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Los trabajadores sindicalizados de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, rechazaron el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, en lo que ha sido considerado el primer gran desafío del nuevo tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.

La votación, que inició este martes y concluyó ayer a las 22 horas, fue vista por los empleados como una forma de acabar con el control que ejercía el sindicato, que según ellos protegía los intereses de la empresa sobre los suyos propios, que hasta ahora recaía en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central sindical obrera más grande del país.

De los 5,876 trabajadores que acudieron a las urnas, 3,214 votaron para rechazar el actual contrato laboral mientras que 2,623 personas votaron por mantenerlo, informó este jueves la Secretaría de Trabajo.

Se enfatizó que aún con el resultado, los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales.

La consulta “contribuirá al desarrollo de futuros procesos de democracia sindical en el país”, afirmó la dependencia, que accedió a interceder después de una votación inicial en abril en la planta, que fue suspendida por irregularidades detectadas, lo que ocasionó la queja del gobierno de los Estados Unidos.

La Secretaría del Trabajo enfatizó que la jornada de votación se llevó a cabo sin incidentes, y de manera continua por 34 horas.

Apuntó que se instalaron cinco casillas lejos de las oficinas administrativas y sindicales, y supervisadas en todo momento por personal de la STPS y observadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La vigilancia de observadores invitados por la dependencia, demuestran el compromiso del gobierno por hacer valer la democracia sindical y el respeto a la voluntad de los trabajadores”, dijo la STPS.

La votación abre la puerta para que los trabajadores busquen una nueva representación sindical y ha puesto a prueba las reglas laborales del T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, y que reemplazó al TLCAN, que estaba vigente desde 1994.

Recordemos que entre otras cosas, el T-MEC busca fortalecer a los sindicatos y aumentar los salarios en el país, en parte para desincentivar el traslado de puestos de trabajo desde Estados Unidos o Canadá.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado aprobaron, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, esto luego de que se convocara a su análisis y discusión tras el reclamo que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por haberlo dejado fuera de la agenda del segundo periodo extraordinario de sesiones.

Según indicó el Senado, el objetivo de esta Ley es regular y garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar, participar y votar en el ejercicio de revocación del Presidente de la República.

El proyecto de decreto fue aprobado con ocho votos en favor y dos en contra, por la Comisión de Gobernación; mientras que  la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, lo avaló con siete votos en favor, tres en contra y una abstención.

El documento plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el responsable de la organización y desarrollo de la consulta; además de promover el voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.  

El inicio de este proceso, procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Dicho ejercicio, sugiere el proyecto aprobado por las comisiones del Senado, se podrá solicitar, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.

También prohíbe la utilización de recursos públicos para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para el proceso de revocación de mandato. En tanto, ordena a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado a abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo.

El documento menciona que la convocatoria emitida para este proceso deberá contener los fundamentos constitucionales y legales aplicables: las etapas, el nombre de la persona que ocupa la titularidad de la Presidencia de la República, fecha de la jornada de votación, así como la pregunta objeto del proceso.

Tal como lo había adelantado el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, la propuesta de pregunta que se incluyó es: ¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?.

Asimismo, indica que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

Especifica que el tiempo que comprenda el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación, de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

También se plantea que la jornada de votación se celebre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “Sí” y el “No” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quien le corresponderá el cómputo final y emitir la declaratoria de validez, con base en los resultados consignados en las actas de los cómputos distritales y una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto.

Se aclara que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. Asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República. Corresponderá al Tribunal Electoral notificar los resultados del proceso al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al INE, para los efectos constitucionales correspondientes.

Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, puntualizaron, el Presidente de la República se entenderá separado definitivamente del cargo, cuando el Tribunal emita la declaratoria de revocación.

En voz de Monreal Ávila, será este miércoles cuando se podría convocar a un nuevo periodo extraordinario de sesiones para analizar y en su caso aprobar en el Pleno el dictamen aprobado en Comisiones. En caso de aceptarse el periodo extraordinario, éste se celebraría el próximo viernes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retó esta mañana a la oposición, para que “se una” y logren que deje la presidencia, en la revocación de mandato que se celebrará en marzo del próximo año.

“Ahora de nuevo viene otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato, esto es la democracia”, expresó el mandatario en la conferencia de  prensa matutina en Palacio Nacional.

“El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Ahora tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México porque en democracia es el pueblo el que manda”, añadió el presidente.

López Obrador recordó que en junio se unieron todos en contra del movimiento que encabeza; dijo que hubo desde políticos, corruptos, la mayoría de medios de información, así como los sectores más retrógrados.

“Ahora viene la revocación del mandato va a ser interesantísimo, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse”, dijo.

Las declaraciones de AMLO llegan luego de la Consulta Popular convocada por López Obrador para iniciar juicios contra políticos del pasado, por corrupción y otros delitos, aunque dicha consulta no alcanzó la participación mínima requerida.

El ‘Sí’ se impuso con el 98% de los votos, pero solo fue a votar el 7.1% de la lista nominal, cuando se requería el 40% de participación para que el resultado fuera vinculante.

El presidente defendió que la consulta fue “histórica” pero arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición y los medios de comunicación por la baja participación.

“Parece que les incomodaba, no les gustó. En vez de promoverla e invitar a la gente a que participara simulaban que iban a recoger la opinión de la gente”, opinó.

El presidente reiteró una vez más que la autoridad electoral no ha estado a la altura de las circunstancias y reiteró que “en su momento” presentará una reforma del INE.

El INE ha sido acusado de boicotear la consulta porque hubo solo un tercio de mesas electorales que las que hubo en los últimos comicios. Sin embargo, el Instituto ha denunciado que son “mentiras del oficialismo” y justificó que el Congreso rechazó ampliar el presupuesto para la organización de la Consulta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la Consulta Popular celebrada este domingo, pese a baja participación que se registró. Dijo que no fue un “fracaso” tal como lo ha querido hacer ver la oposición, y aprovechó para culpar al Instituto Nacional Electoral (INE) de no tener suficiente “entusiasmo” para organizarla.

“Los que no procesan con autenticidad la democracia como forma de vida y de Gobierno, y los medios de información van a decir ‘fracaso’. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Y aunque el ‘Sí’ arrasó con el 97.7% de los votos frente al 1.5% del ‘No’ y el 0.7% de sufragios nulos, la participación fue solo del 7.1%, muy lejos del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante.

Según cifras dadas a conocer por el INE, participaron 6.6 de los 93.6 millones de mexicanos convocados, cuando se requería el voto de 37 millones de personas.

“Fue realmente muy importante y ejemplar lo que se vivió en esta jornada”, expresó el mandatario. “Es algo realmente trascendente. (…) No se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada. Por eso mi felicitación a todos los que participaron”, añadió.

Si bien fue la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, López Obrador dijo que nunca antes había votado tanta gente en un ejercicio así, puesto que la consulta informal que convocó en 2018 sobre cancelar las obras del aeropuerto capitalino tuvo una participación de un millón de personas.

“Por eso ahora es un triunfo el que 6.6 millones de ciudadanos hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta”, expresó.

Recordó que en marzo próximo habrá una consulta sobre la revocación de mandato, sobre la que se dijo convencido de que votará mucha más gente.

El presidente aprovechó para arremeter una vez más contra la autoridad electoral, a la que acusa de no haber puesto suficiente empeño en la organización de la consulta.

“Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta. No han tenido entusiasmo por la democracia, fingen ser demócratas”, reprochó AMLO.

El mandatario dijo que la baja participación no impide “la posibilidad de que haya juicios” contra los políticos del pasado, ya que las autoridades tienen “el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas”.

El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que se pedirá a la ciudadanía exprese su sentir sobre si están a favor o en contra de esclarecer las decisiones políticas tomadas en los sexenios anteriores.

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Universal, 59% de los mexicanos considera que no es necesario llevarla a cabo, mientras que 38.5% que opina que sí.

Según lo establecido en la Constitución, se requiere la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que los resultaos puedan tener efectos vinculatorios.

Sobre el interés que despierta el ejercicio, 43.4% de las personas encuestadas considera que es muy importante participar en la Consulta. 21.6% considera que es ‘algo importante’; el 13.5% mencionó que es poco importante, mientras que 20.9% dijo que es nada importante.

La encuesta revela que los ciudadanos quieren que se investigue y se lleve a juicio a funcionarios; los tres más mencionados son los gobernadores, con 89.9%; los presidentes municipales, con 89.7%, y los expresidentes de México, con 89.2%.

9 de cada 10 consultados mencionó a Carlos Salinas de Gortari, exgobernadores, senadores, diputados, Enrique Peña Nieto y a jueces; 89.2% refirió al expresidente Felipe Calderón. Los presidentes municipales, Vicente Fox y Ernesto Zedillo también fueron mencionados. Sorprendió que un 72.4% hizo mención del presidente López Obrador.

Sobre la pregunta que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que quedó de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?; el 70.9% de los encuestados dijo entender el cuestionamiento. 28.6% indicó que no entiende la pregunta.

La revista británica The Economist volvió a lanzar una dura crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien comparó con Cantinflas por lo ambiguo de la pregunta que se realizará en la consulta popular contra expresidentes el próximo 1 de agosto, ejercicio que él impulsó.

Luego de que en mayo la publicación calificara al mandatario como un peligro para México, en su más reciente editorial aseguró que el cuestionamiento que se formulará el 1 de agosto “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”.

Y es que la particular manera de expresarse de Cantinflas fue reconocida por la Real Academia de la Lengua Española con el verbo “cantinflear” que significa hablar sin decir nada.

Inicialmente, lo previsto era que en la consulta, convocada por el propio López Obrador, se preguntase si se debía enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero la Suprema Corte modificó el cuestionamiento de manera que se preguntará si se está de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte.

La publicación británica destacó este fin de semana que la intención del presidente, de recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien “es una parodia del Estado de Derecho”, y subrayó la relación “afectuosa” entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y López Obrador.

The Economist subrayó que López Obrador ya no es invencible, luego de los resultados de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, donde Morena perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y su partido perdió la hegemonía en Ciudad de México.

La revista afirmó que el mandatario sufre por el mal manejo de la pandemia, la recesión económica relacionada a la misma, así como “un crimen violento sin cesar”.

Es por ello que, dijo, para distraer la atención de las fallas políticas “el presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir”.

Esta es la segunda vez que The Economist critica al mandatario de manera directa; el pasado 27 de mayo dedicó la portada de su edición latinoamericana a López Obrador bajo el título “El falso mesías de México”, junto a una imagen del presidente rodeado de soldados y una planta petrolera de Pemex.

Tras la publicación, el canciller Marcelo Ebrard, envió una carta a la revista en la que calificó de “absurdo” su contenido y aseguró que la portada “es la síntesis de la exasperación” de las élites.

Mientras que López Obrador calificó la portada de la revista de “majadera, muy grosera y desde luego mentirosa” y afirmó que la publicación tiene detrás a sus adversarios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana a la consulta popular que se realizará el próximo 01 de agosto, en donde se preguntará a la ciudadanía si se debe juzgar a los exmandatarios del llamada “periodo neoliberal”.

López Obrador dijo que si bien él no va a participar en la consulta, dijo que no pasará a la historia como tapadera, por lo que llamó a los ciudadanos a participar. “Ahí está que todos den a conocer su punto de vista, libremente”.

Sus declaraciones se producen tras publicarse la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta el 01 de agosto, con un periodo de difusión a partir del 15 de julio.

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte cambió el texto.

Al final, la pregunta que aparecerá en las boletas será: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

López Obrador aseveró que la pregunta “se puede traducir de manera muy sencilla” a: “¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes?”. “Es otro texto, pero en esencia es eso, ‘sí’ es si quieres que se inicie el proceso, de conformidad con la ley, ‘no’ es que no estás de acuerdo”, comentó.

El presidente enunció las razones por las que juzgar a sus predecesores; en el caso de Salinas argumentó que entregó todos los bienes de la nación del pueblo de México a sus allegados. Sobre Zedillo recordó el rescate a la banca conocido como el Fobaproa, por el que el nuestro país lleva cerca de 40 años pagando.

Sobre Fox, el primer presidente de alternancia, lo acusó de “fraude a la democracia” por incumplir con el cambio y operar a favor de su sucesor, Calderón, a quien acusó que está activo en la política y es una voz opositora; le atribuyó la “guerra contra el narcotráfico”, que desató violencia y masacres. De Peña Nieto, su predecesor inmediato, resaltó la corrupción generalizada.

“Hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años, fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo “vamos a buscar una transformación'”, sostuvo López Obrador.

El mandatario también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), que había rechazado organizar la consulta, con un esto estimado de 890 millones de pesos con el argumento que no había presupuesto. “Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad”, ironizó el presidente.

López Obrador dijo que el INE tiene los recursos necesarios, solo que debe priorizar y destinar el presupuesto a ejercicios como este, y no en pagar “altos sueldos, vinos, viáticos o buenos restaurantes”. Insistió en que el INE es el organismo electoral más costoso del mundo.

“Entonces, ¿cómo no van ahorrar?  Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que tengan la posibilidad de tener casillas, o mesas electorales y recoger la opinión de la gente”, indicó.

AMLO señaló que el INE podrá utilizar los tiempos oficiales en los medios para promover la consulta popular, incluso dijo que se utilizará la conferencia de prensa matutina para promover el ejercicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Nación (SCJN) admitió la consulta extraordinaria presentada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para analizar y definir si se extiende dos años su periodo en la presidencia.

Zaldívar anunció ayer por la mañana que había presentado por escrito la solicitud de consulta al pleno, y por la tarde ya había sido admitido el trámite que, en condiciones normales, tarda varios días en realizarse.

“Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente y dé cuenta con éste al propio Pleno”, se apuntó en el acuerdo.

Recordemos que Zaldívar anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo analice la ampliación de su mandato; en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”.

Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió. Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le reiteró su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

Recordemos que originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

Luego de que ayer fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial de la Federación, en las que se amplía de 4 a 6 años el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, fue el Ministro presidente quien se posicionó esta mañana.

Calificó las reformas como las más importantes de los últimos 25 años, fruto del esfuerzo de colaboración entre los Poderes de la Unión en el marco de la división de poderes. Explicó que se sientan las bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.

Tal como lo ha dicho en otras ocasiones, Zaldívar señaló que en el debate legislativos de las reformas se incluyó el polémico artículo transitorio que prórroga su presidencia de la Corte, lo cual reconoció, se encuentra generando un ambiente de desconfianza que “injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la Judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”.

“A fin de no prolongar una situación de incertidumbre que dañan la legitimidad del poder judicial Federal se hace necesario buscar una salida inmediata que permite retomar el foco de la implementación de la reforma”, dijo Zaldívar en un comunicado publicado esta mañana en sus redes sociales.

Detalló que con fundamento en el Artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentará el pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo transitorio.

“En una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa los cuales deben interpretarse acuerdo a las circunstancias de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional. Tenemos un Tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esta responsabilidad”, precisó.

Aprovechó para afirmar que a lo largo de su trayectoria ha defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración, lo cual queda demostrado en sus proyectos, sentencias y votos.

Finalizó indicando que el poder judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia, tal como ha ocurrido durante su administración.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la tarde de ayer el diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla Braille y el sello de la papeleta que se utilizará en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto del 2021, en la que se definirá si los expresidentes serán enjuiciados.

El Instituto dijo que tomó en cuenta el contexto presupuestal, pues aseguró que no cuenta con recursos asignados para la realización de la Consulta.

“El INE cumplirá sin ninguna duda lo que la Constitución le ordena respecto a la Consulta Popular: ‘normar el expediente de la participación política de la sociedad en la toma de la opinión social sobre asuntos del más alto calibre e interés nacional'”, expresó la Consejera Carla Humphrey Jordan.

Se detalló que en el diseño de la boleta no se incluye el dato de municipio o alcaldía por el anverso del documento y éste se colocará en el reverso durante el sellado de las papeletas en los distritos como parte del proceso de conteo, sellado y agrupamiento.

A pesar de la negativa de las instancias del Estado mexicano responsables de asignar el presupuesto público a los fines que manda la Constitución y una Consulta Popular, la autoridad electoral sacará adelante ese ejercicio, afirmó el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Mencionó que el esfuerzo organizativo y financiero del Proceso Electoral Federal y los procesos locales concurrentes en las 32 entidades, “permitirán aprovechar la capacitación de los Capacitadores Asistentes Electoral y del personal para hacer la Consulta Popular ocho domingos después de la elección”.

Recordemos que según las estimaciones iniciales del INE, la consulta supondría un gasto de 1,500 millones de pesos, aunque tras cabildeos y ajustes, el costo se redujo a 890 millones, esto ante las medidas de austeridad.

Fue en octubre del año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la realización de la consulta, y aunque se había planteado que lo que se iba a definir era si se enjuiciaba a los expresidentes, los ministros de la Corte dijeron que para no vulnerar la presunción de inocencia de los exmandatario se eliminarían sus nombres de la pregunta.

Así, la pregunta que contendrá la papeleta quedó definida de la siguiente forma: ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?.

En otros temas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó la suspensión de la difusión de tres conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por constituir una intromisión a los procesos electorales.

La queja fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, en contra de AMLO, por expresiones electorales realizadas durante las conferencias matutinas de los pasados 5, 6 y 7 de mayo. Acusaron que se vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda.

La Comisión determinó la procedencia de las medidas cautelares pues, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las declaraciones hechas por el mandatario sí constituyen una intromisión a los procesos electorales, prohibida por los artículos 41 y 134 constitucionales.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre los informes de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) respecto a la verificación de las firmas de apoyo de dos peticiones de consulta popular para investigar y en su caso enjuiciar a los expresidentes, presentadas por: Yeidckol Polevnsky, y por Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano.

En el primer caso, sobre la consulta popular promovida por la ciudadana Yeidckol Polevnsky , relativa al tema “la investigación y juicio a ex presidentes para condenar a los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”, el informe establece que se entregaron 69 mil 254 firmas y, de ellas, 55 mil 930 fueron ubicadas en la Lista Nominal.

Por lo tanto, el número de ciudadanos solicitantes es insuficiente para cumplir con el requisito del 2% establecido en la Constitución, ya que de 1 millón 825 mil 701 registros necesarios, sólo se verificaron y validaron 55 mil 930 firmas, lo que corresponde al 0.06% de la Lista Nominal.

En el caso de la solicitud de consulta popular promovida por Norma Ariadna Sánchez Bahena y el ciudadano Manuel Vázquez Arellano relativa al tema “juicio a ex presidentes”, se presentaron 2 millones 538 mil 48 apoyos, de los cuales se validaron 2 millones 116 mil 837 con correspondencia en registros vigentes en la Lista Nominal de Electores, esto es, el 2.3%, por lo que cumple con el número de apoyos requerido.

Sin embargo, en ambos registros se encontraron inconsistencias tales como el registro de personas muertas. Polevnsky presentó el registro de 194 personas que ya fallecieron, mientras que Sánchez Bahena y Vázquez Arellano presentaron 5,530 registros del mismo tipo.

Otra de las irregularidades que más se encontraron fueron los registros duplicados. La Yeidckol presentó 2,592 y Sánchez Bahena y Vázquez Arellano 120,902.

Sobre los resultados, el consejero Ciro Murayama mencionó que siempre es de festejar que la ciudadanía participe de la vida pública y ejerza los derechos que la Constitución le da, como es el caso de los ejercicios de la consulta popular; sin embargo, denunció “prácticas abominables” en los procesos, como es el uso de los datos de personas fallecidas desde 1999.

“Y eso debe señalarse como una práctica abominable a la democracia: suplantar personas, y más aún personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo no acudieron a las mesas a dar sus firmas”.

El consejero electoral afirmó que los primeros que deberían de condenar dichas prácticas son los propios ciudadanos que impulsan las consultas, pues refirió hubo quienes contaminaron el ejercicio al presentar apoyos fraudulentos.

Foto: Twitter @CitlaHM

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmara una iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó al gobierno de violentar acuerdos internacionales.

La Confederación dijo que con dicha iniciativa, el gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

Recordó que según datos del Censo Económico 2019, la iniciativa pondría en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en el país bajo la modalidad de subcontratación, e incluso advirtió que podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC.

La Coparmex denunció que la iniciativa también tendrá efectos fiscales adversos. Dijo que resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, dijo la organización que dirige a nivel nacional Gustavo de Hoyos.

Y aunque se dijeron a favor de cualquier esfuerzo para acabar con actividades fraudulentas, pidieron no perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral. “Se debe regular, no prohibir”.

Explicó que la subcontratación laboral es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que, empleada correctamente, conforme a las leyes, obligaciones sociales y fiscales a los trabajadores, fomenta el empleo, la economía formal y la inversión.

La Coparmex lamentó que aunque se tenía el compromiso del gobierno federal de lograr consensos con el sector privado, no lo cumplió.

Finalmente, la Coparmex instó al Congreso de la Unión y al gobierno federal a retomar el compromiso de diálogo social que permita llegar a una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Ante la polémica que se ha desatado entre el gobierno federal y gobernadores de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que no les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federalista.

AMLO celebró que se los mandatarios locales quieran hacer una consulta para conocer el sentir de la ciudadanía, aunque les advirtió: “no es conmigo, es con la Constitución”.

El mandatario señaló que el pacto federal no se puede romper como lo han planteado los gobernadores de oposición porque “esto tiene que ver con la Constitución”. Sostuvo que se tendría que llevar a cabo una reforma para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

Insistió en que el presupuesto federal no se distribuye a capricho, esto ante la demanda de los gobernadores inconformes de acceder a mayores recursos.

López Obrador sostuvo que a los estados se les entrega un monto anual, de acuerdo a la población, pobreza y otros parámetros, lo cual “obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde 1980, por la Ley de Coordinación Fiscal”.

En el caso específico del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, AMLO aseguró que no se le debe nada como lo ha denunciado el mandatario estatal. El presidente pidió a los gobernadores que “no manipulen”, y reiteró que el gobierno federal actúa en el marco de la legalidad.

López Obrador sugirió a los gobernadores comprobar si es que no han recibido recursos. Dijo que el tema de las participaciones se ha utilizado con fines electorales.

La Alianza Federalista está compuesta por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso al Consejo General el presupuesto para la consulta popular para juzgar las decisiones de los actores políticos del pasado, entre los que se encontrarán los expresidentes. El presupuesto asciende a mil 499 millones 392 mil 669 pesos.

En caso de ser aprobados por el Consejo General del INE, los recursos deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la autoridad electoral cumplirá con el mandato de organizar el ejercicio de consulta popular, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, además de que será vigilante de que todos los actores políticos cumplan con las reglas electorales.

Explicó que, como resultado de diversos análisis hechos por las principales áreas del INE, se concluyó que para realizar la consulta popular el 1 de agosto de 2021, sin afectar las actividades de la institución durante el proceso electoral ya en curso, es necesario solicitar recursos adicionales.

Señaló que el costo proyectado es menor a los 8 mil millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso electoral de principio a fin.

Lorenzo Córdova puntualizó que la solicitud atiende estrictamente el mandato de realizar una consulta popular con los parámetros técnicos, profesionales y los estándares de calidad con los que el Instituto lleva a cabo sus procesos.

Precisó que todas las áreas involucradas atendieron a la recomendación hecha, tanto por la Presidencia del Consejo como por la Secretaría Ejecutiva, de reducir al máximo los costos de la consulta, tomando medidas de ahorro y considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la Consulta Popular.

Algunas de las medidas planteadas con ese propósito son, por ejemplo la instalación de 104 mil 667 casillas, en lugar de las 164 mil 550 casillas que se instalarán en la Jornada Electoral del 6 de junio; integrar las Mesas Directivas de Casilla con un número menor de personas; esto es, tres en lugar de seis funcionarios de casilla; recurrir a los ciudadanos ya capacitados para la Jornada Electoral del 6 de junio, lo que permitirá generar ahorros al no tener que llevar a cabo una nueva insaculación ni una capacitación integral, como si fuera un nuevo proceso electoral.

Otras de las medidas son reutilizar los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo sólo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el 7 de junio y el 1 de agosto de 2021. Se está proponiendo también realizar los cómputos distritales conforme vayan llegando los paquetes electorales, disminuyendo así en dos días los trabajos del Instituto y la contratación de personal, además de que no será necesario la realización de un programa de resultados preliminares.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y enjuiciar a los expresidentes de México.

Con la aprobación de los Diputados, se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

El dictamen recibió el apoyo de 272 diputados, mientras que 116 votaron en contra; no se registraron abstenciones.

El documento fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes.

El dictamen aprobado precisa que la materia de consulta popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que se considera procedente convocar a las y los ciudadanos a Consulta Popular para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Se determina que la difusión de la consulta será en los tiempos y en la forma que determine la metodología aprobada por el INE.

El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 64 votos a favor, el dictamen por el que se determina que la materia de Consulta Popular para enjuiciar expresidentes, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es procedente y cumple con el requisito de trascendencia nacional.

El aval de los senadores llega luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la constitucionalidad de la petición de consulta, con una propuesta de pregunta en relación con las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

Como se informó, la pregunta fue modificada por la Corte, quedando de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El documento aprobado por el Senado también emite la convocatoria para que los ciudadanos y ciudadanas emitan su opinión en el proceso de consulta popular.

Se reiteró que la consulta ciudadana se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Se detalla que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora. El Instituto también definirá los tiempos y forma en que se hará la difusión de la consulta.

Se indica que el propio INE determinará la ubicación de las casillas, considerando lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad.

Al término de la jornada, el Instituto declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la participación.

El dictamen fue remitido por la Mesa Directiva del Senado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador comentó sobre el tema, y dijo que lo que se consiguió en la Corte y ahora en el Senado, fue algo muy importante para el país, al grado de que los “conservadores” siguen enojados por haber logrado la consulta ciudadana.

“Sí fue algo, creo yo, importante. Para empezar, nunca se ha hecho una consulta así, estamos en el terreno de lo inédito y a los presidentes no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, eran intocables, no se podía tocar al intocable. Entonces, sí es algo bueno”.

Rechazó que la consulta vaya a representar un gasto de 8 mil millones de pesos como lo ha denunciado la oposición, e incluso sugirió que se modifique el Artículo 35 constitucional para que la consulta se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia de 2021.

Además dijo que el propio INE, quien estará a cargo de la consulta, podría convocar a voluntarios para reducir los costos, pues aseguró, hay muchos ciudadanos interesados en participar.

“Habría nada más que llegar a un acuerdo para que la consulta se haga, además es lo más lógico, si ya la gente va a ir a votar por diputados, senadores, gobernadores, de una vez ahí se decide sobre la consulta, porque otro día, y volver a montar toda la estructura organizativa… esa es una forma de resolver. La otra es que también no cuesta 8 mil millones de pesos hacer la consulta”, refirió el mandatario.

En la jornada de ayer, el Pleno del Senado determinó improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyos económicos a las personas que perdieron sus trabajos, formales o informales, o disminuyeron sus ingresos con motivo de crisis económicas, como la ocasionada por la actual pandemia de Covid-19.

Con 61 votos en pro, 28 en contra y una abstención, los senadores señalaron que dicho tema involucra el ejercicio del gasto público, el cual no puede someterse a un ejercicio de participación ciudadana.

Precisaron que en el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, apartado 3, se establece que no podrán ser objeto de consulta popular, entre otros temas, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.