Ana Paula Ordorica
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AMLO amenaza con demandar a las empresas que utilizan el modelo de autoabasto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas eléctricas privadas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”.

“Aun cuando ya es ilegal (el autoabastecimiento), hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice”, dijo.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a comienzos del mes constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Sobre este asunto, ahora el mandatario aseguró que ya “hay un marco legal” pero, antes de presentar denuncias penales, buscará el diálogo con esa veintena de empresas, en su mayoría extranjeras, que a su modo de ver actuaron ilegalmente.

“Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude este mecanismo de autoabasto que crearon que es como una especie de mercado clandestino, informal”, apuntó.

Agregó: “Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. No lo voy a hacer”, subrayó el mandatario.

López Obrador explicó que se está terminando de analizar “quiénes están en la ilegalidad completa” y violando “la Constitución”.

“Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”, subrayó.

Con este llamado, López Obrador bajó el tono de confrontación frente a las privadas por primera vez en meses, a quienes había venido atacando constantemente.

Y es que recordemos que aunque en la Suprema Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional. No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa

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López Obrador amaga con que todos los contratos relacionados con el litio serán revisados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que todos los contratos relativos al litio que existen en el país serán revisados, esto luego de que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma que presentó el mandatario a la Ley Minera.

Recordemos que el mandatario envío el pasado domingo al Congreso un proyecto para cambiar varios artículos de la Ley Minera con el objetivo de darle el Estado el control sobre la explotación del litio, tras fracasar la votación de la reforma eléctrica impulsada por el propio AMLO,

“Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio”, afirmó López Obrador hoy al ser consultado sobre los alcances del dictamen, que ya se encuentra en el Senado.

Y es que la iniciativa incluye crear una empresa para exploración y explotación, así como la prohibición de dar nuevas concesiones del mineral, de creciente uso para la fabricación de baterías y del que se estima México posee importantes reservas.

En el estado de Sonora se encuentra una de las mayores operaciones, Bacanora Lithium. La china Ganfeng Lithium informó el año pasado que había llegado a un acuerdo para hacerse con la totalidad de esa firma, de la que ya era un accionista clave.

Aunque no lo mencionó por su nombre, a una pregunta sobre los efectos de la ley sobre ese proyecto, López Obrador explicó que se está analizando ese contrato y si se cumplió con el requisito de realizar una consulta a las comunidades locales, entre otros aspectos.

“Eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos”, añadió.

López Obrador agregó que se entregaron unas 150,000 hectáreas para la explotación del mineral durante el gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

“Si no son contratos que se hayan entregado para litio, no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración, explotación de litio”, remarcó, una postura que ya había expresado hace meses cuando manifestó el interés de su administración por el mineral.

La agencia de noticias china Xinhua informó este martes que el presidente del parlamento del país asiático, Li Zhanshu, conversó por videoconferencia con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para “mejorar aún más las relaciones”, pero no trascendió si hablaron sobre los cambios a la Ley Minera.

López Obrador también dijo esta mañana que se va a ir desarrollando la tecnología para la exploración y explotación del litio.

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Gobierno anuncia que revisará y revocará permisos de autoabasto en energía

El gobierno federal anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales, al menos 110, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ayer por parte de la Suprema Corte.

“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad”, destacó la presidencia en una tarjeta informativa.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su respaldo al modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

En la nota informativa, la Presidencia remarcó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró “totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de senadores de oposición.

“Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados de libre comercio”, añadió.

Por ello, instó a que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, sea aplicada por las autoridades competentes.

“Los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido”, agregó.

Según resaltó la tarjeta informativa de Presidencia, el Alto Tribunal fue “claro y preciso” y ello tiene “consecuencias favorables” para el Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Apuntó que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación.

También mencionó que las hidroeléctricas tendrán un “despacho prioritario”; se trata de 60 hidroeléctricas con 12,125 megawatts que aportan un 10% de energía en el sistema eléctrico y llegarán a aportar el 18% del sistema eléctrico nacional.

“El acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico”, agregó el texto, que señaló que los productores privados mantenían el “monopolio” del “despacho preferente”.

Además, ahora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usará su facultad para decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la “confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional”.

También se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue, aseguró Presidencia.

A modo de conclusión, el gobierno de la 4T aseguró que así “se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”.

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AMLO recurre a lo que tanto criticó: 8 de cada 10 contratos se entregaron por adjudicación directa en 2021

Pese a las críticas que hizo durante mucho tiempo a los gobiernos anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2021, método que se ha convertido en una práctica recurrente en la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con una investigación publicada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante el año pasado la entrega de contratos por el método de adjudicación directa se mantuvo como la práctica más común, pues en ese periodo el 80.3% de los 157,796 contratos que entregó el gobierno se adjudicó directamente.

En total, según las cifras reveladas por la organización, el monto de estos contratos asciende a 147,000 millones de pesos, tan solo en 2021. Además, en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.

Mientras que entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos, para 2020, el monto promedio para un contrato directo se disparó a 1.9 millones y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos.

Y es que si bien las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, estas deben aplicarse solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican, prácticas con las que el gobierno de Morena prometió acabar.

La investigación señaló que, del total de licitaciones, las públicas representaron solo 10.3%, las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos; mientras que 3.2% se realizaron con otros mecanismos.

MCCI destaca que los servicios de comunicación social y publicidad fueron los rubros que se mantuvieron como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para estas acciones se entregaron por adjudicación directa. Estos servicios se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.

Investigación completa en MCCI

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López Obrador asegura que EUA entiende motivos de la reforma eléctrica

México acordó con Estados Unidos revisar “caso por caso” la situación de empresas extranjeras inconformes con la reforma eléctrica que envió el presidente al Congreso, y que ya se discute en Parlamento Abierto, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El acuerdo surgió durante la reunión que sostuvo con la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, ayer por la tarde en Palacio Nacional.

“Donde hay, consideran que hay, una injusticia, se revisan los casos, ellos tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informó, tanto estadounidenses como de Canadá, son pocas”, dijo el mandatario en su conferencia matutina, aunque no dio mayores detalles.

Pero, si por el contrario, lo que quieren son subsidios “ahí no se puede, porque es injusto”. “¿Con qué argumentos un Gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción?”, se cuestionó López Obrador en referencia a Estados Unidos y las firmas privadas que, según dijo, buscan el apoyo del país vecino. Rechazó que vaya a haber expropiaciones o apagones.

Según López Obrador, Granholm entendió que el objetivo de su administración es “desterrar la corrupción” que dijo, permitió que empresas particulares del sector se vieran favorecidas en contratos leoninos para el Estado.

“Platicamos bien y le informamos el porqué de la reforma energética y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos y resolviendo graves problemas que nos heredaron, explicándole cómo imperaba la corrupción en todo, y cómo por los negocios privados se afectaba la hacienda pública”, explicó el mandatario.

López Obrador aseguró que tiene una muy buena impresión de la secretaria de Energía, y dijo que es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política.

Señaló que a Granholm se le explicó, por ejemplo, el negocio que se hizo con los gasoductos en México en el pasado con una serie de contratos “leoninos”. En relación con estas polémicas, el presidente aseguró que siempre se buscará “el acuerdo mediante el diálogo”.

Además, en un video publicado ayer, y retransmitido en la mañana de hoy, el presidente aseguró que se respetarán los puestos de trabajo y salarios en la refinería Deer Park, Texas, de la cual asumió el control total ayer el gobierno mexicano, luego de concretar la compra.

“Tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salarios a los obreros, a los administrativos”, dijo López Obrador en un video en redes sociales, con subtítulos en inglés.

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In BRÚJULA

Contratos selectivos en la 4T

Una mañanera sí y la otra también el presidente López Obrador ataca los contratos que la iniciativa privada obtuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector energético. Contratos que ha descrito como leoninos; como un abuso que daña la soberanía de México al otorgar a empresas privadas, en especial internacionales, los recursos que López Obrador considera deben manejar Pemex y/o la CFE.

Por eso llama la atención que en el caso de Grupo Simsa no se le escuche al presidente queja alguna de los abusos de esta empresa propiedad de Nessim Issa Tafich. Por el contrario, el monopolio en la distribución y transporte de gas natural que tiene una de sus subsidiarias, Gas Natural del Noroeste, en el estado de Veracruz, se mantiene extrañamente firme.

Tan firme que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha han obtenido más de 40 contratos exclusivos para la distribución de gas en donde ellos deciden a quién le venden; cuánto y cómo cobran. El caso más llamativo es la concesión que se les dio del gasoducto Zapoapita-Mendoza que apenas mide 35 kilómetros pero es sumamente importante porque es el que conecta el norte con el sur de México.

Y aquí es cuando entra en acción la selectividad de los contratos en el gobierno. La empresa Alten (Destiladora del Valle) presentó una denuncia en contra de Gas Natural del Noroeste (GNN) porque de un día al otro, en 2019, Pemex le cambió la jugada a pesar de tener un contrato vigente para que le suministrara gas natural. Petróleos Mexicanos les anunció que su nuevo proveedor sería GNN. Hasta ahí no habría problema, salvo por la mordida de entrada que pidió este nuevo proveedor a Alten: 17 millones de pesos, como se puede ver en la carpeta 3645-2019.

Como Alten no quiso pagar esta cantidad y presentó una denuncia contenida en la carpeta arriba mencionada, GNN amenazó y acusó a la empresa de robar gas de sus ductos, de gaschicol. A pesar de no presentar una sola prueba, la Fiscalía General de la República cateó una planta de Alten y detuvo sus trabajos durante cuatro meses. Todo esto con el apoyo de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, contra quien ya hay una carpeta de investigación también, la 2664-2021, por abuso en sus funciones.

Al no encontrar pruebas que acreditaran el robo de gas por parte de Alten, la planta ya fue reabierta pero los daños causados por los privilegios de GNN son varios. Alten no es la única empresa afectada en la zona de Orizaba. En total ya se han perdido más de 700 empleos en esa región por recortes que han tenido que hacer entre cierre de plantas y aumento a las tarifas de gas de forma unilateral y sin explicación por parte de GNN.

Lo peor es que algunas empresas han tenido que encontrar otras fuentes de energía para no frenar su producción, entre ellas combustóleo y metano que, además de ser más caras, son mucho más contaminantes.

Esta concesión del ducto Zapoapita-Mendoza que se le otorgó a GNN permite a la empresa trabajar sin ninguna regulación. Evidentemente aquí no se puede hablar de que a través de esta acción apoyada por el gobierno estatal y federal se esté logrando un fortalecimiento ni de Pemex ni de Gas Bienestar, como constantemente dice el presidente que actúa su gobierno. Por ello la gran pregunta es ¿por qué tiene tanto poder esta empresa, Gas Natural de Noroeste, filial de Grupo Simsa? Y ¿por qué tiene tanto poder Beda Carreto Santiesteban, una gerente en Pemex?

Columna completa en El Universal

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La 4T privilegia las adjudicaciones directas y entrega contratos a empresas fantasmas

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad aun con la 4T, cuya bandera ha sido el combate a estas prácticas.

Luego de realizar un análisis de todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, se confirma que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador.

En lo que va del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones; 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas.

Sin embargo, MCCI alerta que llama la atención un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como “Otros”, que representan el 2.9% del total.

Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173,131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83,958 millones de pesos o 28.1% del total.

Los contratos catalogados como “Otros” son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27,500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.

Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como “Otros”, llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27,500 millones de pesos.

Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%, pese a que este gobierno prometió dejar de utilizar este mecanismo o cuando menos disminuirlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga y actualiza de manera recurrente la lista de empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, es decir, aquellas conocidas popularmente como empresas fantasmas. Al comparar la lista definitiva de estas empresas y buscar las coincidencias en las contrataciones públicas mediante el Registro Federal de Contribuyentes, se han identificado 52 contratos con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones.

La gran mayoría de estas contrataciones usaron procedimientos de adjudicación directa: el 51% (27 contratos) fueron entregadas por este tipo de procedimientos, 21% (11) por licitación restringida y 28% (14) fueron licitados públicamente. En segundo lugar, sólo dos contratos fueron terminados anticipadamente a pesar de que 12 se realizaron cuando la empresa ya había sido incluida en la lista de empresas fantasmas que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los contratos celebrados con empresas fantasma desde 2019 han sido realizados por 20 dependencias. La institución que ha adjudicado los mayores montos a empresas fantasmas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por un monto de 108.5 millones. Tal cifra representa el 67% del total de este tipo de contrataciones. Después de este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 14 contrataciones con empresas fantasmas por 14.6 millones, lo cual la convierte como la dependencia con mayor número de procedimientos con estas empresas y la segunda con mayor monto. En tercer lugar, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional realizó siete contratos por un monto de 7.9 millones de pesos con estas empresas.

Investigación completa en MCCI

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AMLO indica que ya preparan nuevos contratos con farmacéuticas para vacunas COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que la vacuna mexicana contra el COVID-19, Patria, sigue avanzando y ya se encuentra en una segunda fase de la investigación.

“Se está avanzando en la investigación de la vacuna Patria, que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación. Hay buenos resultados en la primera etapa”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador reiteró que el próximo mes  comienza la vacunación de menores con enfermedades crónicas y aseguró que sigue “en pie” el compromiso de concluir la vacunación al menos con una dosis a todos los mayores de 18 años antes de que finalice octubre.

“Para poder lograr en un mes este objetivo ya tenemos toda una estrategia”, dijo el presidente, que afirmó que se respaldará de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuestionado sobre si se repetirá la vacunación el próximo año, López Obrador dijo que por el momento los médicos no recomiendan este refuerzo de inmunización, aunque precisó, lo están analizando. No obstante, puntualizó, ya se están haciendo “nuevos contratos” con las farmacéuticas, aunque no ofreció mayores detalles.

Sostuvo que no “van a faltar las vacunas” y que estas se aplicarán a “todos” y “sin distinción”, de manera gratuita.

Según cifras del gobierno, el 71% de la población adulta en el país cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

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COFECE impone multa por 177.6 mdp a 17 clubes de fútbol por prácticas monopólicas

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este jueves que 17 clubes del fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas físicas serán multados por prácticas monopólicas.

“El pleno de la Comisión impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga Mx por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la realización de estas, a la FMF y a 8 personas físicas”, explicó la autoridad.

En la Liga MX femenil, el ente regulador de competencia concluyó que los conjuntos, entre los que se encuentran el América, fijaron un salario máximo a la jugadoras.

Según la investigación, al inicio de la Liga en 2017 los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos al mes, las menores de 23 años 50 pesos y las de las categorías sub’17 no tendrían ingresos sino sólo ayuda como transporte y comida.

En la temporada 2018-2019, La Liga Mx informó que el tope subió a 15,000 pesos  al mes y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

“Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas”, criticó la comisión.

La COFECE aseguró que la FMF persuadió a que los equipos cumplieran con estos salarios con comunicados y al realizar verificaciones.

“La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en este caso los salarios de las jugadoras- y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios”, explicó la Comisión.

En el caso de la Liga varonil, la COFECE determinó que los equipos mantuvieron derecho sobre futbolistas a los que recién se les venció el contrato y si otro conjunto quería contratarlos debía negociar con ellos.

“La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor”, afirmó la autoridad.

El total del daño estimado al mercado por ambas prácticas fue por 83 millones 375 mil pesos y los equipos que pagarán la multa son América, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca, Pumas UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

En respuesta, la FMF y la Liga MX informaron que fueron notificadaos sobre la resolución de la COFECE, e indicaron que tal como se informó en su momento el derecho de retención de jugadores al que se refería la Comisión, denominado “Pacto de Caballeros” concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro. Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019.

Así, dijo que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFECE respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica.

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PAN señala #CubaGate: fraude al presupuesto de Salud a través de médicos cubanos

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron este lunes que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a 585 médicos cubanos que no contaban con título universitario para atender a pacientes COVID-19 en México.

A través de sus redes sociales, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, reveló varios documentos que obtuvo de fuentes oficiales, en los que se menciona que el Gobierno de Ciudad de México habría contratado 585 médicos para apoyar en la pandemia quienes, supuestamente, no cuentan con un título que respalde su experiencia.

Rementería señaló que preguntó a seis dependencias públicas, a través de solicitudes de información, algunos datos que le permitieran conocer la capacidad profesional de los médicos cubanos contratados por México en 2020.

De acuerdo con los datos expuestos, tanto el gobierno federal como el capitalino habrían gastado poco más de 255.8 millones de pesos  en la contratación de los especialistas.

Según los documentos, la Secretaría de Bienestar, a través de un convenio de colaboración, habría transferido el 21 de abril de 2020 más de 135 millones de pesos al gobierno capitalino para ayudar en la crisis de la pandemia.

Mientras que sólo tres días después, el 23 de abril, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó con el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, dos convenios bianuales por un total de más de 255.87 millones de pesos.

Aseguró que en ese convenio, el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió a “garantizar que el personal enviado a México tiene total capacidad y experiencia”.

Sin embargo, el senador del PAN explicó que al solicitar información de los médicos contratados, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no pudieron otorgar datos, por lo que concluyó que los profesionales de la salud eran “falsos”.

También denunció que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) permitió que “extranjeros sin título médico ejercieron de manera oficial funciones de salud en México”.

Y acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de dejar entrar a 585 personas, “sin saber quiénes son, ni a qué vienen”.

Rementería afirmó que con esta investigación “se comprueba” que se orquestó un “fraude” al erario público por cientos de millones de pesos. Pidió a las autoridades de salud que proporcionen los expedientes de los pacientes a quienes trataron estos “falsos médicos” y saber cuántos mexicanos murieron “por culpa de este fraude” además de que se indemnice a familiares y los responsables respondan ante la ley.

En respuesta a lo denunciado por el senador panista, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que  la contratación que llevó a cabo su gobierno de médicos cubanos durante la pandemia fue transparente y a través de un convenio oficial.

“Están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos –igual que se les paga a los médicos mexicanos– y se hizo un convenio, totalmente oficial, establecido claramente; y, por supuesto, está la información disponible”, dijo en conferencia.

Adelantó que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informará a detalle sobre el convenio que se estableció con el Gobierno de Cuba para la contratación de personal médico de dicho país.

FOTO: Twitter @MiguelPenaflor

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Las ‘bondades’ de la 4T: empresa de ayudante de AMLO recibe contratos de la Sedena

Una empresa propiedad de Ángel Manuel Medel Ríos, integrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se vio beneficiada de las bondades de la 4T, pues recibió dos contratos por poco más de 1 millón de pesos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así lo revela una investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que detalla que luego de entrar a trabajar en la Presidencia de la República el 13 de enero de 2020, cinco meses después su empresa “Electroingeniería para Fluidos” recibió un primer contrato de la SEDENA por 912 mil pesos, y a los tres meses, la dependencia le otorgó un segundo contrato por 179 mil pesos. Ambos comprados suman poco más de un millón de pesos.

Aunque en la nómina oficial aparecía con el cargo de director de área en la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de Presidencia de la República, en la práctica Medel apoyaba al presidente López Obrador en sus giras como parte de la ayudantía.

En la relación de viáticos pagados entre enero de 2020 y mayo de 2021, que consultó MCCI, consta que Medel Ríos era parte de la avanzada que preparaba las giras y la seguridad del presidente en sus recorridos por el país.

Antes de entrar a trabajar a la Presidencia, Medel Ríos, ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, se desempeñaba como gerente de construcciones y licitaciones en Electroingeniería Para Fluidos SA de CV, empresa que creó el 7 de septiembre de 2018 ante un notario de la Ciudad de México.

En su más reciente declaración patrimonial, de mayo de 2021, Medel declaró conservar una participación del 16% de acciones en Electroingeniería para Fluidos.

El 19 de junio de 2020, cuando Medel llevaba ya cinco meses como funcionario público, la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena dio a Electroingeniería para Fluidos un contrato por 912 mil 664 pesos para realizar servicio de mantenimiento a cuatro bombas verticales, al considerarla la mejor opción luego de un proceso de invitación a cuando menos tres empresas.

El contrato fue suscrito por Óscar López del Ángel, quien es socio de Medel en la empresa beneficiada con la asignación.

Tres meses después, en septiembre de 2020, la misma dependencia de la Sedena otorgó otro contrato por 179 mil 452 pesos a Electroingeniería Para Fluidos por servicio de mantenimiento correctivo para la reparación del sistema de bombeo del pozo; esta vez el proceso de compra fue adjudicación directa.

Cabe señalar que Medel Ríos dejó la ayudantía de la Presidencia el pasado 31 de mayo de 2021, cuando fue ascendido a gerente del área de recursos materiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su sueldo neto pasó de 54 mil pesos a 91 mil pesos mensuales.

Investigación completa en MCCI

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Pemex cancela contratos con Vitol, quien reconoció actos de corrupción

Pemex ha cancelado tres contratos con Vitol, luego de que se ventilara un caso de sobornos en Estados Unidos que involucra al mayor comercializador independiente de energía del mundo.

Tres documentos de Pemex dicen que motivo de la cancelación fue el reconocimiento público de Vitol, en diciembre pasado en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que pagó sobornos para ganar negocios con Pemex, así como con empresas estatales en Brasil y Ecuador.

En cartas dirigidas a Vitol, a las cuales tuvo acceso la agencia Reuters, todas ellas fechadas en los últimos dos meses, Pemex informó a la firma de la cancelación de un contrato de gas butano, otro de nafta y otro de gas propano. El contrato de propano abarcaba cuatro operaciones distintas.

Los mayores comercializadores independientes de materias primas del mundo se enfrentan a un escrutinio global por presunta corrupción tras años de investigaciones sobre sobornos a funcionarios en varios países de América Latina.

En marzo, se informó que Pemex estaba buscando renegociar algunos de sus contratos de cientos de millones de dólares con la empresa, que tiene su sede en Ginebra. El director general, Octavio Romero, dijo que Pemex trataría de deshacerse de condiciones que considera desfavorables.

Vitol confirmó que, a la fecha, las conversaciones con Pemex no habían llegado a un resultado final, pero no aclaró si los contratos habían sido cancelados.

“Vitol reconoció las preocupaciones de Pemex y durante varios meses funcionarios de alto nivel tanto de Vitol como de Pemex trataron de negociar una resolución aceptable para ambas partes”, dijo la firma en una nota a Reuters. “Aunque las discusiones no condujeron a un acuerdo entre las empresas, Vitol sigue abierta a continuar su diálogo con los funcionarios de Pemex y trabajar hacia una solución mutuamente beneficiosa”, añadió.

Una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que los contratos cancelados tenían un valor total de millones de dólares y todos eran válidos hasta al menos 2023.  La fuente añadió que los funcionarios de Pemex habían suspendido las negociaciones después de que ejecutivos de Vitol rechazaron los cambios propuestos en los términos de los contratos.

Pero a todo esto, cómo están las finanzas de Pemex luego de la ‘ayuda’ que el gobierno federal le ha dado en el Presupuesto 2022. En Broojula te presentamos el análisis más completo.

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In #EnRedes

Lionel Messi no renovará con el Barcelona debido a “obstáculos económicos y estructurales”

El Barcelona anunció el jueves que Lionel Messi no permanecerá en los planes del club después que la normativa financiera de La Liga española hizo “imposible” un acuerdo entre el conjunto catalán y el delantero argentino.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales”, detalló el Barcelona a través de un comunicado el jueves.

El club culpó a la “normativa de La Liga española” de no permitir que firmara un nuevo contrato con el astro argentino.

“Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona”, agregó el Barsa. “Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”.

El contrato anterior entre el atacante de 34 años y el conjunto venció el 30 de junio.

“El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”, añadió el club en su comunicado.

Con 35 títulos e interminables récords, seis veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, que encarnó lo mejor del Barcelona, abandonará el club poniendo fin a toda una era de fútbol azulgrana.

Según expertos, en 121 años de existencia del club blaugrana, quizás solo Johan Cruyff, también Balón de Oro, pueda equiparase a lo que representa Messi para el club catalán.

Es, por mucho, el máximo goleador de la historia del Barça con 709 goles en 836 partidos; el máximo goleador de la historia de la Liga; el máximo anotador en un año natural con 91 en 2012, y el jugador que ha ganado más títulos con el Barcelona, 35 en total, incluidas cuatro ‘Champions’ (2006, 2009, 2011, 2015).

La ‘Pulga’ también ha cosechado seis Balones de Oro, más que Cristiano Ronaldo (5), Cruyff, Michel Platini o Marco Van Basten (3).

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In Nacional

Gobierno de Sheinbaum también le entró a la compra de sistemas de espionaje

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.

Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a la misma empresa, también por adjudicación directa.

El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa. Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.

El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.

Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.

De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.

El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos. 

Entre las cláusulas de los anexos de dicho contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.

Investigación completa en MCCI

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In Internacional

Gobierno de Biden echa para atrás contratos para el muro fronterizo de Trump

El gobierno del presidente Joe Biden anunció la primera cancelación de contratos iniciados por su predecesor, Donald Trump, para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio por terminados dos contratos para la construcción de barreras en el sector de Laredo, Texas.

El mes pasado, el DHS publicó su plan para el uso de los fondos que el gobierno de Trump planificaba usar en la construcción de barreras físicas a lo largo de los 3,200 kilómetros de la frontera sur de su país.

En cumplimiento de sus promesas electorales, Trump tenía la intención de gastar unos 15,000 millones de dólares en la obra, y a fines de 2018, después de que declaró una emergencia en la frontera, transfirió a su proyecto más de 10,000 millones de dólares que el Congreso había aprobado para gastos militares.

El plan anunciado en junio por el DHS estableció las normas generales para las decisiones relacionadas con la construcción de barreras fronterizas y los contratos cuya cancelación se anunció hoy cubren casi 50 kilómetros de obras.

“La construcción no ha comenzado todavía en los dos proyectos en el sector Laredo, y no ha comenzado la adquisición de terrenos”, indicó el DHS.

La agencia añadió que sigue revisando todos los otros proyectos de barreras fronterizas que se han dejado en pausa, y está en el proceso de determinar cuáles puedan ser necesarios para atender necesidades de la vida, la seguridad y el medioambiente.

“El gobierno sigue pidiendo al Congreso que cancele los fondos restantes para el muro y que, en cambio, otorgue fondos para medidas de protección fronteriza más inteligentes”, puntualizó.

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In Nacional

Calderón y EPN gastaron cerca de 6 mil mdp en servicios de espionaje: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

“Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”, explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

“Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos”, dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. “Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos”.

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull “se remontan” a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

“No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018”, apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración “estos grupos no han sido contratados”, apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, “se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración”.

Adelantó que se ejecutará el “acuerdo de bloqueo” contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba “mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

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