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John Kerry, el encargado de La Casa Blanca para asuntos del clima, visitó al presidente López Obrador ayer y dijo que está convencido de que México abrirá las puertas a la inversión privada en el sector energético.

“El presidente ha sido muy claro, la decisión es tratar de facilitar que esas compañías [las estadounidenses del sector energético] sean capaces de avanzar para hacer negocios y además enviar un mensaje de que el sector privado podrá formar parte de muchas maneras para invertir.”

Esto ocurre cuando hay un serio problema en el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que es un árbitro disfuncional y es completamente parcial. Es como si en un partido de soccer, pongamos el Atlas contra Pachuca, el árbitro hubiese sido impuesto por el Atlas y anunciara que su silbato tiene fallas y casualmente solo funciona cuando tiene que marcarle faltas al Pachuca. Además, es un árbitro que no está de acuerdo con las reglas de la Federación Mexicana de Fútbol y por ello decide que le da igual y va a aplicar sus propias reglas.

La CRE está actuando como si trabajara para CFE y Pemex, obligando a los consumidores a comprarles a estas dos empresas en lugar de impulsar la competencia para lograr el principal objetivo: la generación de energía limpia y a los mejores precios.

¿Qué es lo que preocupa en el sector energético actualmente?

Primero, que la CRE no respeta el orden en el que se solicitan permisos para nuevas inversiones o nuevos negocios. El principio jurídico de primero en hecho, primero en derecho, la CRE se lo pasa por el arco del triunfo. Si la CFE o Pemex solicitan algún permiso, por ejemplo para poner una gasolinera, la CRE le resolverá y dará esa autorización antes que los permisos solicitados a privados aunque estén primero en ‘la fila’.

Segundo, cuando hay un fallo del poder judicial, permite que CFE y/o Pemex no acaten la orden, no la respeten. Para ello usa hasta el COVID de excusa. Las oficinas de la CRE siguen prácticamente cerradas con la excusa de la pandemia para que no cuenten los días que transcurren de un fallo jurídico.

Además, la CRE se ha dedicado a negar permisos de generación de energía en el centro del país con la excusa de que no hay capacidad de transmisión. Increíble que sea así cuando la regulación de la transmisión es del CENACE y no de la CRE, pero negando permisos garantiza que la CFE sea la única que genere electricidad en la zona centro, en su refinería en Tula que puede utilizar el combustóleo sucio y caro que genera Pemex y que no tiene a donde más enviarlo.

Para sumarle a lo anterior está el director de la CFE, Manuel Bartlett, que busca acabar con la figura del autoabasto. Ante ello, las empresas que presentan sus documentos para mudarse al mercado eléctrico se topan con que sus permisos de modificación son negados y así se quedan en el limbo, sin poder operar.

Todas estas acciones de la CRE suceden porque el presidente López Obrador está empeñado en que la CFE y Pemex pueden solas. Es un tema ideológico que nos está costando billones de dólares en pérdida de inversiones y generará precios más altos de energéticos y limitará el crecimiento y la competitividad del país. El presidente no cambió de opinión ayer que vio a Kerry y le dijo que se respetarán las inversiones estadounidenses en el sector. Simplemente le dio atole con el dedo.

Apostilla: En la mañanera del lunes, el presidente criticó a Gabriel Contreras por haber pasado de estar al frente del Instituto Federal de Telecomunicaciones a un cargo directivo en AT&T. “No es ilegal, pero es inmoral”, dijo. ¿Cuál es la diferencia entre esta inmoralidad y que, por ejemplo, José Alberto Celestinos Isaacs, quien salió de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de ahí se fue a la Sener? Celestinos pasó de regulador a un regulado, sin que eso le pareciera “inmoral” al presidente.

Columna completa en El Universal

En medio de acusaciones de diversas indoles, Miguel Ángel Rincón Velázquez dejó este jueves el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), según confirmó el propio ente regulador.

«La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informa que Miguel Ángel Rincón Velázquez dejó el cargo de secretario ejecutivo a partir de hoy», indicó en un breve comunicado el órgano, que no dio los motivos de la renuncia que presentó el funcionario.

Sin embargo, señalaron que en cumplimiento a lo que establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), el comisionado presidente, Leopoldo Vicente Melchi García, dará a conocer en las próximas horas la propuesta para el nombramiento del secretario ejecutivo o del servidor público que lo suplirá.

Puntualizó que será en la próxima sesión extraordinaria que la CRE designará al nuevo secretario ejecutivo.

Recordemos que Rincón Velázquez asumió el cargo el 31 de octubre de 2019, ya durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llama la atención que la salida de Rincón Velázquez se produce en medio de denuncias de los propios miembros de la CRE que apuntaban que el secretario estaría paralizando proyectos y trámites. En estos mismos señalamientos, de acuerdo con el medio Contralínea, también se acusaba a otros miembros de la CRE de cometer «hechos de corrupción» en connivencia con otros servidores públicos de otros organismos.

Y es que empresas han denunciado que desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se han frenado las autorizaciones a compañías privadas, pues AMLO tiene como una de sus principales promesas fortalecer a la CFE y a Pemex.

López Obrador ha sido muy crítico en el pasado con organismos autónomos como la CRE, acusándoles de tener entre sus miembros a partidarios del periodo «neoliberal». En varias ocasiones ha dicho que se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, «toda una constelación de organismos independientes», pero era otro gobierno para operar el saqueo y facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares.

A partir de ayer inició el esquema de regulación de precios máximos del gas licuado de petróleo (LP) en todo el país, adoptado por la Comisión Reguladora de Energía(CRE), con el que ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de dichos precios.

La CRE estableció 145 precios diferentes, correspondientes a 145 regiones en que se dividió al país. Aquí se puede consultar el precio fijado para las 145 regiones, que incluyen diversos municipios en cada una de las 32 entidades del país.

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Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los distribuidores que no respeten lo publicado por la Comisión, perderán el permiso con el que operan actualmente.

«Estos precios máximos deben de respetarse porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindro que es donde se han presentado más abusos que afectan a la familia que menos tienen, va a perder el permiso”, señaló Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

Ricardo Sheffield señaló que desde la Procuraduría estarán monitoreando y sancionando a quienes vendan por encima del precio máximo; indicó que van a estar muy atentos a que «nadie se pase de rosca» y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó la nueva regulación que establece topes a los precios del gas licuado del petróleo (gas LP) y advirtió de «afectos irreversibles» para la economía.

En un comunicado, la Coparmex dijo que el nuevo mecanismo «pudiera provocar afectaciones irreversibles para la inversión y participación de nuevos actores, lo cual juega en contra de la urgente reactivación económica y la competitividad del país».

Y es que el pasado jueves, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un proyecto de regulación de los precios máximos de venta a los usuarios del gas LP cumpliendo con una directriz establecida por la Secretaría de Energía.

La Coparmex denunció que esta nueva regulación «podría generar afectaciones irreversibles para la competitividad en la nación».

Criticó que fue aprobada mediante «un proceso express» y publicada el mismo día, con lo cual quedó cancelada toda posibilidad de hacer un análisis de impacto y su respectiva consulta pública.

«Como hemos advertido anteriormente, la aprobación ‘fast track’ es recurrente en proyectos vinculados al sector energético», expresó la patronal.

La Coparmex consideró que la Secretaría de Energía obligó a la CRE a emitir una política de precios muy compleja en tan solo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas.

«Para evitar que la población registre mayores afectaciones a la economía familiar debido a los incrementos en precios internacionales, se debieron aplicar alternativas más eficientes», dijo la Coparmex, según la cual la nueva regulación «incumple» la Ley de Mejora Regulatoria.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció a principios del mes pasado la creación de Gas Bienestar, empresa pública que prevé suministrar este combustible a un «precio justo».

AMLO aseguró que no hay competencia en el sector y calificó de «cero a la izquierda» a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano contra el que ya había tenido choques con anterioridad.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó este viernes una lista de 139 permisos de comercialización de petrolíferos, gas y otros productos, entre ellos uno de la petrolera Shell y otro del grupo español Iberdrola, que fueron cancelados alegando falta de actividad durante un año.

La terminación de los permisos se da tras la entrada en vigor de una serie de cambios a la Ley de Hidrocarburos (LH), que modificó el régimen de éstos, generando una enorme incertidumbre en el mercado y rechazo por parte de empresarios.

En los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Comisión Reguladora dio a conocer la terminación de los permisos a través de una declaratoria de caducidad por falta de operación entre el 1 de enero del 2020 y 31 de marzo del 2021.

La CRE publicó dos acuerdos; a través del primero declaró la caducidad de 14 permisos de comercialización de petróleo, hidratos de metano, condensados, gas natural o líquidos del gas natural. En un segundo acuerdo declaró la caducidad de 125 permisos de comercialización de petrolíferos.

Los permisos cancelados a la anglo-holandesa Shell y a Iberdrola les fueron otorgados en diciembre de 2015 por hasta 30 años para la comercialización de gas natural, de acuerdo a registros oficiales.

Recordemos que la nueva Ley de Hidrocarburos ha sido impugnada en tribunales por diferentes empresarios, a quienes el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, ha concedió diversas suspensiones contra la posibilidad de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de los permisionarios ocupadas temporalmente.

La decisión del juez también impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

Sin embargo, no está claro las suspensiones concedidas contra la Ley de Hidrocarburos amparaba a los permisos cancelados este viernes por la CRE. El listado de permiso cancelados se puede consultar en el DOF.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, al acreditarse que incurrió en conflicto de interés durante su desempeño al frente de la Comisión.

«Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos», indicó la dependencia en un comunicaco.

Explicaron que la sanción al titular de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Precisó que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La SFP indicó que a lo largo de todo el procedimiento, García Alcocer tuvo derecho a una defensa adecuada, al tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

En línea con el discurso que ha sostenido el presidente López Obrador, Sandoval Ballesteros aseguró que en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

Recordemos que durante sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

El 18 de febrero de 2019, Irma Eréndira Sandoval expuso que García Alcocer había reconocido un probable conflicto de intereses respecto a su cuñado Mario Barreiro y un primo-hermano de su esposa Santiago García, quienes trabajan para dos empresas: Eólica Vestas y  Santa Fe Natural Gas, respectivamente, esta última filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE.

Se informó que tras una revisión, se encontró un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada al entonces titular de la CRE. El 3 de junio de 2019, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer el aplazamiento de su iniciativa de ley dirigida a fusionar tres organismo reguladores, que la semana pasada anunció y que fue cuestionada por opositores y expertos al considerarlo un riesgo para el contrapeso de poderes.

El pasado 9 de junio, Monreal presentó una iniciativa para extinguir y fusionar en un nuevo organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todos se agruparían en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

“He decidido posponer la presentación (de la iniciativa) e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma”, dijo Monreal, en un video publicado en redes sociales.

Señaló que en el “momento histórico” por el que atraviesa el país obliga a centrar la atención en los problemas derivados de la crisis sanitaria y “a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC”, entre México, Estados Unidos y Canadá.

El legislador no especificó cuándo retomaría el proyecto, y afirmó el domingo que no hay intención desde el oficialismo de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo, ni a la concentración de las funciones en el Ejecutivo, ni violentar la autonomía que hasta ahora tienen los órganos reguladores.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de la iniciativa, al resaltar que la propuesta permitiría ahorros al país.

A nombre de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal presentó este miércoles la iniciativa de reforma que busca desaparecer a los órganos reguladores del Estado: el IFT, COFECE y la CRE, y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

En el documento que se dio a conocer, el coordinador de Morena en el Senado, argumenta la política de austeridad que ha impulsado el gobierno federal, que, «más que nunca, dadas las condiciones en las que se encuentra la economía nacional, resultantes de la emergencia sanitaria (…) requiere que todos los poderes constituidos y órganos del Estado mexicano, coadyuven con el ineludible compromiso de reducir el gasto que representa su operación».

En ese sentido, señala que algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias, podrían integrarse en uno solo, disminuyendo así la carga que representa cada uno de ellos para el pueblo de México.

Aclara que su fusión no afectará el cumplimiento de las funciones que hasta ahora realizan, ni las atribuciones con las que actualmente cuentan.

En ese sentido, la iniciativa propone reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar «INMECOB”, un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.

El INMECOB integrará a los órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características, y establecerá un solo regulador de competencia económica en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético.

Precisa que con el nacimiento del INMECOB, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

«La creación de INMECOB permitiría la existencia de un órgano regulador integrado con un mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias en cada sector», se lee en la iniciativa.

Refiere que la integración de las autoridades reguladoras de ciertos sectores con la autoridad de competencia implica la posibilidad de alcanzar una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores.

El INMECOB se constituiría así como un órgano autónomo, por lo que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendría por objeto garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados nacionales, así como el desarrollo eficiente de los sectores de las telecomunicaciones, la radiodifusión y energético.

Aclara que se transferirían las atribuciones de los órganos que se extinguen a favor del INMECOB; es decir, tendrá plena independencia en la implementación de su estructura orgánica para que alcance los fines constitucionales que se le encomiendan. No estará supeditado a ningún otro órgano del Estado, pero sí estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo; mantendrá, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; contará con autonomía e independencia técnica, funcional y financiera, y se sujetará a la política de austeridad republicana.

Basados en su argumento de eficiencia presupuestaria, Monreal señaló que se llevó a cabo un análisis de gastos de operación, que indicó que el INMECOB podría operar con un presupuesto total de $1,875,356,400.00 pesos.

Al considerar los 2,375 millones de pesos que hoy en día tienen de presupuesto total anual el IFT, la COFECE y la CRE, señaló que el creación del INMECOB representaría una disminución al presupuesto de 21.05% , es decir, 500 millones de pesos anuales.

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La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó nuevas tarifas que deberán pagar empresas generadoras a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la transmisión de energía.

La CRE indicó que las nuevas tarifas serán aplicadas a las empresas con contratos firmados con la CFE antes de la reforma energética del sexenio pasado.

Esto incluye a todas las empresas que utilicen la red de transmisión, sean renovables o no, dijo la CRE en un comunicado y añadió que el cambio en las tarifas responde a una solicitud de la CFE de marzo del 2019.

«Los cargos por porteo no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio», dijo la CRE en un comunicado. Esto «provoca la existencia de condiciones de competencia inequitativa en el Mercado Eléctrico», añadió. La CRE no dio detalles sobre nuevos cobros.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estimó que el alza sería entre cinco y 10 veces sobre la tarifa actual y afectaría a un centenar de empresas, aunque reconoció que no han recibido detalles de lo aprobado por la CRE.

«Es un nuevo paso en el camino hacia inhibir la competencia y poner barreras arbitrarias y violar los derechos de la iniciativa privada», dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar, en una conferencia de prensa virtual.

La IP consideró que alza de las tarifas a contratos legados es un «electrolinazo», lo cual afecta la confianza de los inversionistas y la competitividad del país.

De acuerdo con el representante empresarial, de la totalidad de la electricidad que se produce en México, el 54% es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46% de los privados, lo cual no ha sido fruto de componendas, sino de una ley que permitió su entrada y por 30 años han ido invirtiendo.

“Estamos parados en un momento total y absolutamente inadecuado, donde deberíamos preocuparnos con otro tipo de problemática, ante esta situación, que es una afrenta el Estado de derecho, que busca captar al sector privado por la vía regulatoria, como ya hemos denunciado y se ha visto reflejado hasta ahora en cuatro acciones que ha promovido la Comisión Federal de Electricidad ante la Secretaría de Energía y los organismos reguladores».

Salazar Lomelín expuso que si se sigue ejecutando este pliego petitorio de la CFE, se lastimará aún más la competitividad del país, la capacidad de atracción de las inversiones y la generación de empleo.

Roque González, presidente de la Comisión de Energía del CCE, señaló que las empresas que generan el 14% del PIB del país van a ser afectadas, desde automotrices, industriales, educación, hospitales, municipios.

Tras negarse por segunda ocasión a una verificación, cinco gasolineras fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República, anunció Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Además, también se presentaron documentos ante Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que procedan conforme sus facultades.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que acudieron a las gasolineras con la asistencia de la Policía Federal y, a pesar de esto, las estaciones de servicio volvieron a negarse a ser verificadas.

Los establecimientos se encuentran en Tamuín, San Luis Potosí; dos en Hermosillo, Sonora; y dos más en Guaymas, Sonora.

«El viernes pasado, ya presentamos un escrito a Pemex para que, conforme al contrato, les deje de vender combustible», dijo Sheffield Padilla.

Y agregó: «Presentamos escrito a la CRE para que (las gasolineras) pierdan la concesión, porque se incumple con disposiciones de la concesión. Y además presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República para cualquier delito que hubiera que perseguir».

Sheffield dijo que esperan que las peticiones se cumplimenten esta semana.

Este lunes, Guillermo García Alcocer renunció a su cargo como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En una carta dirigida al Senado, el aún comisionado anunció que dejará el puesto que ocupó por tres años el próximo 15 de junio.

«Con mi salida quiero permitir que el sector se siga desarrollando, con los ajustes que se requieran a partir de esta nueva visión para que se alcance el objetivo común: un sector energético dinámico, con participantes públicos y privados, que siente la base para el desarrollo nacional», expresó en la carta publicada en Twitter.

“La máxima instancia de toma de decisiones de la CRE, el órgano de gobierno, tiene hoy una nueva composición con una visión mayoritaria diferente a la mía. Si bien tenemos puntos de vista y enfoques técnicos incompatibles, hemos coincidido en el objetivo de garantizar el suministro de energéticos de calidad y a precios asequibles en México”, afirmó.

A inicios de este sexenio, García Alcocer se vio envuelto en una polémica con el presidente López Obrador, al criticar las ternas que este último propuso para ser parte del pleno del organismo regulador.

Con esta renuncia, el órgano de gobierno tendrá cinco de los siete comisionados que establece su reglamento, aunque puede continuar sesionando con una mayoría simple de cuatro comisionados. Los cinco comisionados que siguen en sus cargos son los cuatro que fueron nombrados directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras haber sido rechazados en dos ocasiones por el Senado, y Luis Guillermo Pineda, como el único que queda de administraciones anteriores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que será este lunes cuando dé a conocer los nombres de los concesionarios de las gasolineras, como parte del ejercicio que ha implementado desde hace unas semanas: quién es quién.

El mandatario fue cuestionado respecto a qué modelo de negocios predomina en México respecto a las gasolineras.

Explicó que con las reformas se permitió la entrega de concesiones y hay empresas particulares que tienen estaciones, y conformaron consorcios. Indicó que hay quienes tienen entre 200 y 500 de las 12 mil 500 gasolineras que hay en el país.

“El lunes tenemos el compromiso de dar a conocer quién es quién en los precios de los combustibles. Si les parece, les informamos sobre quiénes son los concesionarios”, adelantó AMLO.

Sobre las concesiones, López Obrador aclaró que es un tema que está controlado por los organismos reguladores, por lo que son ellos quienes otorgan las concesiones.

Enfatizó que “nosotros no hemos otorgado nuevas concesiones”.

El presidente remató haciendo un llamado a los concesionarios y distribuidores para que actúen con responsabilidad y no haya abusos.

El expresidente Vicente Fox recriminó al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador por mostrar datos desactualizados en el “quién es quién” de las gasolinas, que presentó el pasado 15 de abril.

A través de su cuenta de Twitter, el panista sostuvo que López Obrador debe admitir que “mintió” con los datos, incluso acusó que esta es una demostración de la “pobreza de su gobierno”.

“Siempre hay culpable para justificar la pobreza de su gobierno. Porque mejor no admite que nos mintió con los datos”, afirmó Fox.

Y es que, López Obrador afirmó que los datos presentados sobre las gasolineras que venden más caro y más barato los combustibles fueron proporcionados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Tras el anuncio, se detectó que había gasolineras que ya habían sido clausuradas por presuntos nexos con el huachicoleo.

En ese sentido, López Obrador sostuvo que cruzarían información entre los datos de la CRE y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Guillermo Zúñiga, quien se desmepeñaba como comisionado Regulador de Energía, presentó su renuncia al cargo el día de ayer, así lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

Sin ofrecer detalles sobre los motivos de su separación de la CRE, Zuñiga dijo que este 16 de abril era su último día en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con lo que se convierte en la tercera persona en dejar el cargo en ese organismo dentro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zuñiga se desempeñaba en el cargo desde 2013 cuando fue nombrado como funcionario por el ahora expresidente Enrique Peña Nieto y ratificado en su cargo por el Senado de la República para un periodo de cinco años.

Zúñiga es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en regulación económica por la London School of Economics, así como en Leyes por la University of Chicago Law School.

La salida se suma a la de los excomisionados Marcelino Madrigal y Montserrat Ramiro, quienes dejaron el puesto tras el inicio de la actual administración federal.

El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, confirmó la salida de Zúñiga, a quien reconoció como un “gran impulsor” de las energías renovables.

Recuerdo el hartazgo que comenzó a sentirse en Estados Unidos cuando Barack Obama era presidente y pasado más de un año de su llegada a la Casa Blanca, seguía culpando a su antecesor George W. Bush por los problemas económicos.

Obama repetía una y otra vez que “el día que asumí el cargo, enfrentamos $7.5 mil millones de dólares adicionales en deuda nacional como resultado de dos grandes recortes de impuestos, principalmente para los estadounidenses más ricos. También heredamos la peor recesión desde la Gran Depresión, que, incluso antes de tomar cualquier medida, agregó $3 mil millones de dólares adicionales a la deuda nacional”.

Esta oratoria llevó al hartazgo de más de uno que le preguntaban a Obama ¿hasta cuándo va a seguir culpando a su antecesor por los problemas del actual gobierno?

Esa misma pregunta que se hacían varios estadounidenses en 2009, me gustaría hacérsela hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: ¿Hasta cuándo los problemas de hoy seguirán siendo culpa del pasado neoliberal, de los antecesores conservadores y cuándo ya serán responsabilidad del actual gobierno? Hasta ahora, si
no son los expresidentes o sus empleados, AMLO apunta a las fallas como derivadas de algo o alguien más. Tan solo en la conferencia mañanera de ayer, el reporte con errores que dio la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre las gasolineras que cobran más cara y más barata la gasolina, fue culpa de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE.

El lunes, con bombo y platillo, AMLO le pidió a Nahle que leyera la lista completa de estaciones de servicio que venden la gasolina más cara y más barata. Cuando al día siguiente el reportero de Grupo Imagen le señaló al presidente que algunas de esas estaciones de servicio tienen meses de estar cerradas, AMLO excusó la información errónea aduciendo que ésta la habían obtenido de la CRE, un órgano independiente.

A los medios les tomó menos de 24 horas dar con la situación de las gasolineras cerradas. Si AMLO y la secretaria Nahle hubiesen querido hacer bien su presentación, incluso habrían mencionado no sólo las estaciones que venden más barato, sino las que han cerrado por estar suspendidas por presuntamente vender combustible robado.

Va tan solo un ejemplo. La gasolinera Servicio M&M, ubicada en el Estado de México, que, según la secretaria Nahle vende el litro de Magna muy barata, en 15.71 pesos, fue cerrada en agosto de 2017 por venta de combustible robado. Esta gasolinera es señalada como propiedad de María del Carmen Miranda Nava y Ricardo Víctor Mercado Galán, hermana y cuñado del exsecretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, gran compañero del expresidente Enrique Peña Nieto.

En lugar de reportar el dato correcto y colgarse no una sino dos medallas, una por señalar la corrupción y otra por realmente encontrar las gasolineras que venden más barato, AMLO optó por dar por bueno un reporte que ni se revisó, a pesar de que la advertencia de que se darían los datos se hizo con una semana de anticipación. Y cuando se da a conocer el error, la culpa no es de Nahle ni de AMLO, es de un órgano independiente: de la CRE.

Se entiende que cambiar a México no es un trabajo que sucederá de la noche a la mañana. Por ello, en lugar de estar señalando al pasado para justificar las fallas del presente, tendrá que llegar el momento en que se asuma la responsabilidad de gobernar hoy México. Presidente López Obrador, gobierne sin excusas por favor.

 

Columna completa en El Universal

Luego de que se supiera que de las gasolineras que se incluyeron en el reporte “Quién es quién en los precios de los combustibles”, algunas ya no funcionan desde hace varios años, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) repartió culpas.

“En efecto, esta información es de la CRE (…) tienen su portal. Lo que se procuró es que la fuente fuese una entidad autónoma y sí puede ser que haya habido problemas de actualización. Se va a corregir”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Tras repartir culpas, y decir que su gobierno será quien corrija la información, AMLO justificó que fue la primera exposición que se hacía con dichos datos y sobre ese tema. Adelantó que “se va a mejorar”, pues se seguirá presentando el informe todos los lunes.

Precisó que incluso la información de que Shell, como corporativo, estaba vendiendo más cara la gasolina, es dato de la Comisión Reguladora de Energía.

“Vamos a cuidar que se ajuste completamente a la realidad, vamos a cruzar esa información con datos de la Procuraduría del Consumidor para ser más precisos”, añadió AMLO.

Reiteró que, en algunos casos, en gasolineras que están muy alejadas de las grandes ciudades, sí aplica el incremento por el costo del transporte, por lo que tal como lo afirmó ayer, se debía diferenciar esas estaciones.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará al Senado los nombres de Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán como propuestas para ocupar las vacantes de consejeros de Pemex.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes informó los nombres de sus candidatos y señaló que en el caso de la CRE ya se está trabajando.

“Hoy voy a enviar el nombre de los consejeros de Pemex que van a ocupar vacantes, va a proponerse al Senado a Edmundo Sánchez Aguilar, a Juan José Paullada y a José Eduardo Beltrán Hernández”, dijo el mandatario.

“Son las tres propuestas para consejeros de Pemex. Ya lo de la CRE ya se atendió, ya están en funciones, ya están trabajando, quiere decir que ya hay mayoría en esa institución, en ese consejo y lo mismo en el caso de Pemex, vamos a presentar estas propuestas”, señaló López Obrador.

El presidente nombró a Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante en la CRE, luego de que sus primeras dos propuestas fueran rechazadas.