La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde, por mayoría de votos, a los procesos internos de Morena y de la alianza opositora, para organizarse rumbo a la elección presidencial del próximo año.
Y es que recordemos que los dos bloques: Morena-PT-PVEM y PAN-PRI-PRD han emitido sus respectivas convocatorias para definir a sus responsables de la Defensa de la Transformación y de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), respectivamente, que son la antesala de la candidatura presidencial.
Los magistrados validaron la Convocatoria para la construcción del FAM, aunque ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos para regular y fiscalizar este y todos los procedimientos partidistas de características similares, en este caso el de Morena, con la intención de salvaguardar la equidad en el proceso electoral federal 2023-2024.
La controversia inició con una demanda presentada por integrantes del Partido del Trabajo en contra de la Convocatoria emitida por la coalición opositora; El PT argumentó que la convocatoria violenta los principios de legalidad y equidad en la contienda, ya que busca posicionar las plataformas electorales del PAN, PRI y PRD y promocionar a su futura candidatura a la Presidencia de la República.
Al respecto, la magistrada Janine Otálora Malassis, responsable del proyecto que se sometió al Pleno, propuso invalidar la Convocatoria al considerarla un fraude a la Ley, pues el proceso de selección impugnado implica actos anticipados, lo cual vulnera los principios de legalidad y equidad en la contienda.
Por tanto, propuso detener de inmediato todas las acciones relacionadas con el proceso de selección. Esto afectaría también el proceso de Morena y partidos aliados.
Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, coincidieron en que este tipo de procesos partidistas pueden vulnerar la equidad de la contienda si se permite su desarrollo sin regulación alguna, pues son mecanismos inéditos que los partidos están utilizando para definir, en colaboración con la ciudadanía, su participación en el próximo proceso electoral de la Presidencia de la República.
No obstante, consideraron que invalidar la Convocatoria y suspender en su totalidad el proceso es una medida excesiva, pues es posible salvaguardar la equidad en la contienda sin inhibir la participación política de la ciudadanía en los distintos procesos partidistas en curso.
Además, recordaron que siguen vigentes las prohibiciones emitidas por el INE, consistentes en que no se realice propaganda o actos dirigidos a solicitar el respaldo para obtener la candidatura para un cargo de elección popular
De esta forma, votaron por validar la Convocatoria, pero le ordenaron al INE emitir Lineamientos para regular este tipo de procesos con base en los siguientes parámetros:
- No se pueden utilizar las prerrogativas de radio y televisión de los partidos políticos para difundir o posicionar estos procesos partidistas ni a las personas que participan en ellos.
- No está permitido el uso de recursos públicos y las personas servidoras públicas deben acatar su deber de neutralidad e imparcialidad.
- Siguen prohibidos los actos anticipados de precampaña y campaña.
- El INE debe definir, conforme a la naturaleza de este tipo de procesos, qué tipo de propaganda está permitida, valorando la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas. Además, debe garantizar el retiro de la propaganda que considere prohibida.
- Se debe implementar una fiscalización especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos, contabilizando todas las actividades y propaganda que beneficie o posicione a las personas participantes. El INE deberá emitir un informe con los gastos contabilizados y definir la consecuencia de esta fiscalización.
