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Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

«De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores», dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

«Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades», reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno está cumpliendo el compromiso de no aumentar, en términos reales, los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, tal como lo prometió cuando asumió el poder.

Incluso dijo, además de no incrementar los precios, indicó que ha habido incluso una disminución.

Lo dicho por AMLO, se contrapuso con lo expuesto por el director de CFE Suministro Básico, Martín Mendoza, quien al intervenir en la conferencia matutina, reconoció un incremento en el costo de la luz debido al consumo «excedente» y al ajuste acumulado de la inflación.

«Sí hubo una condición de incremento obviamente, porque los clientes que estaban en el rango moderado o excedente, pues con un 20 por ciento más de su consumo pudieron experimentar 60 por ciento más en el costo, porque se van a un escalón excedente y ese no tiene mayor subsidio», dijo el funcionario.

Dijo que hay casos de quienes tuvieron un consumo excedente entre el 30% y 50%, y que pudieron experimentar hasta un 100% de aumentos, aunque aclaró que dicho incremento no está asociado a que hayan pasado a la tarifa doméstica de alto consumo.

Sin embargo, López Obrador insistió en el fortalecimiento de la CFE, lo que garantizará el abasto de energía ya que aseguró que la empresa nacional tiene capacidad de producción.

Sostuvo que la CFE es una empresa de los mexicanos y sin fines de lucro, por lo que su función fundamental es mantener las tarifas de la energía eléctrica por debajo de la inflación.

Martín Mendoza adelantó que para este 2021, la tarifa doméstica tendrá un crecimiento anualizado del 3.3%, de acuerdo con lo ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre no aumentar el costo mas que la inflación.

«La tarifa doméstica en el acuerdo con la Secretaría de Hacienda es que iba a tener un crecimiento anualizado de 3.3 por ciento, que fue el mandato del Presidente de no crecer más que la inflación. Actualmente la tarifa doméstica, esos 40 millones de clientes han experimentado un incremento acumulado súbito mensual del punto 2 por ciento», refirió.

Indicó que en el Acuerdo 39/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril del 2020, se estipuló que ningún usuario será reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Esta tarifa supone el costo más alto que puede pagar un usuario doméstico y se alcanza por la eliminación total del subsidio a los bloques iniciales del consumo.

Señaló que en el decreto se indica que a partir del 18 de abril de 2020 ningún usuario doméstico ingresará a la tarifa DAC independientemente de sus niveles de consumo, mientras que los que ya estaban en esta modalidad y reduzcan su nivel de consumo, podrán reclasificarse a la de subsidio.

Enfatizó que los consumos registrados durante la pandemia, aun cuando ésta concluya, no se contabilizarán para su reclasificación a tarifa DAC.

Sobre el tema energético, López Obrador aseguró que no se está impidiendo a particulares que participen en el mercado eléctrico, y muestra de ello dijo, algunas empresas se están acercando a la CFE para llegar a acuerdos.

«No se está impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico, es poner orden y establecer reglas claras. Muchos ya están acercándose a la CFE para llegar a acuerdos. Hay otros que más por razones políticas que económicas se van a juicio. Esa es otra cosa», recriminó el presidente.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados, el auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, explicó los resultados de la auditoría 1394-DE, “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco)” y la metodología para realizarla.

Recordemos que Caso Raphael fue separado del caso temporalmente, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes por las inconsistencias que la misma ASF reconoció en la auditoría 1394-DE y que el gobierno federal denunció.

El auditor aseguró que nunca ha sido presionado por nadie, ni agentes externos o internos, ni ha recibido presiones de alguna especie porque la ASF no obedece a intereses o influencias ajenas.

Explicó que el Informe Individual de Auditorías establece la metodología de desempeño focalizada en costos, que comprende los económicos invertidos en la construcción del proyecto, los montos erogados por la terminación anticipada de contratos y convenios, costos asociados a la recompra de bonos y liquidación y los costos legales.

Precisó que no se trata únicamente de medir indicadores de gestión o aspectos administrativos, sino verificar qué instituciones, programas, proyectos y política cumplan con sus objetivos y su razón de ser. “Lo sustantivo es evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, el avance de la atención de los problemas públicos y el impacto real de la gestión”.

Además, subrayó que el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, ya que se le dieron los tiempos procesales, los resultados y se dio la oportunidad de confronta. «No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.

Y es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intervino cuando la ASF informó que la cancelación del NAIM tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por la 4T, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador aseguró que con «buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad». Fue él quien envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, solicitando se iniciara una investigación sobre lo sucedido con el informe.

El presidente opinó que sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas, e incluso dejó entrever que se trataba de una actitud politiquera por parte del organismo.

Al respecto, Agustín Caso señaló ante los diputados que el proceso de cancelación de un proyecto de las dimensiones como las del nuevo aeropuerto de Texcoco, ameritaba una serie de procesos, metodologías y planteamientos muy complejos para llevarlo a cabo, y “la recomendación se hizo desde la ASF es que el Grupo Aeroportuario tenga la capacidad y los sistemas de información que hagan transparente el proceso de cancelación.

Caso Raphael sostuvo que con la auditoría no se presentó ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, ya que el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye; dijo que sólo se emitieron recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión.

Incluso dijo que debido a que no se está ante un hecho completamente pagado o cerrado, el proceso que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos pueden tardar en completarse hasta 26 años.

Manifestó que “no existió dolo o motivación política en el equipo auditor. No vengo a defender a capa y espada una cifra; vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.

Consideró que es importante superar la disyuntiva sobre dos criterios y enfoques metodológicos, porque ambos, en referencia al presentado por la ASF y a la del gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda, tienen sustento constitucional, legal y técnico.

Enfatizó que la ASF se apega a su debido proceso y aunque las auditorías sean distintas no hay dolo, mala fe, ni errores. “Sería una cuestión grave si en temas importantes del país la Auditoría actuara con mala fe o con interés creados”.

Lo expuesto por el auditor especial coincidió con lo que el titular de la ASF expuso el pasado 1 de marzo cuando compareció ante los Diputados; David Colmenares aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró este jueves que «alguien tendrá que pagar» los 60,000 millones de pesos en que estiman el costo de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Hemos argumentado que esos 60.000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país», dijo Salazar.

El CCE organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró este jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada en el Congreso, y que prioriza la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.

«Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos», añadió.

Recordemos que el pasado martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por López Obrador, el cual ya había sido aprobado la semana anterior por la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar consideró que el Congreso «es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista» para que «verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política».

El presidente del CCE adelantó ayer que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman bienes o servicios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este lunes que el inicio del ciclo escolar de México arrancará el 24 de agosto a distancia y a través de canales de televisoras privadas, debido a la «emergencia» por la pandemia.

El mandatario calificó de «histórico» el acuerdo con Televisa, la cadena hispana más grande del mundo, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio TV para usar los canales extras a los que tienen derecho para la transmisión de clases para 30 millones de estudiantes de entre 4 y 18 años de nivel preescolar hasta preparatoria.

El convenio es producto de «la situación de emergencia que estamos viviendo, que estamos padeciendo debido a la pandemia», dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.

Mantener cerradas las aulas «es lo que los especialistas nos han recomendado», añadió el mandatario, quien aseguró que el pago a las televisoras será «mínimo».

Junto a las televisoras privadas, participará también el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para lograr la impartición de contenidos educativos para 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior.

Se precisó que se producirán y transmitirán más de 4 mil 550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con Lenguaje de Señas Mexicano.

El objetivo es lograr una amplia cobertura nacional en seis canales de televisión. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia desde su televisor.

El presidente López Obrador indicó que se transparentará el costo de la transmisión en los canales de la televisión privada.

“Les adelanto que no son propósitos de lucro porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo. (…) Adelanto que se trata de la tarifa mínima; no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es tarifa social”, aseguró.

Al ser consultado sobre si el acuerdo con las televisoras conllevaría un cambio en las condiciones fijadas en los títulos de concesión, el presidente dijo que no.

«No cambian las concesiones, es lo mismo, se respeta el Estado de derecho, lo que está ya otorgado en concesiones a las empresas, eso se mantiene inalterable, no podríamos nosotros afectar las concesiones».

Explicó que para concretar los servicios que darán las televisoras, intervino el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el tema de los requisitos y permisos que se necesitaban para poder llevar a cabo esta participación de las televisoras.

Londres anunció este martes la exclusión, «irreversible» y «completa» para 2027, del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en el desarrollo de la red 5G británica, cediendo a la presión de Washington a riesgo de exacerbar las tensiones con Pekín.

«La 5G será transformadora para nuestro país, pero sólo si confiamos en la seguridad y la resistencia de las infraestructuras sobre las que se construye», afirmó el ministro de Cultura y sector Digital, Oliver Dowden, al anunciar la decisión ante la Cámara de los Comunes.

La exclusión de Huawei, cuyo material se ha utilizado desde hace años en el desarrollo de las redes 3G y 4G británicas, se hará de forma progresiva.

A partir del 31 de diciembre los operadores tendrán prohibido comprar nuevos equipamientos al grupo chino y se les dejará hasta finales de 2027 para retirar todo el material antiguo de Huawei de sus redes.

El ministro justificó esta decisión por la «incertidumbre» que causan las sanciones anunciadas en mayo por Washington contra Huawei.

Y es que el presidente Donald Trump acusa al grupo chino de ser un espía de Pekín, lo que la compañía niega, por lo que para evitar su avance, decidió impedirle el acceso a los semiconductores fabricados con materiales estadounidenses.

Para el gobierno británico que Huawei recurra a componente de reemplazo puedan plantear riesgos de seguridad.

«Lamentablemente nuestro futuro en el Reino Unido ha sido politizado, esta es una cuestión de política comercial de Estados Unidos y no de seguridad», denunció el portavoz de Huawei en Londres, Ed Brewster.

Y se declaró «decepcionado» por una decisión que «amenaza con ralentizar el desarrollo digital» británico y «aumentar las facturas» de los usuarios.

La semana pasada, el embajador de China en Londres, Liu Xiaoming, había advertido que excluir a Huawei podría dañar la reputación internacional del Reino Unido y erosionar la confianza de otros inversores extranjeros. Mostraría que el país se pliega ante la «presión extranjera», sugirió.

Las relaciones entre el Reino Unido y China se han vuelto más tensas en las últimas semanas con la entrada en vigor de una controvertida ley de seguridad, impuesta por Pekín a Hong Kong, una excolonia británica.

Dowden adelantó que el ejecutivo británico presentará una nueva Ley de Seguridad en las telecomunicaciones para establecer «una vía irreversible para la completa eliminación de los equipos Huawei de nuestras redes 5G».

El primer ministro Boris Johnson, que durante la campaña para las legislativas de diciembre prometió mejorar y extender la red de telecomunicaciones del país, había optado en enero por permitir a Huawei una participación limitada en su futura 5G, argumentando una ventaja tecnológica y de costes respecto a sus competidores.

La exclusión de Huawei retrasará en «dos o tres años» el despliegue de la 5G en el Reino Unido, reconoció Dowden. «Esta no ha sido una decisión fácil, pero es la correcta para las redes de telecomunicaciones del Reino Unido para nuestra seguridad nacional y nuestra economía», afirmó ante los diputados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció este martes la existencia de un «mercado negro de energía eléctrica», que le cuesta al país y a la compañía,  alrededor de 7,600 millones de pesos anuales.

Mario Morales Vielmas, Director General Intermediación de Contratos Legados, dijo que, aunque hay un cumplimiento aparente de la normatividad, se trata de una simulación que costó a la CFE 7,820 mdp en 2018, 7,000 mdp en 2019 y se calcula que alcanzará los 8,000 mdp en 2020.

Explicó que previo a la Reforma Energética existía la figura de autoabastecedor, la cual permitía a las grandes industrias generar su propia electricidad. Sin embargo, señaló que hoy existen sociedades simuladas, con hasta 10 mil socios, para comprar y vender energía fuera del Mercado Eléctrico Nacional.

“Hay empresa que se hicieron socias con un peso, que se integran a esas sociedades y su acción vale un peso con el cual cumplen en automático las condiciones supuestas del autoabasto y esto está generando un mercado paralelo inequitativo, injusto, que compite con el mercado eléctrico mayoristas. Un mercado negro eléctrico”, puntualizó.

Sostuvo que a través del esquema de autoabastecimiento, grandes empresas o consorcios, principalmente acereros, cementeros o mineros, han distorsionado el mercado simulando la compra-venta de energía eléctrica.

Denunció que dichas sociedades generan su propia electricidad, pero para transportarla a sus clientes finales, utilizan la red de distribución de la CFE sin pagar el porteo correspondiente o pagando tarifas muy bajas. En ese sentido, advirtió que se buscará la forma de que paguen el costo real del servicio de transporte.

La CFE enfatizó que si se logra eliminar el mercado negro eléctrico, “podrían disminuir las tarifas para todos los servicios”, pues se reconoció que sí ha habido un aumento en las tarifas eléctricas del sector doméstico.

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio va a generar «costos muy importantes», admitieron este jueves los organizadores, anunciando la creación de un grupo de trabajo encargado de administrar las consecuencias de esta decisión histórica.

El aplazamiento de los Juegos de 2020 a 2021 representa un desafío logístico mayor para los organizadores, cuando las nuevas fechas del mayor evento deportivo del planeta no han sido fijadas todavía.

«Debemos asegurarnos que los problemas a los que nos enfrentamos pueden ser solucionados, uno por uno», explicó el director general del comité de organización de Tokio-2020, Toshiro Muto, prometiendo decisiones «tan pronto como sea posible».

Indicó que los costos adicionales generados por el aplazamiento) van a ser muy importantes, aunque prefirió omitir cifras de lo que se ha calculado hasta ahora.

Según el diario económico japonés Nikkei, el aplazamiento podría costar 300,000 millones de yenes (unos 2,700 millones de dólares), incluyendo los gastos de renta de los sitios, la modificación de las reservas hoteleras y el empleo prolongado del personal de la organización y de agentes de seguridad, entre otros.

Estos costos extraordinarios podrían evolucionar en función de las negociaciones entre los diferentes actores del evento, en particular el comité de organización japonés, la ciudad de Tokio, el Estado japonés y el Comité Olímpico Internacional (COI), precisó el Nikkei, citando fuentes conocedoras del caso.

En diciembre de 2019, los organizadores habían evaluado el costo total de los Juegos de Tokio en 12,450 millones de dólares para la parte japonesa. «Pienso que debemos revisar ciertas ambiciones a la baja», previno este jueves Muto. «A veces hay que aceptar revisar los planes».

El presidente del comité de organización, Yoshiro Mori, recordó por su parte que nunca hasta ahora los Juegos Olímpicos habían sido aplazados en tiempos de paz.

Tal como venía sucediendo el año pasado, este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 11 y estará vigente hasta el próximo 17 de enero próximo.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina Magna y Diésel, y mantiene sin apoyo la gasolina Premium.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 13.21%% para la gasolina magna. En el caso del diésel el estímulo será de 17.11%.

Los estímulos anunciados son mayores a los últimos anunciados el año pasado que estuvieron en vigencia hasta el 31 de diciembre, que en el caso de la gasolina magna fue de 4.82%, mientras que para el diésel fue de 11.95%.

El apoyo que dichos estímulos darán al consumidor final, por cada litro, será el siguiente:

Adrián Esper Cárdenas, alcalde de Ciudad Valles, anunció la compra de 15 camionetas Cybertruck de la empresa Tesla, cuyo precios por unidad va de un millón 300 mil a un millón 500 mil pesos.

Según Esper Cárdenas, primer presidente municipal independiente en la historia política de San Luis Potosí, el tener dichas unidades podría generar ahorros por hasta 24 millones de pesos en un año.

El alcalde aseguró que contactarán al dueño de tesla, Elon Musk, para hacerle saber de su compra, esperando pueda hacerles un «descuento.

“Nos tomamos una foto, se la voy a mandar a Elon Musk, a ver si nos hacen un descuento”, declaró Esper Cárdenas.

Al ser cuestionado sobre su decisión de comprar los vehículos de última tecnología, dijo que no necesitó consultar a la ciudadanía, pues argumentó que la decisión fue por “sentido común”, ya que el costo de mantenimiento de los vehículos es de “cero”, lo cual impactará en las finanzas del municipio.

Adicional resaltó que la tecnología con la que cuentan las unidades permite que puedan ser monitoreadas en todo momento.

Los diputados Hernán Salinas Wolberg y Annia Gómez Cárdenas del PAN, presentaron una solicitud de información al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, respecto de los gastos realizados por el gobierno para el traslado y alojamiento del expresidente de Bolivia, Evo Morales en el país

Y es que el pasado lunes, Ebrard Casaubón anunció que el gobierno mexicano otorgó asilo político al presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, por razones humanitarias y para salvaguardar su vida e integridad ante la crisis que se vive en ese país.

Explicaron que entre otras cosas, solicitaron información sobre el origen de los recursos con los que la SRE o el gobierno de México pagó el costo de la operación de la Fuerza Aérea, indicando la duración del vuelo, combustible, y cualquier costo relacionado para que la aeronave.

Incluyendo, dijeron costos de vivienda, alimentos, transporte, recreación, vestimenta, y todo tipo de erogación que se vaya a realizar por la SRE o el gobierno de México «para que el señor Evo Morales Ayma y sus acompañantes durante su estancia en México».

Indicaron que su solicitud responde a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, a lo que el gobierno se ha comprometido con los mexicanos.

Lamentaron que mientras se dan recortes en el gasto público en temas como salud, educación, campo, y muchos otros, pareciera que si hay dinero para enviar un avión oficial a recoger a un expresidente que busca asilo, mantenerlo y hasta asignarle elementos de la Guardia Nacional.

“Esto no se trata de la izquierda o la derecha, esto se trata del dinero de los mexicanos que no debe desviarse a fines para los cuales no fueron aprobados por el Congreso. Lo primero es saber cuánto y de qué partidas se usó para este fin. Posteriormente analizaremos qué acciones tomar» expresó.

Como ha venido sucediendo, este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 05 de octubre y estará vigente hasta el 11 de octubre próximo.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina Magna y Diésel, y se elimina, por décima semana consecutiva, para la gasolina Premium.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 18.67% para la gasolina magna. En el caso del diésel el estímulo será de 24.09%.

Los estímulos anunciados son menores a los de la semana pasada que en el caso de la gasolina magna fue de 19.92%, mientras que para el diésel fue de 24.36% .

El apoyo que dichos estímulos darán al consumidor final, por cada litro, será el siguiente:

La impunidad en México cuesta más de 420 mil millones de pesos al año y afecta a rubros como la salud, la educación, el nivel y calidad de vida y la expectativa de la misma, pues se traduce en ingresos que la población deja de recibir, indicaron Patricia de Obeso y Alejandro Anaya.

Durante la presentación del estudio «Costos de la impunidad», que corrió a cargo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Creatura, Critical Thinking Advocates, los especialistas plantearon que ese fenómeno, al que definieron como una «herencia histórica», no se puede atribuir a un gobierno o a un presidente en particular, ya que es resultado de una institucionalidad débil en un país.

Alejandro Anaya indicó que tan solo de 2012 a 2016 Guerrero fue el estado del país con más alto índice de impunidad, con 97.5%, mientras que Baja California reporta el más bajo con 91.9%, en promedio.

El estudio plantea que la impunidad erosiona la confianza de los mexicanos en sus instituciones y genera costos irreparables y difíciles de cuantificar.

En el documento, que comprende de 2007 a 2018, se señalan los costos del fenómeno a los relacionados con homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, principalmente a partir de la «guerra contra el narcotrafico».

Arroja que en números exactos a México le podría costar 422 mil 390 millones de pesos cada año, es decir 0.57% del Producto Interno Bruto (PIB).

Como ejemplo, las 20 mil 760 desapariciones registradas en el periodo que abarca el estudio generaron un costo en pérdida de salarios de 10 mil 266 millones de pesos.

En tanto los desplazamientos afectan la salud de las mujeres y la continuidad educativa en niños y jóvenes que en muchos casos no terminan la secundaria.

El especialista Alejandro Anaya aseguró que los asesinatos cometidos entre 2007 y 2018, «que han florecido en un marco de impunidad», han provocado una pérdida económica al país de al menos 135 mil millones de pesos, que podría provocar una severa baja en la tasa de crecimiento del PIB de hasta 12%.

Detalló que el objetivo del estudio es que las cifras de impunidad cambien, pues se trata de un problema público de la mayor importancia y urgencia, puesto que delitos, violaciones a los derechos humanos y faltas a la ley no son castigados.

Como ha venido sucediendo, este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 07 de septiembre y estará vigente hasta el 13 de septiembre próximo.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina Magna y Diésel, y se elimina, por sexta semana consecutiva, para la gasolina Premium.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 12.72% para la gasolina magna. En el caso del diésel el estímulo será de 16.55%.

Los estímulos anunciados son mayores a los de la semana pasada que en el caso de la gasolina magna fue de 10.35%, mientras que para el diésel fue de 13.52%.

El apoyo que dichos estímulos darán al consumidor final, por cada litro, será el siguiente:

Como ha venido sucediendo en las últimas semanas, este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles.

Dicho estímulo será aplicable a partir de este sábado 24 y estará vigente hasta el 30 de agosto próximo.

Según lo publicado, el estímulo mantendrá su aplicación a la gasolina magna, diésel, y se elimina, por cuarta semana consecutiva para la gasolina Premium.

Para el nuevo periodo, el estímulo fiscal será de 8.17% para la gasolina magna. En el caso del diésel el estímulo será de 10.38%  .

Los estímulos anunciados son menor al de la semana pasada en el caso de la gasolina maga que fue de 10.60%, mientras que para el diésel es mayor, ya que fue del 9.13%.

El apoyo que dichos estímulos darán al consumidor final, por cada litro, será el siguiente:

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que aunque se están distribuyendo 176 millones de libros de texto gratuitos, la producción fue de 178 millones, pues dos millones quedan como reserva.

Indicó que los libros en reserva se destinan a solventar problemas como la pérdida de libros por fenómenos climatológicos, demanda de libros por migración interna y una serie de factores.

Moctezuma Barragán destacó que hubo cambios importantes en los libros de texto de este ciclo escolar, pues se actualizaron para darles contenido regional en toda la República. Adicional recordó que las nuevas portadas de los libros muestran los murales de Diego Rivera de la Secretaría de Educación Pública.

Detalló que se rediseñó el libro de geografía de sexto grado de primaria que tendrá un carácter multianual con aplicaciones digitales. Dijo que es el primero en su generación pues tiene una pasta dura lo que permitirá que dure cuando menos tres años.

Además, el libro tiene aplicaciones digitales, tiene códigos QR en donde se puede expandir de una manera muy importante el conocimiento a través de cualquier aplicación digital.

Destacó que también se produjeron nuevos libros de historia, formación cívica y ética para primero y segundo grado de secundaria debido a los cambios que se dieron en el artículo 3 Constitucional tras la nueva reforma educativa que propuso el gobierno federal.

Sobre la producción de los libros, Esteban Moctezuma explicó que el 20% de los libros se hicieron en los talleres de la Conaliteg y en los talleres gráficos de Iepsa; mientras que el 80% restante se produjeron en 60 diferentes impresoras que fueron licitadas por la Secretaría de Hacienda.

Añadió que se utilizaron alrededor de 77 mil toneladas de papel para la producción de los libros, 40% de dicho papel fue reciclado; el Instituto Nacional Electoral (INE) destino las boletas de la pasada elección para reciclarlas.

Al ser cuestionado sobre el costo de los libros, el titular de la SEP mencionó que el costo promedio de libro, por ejemplo, de preescolar es de nueve pesos; el de primaria es de 11 pesos y el secundaria es de 40 pesos, pues en este último se pagan derechos de autor.

En cuanto al costo total, mencionó que ascendió a los 3 mil 500 millones de pesos, por lo que de acuerdo a informes de la Secretaría de Hacienda, se logró un ahorro de 466 millones de pesos.