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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México por la que se validó el registro de convenio de la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) celebraron para la elección de la entidad.

El PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza cuestionaron la resolución del Tribunal local, porque consideraban, entre otros motivos, que el convenio de la coalición establecía porcentajes de distribución de la votación que constituyen una indebida trasferencia de votos.

También denunciaban la ilegalidad de las dimensiones y el orden del emblema de la candidatura común, así como la violación al principio de uniformidad en la aportación de las prerrogativas de radio y televisión.

La Sala Superior del TEPJF coincidió con el Tribunal local en que, conforme con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de dicha Sala, el principio de uniformidad solamente es aplicable a las coaliciones, por lo tanto, el modelo de distribución de votos que acordó la candidatura común es válido, ya que no contraviene la legislación local ni concurre con otras formas de asociación en elecciones simultaneas como las de ayuntamientos y diputaciones.

También consideró que la distribución y orden de aparición de los partidos políticos integrantes de la candidatura común en el emblema pactado no es ilegal, porque la norma no regula dichas cuestiones, sino que se limita a establecer el orden que debe ocupar en la boleta.

En relación con la aportación diferenciada de las prerrogativas de radio y televisión, se resolvió que no constituye un requisito legal para la procedencia del registro que un instituto político diverso a los signantes del convenio tenga interés jurídico para impugnar.

Adicional, la Sala Superior también validó el registro del convenio de la coalición “Va por el Estado de México”, conformada por el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, para postular a una candidatura común.

El asunto se originó a partir de la impugnación de Morena y del Partido Verde, quienes alegaron que la solicitud de registro del convenio se presentó fuera del plazo legal previsto; fue indebido que se le requiriera a los partidos solicitantes para subsanar deficiencias, y hubo un incumplimiento de diversos requisitos legales y estatutarios.

La Sala Superior coincidió con la determinación local en lo que respecta a que que la solicitud del registro del convenio se presentó oportunamente, en términos de las fechas definidas en el calendario del proceso electoral; que el requerimiento para subsanar deficiencias fue correcto, pues se justificó en la garantía de los derechos a la libre asociación y de ser oído en juicio.

El gobierno federal prevé realizar hoy el pedido formal de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer contra el COVID-19, confiando en que llegue al país en un lapso de entre cinco y ocho días, dijo este lunes la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la cancillería, Martha Delgado.

La funcionaria añadió que la vacuna de Pfizer, de la que México adquirió 34.4 millones de unidades y que el viernes fue autorizada por la COFEPRIS, será entregada por la empresa en los puntos de vacunación con apoyo logístico y de seguridad de las Fuerzas Armadas.

“Para que pueda darse la vacunación en México necesitamos hacer nuestro pedido. En eso está la Secretaría de Salud el día de hoy. Se hace el pedido y, según nuestro contrato, en un lapso semejante a cinco-ocho días podemos tenerla aquí”, afirmó Delgado.

La vacuna de Pfizer, desarrollada junto con la firma alemana BioNTech, fue autorizada en Estados Unidos el viernes por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y comenzó a ser distribuida internamente durante el fin de semana por orden del presidente Donald Trump.

Consultada sobre una instrucción previa de Trump para priorizar la entrega del fármaco en su país antes de que se exporte a otros destinos, Delgado aclaró que las primeras vacunas que llegarán en diciembre y enero a México procederán de Bélgica, no del país vecino.

Sin embargo, reconoció que la orden de Trump podría tener alguna consecuencia para nuestro país. “Creo que quizás pudiera afectar las siguientes entregas (que) vinieran de Estados Unidos”, añadió sin dar más detalles.

Poco después, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a los fabricantes de la vacuna a cumplir en tiempo y forma sus compromisos con el gobierno mexicano.

Recordemos que además de Pfizer, México tiene acuerdos con la china Cansino Biologics y la británica AstraZeneca.

“Nosotros, con tiempo, reservamos, hicimos convenios; ahora lo que queremos es que nos cumplan con los convenios”, dijo López Obrador.

Al hacer un nuevo llamado a que la gente permanezca en casa durante las fiestas decembrinas, reiteró que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para que la vacuna llegue a México lo antes posible, lo que ayudará a que se supere la crisis sanitaria. AMLO confió en que se comenzará a vacunar este mismo mes.

El gobierno federal se encuentra analizando una nueva denuncia contra Rosario Robles, quien esta mañana ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, debido a que se han detectado 105 convenios nuevos que supuestamente fueron realizados de forma irregular bajo las administraciones de la exsecretaria.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que se realiza dicho análisis, y quien aprovechó para señalar que la prisión preventiva dictada a Robles Berlanga es un mensaje importante de que casos de corrupción ya no deben de volver a ocurrir.

Insistió en que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es muy clara, cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)”, indicó a la prensa.

El funcionario señaló que los nuevos casos sirvieron de base para congelar las cuentas de Rosario Robles y algunos de sus principales colaboradores, pues explicó que hasta este momento se tienen siete cuentas congeladas con montos variables que llegan hasta los 12 millones de pesos.

La confirmación de la posible nueva denuncia, llega luego de que el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculara a Robles a proceso y ordenara prisión preventiva de dos meses, para que se realice la investigación complementaria.

Esta mañana de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), firmaron dos convenios que buscarán garantizar “elecciones limpias, pacíficas y transparentes” en la capital del país.

 

 

El primero de los convenios fue descrito como un compromiso de blindaje que encabeza dicha fiscalía y que se firmará con todas las entidades del Gobierno de la República, aunque fue la CDMX la primera en hacerlo. “Somos la primera entidad que firma este blindaje y eso es de lo que se trata, precisamente, en el nombre lleva la intención, lleva la finalidad: blindar estas elecciones”, afirmó el jefe de gobierno.

 

Mancera detalló que el segundo convenio firmado permitirá tener un marco conceptual importante en cuanto a esquemas de colaboración y coordinación “porque lo más importante será estar en esta comunicación permanente. No estamos de ninguna manera dispuestos a tolerar o a conceder ámbitos de impunidad”.

 

El mandatario local refirió que su administración tiene el compromiso de trabajar para garantizar “elecciones pacíficas, limpias y transparentes, que den certeza jurídica de un resultado en las urnas donde la población manifestará su voluntad, la cual tendrá que ser respetada por la propia ley”.

 

Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE, señaló que “nosotros como instituciones electorales somos las responsables de generar las mejores condiciones para que el ciudadano pueda votar en paz, libre y, sobre todo, en un marco de una fiesta democrática”.