gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) detuvo al apoderado legal de la empresa constructora del edificio ubicado en el número 56 de la calle Emiliano Zapata de la delegación Benito Juárez, el cual colapsó durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado, que provocó la muerte de dos mujeres.

 

Mediante un oficio de colaboración, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del hombre de 48 años en el municipio de Jilotepec, Estado de México, de donde fue trasladado al Reclusorio Sur.

 

Durante la audiencia inicial, efectuada el domingo pasado, un juez de control calificó como legal la detención y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, en tanto que el imputado solicitó la duplicidad del término, por lo que mañana jueves continuará la audiencia en la que se espera sea vinculado a proceso.

 

Los delitos por los que se le acusa son responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, por el que podría alcanzar hasta seis años y seis meses de prisión, y homicidio doloso, cuya penalidad máxima es de 20 años.

 

Luego de que el edificio ubicado en Zapata 56 colapsara tras el sismo del 19 de septiembre, y que la delegación Benito Juárez interpusiera una denuncia en su contra por el uso de materiales de bajada calidad, la empresa Canada Building Systems, asegura que dicha información es falsa y adelanta que los dictámenes la deslindarán de responsabilidades en el caso.

 

En entrevista con el diario EL UNIVERSAL, el Director Responsable de Obra (DRO) del edificio Zapata 56, Juan Duay Huerta, indicó que las empresas Premex y Control de Calidad y Geotecniados, avalaron la calidad de los materiales utilizados en la construcción del inmueble.

 

“Hasta el momento no hay un dictamen que valga la pena, porque para hacer un dictamen se requiere de varios elementos para saber si los materiales estaban correctos, si estaban bien aplicados los coeficientes
sísmicos en el cálculo o si alguna otra razón de construcción falló”, indicó el DRO, quien añadió que a obra fue avalada por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, René Aridjis.

 

Duay Huerta sostuvo que por ley los edificios deben tener una revisión durante los 10 años subsecuentes a su construcción y en el caso del inmueble siniestrado, la última verificación fue hecha en julio de este año. “Ningún centímetro se movió, el edificio permaneció estable”, dijo.

 

El edifico de Zapata 58 en la Colonia Portales en la delegación Benito Juárez, es uno de los casos más claros de cómo las constructoras utilizaron materiales de mediana calidad para la edificación de sus inmuebles, pues a poco más de un año, el sismo logró siniestrar un tercio del mismo. La empresa constructora responsable: Canada Building Group, quien argumentó que debido a que se trató de «infortunado siniestro», no cubrirá ningún daño.

 

La empresa hizo llegar un mail, a los 23 propietarios en el que indicaban que «este caso fortuito es un suceso frente al cual no se puede hacer nada ya que frente a fenómenos geológicos, humanamente no es previsible ver su futuro resultado», por lo que se deslindaron de cualquier reparación del daño y se limitaron a «unirse» al dolor y a las pérdidas económicas que los habitantes sufrieron por el temblor.

 

«Al momento de darles la posesión del departamento que nos compraron, ustedes se hicieron responsables vía contractual de la contratación de un seguro que consideren conveniente, que en evento futuro garantice el reembolso de los daños que en algún momento lleguen a sufrir, como en el presente caso acontece», justifica la empresa.

 

Como acto de «buena fe», la empresa reiteró estar dispuesta a «asesorarlos y proporcionarles la documentación legal que requieren y que nosotros tengamos en nuestro poder».

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de haber sido objeto de diversos señalamientos tras el socavón que se produjo en el paso exprés de la carretera México-Acapulco, la constructora Aldesa emitió un comunicado de prensa en que defiende su presencia en territorio mexicano al asegurar que a lo largo de 10 años, ha ganado «importantes contratos» los cuales en su mayoría (60%) son en el sector privado.

La empresa española indicó que respecto a proceso públicos de licitación, ha obtenido poco más de 2% de los contratos de obra licitados por la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, los cuales han respetado la «ley y los pliegos técnicos de la oferta, y hemos cumplido cada uno de ellos».

Reiteró que sigue colaborando de manera «comprometida» con las autoridades competentes para atender las necesidades de los vecinos del paso exprés y quienes ante las fallas registradas han visto mermada su vida cotidiana.

 

 

Foto: Twitter

Luego de los señalamientos de los que ha sido «víctima» la compañía Grupo Aldesa, responsable de la construcción del paso exprés, emitió un comunicado de prensa en el que negó cualquier acto de corrupción al interior de su estructura para adjudicarse contratos del gobierno federal, y reiteró «la integridad de la compañía».

 

 

Sobre la relación que ha guardado con dependencias de gobierno y por las que se señalan las adjudicaciones «a modo», la constructora indicó que las empresas privadas «para las que trabajamos representan el 60% de la cartera de Grupo Aldesa». Aseguró que «los contratos públicos de los que hemos sido adjudicatarios han estado siempre sujetos a la ley y a los pliegos técnicos de la oferta y hemos cumplido cada uno de ellos. Aldesa ha estudiado y licitado en 962 proyectos, la mayoría han sido en consorcios con diferentes empresas mexicanas».

 
 
Subrayó que sólo un 2.5% de las licitaciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), mismas que alcanzan las 12,214 han sido adjudicadas a favor de la empresa.
 
 
 
Foto: Archivo APO