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De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

«Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte», dijo la dirigencia nacional de partido.

La Corte Suprema de Estados Unidos votó este jueves a favor de ampliar los criterios de deportación de residentes legales permanentes que hayan cometido crímenes, lo que de acuerdo a diversos analistas sería una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump.

El máximo tribunal votó por 5 contra 4 a favor de mantener el criterio fijado por una corte inferior en un caso que involucra a Andre Martello Barton, un residente legal originario de Jamaica.

Esta decisión puede afectar a miles de personas con condenas, incluso por delitos menores, que viven legalmente en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hay más de 13 millones de residentes permanentes legales.

Estos delitos incluyen faltas relativamente menores que no implican tiempo de cárcel como delitos por abuso de sustancias o una acumulación de más de un cargo por hurto en tiendas.

La lucha contra la inmigración tanto legal como irregular fue un tema recurrente en la campaña de Trump en 2016 y un eje de su gobierno. La decisión de la corte llega luego de que se anunciara la suspensión por 60 días de la entrega de la «green card», que otorga residencia legal.

El magistrado Brett Kavanaugh, que redactó la posición que prevaleció en el alto tribunal, indicó que los contraargumentos presentados por Barton son «poco convincentes».

El juez señaló que durante el tiempo que Barton vivió en Estados Unidos fue condenado por crímenes en tres ocasiones diferentes en un periodo de 12 años incluyendo delitos por armas de fuego, portación de drogas y un cargo de agresiones con agravantes.

Kavanaugh admitió que deportar a un residente permanente es un proceso «desgarrador», especialmente por las consecuencias para su familia y que es especialmente difícil cuando involucra a alguien como Barton «que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos».

Sin embargo, se alineó con la posición del gobierno a favor de la deportación.

Recordemos que en Estados Unidos, los residentes permanentes pueden apelar una orden de deportación, si han estado viviendo de forma continua en Estados Unidos.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, que redactó la argumentación minoritaria en contra, dijo que Barton tuvo problemas de adicción y por eso fue condenado dos veces por posesión de drogas, pero que tras rehabilitarse no volvió a ser arrestado, fue a la universidad y tuvo cuatro hijos.

Con la opinión expresada hoy por la Corte, aquellos residentes legales que no tienen ciudadanía pueden ser tratados, a efectos de la regla, como quienes no gozan de la residencia legal, concluyó la jueza.

Autoridades sanitarias federales informaron que de acuerdo al último corte, en México se registran 2,439 casos confirmados de Covid-19 y 125 muertes.

Adicional se da seguimiento a 6,295 casos sospechosos, y se han descartado 11,741 casos más. Del total de casos confirmados, el 74% han sido no graves y se recuperan en sus domicilios, mientras que el 26% sí ha requerido hospitalización.

Los pacientes graves, que han requerido cuidados intensivos y/o conexión a ventiladores, es del 3.65% del total de contagios, es decir, 89 pacientes que se encuentran en estado crítico de salud. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell indicó que desde que se iniciaron los protocolos sanitarios por la aparición del nuevo coronavirus, en total se ha estudiado a 20,475 personas en el país.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, pidió a la población apoyar y confiar en el personal médico, y dejar las agresiones contra ellos a causa del Covid-19 y el temor de contagios. Señalaron que el personal médico son el primer contacto de pacientes con coronavirus.

López-Gatell se sumó al mismo llamado y afirmó que el miedo no tiene justificación para violentar al personal médico. Adicional, informó que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo que detalla las actividades esenciales de sectores industriales específicos. 

«Es importante que las empresas contribuyan en la reducción de labores. No debemos relajar el cumplimiento de las Medidas de Seguridad Sanitaria», dijo el subsecretario.

Finalmente, el funcionario sostuvo que no se descarta aceptar apoyo internacional para fortalecer equipos de profesionales de la salud en algún punto de la pandemia si así se requiere.

Un jurado en Nueva York declaró este lunes a Harvey Weinstein culpable de violación en tercer grado y lo absolvió de los otros dos más graves, dos horas después de comenzar su quinta jornada de deliberaciones.

El jurado halló a Weinstein culpable de un acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley, en 2006, y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann, en 2013, pero ha descartado la violación en primer grado de esta última y los dos cargos que incluían la supuesta violación de la actriz Annabella Sciorra hace casi 30 años.

Queda que el juez James Burke fije una fecha para la sentencia, en la que Weinstein se puede enfrentar a un máximo de 25 años por el delito de acto sexual criminal y a 4 años por el de violación en tercer grado, evitando así las penas más graves, de cadena perpetua, que acarreaban los dos cargos referentes a Sciorra, de agresión sexual depredadora.

Durante el proceso, que ha despertado el interés internacional por la relevancia del magnate de Hollywood y porque las denuncias contra él enmarcaron el movimiento feminista del #MeToo, también testificaron otras cuatro mujeres, cuyos testimonios tenían como objetivo apoyar las evidencias presentadas por esas dos mujeres.

El juicio arrancó el pasado 6 de enero con la elección del jurado que está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. El 22 de enero, Fiscalía y defensa presentaron sus argumentos iniciales y comenzaron a llamar a los testigos.

El jurado se retiró a deliberar el pasado martes, después de que los pasados días 13 y 14, los abogados y los fiscales presentaran sus alegatos finales en favor y en contra del rey midas del séptimo arte.

Un juez español dictó este jueves prisión provisional a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue detenido ayer en Málaga, ciudad al sur de España.

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, alta jurisdicción a cargo de las extradiciones, «ha acordado la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex», indicó la corte en un comunicado.

Sobre Lozoya, un muy cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, pesa una solicitud de «extradición cursada por las autoridades de nuestro país por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales.

El tribunal dio 45 días a México para presentar formalmente «la solicitud de extradición por vía diplomática», durante los cuales Lozaya permanecerá detenido.

El de Lozoya es el primer arresto de un funcionario mexicano de alto nivel en torno al caso del grupo brasileño Odebrecht, un amplio esquema de corrupción que salpicó a varios países latinoamericanos, entre ellos Perú, donde tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido.

Una orden de captura pesaba sobre Lozoya y tres de sus familiares desde julio de 2019 y se presumía que permanecía prófugo en Alemania.
Es señalado por haber recibido sobornos millonarios de Odebrecht, que habrían sido destinados a la campaña presidencial de Peña Nieto, donde se desempeñaba como encargado de asuntos internacionales.

También se le acusa de haber autorizado, cuando ya era director de Pemex, la compra de una planta de fertilizantes con sobreprecio.

Por este último caso fue detenido en mayo de 2019 en Palma de Mallorca (este) el empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, por presuntamente estar involucrado con la venta de la planta de fertilizantes en desuso por casi 500 millones de dólares.

Lozoya, quien renunció en 2016 a Pemex presionado por las crecientes denuncias en su contra, ha rechazado todas las acusaciones.

Cuestionado sobre la detención del exfuncionario, el presidente López Obrador dijo que «no se debe de dar tregua a la corrupción».

Un excomandante de la policía federal mexicana fue arrestado este viernes por presuntamente haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos de cárteles mexicanos para ayudarlos a enviar cocaína a Estados Unidos, en un caso relacionado al capo Joaquín «El Chapo» Guzmán, dijeron los fiscales.

La oficina del fiscal Richard Donoghue dijo que el acusado, Iván Reyes Arzate, fue encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde cumplía una pena de 40 meses por cargos de obstrucción en un caso en Illinois.

Reyes iba a ser puesto en libertad el 27 de enero y luego deportado a México, antes de que un gran jurado federal lo procesara ayer por tres cargos de conspiración, dijo la oficina de Donoghue.

Reyes compareció esta misma tarde en un tribunal de Brooklyn, en donde se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Cada cargo conlleva una pena mínima de prisión obligatoria de 10 años, y los fiscales quieren que sea sometido a detención permanente, tras calificarlo de «riesgo de fuga significativo».

Según la oficina de Donoghue, Reyes recibió sobornos del cártel «El Seguimiento 39», formado por un supuesto ciudadano estadounidense conocido como «Zeta 39», a cambio de ayudar a proteger sus actividades de tráfico de drogas.

Varios testigos que cooperaron dijeron que otros cárteles, incluido el de los hermanos Beltrán Leyva, también pagaron sobornos a Reyes por su ayuda, dijo la oficina de Donoghue.

Según los fiscales, Reyes trabajó de 2003 a 2016 en la Unidad de Investigación Sensible de la policía federal mexicana, y de 2008 a 2016 fue su oficial de mayor rango, lo que lo convirtió en el principal contacto para compartir información con la fuerza pública estadounidense.

Los fiscales dijeron que el caso de Reyes está «presuntamente relacionado» con otros también en Brooklyn contra «El Chapo» Guzmán y Genaro García Luna, exsecretario de seguridad, porque los hechos surgieron de los mismos esquemas, transacciones y eventos criminales.

Guzmán está cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional tras ser condenado el año pasado. Y, a principios de enero, García Luna se declaró inocente de aceptar millones de dólares en sobornos para permitir que el cártel de Sinaloa, de Guzmán, opere impunemente

Foto: Twitter

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se declaró hoy inocente de los cargos que se le imputan en una corte de Estados Unidos.

El exfuncionario federal fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza.

“La acusación de García Luna ha terminado. Se declaró inocente y fue enviado de vuelta a la cárcel mientras sus abogados trabajan en la negociación de la fianza”, adelantó Alan Feuer, periodista de The New York Times.

 

Se indicó que los fiscales afirmaron que buscarán resolver el caso sin ir a juicio, “lo cual es rutinario en asuntos criminales», pero un tanto improbable ahora que García Luna se declaró no culpable de ninguno de los cuatro cargos en su contra.

Según trasciendió, la próxima audiencia quedó programada para el 21 de enero.

El periodista reportó en su cuenta de Twitter que no hubo nada nuevo respecto a los cargos imputados previamente y que los fiscales pidieron mantener tras las rejas a García Luna debido a su «gran fortuna personal», su viaje reciente a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango, todo lo cual eleva los riesgos de que se fugue para huir del proceso.

Recordemos que García Luna fue arrestado el 9 de diciembre pasado en la localidad texana de Grapevine bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones. Se le vincula al Cártel de Sinaloa.

Tras su detención, fue trasladado a una cárcel de Texas, pero el pasado 17 de diciembre se le negó el derecho a libertad bajo fianza y se ordenó su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado para determinar su culpabilidad o no de cada uno de los cargos que pesan en su contra.

Al inaugurar el Primer Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) correspondiente al año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que su independencia y autonomía están garantizadas.

En sesión solemne de apertura, el presidente Arturo Zaldívar aseguró que a lo largo del año habrán de resolverse asuntos de la mayor relevancia para la vida de las personas y para la democracia del país, lo que se hará con independencia y responsabilidad.

Entre los temas que serán discutidos enumeró la objeción de conciencia, la #LeyBonilla, la gestación subrogada, el matrimonio de personas con discapacidad intelectual, la igualdad de género y el indulto a padres y madres privadas de libertad.

Garantizó que estos asuntos serán decididos con absoluta libertad , argumentación y votos de los ministros: «lo que determina la independencia de un Tribunal no es en sentido de la sentencia».

Añadió que la independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional está en los argumentos y razones que justifica la resolución. En ese sentido dijo que las resoluciones que dicte la Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, y podrán no gustar a todos, pero las argumentaciones de los ministros sostendrán la legitimidad de que están cumpliendo con su obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas.

En su discurso, el ministro presidente sostuvo que «en un Tribunal como el nuestro, que debate públicamente, serán los argumentos que den los ministros para sostener su voto los que determinarán la legitimidad de la decisión».

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, seguirá en una prisión de Texas en Estados Unidos, desde donde será trasladado a Nueva York, para enfrentar tres cargos en una corte federal de distrito.

El exfuncionario que colaboró en el gabinete del expresidente Felipe Caderón, compareció este martes en una corte local tras su detención hace una semana por agentes de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA).

En la audiencia de este martes, a García Luna se le negó la posibilidad de seguir en libertad su proceso, por lo que deberá esperar en prisión su traslado a Nueva York, donde iniciará el proceso.

García Luna enfrenta tres cargos de conspiración para tráfico de cocaína así como por falsas declaraciones.

El derecho a fianza le fue negado luego de que los funcionarios judiciales estadounidenses encargados del caso, alegaron ante el juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de funcionarios, exfuncionarios y miembros del cartel de Sinaloa.

Su traslado será a la corte del distrito este de Brooklyn, misma donde se enjuició a Joaquín «El Chapo» Guzmán este mismo año, y que fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua.

Será el juez Brian Cogan, quien llevó el juicio contra Guzmán, el que ahora se haga cargo de este proceso.

Una corte de apelaciones estadounidense falló este lunes que el presidente Donald Trump debe difundir ocho años de declaraciones de impuestos, un golpe a sus intentos de mantener sus ganancias personales en secreto.

El fallo es el último desarrollo en el esfuerzo por obtener copias de los impuestos de Trump, que durante su campaña electoral prometió publicarlos, aunque nunca lo ha hecho.

Un comité integrado por tres jueces de Manhattan rechazó la apelación de los abogados del presidente, que se oponen a un pedido del fiscal a la empresa contable de Trump, Mazars, para que ésta revele sus impuestos entre 2011 y 2018.

Los jueces federales, no obstante, no adoptaron una posición sobre la afirmación de los abogados de Trump de que como presidente éste cuenta con inmunidad ante cualquier investigación penal.

«Esta apelación no requiere que consideremos si el presidente es inmune a una acusación y proceso mientras ocupa el cargo, ni que consideremos si el presidente puede ser legalmente obligado a entregar documentos para ser utilizados en un procedimiento penal estatal», dijeron los jueces en su fallo.

El fiscal Cyrus Vance pidió estos documentos en el marco de una investigación sobre un pago efectuado a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio por una supuesta relación con Trump.

La investigación, que examina cómo Trump y su empresa reembolsaron este pago de 130,000 dólares efectuado durante la campaña presidencial de 2016 por un abogado de Trump, Michael Cohen, no ha llevado aún a ninguna inculpación.

Cohen cumple actualmente una pena de tres años de cárcel tras admitir que hizo un pago para comprar el silencio de Daniels y de otra mujer, en violación de las leyes de financiación electoral, así como por fraude impositivo y mentir al Congreso.

Los jueces decidieron que la inmunidad de Trump no está en cuestión, porque los fiscales pidieron los documentos a la empresa contable de Trump, no al presidente.

Trump es el primer presidente desde Richard Nixon que se niega a difundir sus declaraciones de impuestos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reveló esta tarde que el Poder Judicial sufrió presiones en gobiernos anteriores en temas como el de la Guardería ABC y Florance Cassez, entre otros.

«Sobre las declaraciones de Calderón debo decir que las presiones a las que fui sometido y fue sometida la Corte. No son nuevas. Tiene más de 8 años que se sabe de ellas. Todo mundo las sabía, todo mundo las conocía», indicó el Ministro Presidente.

Sostuvo que ahora hay todo un plan de trabajo para combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, y aprovechó para dar a conocer la suspensión de un magistrado de distrito por su presunta implicación en una red de corrupción e irregularidades graves.

«Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No habrá tolerancia a actos indebidos. Seguiremos combatiendo el nepotismo (…) Es la primera vez que tomando medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no ha habido ni habrá intocables», declaró Zaldívar a la prensa.

Indicó que el antídoto contra las presiones que pueda recibir la Corte es no ceder a ellas.

Al ser cuestionado sobre los perfiles que se propondrán para ocupar la vacante en la Corte, Zaldívar indicó que no tiene conocimiento de quiénes serán, sin embargo confió en que sea gente honorable, seria, íntegra, juristas independientes que sumen al prestigio de la Corte.

Reconoció que le gustaría que fuera una terna de mujeres.

El Ministro Presidente, rechazó hablar en esta ocasión sobre el tema del exministro Eduardo Medina Mora, sin embargo expuso que sí «tiene inconsistencias financieras bastante importantes, es lo que puedo decir».

Los diputados británicos volvieron a sus actividades legislativas este miércoles tras la decisión de la Corte Suprema, que declaró «ilegal» y «sin efecto» el cierre del parlamento ordenada por el primer ministro Boris Johnson, lo que da pie a un complicado mes antes del Brexit.

La Cámara de los Comunes reanudó sus sesiones pidiendo explicaciones sobre su suspensión al fiscal general, el consejero jurídico del gobierno, Geoffrey Cox.

Johnson, que voló desde Nueva York a donde asistió a la Asamblea general de la ONU, comparecerá ante el Parlamento esta misma tarde.

«Este parlamento es un parlamento muerto», dijo Cox reprochando a los diputados haber rechazado tres veces el acuerdo de divorcio negociado con Bruselas por Theresa May y negarse a autorizar elecciones anticipadas para salir del bloqueo.

«Este parlamento debería tener el valor de enfrentarse al electorado, pero no lo hará», agregó.

Asegurando que «hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit», Johnson había reiterado su llamado a unos comicios anticipados que la oposición se niega a concederle hasta que se descarte por completo la amenaza de una salida brutal de la Unión Europea programada para el próximo 31 de octubre.

Johnson, que perdió la mayoría tras la rebelión de 21 de sus diputados, está ganando popularidad entre los votantes según los sondeos y quiere aprovechar ese impulso. Pero para convocar elecciones anticipadas necesita el apoyo de dos tercios de una cámara que ya rechazó dos veces su propuesta.

«Nuestra principal prioridad es prevenir una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre», reiteró el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, e insistió que hasta entonces no habrá elecciones.

Este jueves, una corte federal de apelaciones ratificó una prohibición contra las armas de asalto que abarca Chicago y el resto del condado Cook, en Illinois.

“Si una prohibición contra las armas semiautomáticas y los cargadores de gran capacidad reduce el riesgo percibido de que ocurra una matanza a tiros, y hace que por consiguiente el público se sienta más seguro, ese es un beneficio sustancial”, se afirmó en la opinión mayoritaria de 12 páginas.

El juez discordante de dicho Circuito en el caso de Highland Park, Daniel Manion, señaló que no había motivo para prohibir toda una clase de armas.

“El derecho a la defensa propia carece principalmente de sentido si no incluye el derecho a escoger las armas más efectivas para defenderse”, escribió.

La Corte señaló que los defensores del derecho a poseerlas no presentaron ningún argumento convincente de por qué debían discrepar de un fallo previo que ratificó una medida similar para un suburbio de esa ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede bloquear a seguidores en Twitter porque le desagradan sus opiniones, determinó una corte federal de apelaciones.

La Corte de Apelaciones del segundo circuito de Manhattan dijo que la primera enmienda de la Constitución le prohíbe al mandatario utilizar la función del «bloqueo» en la red social para limitar el acceso a su cuenta, que debe permanecer abierta a todo público.

«La primera enmienda no permite a un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para propósitos de Gobierno excluir a personas de un diálogo en internet porque han expresado posiciones que le desagradan al funcionario», escribió en el fallo el juez Barrington Parker.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a los pedidos para emitir comentarios. Twitter tampoco se refirió al tema.

Trump ha convertido a su cuenta de Twitter (@RealDonaldTrump) en una parte central de su presidencia al usarla para promover su agenda, anunciar medidas y criticar a sus detractores. Tiene 61.8 millones de seguidores.

La decisión del juez ratifica un fallo de mayo del 2018 emitido por la jueza distrital Naomi Reice Buchwald en Manhattan.

El Departamento de Justicia ha dicho que el dictamen «fundamentalmente está mal concebido», argumentando que Trump usa Twitter desde su condición de individuo para expresar sus posturas, no para abrir una plataforma de discusión pública.

Alrededor de medio millón de personas que viven en las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac en la Ciudad de Mexico, se quedaron sin el suministro de agua a partir de este martes, cortó que se prolongará hasta el 27 de junio próximo, debido al mantenimiento que se dará al Acueducto Tulyehualco

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Bernardo Carmona Paredes, informó que se surtirá agua a través de pipas en los lugares que resulten afectados.

Para ello, detalló, se cuenta con garzas existentes en Cerro de la Estrella, San Lorenzo, Sector Popular 3 en Iztapalapa y seis adicionales para las tres alcaldías en el área afectada.

A partir de las 0:00 horas de este martes, se suspendió el servicio para iniciar trabajos en Periférico Sur, entre las calles cercanas al puente Muyuguarda, frente a la zona de Cuemanco. Detalló que en ese punto se pretende conectar una línea de tubería nueva de 816 metros de longitud, que ya está preparada para sustituir a la antigua del acueducto Tulyehualco, la cual funciona desde hace más de 70 años.

Indicó que dicha obra permitirá eliminar fugas, afectaciones en vialidades y, por lo tanto, mejorar la eficiencia en el suministro de agua en estas zonas de las tres alcaldías.

En Iztapalapa serán afectadas 250 mil personas de 29 colonias, entre las que destacan Ampliación Polvorilla, Barrancas de Guadalupe, Barrio Guadalupe, Barrio San Antonio, Benito Juárez, Benito Juárez 140, Buenavista, Consejo Agrarista Mexicano, Quetzalcóatl parte alta, El Molino, El Rosario, El Triángulo, Jardines de San Lorenzo, José López Portillo, La Estación, La Planta, Lomas de San Lorenzo, entre otras.

En Coyoacán, serán afectadas 150 mil personas de las colonias CTM Culhuacán Sección V-X, CTM Piloto, Carmen Serdán, UH Emiliano Zapata, La Virgen, Infonavit Culhuacán I-IV, Residencial Cafetales secciones I y II, Los Cedros, Santa Cecilia, UH Alianza Popular Revolucionaria, Las Campanas y Campestres Coyoacán.

Finalmente, en Tláhuac se verán afectadas unas 100 mil personas de ocho colonias: La Estación, Las Arboledas, Los Olivos, Santa Ana Poniente, Granjas Cabrera, Miguel Hidalgo, Nopalera y Del Mar, donde se ha avisado del corte en cada casa, para que aparten agua, además de que se procederá a distribuir el liquido con pipas.

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió que el gobierno de Donald Trump puede seguir enviando a solicitantes de asilo a esperar el avance de sus casos a México mientras el gobierno apela un fallo de un tribunal menor, que determinó que la política viola las leyes de inmigración del país.

El gobierno de Estados Unidos apeló una orden de una corte de distrito de comienzos de abril que prohibió la política, conocida como Protocolos de Protección al Migrante.

El 8 de abril, un juez de EUA prohibió a la administración de Trump obligar a los centroamericanos que buscan refugio por persecución esperar en México durante meses o incluso años mientras se procesan sus solicitudes.

Mientras que el día 12 del mismo mes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estadounidense indicó que, temporalmente, el Gobierno de Estados Unidos podría seguir enviando a los solicitantes a México.